En efecto, ahora que, gracias al ejercicio firme y sin premuras de la justicia, las cárceles empiezan a tener de huéspedes a los otrora funcionarios y grandes electores del Presidente de la República, las penas previstas para las conductas punibles que se les imputan resultan demasiado onerosas. Entonces, de manera explicable pero injustificable, el primer mandatario se propone aliviar la carga de quienes, desde encumbrados cargos públicos y privados, actuaron como cómplices, encubridores, determinadores y hasta autores de toda suerte de atrocidades.

Para ello se acude al expediente de la “razón de Estado”. Dicha figura no es más que un anacronismo que no tiene cabida en la institucionalidad democrática fundamentada en el principio de legalidad, la proscripción de la arbitrariedad y la separación de los poderes que integran el Estado. Propia de la etapa de las monarquías absolutas, la razón de Estado no es más que la expresión de la voluntad subjetiva del monarca que le exime de explicar sus actos. Es la discrecionalidad pura y simple que dio lugar a que Luis XIV afirmara con más realismo que cinismo, “l’etat se moi”, el Estado soy yo. Unidos todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en cabeza del Rey, no se trataba de una frase sino de un hecho puro y simple.

En una mezcolanza de mensajes contradictorios, el Presidente Uribe ahora aduce la inadmisible razón de Estado para justificar la liberación de guerrilleros presos (antes del 7 de junio, todavía no sabemos por qué) y la excarcelación de los para-políticos a cambio de la verdad. Se discute públicamente que ello podría eventualmente hacerse por decreto presidencial para medir la posible reacción pública a semejante atropello de la legalidad vigente. El trámite de una ley está lleno de imponderables. De una parte, no cumpliría con la premura presidencial. De la otra, dejaría una inocultable estela de ilegitimidad. El ejecutivo y el legislativo (todavía no depurado por completo) en punible ayuntamiento contra el recto proceder del poder desarmado de la justicia.

El Presidente tendrá sus razones y la institucionalidad sobreviviente las suyas. Los colombianos tenemos que dejar funcionar a la justicia. Tenemos la obligación de apoyarla críticamente y propiciar el ambiente para continúe su accionar, a pesar de las inmensas presiones que se ejercen desde de las otras ramas del poder, incluidos los factores de poder privado. La única verdad que tenderemos es la verdad judicial, la que se logre verificar mediante las pruebas aportadas a los distintos procesos, pruebas que incluyen las confesiones valoradas conforme a la sana crítica. Coincido con el editorialista de El Nuevo Siglo: el Acuerdo es la Justicia.

* Tomado de www.queque.org