Polo Democrático Alternativo

En el año 1998, cuando se construyó la actual “Canasta para seguimiento de precios” (Canasta básica o normativa), que todos conocemos como la Canasta Familiar, por el contenido de todos los bienes y servicios que puede demandar cualquier hogar en el país, trátese de ingresos bajos, medios o altos, se hizo con la finalidad de construir el indicador Índice de Costo de Vida –ICV- definido como “el gasto mínimo, entre dos períodos de tiempo, necesario para adquirir una canasta de bienes y servicios manteniendo constante el nivel de estabilidad o bienestar que el consumidor obtiene” .

Para tomar un ejemplo, en septiembre de 2006 la Canasta Familiar, para quien devengaba el salario mínimo o menos, valía $880.937; ésta, para el mismo mes de este año, con un incremento del 4.5% asciende a $920.579. Y, ¿cómo debería un trabajador, de ingresos bajos, distribuir sus gastos? $368.231 para el consumo de alimentos, $276.137 para vivienda, $23.014 para diversión, cultura y esparcimiento, $23.014 para educación y $62.599 para transporte y comunicaciones. No hago cuentas de otros gastos como vestuario y calzado, salud, implementos de aseo. Nótese que los gastos de alimentos y vivienda ascienden a $644.368. La pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo hacer rendir o como distribuir un ingreso mensual de tan sólo $433.700, que acerque al trabajador a ese conjunto de bienes y servicios que le depare bienestar a él y a su familia?

El indicador Línea de Pobreza, definido como el porcentaje de personas cuyos ingresos no permiten cubrir el costo de una canasta básica de consumo, nos lleva a decir que son pobres los que no alcancen, para él y su grupo familiar, ingresos superiores a $920.579, y que son indigentes aquellos cuyos ingresos son inferiores a $460.289, como lo son todos aquellos que tan sólo devengan el famoso salario mínimo mensual legal vigente y que, según estudios, constituyen el 35% de los asalariados del sector formal (1’612.783 de los 4’656.795 empleados formales que reporta la Superintendencia de Subsidio Familiar).

Más aún, el 85% de los ingresos de ese trabajador, debe destinarlos a gastos de alimentación (proteínas y otros nutrientes), pero no lo hace así para no privarse de otros consumos elementales necesarios para su subsistencia. Esta es una de las formas de estudiar pobreza. Otra es la recomendada por el Banco Mundial que, para América Latina, define un ingreso mínimo de 2 dólares por persona, contrario a 14.40 per cápita para los norteamericanos. Un obrero con un hogar de cuatro personas más, debería recibir 10 dólares/día ($20.000), pero con el “mínimo” sólo recibe $14.456; mientras el gringo, por su grupo familiar debe recibir $144.000, nuestro obrero solamente recibe el 10% de aquel. También estudios demuestran que un salario mínimo integral (con factor prestacional incluido) puede traducirse en US$1.47 hora, mientas en USA equivale a US$ 5.15 hora. Tremenda desproporción. Razones más que suficientes para declarar que un alto porcentaje de trabajadores, que tan sólo reciben el salario mínimo, son unos indigentes o la mayoría de nuestros trabajadores están en pobreza absoluta.

El tema de los salarios siempre ha sido un debate en medio de contradictorias explicaciones; cada escuela económica siempre ha tratado de entenderlo de acuerdo a sus teorías.

En las teorías capitalistas, el trabajador está condenado a recibir salarios que sólo le sirven para subsistir o para cubrir su desgaste y su reproducción; dependiendo de las leyes de la oferta y demanda, “los salarios suben siempre que dos patronos corren detrás de un obrero; bajan siempre que dos o más obreros corren tras un patrón” , lo que explica por qué ante las crueles filas de desempleados e informales, el salario tiene las condiciones que hoy vemos. Ahora, si el salario depende de las utilidades, no se explica del por qué no funciona lo que hoy han denominado el índice de productividad, el que, el Gobierno alega, está entre el 1.5 al 1.8%, mientras los trabajadores sostienen que está en el 3% y las “alagadoras” cifras del crecimiento económico. Esto simplemente se ha traducido en inmensas ganancias para los grandes empresarios y empobrecimiento y ausencia de bienestar para los trabajadores.

En su época, a la iglesia le preocupó las bajas o la inequidad de los salarios y los abusos de los patrones, por lo que habló del “minimun de hecho”, por debajo del cual comienza la injusticia que da lugar a las luchas obreras; cuando se endurecen los “corazones de los patrones”, impiden “un obrero sobrio y honrado”, que podrá mantenerse siempre y cuando se den unas remuneraciones justas, equitativas, diferentes a las trazadas por las leyes del mercado y de la arbitrariedad.

Causa escozor a muchos teóricos la afirmación que el “salario es una forma de encubrimiento de la explotación capitalista”, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo, medida y remunerada, conforme a los postulados marxistas.

En estos días, las páginas de periódicos y las columnas de opinión están atentas a las expresiones de los líderes sindicales, de los representantes de los medios de producción y del Gobierno, de lo que se pactará en torno al incremento de un salario, cuyos efectos en materia de pobreza, empleo y bienestar se convierte en un interrogatorio. Como dice el estudio publicado en Borradores de Economía del Banco de la República , los trabajadores piden aumentos sustanciales del salario mínimo para reducir la pobreza, mientras los empresarios ofrecen aumentos moderados porque “se debe pensar en los desempleados (en particular, en las posibilidades de empleo de los jóvenes, los informales”, mientras el Gobierno siempre ha sostenido que se debe pensar en “la inserción de Colombia en la economía internacional” o el cuento de la flexibilización y bajos salarios. “Cada uno [agrega el estudio] defiende su papel, sin tener estimativos robustos sobre los efectos sociales de sus pedidos, sus ofrecimientos o sus acuerdos”.

El Gobierno, con consenso o sin él, decretará el salario mínimo para el próximo año, pero sin que sepa o lo demuestre, cuáles serán los efectos sobre el empleo, la formación de capital humano y el bienestar de la población. En el año de 1950, fijó el Gobierno por primera vez el salario mínimo definido como “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”, que no son otros conceptos diferentes a los que reiteradamente hemos señalado dentro de los postulados del Estado Social de Derecho que, en su Constitución, dice que la Ley Laboral deberá tener en cuenta la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”.

Gracias a las luchas de los asalariados y a la presencia de las Centrales Obreras en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, a donde convergen representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, para el año 2004, aparte de la fijación del salario mínimo, se lograron importantes compromisos que, ojalá para el año 2008 se vuelvan a exigir, pese a que no fueron cumplidos en su totalidad: topes a algunos artículos de primera necesidad de la canasta familiar, control a los costos de la canasta educativa y de ayudar el Gobierno con algunos implementos (cuadernos, zapatos escolares, y sudaderas ), mantener constantes o bajo control los precios de las tarifas de los servicios públicos, evitar la evasión y elusión del pago del salario mínimo por parte de empleadores, crear subcomisiones en ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.

Quizás lo más importante, y en lo que se debería insistir en las actuales sesiones de la Comisión de Concertación, sería en exigir la Ley del Estatuto del Trabajo como mandato constitucional y que el Gobierno se ha negado a considerar; revisar el plan de reformas al Estado, que no es otra cosa que el desmantelamiento de lo público para entregarlo al sector privado; la implementación de la carrera administrativa y, por el momento, el acogimiento al proyecto de acto legislativo que hemos venido proponiendo con relación a los provisionales mediante el cual se facilite el ingreso a la carrera de miles de funcionarios que, por varios años, vienen desempeñando cargos en medio de la zozobra del despido; el desarrollo de los convenios suscritos con la OIT; la revisión a las metodologías sobre desempleo, índice de precios al consumidor, construcción de indicadores, desarrollados por el DANE pero que, por su marcada inclinación y dependencia del Gobierno central, hace que sus resultados sean altamente cuestionados.

Medellín, 8 de diciembre de 2007

1 Departamento Nacional de Estadísticas – DANE – Metodología IPC-98
2 Consuegra, José, Teoría de la Inflación, el interés y los salarios, Plaza Janes, 4ª edición p.184
3 Arango Luis, Herrera Paula, Posada Esteban, El salario mínimo: aspectos generales sobre el caso colombiano. Borradores de Economía, Banco de la República No.436