Polo Democrático Alternativo

Contexto nacional y evolución del conflicto armado interno

Durante el año 2004 la atención pública se concentró, principalmente, en el debate por la reelección presidencial, en las negociaciones con grupos paramilitares, y en los intentos para lograr un intercambio humanitario entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reforma del sector justicia y las iniciativas relacionadas con la agenda social fueron otros temas que se debatieron públicamente. Al comienzo de 2004 el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). El Gobierno dio prioridad a la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y a las negociaciones con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aun sin contar con un marco jurídico adecuado que garantizara, en concordancia con las normas internacionales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A finales de 2004 se inició la desmovilización de alrededor de 3.000 integrantes de las AUC. No hubo avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Secretario General de las Naciones Unidas continuó con sus buenos oficios. Otros países ofrecieron también sus servicios.

Fue evidente como los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos y la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico.

La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARC-EP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. El Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar.

Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. A pesar de esta disminución, siguen siendo altas las cifras. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con el año 2003, aumentó el número total de personas desplazadas en el país.

Se formularon varias propuestas sobre un intercambio humanitario para lograr la liberación de las muchas personas civiles secuestradas y militares y policías en poder de las FARC-EP. Ninguna de las propuestas logró concretarse.

Políticas públicas e implementación de las recomendaciones

En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se notaron algunos logros y avances, pero también dificultades y contradicciones. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones del Alto Comisionado. Hubo una mayor apertura e intensificación de la interlocución por parte del Gobierno con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. A la vez, el proceso de implementación fue menos consistente de lo deseado y necesario dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de ejecución de las recomendaciones, considerando que en 2004 estas fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. Al final del año 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo sus obligaciones humanitarias y desatendiendo las recomendaciones de la Alta Comisionada.

En la aplicación de la política de seguridad del Gobierno se notaron inconsistencias entre sus objetivos y los métodos utilizados lo cual tuvo efectos sobre sectores de la población civil. Se registraron acciones positivas en materia de prevención y de protección, incluyendo el fortalecimiento del mecanismo de defensores comunitarios, y del Sistema de Alertas Tempranas, así como de los programas de protección a grupos vulnerables del Ministerio del Interior. Persistieron debilidades en las respuestas estatales a las alertas, así como en la disminución de los factores de riesgos sobre los grupos vulnerables. El Gobierno adoptó medidas positivas para la destrucción de las minas antipersonales almacenadas. Las Fuerzas Militares, en ocasiones, realizaron operaciones en las que inobservaron los principios humanitarios.

La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma el llamado Estatuto Antiterrorista, cuya incompatibilidad con las normas internacionales señaló, en su momento, la Alta Comisionada. Se registraron algunas acciones positivas en la lucha contra la impunidad por parte del Comité de impulso, pero sigue requiriendo de mayores medidas y compromisos sostenidos en el tiempo. Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos. En relación con las negociaciones con las AUC fue evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado.

La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Se realizaron actividades para elaborar un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha continuado asesorando al Gobierno, al Estado y a la sociedad en general en la implementación de las recomendaciones. Es de esperar un aprovechamiento mayor e integral de la cooperación y la asesoría de la oficina.

Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

Continuaron registrándose violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, y a la vida privada e intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no se evidenciaron avances significativos. Se observó que hace falta un sistema estadístico oficial que recoja más adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.

La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión. Persistió la precariedad de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente para los grupos y regiones más vulnerables del país, y en particular en cuanto al acceso, la disponibilidad, la permanencia y el goce de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, y a la vivienda.

Continuó la tendencia de disminución respecto de varios índices de infracciones al derecho internacional humanitario, en especial, de homicidio colectivo y la toma de rehenes, aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respetaron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC-EP y los paramilitares, siguieron cometiendo graves y numerosas infracciones como ataques a la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y atentados contra la dignidad personal de las mujeres y niñas, como los actos de violencia sexual. Hubo denuncias de infracciones que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública, en particular a miembros del Ejército, por homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y ataques a la integridad y dignidad personales de las mujeres.

Situación de grupos especialmente vulnerables

Varias medidas positivas en materia de protección y prevención se vieron debilitadas por las declaraciones públicas de altas autoridades de Gobierno, que en ocasiones públicamente cuestionaron la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Continuó la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, por las amenazas y acciones de los grupos armados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. Continuó registrándose una tendencia a la baja del número de nuevos desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los periodistas y formadores de opinión, los funcionarios públicos como los operadores judiciales, alcaldes, ex alcaldes y concejales, así como los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y las personas discriminadas por su orientación sexual como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Recomendaciones

La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, y a los grupos armados ilegales. Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.

La Alta Comisionada tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplican en un proceso consistente e integral durante el año 2005. Conforme los dos previos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; Estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; y asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado.

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación, desde hace varios años, la situación de los derechos humanos en Colombia, la cual se ha visto reflejada en sucesivas declaraciones de su Presidente. La Comisión solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Uribe por un período de cuatro años, hasta octubre de 2006.

2. En el 60.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración de la Presidencia, en abril de 2004, se reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña una función esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y solicitó al Alto Comisionado la presentación de "un informe detallado" que contenga un análisis realizado por su oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La oficina en Colombia del Alto Comisionado continuó sus funciones de observación, asesoramiento, cooperación técnica, promoción y difusión. Este informe cubre el año 2004, y va acompañado de cuatro anexos: uno sobre las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina en Colombia; otro sobre las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; otro sobre la situación de grupos particularmente vulnerables; y otro sobre estadísticas.

I. CONTEXTO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

3. El año 2004 estuvo marcado políticamente por tres grandes temas. El primero fue el debate público sobre cambios constitucionales que permitieran la reelección inmediata del Presidente. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el tercero fue la ausencia de avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

4. En cuanto al primer tema de la posibilidad de una reelección inmediata, por iniciativa del Gobierno del Presidente Uribe, en marzo se radicó un proyecto de acto legislativo por el cual se reformaban algunos artículos de la Constitución Política de Colombia. Este acto fue finalmente aprobado por el Congreso en diciembre. El acalorado debate concentró la mayor parte de la atención de la opinión pública y del Congreso durante el año, puso en evidencia las divisiones existentes en cuanto a introducir cambios constitucionales en la estructura del Ejecutivo, y desplazó a un segundo plano otros importantes temas.

5. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las AUC, la cual se desarrolló sin que paralelamente exista un marco legal adecuado que garantizara el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, y que no haya impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Durante todo 2004 la oficina en Colombia brindó su asesoría al Gobierno y a miembros del Congreso para que se lograra un marco conforme a los estándares internacionales.

6. Al comienzo de 2004, el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), con las tareas principales de verificar eventuales acuerdos entre el Gobierno y grupos armados ilegales en relación al cese al fuego, su desmovilización y reinserción, en concordancia "con las obligaciones de sus Estados Miembros respecto a la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" .

7. Las negociaciones con las AUC tendieron a la desmovilización de grupos paramilitares, no obstante las continuas violaciones al cese de hostilidades, el cual fue reclamado públicamente por el Gobierno. Se pudo observar que este prerrequisito absoluto exigido por el Presidente Uribe no se cumplió como se hubiera esperado. No se han conocido consecuencias concretas para las AUC por los incumplimientos del cese de hostilidades, los cuales, según la Defensoría del Pueblo y otros observadores, fueron extensos y serios.

8. En su informe de seguimiento, la Defensoría del Pueblo señaló que las AUC fueron responsables de 342 casos de infracciones al cese de hostilidades. Entre éstos se incluyen desde la presunta reincorporación a las armas de desmovilizados hasta masacres, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y sistemáticos, secuestros, abusos sexuales, desapariciones, amenazas, intimidaciones y pillajes, ocurridos en 11 departamentos y dirigidos contra la población civil, en muchos casos contra poblaciones indígenas. En noviembre se inició una desmovilización de 3.000 miembros de las AUC en distintas zonas del país, todavía sin definir un marco legal adecuado.

9. Paralelamente al proceso de negociación con las AUC, se hizo de mayor conocimiento público la expansión y consolidación de los grupos paramilitares en varias partes del país. Se conocieron actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, así como el control que estos grupos ejercen sobre las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) en distintas regiones. También se tomó conocimiento de los vínculos de jefes paramilitares con sectores políticos y miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía en el departamento de Norte de Santander. Se puso cada vez más en evidencia los intereses de los grupos al margen de la ley vinculados con el narcotráfico, lo cual en particular se reflejó en las disputas y enfrentamientos entre grupos paramilitares . En este contexto, queda aún por aclarar la suerte del líder de las AUC Carlos Castaño, quien desapareció en el mes de abril.

10. El tercer tema fue la ausencia de avances en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el ELN. Con el liderazgo de las FARC-EP no hubo, por lo que se sabe, ningún contacto directo por parte del Gobierno. Hubo contactos entre voceros del ELN, representantes del Gobierno colombiano, y representantes del Gobierno de México, país que se comprometió a desempeñarse como facilitador, a través de un enviado especial. El Secretario General continuó con sus buenos oficios, decidiendo que éstos deben mantener un perfil bajo, y que el apoyo de las Naciones Unidas a Colombia debe darse prioritariamente en los temas humanitarios y de derechos humanos. Otros países ofrecieron también sus servicios. La Unión Europea, en el mes de abril, incluyó al ELN en su lista de organizaciones terroristas, donde ya figuraban las FARC-EP y las AUC.

11. Adicionalmente a estos tres temas, el Gobierno continuó la implementación de su política de seguridad. Las medidas incluyeron el aumento del número de los integrantes de los cuerpos militares y policivos. Se adoptaron medidas para hacer más eficaz la capacidad de movilización y de respuesta de la fuerza pública. La Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento la modificación de la Constitución, que permitía a los militares la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Según el Gobierno, se incrementó considerablemente el número de personas en la red de informantes y se aumentó el contingente de soldados campesinos. Las autoridades continuaron llevando a cabo masivos e indiscriminados allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados. Altos funcionarios del Gobierno se manifestaron públicamente, en algunas ocasiones, en contra de la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo cual llamó la atención y aumentó las tensiones entre el Gobierno y estas organizaciones. Además, fue descubierta una gran operación (denominada Operación Dragón) de vigilancia y recopilación de información sobre sindicalistas, defensores de derechos humanos, congresistas y un Gobernador, por parte de una empresa privada vinculada con la Empresas Municipales de Cali (EMCALI). Un militar en servicio de alto rango participaba en esta labor de inteligencia. Algunas de las acciones enmarcadas en la política de seguridad fueron implementadas en contravención de anteriores recomendaciones de la Alta Comisionada.

12. La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARC-EP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. Bajo la mayor presencia de la fuerza pública, las FARC-EP se replegaron hacia zonas más aisladas y de difícil acceso, lo cual imprimió una dinámica distinta al conflicto armado interno. En la ejecución de este plan se evidenció una falta de coordinación entre la fuerza pública y las instituciones civiles del Gobierno a nivel nacional y local, así como la ausencia de entidades estatales civiles en estas regiones, lo cual también afectó a la población civil. Continuó la presión de las fuerzas militares sobre el ELN. Asimismo grupos paramilitares continuaron su acción contra el ELN. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP.

13. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. Esta nueva caracterización de la problemática existente desde hace varias décadas en el país puede prestarse a confusiones y problemas en varios campos, desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas, incluyendo la aplicación con rigor del derecho internacional humanitario. Un ejemplo adicional de riesgo es que los grupos armados ilegales no se sientan responsables de las infracciones que cometen contra la población civil, disminuyendo la eficacia de la protección que estos instrumentos internacionales establecen para las personas que no participan directamente en las hostilidades.

14. Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. En los casos de secuestros y masacres la tendencia de disminución comenzó en el año 2001. La tendencia de disminución de la tasa global de homicidios comenzó en 2002. Es de esperar que estas tendencias positivas se mantengan, tomando en cuenta que los mencionados indicadores de violencia, a pesar de las disminuciones, siguen siendo muy altos. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con 2003, el número total de personas desplazadas en el país aumentó.

15. Otros temas en la agenda del Gobierno y el Estado fueron la reforma del sector justicia, incluyendo los preparativos para la implementación del sistema acusatorio, las declaraciones públicas referente a iniciativas dirigidas a restringir el ejercicio de la acción de tutela, limitar el control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo y dar a éste influencia indebida en la organización y el funcionamiento de la judicatura. También fueron parte de la discusión política, temas de la agenda social, como el de la reforma tributaria, el de la pobreza, el de la salud pública, el del acceso equitativo a la educación, el del desempleo, y el del déficit habitacional, así como el tema de la extradición. Asimismo, se iniciaron negociaciones con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cual despertó manifestaciones y debates en pro y en contra.

16. Una cuestión de gran actualidad durante 2004 siguió siendo la de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP sobre la liberación de las personas privadas de la libertad por parte de este grupo armado ilegal. Hubo iniciativas de la Iglesia y de organizaciones de la sociedad civil encaminadas a una eventual negociación de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, para lograr la liberación de rehenes y otras personas en poder de ese grupo armado ilegal y de guerrilleros presos. Algunas representaciones diplomáticas en el país ofrecieron su apoyo. Ninguna de las propuestas del Gobierno y de las FARC-EP logró avances en la materia.

17. La Alta Comisionada ha exigido con insistencia a los grupos armados al margen de la ley "abstenerse [...] de la práctica inaceptable del secuestro" y "liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes". La oficina en Colombia se pronunció, en noviembre de 2004, sobre este tema en un documento de orientación de diez puntos, recordando las posibilidades que ofrecen los instrumentos internacionales en esta materia. Señaló que ante "la dolorosa ausencia de la libertad incondicional que se debe dar por los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC-EP, a las personas retenidas de modo ilegítimo y por la situación infrahumana de los militares y policías en poder de las FARC-EP, le compete siempre al Estado colombiano buscar opciones y alternativas para lograr, en satisfactorias condiciones de seguridad, la liberación de esas personas". En el mes de diciembre el Gobierno indultó a 23 miembros de las FARC-EP presos por delitos políticos.

18. En el segundo semestre de 2004 hubo distintas manifestaciones pacíficas con una notable participación de diferentes sectores sociales. Es de destacar la multitudinaria marcha pacífica que se realizó en septiembre, en el suroeste del país, de por lo menos 50.000 indígenas, quienes, durante casi una semana, reclamaron entre otras el respeto a sus derechos humanos, y el reconocimiento de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas.

19. En agosto de 2004, la Cámara de Representantes eligió al nuevo Defensor del Pueblo, para un período de cuatro años. Antes de la elección, la oficina en Colombia había enfatizado la necesidad de que la labor de la Defensoría del Pueblo se ajuste a los principios de independencia e imparcialidad para que la institución continúe gozando de la confianza pública y pueda desempañar eficazmente su magistratura de influencia constructiva y de mediación.

20. La comunidad internacional continuó su cooperación con Colombia dando seguimiento a los compromisos acordados en la reunión celebrada en Londres en julio de 2003 y a la declaración de abril de 2004 del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En noviembre y diciembre se llevó a cabo una serie de reuniones, por primera vez, entre el Gobierno y organizaciones de derechos humanos, sobre el proceso de implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En dichas reuniones participaron la oficina en Colombia y representantes diplomáticos de los países que suscribieron la Declaración de Londres (el llamado grupo G-24). Como parte del proceso de seguimiento a esta declaración, el Gobierno de Colombia ha invitado a una reunión internacional en Cartagena de Indias en febrero de 2005.

21. Durante 2004, el Subsecretario General de las Naciones Unidas para asuntos humanitarios visitó el país en mayo, solicitando una respuesta más efectiva a la crisis humanitaria. También visitaron el país dos de los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos: el Relator Especial para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y el Relator Especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

II. POLITICAS PÚBLICAS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

22. Las recomendaciones del Alto Comisionado para el año 2004 fueron asumidas como compromisos por parte del Gobierno de Colombia ante la comunidad internacional, a través de la declaración consensuada del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en abril de 2004 (véase E/2004/23 - E/CN.4/2004/127, párr. 64). En esa declaración se formuló el compromiso de Colombia "de tomar en cuenta e implementar las recomendaciones contenidas en la Declaración del Presidente". Además se hizo "un llamado a la pronta implementación, por todas las partes concernidas, de las recomendaciones concretas y prioritarias para 2004". También la Comisión acogió con beneplácito "el compromiso del Gobierno de Colombia de trabajar en un espíritu constructivo con la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos humanos para examinar la aplicación y evaluación de las recomendaciones" y consideró que "la reunión del grupo internacional de apoyo, en noviembre de 2004, en Bogotá, será una ocasión adecuada para valorar los progresos realizados al respeto, así como en la aplicación de la Declaración de Londres" (párrafo 37 de la Declaración).

23. La Alta Comisionada mantiene la firme convicción de que la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora en la medida en que se implementaran las recomendaciones en forma coherente y sostenida. La Alta Comisionada siempre ha subrayado el hecho de que la implementación es un proceso que tomará tiempo; de ahí la importancia de darle un seguimiento preciso y apoyo constante.

24. Durante 2004 hubo esfuerzos por parte de diferentes instancias del Estado colombiano, comenzando con la Vicepresidencia que, por delegación del Presidente, tiene que cumplir con un papel de liderazgo en la materia, para hacer realidad los compromisos asumidos. En varias áreas se tomó, o comenzaron a tomar, medidas para avanzar en el proceso de implementación. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones. A la vez, el proceso fue menos consistente de lo deseado y necesario, dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado, considerando que en 2004 fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. También ese año se caracterizó por la lentitud y las oportunidades perdidas. Hubo ciertas medidas y prácticas que en sí mismas contrarrestaron las recomendaciones y afectaron la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

25. En este contexto, se debe subrayar que los grupos armados ilegales, de las FARC-EP, el ELN y las AUC y otros grupos paramilitares, desatendieron totalmente las recomendaciones dirigidas a ellos. Estos grupos ilegales continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario y mostrando total falta de respeto por los derechos humanos.

26. Al final de 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (ver sec. 3). Es la esperanza de la Alta Comisionada que el Gobierno y el Estado, al adelantar más tempranamente durante 2005 la implementación integral de las recomendaciones, obtendrán resultados consistentes y sostenibles.

27. Con el fin de cumplir con su mandato de observación y seguimiento, y para contribuir con insumos para el trabajo y proceso de implementación pendientes, se presenta a continuación un análisis del impacto de las políticas públicas en relación con las 27 recomendaciones de la Alta Comisionada para el año 2004. La presentación sigue en orden las seis áreas en las cuales las recomendaciones están agrupadas: prevención y protección, el conflicto armado interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas económicas y sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos, y el asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada.

A. La prevención y protección

28. El mayor despliegue militar del Estado en el territorio nacional permitió adoptar con mayor eficacia acciones de prevención y protección de la población civil en las cabeceras municipales. No obstante, en varias zonas rurales, la presencia de la fuerza pública tuvo un carácter esporádico, que en algunos casos aumentó la vulnerabilidad de la población civil. La presión para lograr resultados en el campo militar y policivo, la debilidad y la inconsistencia de los órganos de control y de la Fiscalía, y las atribuciones indebidas que siguen ejerciendo los militares en materia de detenciones y allanamientos afectaron particularmente a grupos vulnerables de la población que hubiesen requerido de una mayor protección. Contribuyó a lo mismo la práctica de capturas masivas o individuales basadas en meras sospechas, testimonios de reinsertados, o como resultado de irregulares informes de inteligencia.

29. La Alta Comisionada toma nota de los esfuerzos positivos del Gobierno en continuar estructurando su respuesta de prevención mediante el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT). A la vez, el sistema no ha tenido el impacto esperado. En 2003, sobre un total de 84 informes de riesgo se emitieron 32 alertas tempranas (es decir, en un 38% de los casos). Para noviembre de 2004, sobre un total de 54 informes de riesgo, sólo se habían emitido 13 alertas tempranas (es decir, en el 24% de los casos). Han aumentado los casos donde se consuma la infracción advertida a pesar del lanzamiento de la alerta. En 2003, en 37 de las 84 alertas emitidas se consumó la infracción (un 44%). Para agosto de 2004, en 27 de las 54 alertas emitidas se consumó la infracción (un 50%). Ello evidencia una reducción de la capacidad de prevención y protección del CIAT.

30. Continúa siendo muy alto el número de informes de riesgo que no se transforman en alertas por decisión del CIAT y, sin embargo, se consuma la infracción advertida. En 2003, de 32 de informes de riesgo que no se transformaron en alerta, en 10 casos se consumó la infracción (un 31%). Para agosto de 2004, de 13 informes que no se transformaron en alerta, en 6 se consumó la infracción (un 46%). Este importante porcentaje llama a la reflexión sobre los mecanismos internos del CIAT para evaluar los informes de riesgo. Llama la atención que a pesar del proceso de diálogos que se adelanta con los paramilitares, este grupo aparece en el 92% de los casos de informes de riesgo.

31. A pesar de lo anterior, el CIAT sigue siendo un valioso instrumento para atender situaciones difíciles. Es, por lo tanto, imperioso seguir fortaleciéndolo, dotándolo de fundamento legal, de mejores mecanismos de seguimiento y evaluación, así como garantizando el financiamiento en presupuesto nacional. Adicionalmente, cabe señalar que el sistema de alertas tempranas presenta debilidades para identificar los riesgos, amenazas y especial vulnerabilidad de las mujeres y, por consiguiente, para considerar la especificidad de la violencia de género en el marco del conflicto armado .

32. En materia de prevención merece destacarse, en consonancia con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, el fortalecimiento por la Defensoría del Pueblo del mecanismo de defensores comunitarios, que en 2004 pasaron de 7 a 17 gracias al apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la Procuraduría General y la Defensoría no han podido expandir su presencia y acompañar de manera adecuada en aquellas regiones de mayor presencia militar, así como en aquellas de alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada.

33. Las políticas del Estado en materia de protección se desarrollaron principalmente a través de los programas de protección de grupos vulnerables, a cargo del Ministerio del Interior . El Gobierno tomó varias medidas para fortalecer esos programas, aunque no logró resolver algunas dificultades, como las relacionadas con el tema de escoltas de confianza, en concertación con los grupos afectados. Han aumentado las solicitudes para recibir protección del programa por parte de sindicalistas, las de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, de periodistas y de ex alcaldes. Han disminuido las solicitudes de parte de ONG y de funcionarios públicos en ejercicio (alcaldes, concejales, diputados, personeros entre otros). La oficina recibió informaciones de posibles filtraciones de información confidencial en el seno del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) y el incremento de personas vinculadas al Programa que han sido víctimas de homicidios.

34. Sigue planteándose una debilidad en lo que respecta a acciones para disminuir los factores de riesgo. Es aconsejable que, más allá de la realización de reuniones regionales de distensión y de acercamiento entre las autoridades locales, la fuerza pública, los defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales, se den instrucciones claras e inequívocas para que los servidores públicos se abstengan, so pena de sanción disciplinaria, de cuestionar la legítima labor de esos ciudadanos, y así honrar el compromiso asumido por Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de asegurar "que no se hagan declaraciones públicas generalizadas que puedan poner en riesgo los derechos de quien se dedique a defender los derechos humanos o actividades sindicales" y a "profundizar el diálogo con la sociedad civil" (párrafo 32 de la declaración del Presidente de la Comisión).

35. El Gobierno impulsó prioritariamente una política de retornos de las comunidades desplazadas. Sin embargo, no siempre se han considerado adecuadamente la voluntad, la dignidad y la seguridad de las personas que retornan. No se tomó debidamente en cuenta la sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional dispuso que, a más tardar el 31 de marzo del mismo año, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia precisara la situación de los desplazados inscritos en el Sistema Único de Registro y adoptara las medidas necesarias para asegurar los recursos destinados a atenderlos. También dispuso la sentencia que diversos organismos del Estado realizaran, dentro del año siguiente a la comunicación del fallo, todos los esfuerzos necesarios para asegurar el logro de la meta presupuestada por ellos para atender esa población. En septiembre de 2004 la Corte urgió al Gobierno a presentarle el programa de acción y el cronograma que debía elaborar en cumplimiento de la citada decisión. En diciembre, la Corte volvió a pronunciarse solicitando información al Gobierno sobre las acciones tomadas en cumplimiento de la mencionada sentencia.

36. El sistema de las Naciones Unidas ha unido esfuerzos con el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil con el fin de impulsar un Plan de Acción Humanitaria 2005, que busca una respuesta conjunta y más eficiente frente a la crisis humanitaria en Colombia, de manera compatible con las normas y principios internacionales. Al momento de finalización del presente informe la concertación de dicho Plan quedaba todavía pendiente.

37. En los últimos meses de 2004 se registró un aumento en la muerte de líderes indígenas, para varios de los cuales había dictado medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente en las comunidades embera chami y kankuamas, estos últimos con medidas provisionales de la Corte Interamericana. También se registró un aumento de secuestros de embera katíos. Desde 2003, el Gobierno no ha logrado consensuar una propuesta de plan de acción para los pueblos indígenas.

38. Ha sido positiva la convocatoria del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) para atender la situación específica de los indígenas. Sería aconsejable dar a otros grupos, como el de las mujeres víctimas de amenazas y atentados, respuestas que consideren sus necesidades específicas en materia de prevención y protección.

39. La Alta Comisionada toma nota de que el Ministro de Defensa, por instrucción del Presidente, ha dispuesto excluir de los archivos de inteligencia aquellas informaciones que afectan a la intimidad y la seguridad de los defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. También toma nota de la comunicación del Procurador General en el sentido de querer acompañar esta tarea mediante un procedimiento mutuamente acordado con el Ministro de Defensa. Al respecto hubo reuniones de trabajo, sin embargo al finalizar este informe no se conoció todavía cuales serán los procedimientos para esta labor importante de la Procuraduría. La Alta Comisionada considera urgente avanzar en la tarea de clarificar el contenido de los archivos de inteligencia militar, para así evitar que este tipo de informes continúe utilizándose de manera indebida, como lo ejemplifican las quejas e informaciones directas que su oficina ha recibido sobre la utilización exclusiva de estos informes para la realización de capturas masivas, de allanamientos, y como sustento de acusaciones.

40. La Alta Comisionada no ha conocido avances en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

41. En cuanto a la recomendación de llevar a cabo un estudio independiente para desarrollar en forma integral la formación de los miembros de la fuerza pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario, sigue pendiente una respuesta positiva del Ministro de Defensa a un proyecto de cooperación presentado por la Oficina de la Alta Comisionada desde 2003.

B. El conflicto armado interno

42. Los mandos y miembros de los grupos armados al margen de la ley, las FARC-EP, el ELN y las AUC, han persistido en el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario. Todos ellos siguieron cometiendo graves infracciones de las que fue víctima la población civil, entre ellas actos de terrorismo, homicidios de personas protegidas, toma de rehenes, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, violencia sexual, y bloqueos de alimentos o medicinas (véase sec. 3). Por la gravedad de los hechos sucedidos en este período la Oficina de la Alta Comisionada ha sugerido al Gobierno, en varias ocasiones, analizar la conveniencia de retirar la salvedad formulada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que limita por siete años la competencia de la Corte para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia.

43. La Alta Comisionada acogió positivamente las medidas tomadas por el Gobierno para destruir las minas antipersonales almacenadas, en cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa). Es necesario continuar los esfuerzos para prevenir y limitar los riesgos que las minas sembradas continúan representando para la población civil, en especial para los desplazados y retornados.

44. En el marco de las operaciones militares (entre otras el Plan Patriota) para controlar el territorio y asestar golpes a los grupos armados ilegales, las Fuerzas Militares han actuado, en ocasiones, inobservando los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de los civiles. En algunos casos impidieron el acceso humanitario a las poblaciones expuestas. Ha habido denuncias de la población civil del atropello por parte de los llamados "soldados campesinos". La falta de una capacitación adecuada en el respeto de los derechos humanos es probablemente una razón detrás de muchos de estos atropellos y violaciones.

45. La poca claridad en versiones públicas sobre varios operativos, las apresuradas declaraciones de los mandos para culpabilizar a personas civiles y exonerar de responsabilidad a miembros de los cuerpos armados, y el traslado a la jurisdicción penal militar de procesos por hechos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra (por ejemplo, los procesos por los hechos de Guaitarilla, Cajamarca y Arauca), constituyen retos pendientes para el Estado en cuanto al respeto y la garantía de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. A ello se suman los graves casos de corrupción interna, ciertos abusos cometidos durante la ejecución del Plan Patriota y el conocimiento de continuos nexos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares.

46. El Gobierno continuó promoviendo la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales. Para ello presentó en abril una segunda versión del proyecto sobre un marco legal de "justicia y verdad" -inicialmente llamado de "alternatividad penal" y presentado en 2003, en cuya ocasión, la oficina no fue consultada o invitada a prestar su asesoría- que tomó en cuenta algunas observaciones de la oficina, que significaron avances.

47. Sin embargo, se requiere seguir adecuando el proyecto a los estándares internacionales. Por otra parte, al finalizar el presente informe no se había presentado todavía por parte del Gobierno, en el Congreso, una iniciativa legislativa para honrar adecuadamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas como base de un marco jurídico para cualquier proceso de negociación y desmovilización. Sin embargo, algunos congresistas presentaron unos proyectos y anteproyectos antes de finalizar la legislatura. Entre éstos se destaca un anteproyecto de ley, elaborado por un grupo de congresistas, el cual reunía positivamente la normativa internacional en la materia. La Alta Comisionada espera que se logre cuanto antes un marco jurídico adecuado, que honre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Tal marco, al respetar los instrumentos internacionales contribuiría fructíferamente a los procesos de negociación.

C. El Estado de derecho y la impunidad

48. Durante 2004, se han impulsado varios proyectos en los cuales hubiera sido aconsejable haber tenido en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Aun cuando algunos de estos proyectos no han prosperado, varios se han orientado hacia una sobrevaloración de las funciones militares y a limitar o reducir las garantías judiciales de los ciudadanos, elementos de importancia para el estado de derecho.

49. El 30 de agosto la Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento el Acto Legislativo N.º 02 de 2003, que otorgaba, de manera no compatible con los tratados internacionales, facultades de policía judicial a los militares, y permitía la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas sin mandamiento judicial. De esta manera quedó sin sustento el proyecto de ley estatutaria que reglamentaba dichas facultades.

50. Se ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención, así como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas discapacitadas. El Congreso aprobó la Convención Interamericana sobre terrorismo, y debatió el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el tipo penal de trata de personas en concordancia con las normas internacionales sobre la materia.

51. El Congreso aprobó la Ley N.º 906 de 2004, por la cual fue adoptado el nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor, de manera progresiva, en enero de 2005. Dicho código ha sido demandado ante la Corte Constitucional por violatorio a los derechos a la igualdad, al debido proceso y las garantías judiciales. También se modificó, mediante Decreto N.º 2636 de 2004, el Código Penitenciario y Carcelario. Éste otorga indebidamente funciones de policía judicial a los directores general, regionales y de prisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para la investigación de delitos cometidos al interior de los penales.

52. No se han observado avances significativos en materia de reforma del Código del Menor, en seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Sigue pendiente la ratificación de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada y del Convenio N.º 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. No se han registrado acciones conducentes al reconocimiento de la competencia cuasi judicial de los comités de vigilancia de los tratados.

53. La Alta Comisionada ha conocido algunas propuestas tendientes a reducir las facultades de la Corte Constitucional. Aunque éstas no se concretaron, quiere subrayar que en un Estado de Derecho las garantías en el ejercicio de las funciones de control son fundamentales para fortalecer y dar legitimidad a las propias políticas de seguridad del Gobierno. Además, quiere resaltar la importancia de la labor de la Corte Constitucional para que el Estado colombiano continúe defendiéndose contra los grupos armados ilegales con métodos dignos de un Estado de derecho.

54. El Estado ha realizado algunas acciones orientadas a promover la perspectiva de género en los campos político, económico, social y cultural. Es de destacar la puesta en marcha, en mayo de 2004, del Observatorio de asuntos de género, creado para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia. Sigue habiendo lagunas y debilidades para hacer efectiva la dimensión de género en otras políticas públicas como las referidas a la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la atención de la población desplazada y los programas de reinserción y desmovilización.

55. En cuanto a la política de lucha contra la impunidad, las actividades desplegadas por la Vicepresidencia y su Programa de lucha contra la impunidad, y el trabajo en el seno del Comité Especial de impulso de las investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lograron avances en las investigaciones de varios casos, principalmente mediante el desarrollo de diligencias judiciales que permitieron capturas y resoluciones de acusación. Es de esperar que estos avances resulten prontamente, en varios procesos judiciales finalizados.

56. En noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia por la cual se confirmó la absolución de Carlos Castaño (líder desaparecido de las AUC), acusado de ser autor intelectual del homicidio del senador Manuel Cepeda en 1994. Esta decisión llama la atención tomando en cuenta la problemática reinante de la impunidad en el país. En otro caso, se registró la supuesta fuga de prisión del militar condenado por el atentado al entonces sindicalista y hoy congresista Wilson Borja.

57. Cabe destacar la creación de cuatro nuevas subunidades regionales de derechos humanos de la Fiscalía General, así como la creación, en seguimiento de la recomendación de la Alta Comisionada, de una subunidad central de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario encargada de impulsar las investigaciones sobre nexos entre servidores públicos y grupos armados al margen de la ley . A lo largo de 2004 se puso en evidencia la necesidad de contar, cuanto antes, con una carrera en la Fiscalía General que refuerce las garantías de independencia de los fiscales. Durante 2004 varios de ellos perdieron sus puestos por decisión discrecional del Fiscal General, sin proceso disciplinario alguno. En el marco del acta de entendimiento suscrita con la Fiscalía General para el seguimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada, la oficina ha presentado observaciones y recomendaciones en relación con el diseño e implementación de una carrera fiscal. La Alta Comisionada considera que éstas pueden aportar luces positivas a los desafíos en términos de independencia judicial y de lucha contra la impunidad.

58. La Alta Comisionada ha notado un debilitamiento de los procedimientos judiciales mediante la utilización frecuente, de manera poco rigurosa, de testimonios de personas desmovilizadas o reincorporadas, así como de archivos de inteligencia militar. Hasta el momento la oficina no ha podido registrar medidas eficaces por parte del Estado para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades procesales. En dichos procesos figuraban varias veces como sindicadas personas pertenecientes a organizaciones de derechos humanos y de sindicatos.

59. La situación carcelaria continuó siendo crítica. El Procurador General ha emitido alertas de riesgo de violación de los derechos humanos en las prisiones del país, provocados por los problemas que se derivan del hacinamiento, la insalubridad y el aislamiento. Para enfrentar esta situación el Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC necesitan seguir tomando medidas para definir e implementar una política penitenciaria y carcelaria más acorde a la normatividad internacional.

60. La Alta Comisionada no tuvo conocimiento de las acciones emprendidas por parte del Ministro de Defensa en cuanto a emplear la suspensión en el servicio como medida preventiva en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, se conoció de la aplicación de esta medida preventiva y hasta de retiro de miembros de la fuerza pública por casos de corrupción, faltas en el servicio y lesiones, entre otros.

61. La Alta Comisionada ha podido observar que necesitan fortalecerse las políticas gubernamentales en materia de lucha contra el paramilitarismo y, en particular, contra nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. Cabe anotar el mayor grado de infiltración e influencia de esos grupos en varios niveles de la administración departamental y local, así como a nivel social. Las políticas del Estado todavía no han podido enfrentarse suficientemente a los grupos paramilitares a nivel nacional o regional. Esta situación continúa siendo un riesgo para el Estado de derecho.

62. En relación con la desmovilización de los paramilitares, no se ha aclarado la situación jurídica de cada uno de los desmovilizados, incluyendo aquellos que han podido cometer graves crímenes constitutivos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Tampoco hay mucha claridad en cuanto al tratamiento que se otorga a los vínculos de los desmovilizados con el narcotráfico. Estas ausencias tienden a contribuir a la impunidad.

63. Queda pendiente una tarea de grandes implicaciones, como frenar, contrarrestar y abolir la fuerte influencia del paramilitarismo en varios lugares, administraciones e instituciones del país. Una parte de esta tarea es la necesidad de tomar medidas más concretas y adecuadas para cortar los nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. También debe evitarse por parte de funcionarios del Estado expresiones de complacencia o entendimiento con el paramilitarismo.

D. Las políticas económicas y sociales

64. La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Las cifras oficiales indican que se lograron avances en cuanto al número de cupos escolares de la educación primaria. A pesar de esto, más de 300.000 niños y niñas en la edad primaria no estaban matriculados. No hubo avances en cuanto a que la educación primaria deberá ser gratuita.

65. Según el indicador de la línea de pobreza (LP) el 64% de la población vive en condiciones de pobreza. Según la Contraloría General el 31% de los colombianos pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia . Adicionalmente al alto grado de pobreza, la brecha de inequidad sigue siendo grande. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la población más pobre percibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación, mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62% . El Banco Mundial sitúa a Colombia con el coeficiente de Gini de distribución de riqueza como el tercer país más desigual del continente americano .

66. El crecimiento económico de alrededor de un 3,6% durante 2004 no parece haber aumentado la generación del empleo formal y su formalización. Persisten altas cifras de desempleo y subempleo . Esta situación también tiene un impacto sobre los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vivienda, ya que el sistema general de seguridad en salud, el sistema de pensiones y los procedimientos crediticios de las entidades bancarias presentan barreras para las familias pertenecientes al sector informal de la economía. Durante 2004 los problemas del sistema de pensiones se hicieron más notables.

67. La cobertura del sistema de salud sigue siendo muy baja . Casi el 40% de la población total no está afiliada. Durante el año se empeoró la situación hospitalaria, en particular por la precariedad de recursos y servicios.

68. Se observó un aumento en el nivel de la construcción de viviendas. Sin embargo, éste benefició particularmente a los estratos más altos .

69. Cabe destacar la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de las estadísticas realizadas por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE). Se espera que los cambios previstos por la nueva dirección del DANE no afecten esa importante iniciativa para poder evaluar el impacto diferenciado de las políticas públicas. También se espera que para el censo previsto para el año 2005, esta institución se beneficie adecuadamente de los preparativos hechos por parte de la dirección anterior del DANE. Ésta venía trabajando desde hace varios años en la construcción de la metodología, de los indicadores y de las variables socioeconómicas del censo. Para desarrollar una política económica y social consistente que logre avances en cuanto a los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda, entre otros derechos económicos y sociales, se necesita tener un censo que adecuadamente pueda recoger y proporcionar los datos relevantes.

E. La promoción de una cultura de derechos humanos

70. El Gobierno realizó actividades encaminadas a concertar con las instituciones del Ejecutivo un diseño de un Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos. La Alta Comisionada confía que se amplíe la participación de otras instituciones estatales y se asegure la participación de las organizaciones de la sociedad civil para lograr un plan concertado entre todos. Confía, además, en que las políticas públicas incorporen las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como la perspectiva integral de género. Esta última debe permitir contrarrestar la discriminación y los estereotipos culturales existentes contra la mujer. Cabe señalarse la suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Vicepresidencia y la oficina en Colombia, en diciembre de 2004, para que esta última preste su asesoría en esa materia.

71. Cabe destacar el trabajo de diseño del Plan Nacional en educación en derechos humanos, impulsado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, con el acompañamiento de otras dependencias del Ejecutivo, así como de representantes de la sociedad civil. La Alta Comisionada confía en que una pronta finalización y divulgación del plan permita hacer los ajustes necesarios a fin de iniciar cuanto antes el proceso de implementación participativa del mismo.

F. El asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia del Alto Comisionado

72. La Alta Comisionada, a través de la presencia permanente de su oficina, ha continuado apoyando al Gobierno y al Estado en el diseño y la aplicación de las políticas y programas destinados a mejorar la situación humanitaria y de derechos humanos. Su oficina ha prestado asesoría y cooperación técnica a las autoridades nacionales con el fin de promover, en particular, la implementación de las recomendaciones internacionales. La Alta Comisionada toma nota de que el instrumento de asesoría y de cooperación que representa la oficina debe ser más aprovechado por el Gobierno y las instituciones del Estado colombiano.

III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A. Definiciones básicas y observaciones sobre estadísticas

73. Las acciones y omisiones que afectan a derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos o en normas del derecho internacional general constituyen violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos o se realizan con la aquiescencia de las autoridades. La responsabilidad por esas violaciones será por omisión cuando se incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no sea deliberado y que no haya participación de agentes estatales en la preparación, comisión o encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes estatales se vean involucrados en la preparación de los hechos, la participación en los mismos, o en el encubrimiento o protección de sus autores. Muchas de las violaciones, por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad, y son susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional.

74. En el marco del conflicto armado colombiano, las infracciones al derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a su Protocolo adicional II, y al derecho consuetudinario. Todas las partes participantes en las hostilidades, ya sea el Estado o los grupos armados ilegales (guerrillas o paramilitares), deben conformarse a las obligaciones impuestas por el derecho internacional humanitario. Muchas de las infracciones señaladas en este informe, cometidas como parte de un plan o política, o como parte de la comisión en gran escala, constituyen crímenes de guerra. Varias de esas infracciones podrían constituir igualmente crímenes de lesa humanidad.

75. En su trabajo, y para formular observaciones, valoraciones y recomendaciones, la Alta Comisionada se basa especialmente en tres fuentes: estudia detenidamente los datos y las estadísticas oficiales; realiza una observación directa, sistemática y analítica en todo el país; y efectúa el procesamiento riguroso de quejas, conforme a definiciones claras establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

76. Al estudiar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se debe destacar que no existe en Colombia un sistema de estadísticas oficiales que cubra adecuadamente las violaciones y las infracciones conforme a los instrumentos internacionales.

77. En cuanto a los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, las estadísticas pocas veces incluyen indicadores relevantes de violaciones a los mismos. En general no se utilizan parámetros acordes con la normativa internacional de derechos humanos, ni criterios unificados para el procesamiento de la información.

78. En cuanto a infracciones del derecho internacional humanitario, las estadísticas oficiales se refieren casi exclusivamente a conductas de los miembros de los grupos armados ilegales. Además, esas estadísticas no cubren correctamente ciertas infracciones al derecho internacional humanitario, como las torturas, los ataques y amenazas contra la población civil, los ataques indiscriminados, los ataques contra bienes civiles, los ataques contra la misión médica, los ataques a la integridad y dignidad personales y el reclutamiento de menores.

79. Las estadísticas relacionadas con violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario presentan debilidades, omisiones, inexactitudes y contradicciones.

80. Por lo expuesto, se deduce que es importante evitar hacer inferencias de estadísticas sin un análisis contextual adecuado, ya que esto puede conducir a falacias o conclusiones apresuradas e inexactas. Para comentar o valorar desde el enfoque de los derechos humanos los efectos de una política estatal de seguridad, es necesario contar con estadísticas rigurosas hechas a partir de datos y conceptos adecuados y precisos.

81. Las anteriores observaciones se hacen con el propósito de alentar a que se desarrolle un sistema oficial de estadísticas que cubra adecuadamente la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para contribuir a esto la Alta Comisionada ha incluido una nueva recomendación precisa al respecto .

B. Situación de los derechos humanos

82. La situación de los derechos humanos continuó siendo crítica, tanto en cuanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales.

83. No obstante los esfuerzos para fortalecer el respeto de los derechos humanos, en 2004 se registraron denuncias de violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, al respeto de la vida privada y de la intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. Varios de los casos que reflejan esta situación están desarrollados en el anexo II de este informe.

84. La oficina en Colombia continuó registrando denuncias de violaciones de derechos humanos atribuidas a la acción directa de servidores públicos, en particular de miembros de la fuerza pública. A otras instituciones estatales, como la Fiscalía General, se les atribuyó responsabilidad por haber estado asociadas a esas acciones o directamente involucradas en la práctica de las mismas. Varias de las acciones afectaron a grupos vulnerables, entre ellos defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas y afrocolombianas, periodistas, personas detenidas, mujeres, líderes sociales, y personas víctimas de abusos por su orientación sexual. En algunos casos, la acción omisiva de las autoridades o la complicidad con miembros de grupos armados al margen de la ley, en particular de paramilitares, comprometió la responsabilidad del Estado.

85. Se observó un incremento, comparado con 2003, de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso. Siguió siendo alto el registro de denuncias de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desapariciones forzadas. También se registró uso excesivo de la fuerza y otros abusos de autoridad en la represión de actos de protesta, y atentados a la libertad de opinión y expresión. Igualmente se registraron violaciones a la integridad y dignidad personales mediante actos de violencia sexual. Muchas de éstas se atribuyeron a miembros de las fuerzas militares.

86. En el caso de la muerte de cinco campesinos en Cajamarca (Tolima) en abril, las autoridades trataron inicialmente, y con inusitada rapidez, de justificar las muertes como consecuencia de un combate o producto de un error militar. En otro controvertido incidente, en marzo, miembros del Ejército dieron muerte a siete policías y cuatro civiles en Guaitarilla (Nariño). Llamaron la atención los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas cuyos cuerpos posteriormente fueron presentados ante los medios como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate. La Fiscalía General abrió investigación por homicidio a efectivos del batallón Reveiz Pizarro, por la ejecución extrajudicial de tres sindicalistas en Arauca (Arauca), en el mes de agosto, al considerar que nunca existió el combate alegado por los militares implicados y otras autoridades del Gobierno y, por el contrario, lo que se produjo fue una ejecución extrajudicial.

87. Repetidas informaciones recogidas por la oficina, así como la observación directa en el terreno, indican que continúan dándose casos de vínculos entre los grupos paramilitares y servidores públicos, tanto miembros de la fuerza pública como otros funcionarios del Estado . Si bien se adelantaron algunas acciones, como en el caso de la ciudad de Cúcuta, en la mayoría de los casos no se registraron medidas para sancionar adecuadamente estas conductas, y en ocasiones las autoridades civiles o militares negaron los hechos, sin haber investigado debidamente los casos denunciados.

88. La administración de justicia se vio afectada principalmente en materia de independencia e imparcialidad judicial, respeto al debido proceso y a las garantías judiciales, así como de la presunción de inocencia. Persistieron los problemas de acceso a la justicia en varias regiones del país y altos índices de impunidad de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

89. Se registraron denuncias de violaciones a la independencia judicial que vincularon a fiscales destacados ante órganos de seguridad, situación que compromete la autonomía de éstos sobre todo en casos que involucran a miembros de esas instituciones- en particular por estar ubicados en las instalaciones de esos órganos. Esto limita, además, el acceso de las víctimas y testigos a prestar declaraciones sin temores ni exposiciones adicionales de riesgo. Otras denuncias en materia de independencia judicial cuestionaron la declaración de insubsistencia de varios fiscales que perdieron sus empleos -varios de ellos luego de haber sido obligados a someterse a la prueba del polígrafo- sin que medie una investigación que determine su actuación irregular, y que garantice que esas decisiones no obedezcan a otras razones, como por ejemplo las vinculadas al curso de las investigaciones a cargo de fiscales.

90. La oficina continuó conociendo quejas de casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario investigados indebidamente por la justicia penal militar, en particular casos de homicidios de personas protegidas. Las instituciones no actuaron de manera consistente. En algunas oportunidades, la Fiscalía General reclamó su competencia y en otras consideró que ésta no le correspondía. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió conflictos de competencia sobre situaciones similares, que manifiestamente se referían a violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, unos a favor y otros en contra de la jurisdicción ordinaria.

91. No obstante, cabe señalar los avances en la investigación adelantada por la Fiscalía General en el caso de las ejecuciones de los sindicalistas en Arauca, así como la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de atribuir la competencia del caso de Cajamarca a la justicia ordinaria, modificando su decisión anterior. Es de destacar que la Procuraduría General solicitó, en noviembre, a la Justicia Penal Militar que revocara su decisión de archivar la investigación contra 12 militares implicados en el caso de Guaitarilla.

92. Varias denuncias de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias por miembros de la fuerza pública fueron remitidas por la Procuraduría General para ser investigadas disciplinariamente por la Policía o el Ejército, según el caso. Llama la atención el archivo de algunos procesos disciplinarios, inclusive en casos en los que la justicia sancionó penalmente a los servidores públicos responsables. Se destacan, por otra parte, las actuaciones de la Procuraduría en el avance o la conclusión de algunos procesos como en el caso de Bojayá.

93. Funcionarios de la Fiscalía General continuaron protagonizando o apoyando la práctica de detenciones masivas, así como de detenciones individuales y allanamientos basados en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de inteligencia militar, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad. Se denunció que, en reiteradas ocasiones, se dieron órdenes de captura en blanco, o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales. Se ha observado la utilización frecuente de los testimonios de personas desmovilizadas, reinsertadas o reincorporadas en distintos procesos judiciales. Se denunciaron casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales. Varios de esos procesos afectaron a personas miembros de organizaciones de derechos humanos o de sindicatos. Es de mencionar la captura, en el mes de agosto, de un reinsertado, testigo en diversos procesos, del que se denunció el cobro de dinero por sus falsos testimonios. La oficina tuvo conocimiento de la existencia de archivos de inteligencia militar en los que se señalaba a organizaciones de derechos humanos como vinculadas con grupos guerrilleros .

94. La práctica de detenciones individuales y masivas por parte de miembros de la fuerza pública, en particular por miembros del Ejército Nacional, con base en los precarios fundamentos antes referidos, con o sin autorización judicial, continuó afectando principalmente a los civiles que viven en regiones de continua presencia o dominio guerrillero. Llama la atención que la mayoría de las privaciones de libertad de las personas se generan por fuera del sistema judicial. Según información de la Policía Nacional, sólo un 17% de unas 259.400 capturas, realizadas hasta el 10 de octubre de 2004, fueron en seguimiento de órdenes judiciales previas, mientras que la abrumadora mayoría del 82% (unas 205.300) figura como "capturas en flagrancia". De las personas capturadas por los diferentes organismos de seguridad del Estado y puestos a disposición de la Fiscalía, alrededor del 8% lo fueron con órdenes de captura, y un 2% por detención administrativa, el resto habrían sido capturados en flagrancia. Llama la atención la aplicación inadecuada del concepto de flagrancia utilizado, ya que se registra que más del 50% de la capturas están relacionadas con sospechas de pertenecer a los grupos armados al margen de la ley .

95. El Procurador General y el Defensor del Pueblo llamaron la atención, en varias oportunidades, sobre los excesos cometidos durante la realización de procedimientos particularmente vinculados a capturas masivas . Las detenciones arbitrarias, caracterizadas por la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales, no sólo violan la presunción de inocencia de las personas, sino también provocan la estigmatización que genera el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas. Esto ubica además a esas personas en una situación de riesgo que puede llevar hasta la muerte, como ocurrió con el profesor Alfredo Correa de Andreis, víctima de homicidio un mes y medio después de haber sido puesto en libertad por orden de la Fiscalía.

96. En algunos casos se denunció la participación directa de servidores públicos en la manipulación de testigos y pruebas, agravando la credibilidad de la actuación judicial. La Procuraduría General observó, en un informe sobre la investigación en el caso de Guaitarilla, que todas las instituciones intervinientes cometieron irregularidades. Varias denuncias atribuyeron también a miembros de las fuerzas militares la manipulación de pruebas, la alteración de la escena del crimen, y otras irregularidades en la ejecución de las diligencias y operativos. No se conocen acciones tomadas contra los funcionarios judiciales ni contra los miembros de la fuerza pública responsables de esas irregularidades. Se denunciaron, en ciertas zonas, casos de falta de cumplimiento por parte de fiscales de su obligación de realizar levantamientos de cadáveres y de casos de obstaculización por parte de miembros de la fuerza pública.

97. Adicionalmente, resulta notable que algunos casos denunciados de violencia sexual contra mujeres y niñas no fueron adecuadamente investigados. En cambio, las víctimas tendieron a ser estigmatizadas, y en ocasiones incluso se abrieron investigaciones en contra de ellas. En un caso de acusación de rebelión contra una mujer de la que abusó sexualmente un miembro de la guerrilla, se denunció que funcionarios del DAS y de la Fiscalía General habrían participado directamente en irregularidades procesales, según se desprende del mismo pronunciamiento judicial que revocó la medida de aseguramiento. No se registraron medidas eficaces para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades así como para prevenir la recurrencia de éstas. Con frecuencia no se abren investigaciones. Tampoco se observaron avances en las investigaciones de las denuncias de violencia sexual .

98. La situación de derechos humanos en las prisiones del país denota una crisis continua. El crecimiento de la población carcelaria sobrepasa en la actualidad todo límite anteriormente registrado en el país. El porcentaje total de hacinamiento a nivel nacional asciende al 38%, con una población de 68.000 personas sobre una capacidad de 49.600, aunque en las cárceles de Riohacha, Valledupar, Arauca, Bucaramanga, Medellín, Cali e Itaguí, el hacinamiento supera el 100%. Esta misma situación se refleja en las prisiones de mujeres de Cali y Popayán. Las condiciones de hacinamiento extremo son equivalentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) registró un alto número de investigaciones disciplinarias que abarcan desde faltas relacionadas con el servicio hasta aquellas que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas de ellas son investigadas por la propia institución, por remisión de la propia Procuraduría General.

99. La mayoría de las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas quedan impunes debido a la falta de investigaciones de oficio, el escaso porcentaje de denuncias, ocasionado por el pudor, la falta de credibilidad en el sistema de justicia, y el subregistro en los casos de muerte o violencia sexual. El acceso y el tratamiento judicial se ven afectados, además, por la ausencia de programas de formación en género a operadores judiciales y la práctica sexista de la justicia, especialmente en el área penal. La adopción de la Ley N.º 882 de 2004, que elimina el maltrato sexual como delito argumentando que todo maltrato sexual es un maltrato físico que ya está penalizado, no es consecuente con las disposiciones internacionales sobre protección a las mujeres y las niñas contra la violencia. Subvalora además la violencia sexual como una problemática específica y grave, desconoce su práctica sistemática, e invisibiliza esta violación de género, contribuyendo a la impunidad.

100. Los derechos de las mujeres, en especial de las madres jefas de hogar, campesinas, indígenas, afrocolombianas y desplazadas, siguen afectados por la discriminación sexual, así como por las distintas formas de violencia de género. La acción de tutela (amparo) ha permitido en algunos casos proteger los derechos de las mujeres y las niñas, y garantizar puntualmente derechos fundamentales.

101. El panorama social y económico continúa mostrando altos niveles de pobreza e inequidad. La disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de los derechos al empleo, a la vivienda, a la salud y a la educación distan de ser satisfactorios. Persisten altas cifras de desempleo y subempleo , la situación hospitalaria y pensional continúa agravándose, y la cobertura del sistema de salud sigue siendo baja. En materia de derecho a la vivienda se observó un repunte en la construcción, pero éste benefició particularmente a los estratos 4, 5 y 6, mientras que en los estratos 1, 2 y 3 persiste la insuficiente disponibilidad de vivienda propia y de acceso a los subsidios.

102. En cuanto al derecho a la salud, ha sido notoria la utilización de la tutela (amparo) por parte de muchas personas para poder tener acceso a este servicio fundamental . A esta acción pueden acceder mayoritariamente las personas que se encuentran cubiertas por algún tipo de seguro.

103. En materia del derecho a la educación deben destacarse los esfuerzos realizados por el Estado para aumentar la cobertura y mejorar la calidad . A pesar de dichos avances, aún no se cumple la recomendación de garantizar la educación primaria universal y gratuita, ni de reducir la brecha de inequidad .

C. Panorama general de la situación del derecho internacional humanitario

104. La oficina en Colombia siguió registrando graves infracciones por parte de los grupos armados al margen de la ley, en particular por las FARC-EP y los grupos paramilitares, aun cuando varios de estos últimos han declarado un cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley persistieron en exponer a la población civil como el blanco principal de sus acciones, a través de ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo , desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y violencia sexual contra mujeres y niñas. Los civiles, y en particular los grupos étnicos, se vieron afectados por la restricción del transporte de alimentos, medicinas y personas, incluyendo acciones que provocaron el confinamiento o aislamiento de comunidades. Se registró un aumento de infracciones contra maestros, alcaldes y ex alcaldes. Aumentaron las muertes por efecto de minas antipersonal, en su mayoría en las zonas rurales.

105. Con las estadísticas oficiales existentes no es fácil identificar adecuadamente los indicadores referidos a homicidios de personas protegidas en el marco del conflicto armado interno. El Observatorio de la Vicepresidencia registra durante los primeros 10 meses de 2004 42 masacres con 234 víctimas, siendo Antioquia, Valle, Casanare y Meta los departamentos más afectados. La toma de rehenes siguió afectando a la población civil. La Vicepresidencia registra un total de 1159 rehenes durante los primeros diez meses de 2004, de los cuales el 46% fue liberado por sus captores, el 26% continuaba en cautiverio y el 20% fue rescatado por la fuerza pública. Las FARC-EP continúan siendo los mayores responsables de este crimen entre los grupos armados al margen de la ley. Llama la atención que, a pesar del compromiso del cese de hostilidades y de la anunciada desmovilización, los grupos paramilitares aumentaron el porcentaje de la autoría de esas acciones del 8 al 11% del total de secuestros, superando al ELN (con un 9%) y detrás de las FARC-EP (el 21%).

106. Los atentados contra la dignidad personal y otros atentados contra el pudor contra mujeres y niñas por parte de los grupos armados al margen de la ley continuaron registrándose en distintas zonas del país, generalmente acompañados de toma de rehenes, torturas, desplazamientos, desnudez forzada y otras formas de agresión física, sexual y psicológica. La esclavitud sexual continuó siendo una práctica que afectó los derechos de las mujeres y las niñas, estas últimas casi siempre reclutadas desde los 12 años para dicho fin. Esta práctica está generalmente acompañada de anticoncepción y aborto forzados. Esas situaciones plantean igualmente un alto riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual o VIH. Se denunciaron casos de mujeres en Cúcuta que después de haber sido obligadas a tener relaciones sexuales con los paramilitares fueron declaradas como "objetivo militar" por la guerrilla.

107. Se registraron también infracciones atribuidas a miembros de la fuerza pública que irrespetaron la inmunidad de la población civil, en particular homicidios en personas protegidas, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, bloqueos de comunidades, de alimentos y de medicamentos, y de violencia sexual contra mujeres y niñas.

D. Guerrillas

108. Estos grupos armados ilegales continuaron infringiendo el derecho internacional humanitario y sus principios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil. Las FARC-EP siguieron cometiendo graves infracciones, tales como homicidios de personas protegidas, masacres, torturas y toma de rehenes que afectaron a muchos civiles, entre ellos, mujeres, población retornada, niños y niñas, y grupos étnicos. Se denunció que en tres oportunidades, dos en el Catatumbo (Norte de Santander), y una en San Carlos (Antioquia), las víctimas de las masacres fueron personas que se dedicaban al cultivo de la hoja de coca. En otras ocasiones, las víctimas fueron personas desplazadas que habían retornado a sus lugares de origen, supuestamente sin contar con la "autorización" del grupo guerrillero, como sucedió en Antioquia. Igualmente, a los grupos guerrilleros se les atribuyó la responsabilidad de homicidios selectivos y amenazas de muerte que afectaron a servidores públicos, maestros e indígenas, entre otros. Pueden citarse los homicidios del alcalde de Rivera (Huila), en agosto; de un profesor, en abril, en el municipio de Tame (Arauca), y del mamo arhuaco, de 70 años, en noviembre en la Sierra Nevada de Santa Marta.

109. Además de no liberar sin condiciones a las personas tomadas como rehenes y no respetar las normas internacionales que protegen a las que han depuesto las armas o quedado fuera de combate, las FARC-EP, y en menor medida el ELN, continuaron con la práctica de toma de rehenes, con propósitos de extorsión económica y presión política. Se denunciaron torturas y homicidios de rehenes, como en el caso de los cinco rehenes encontrados muertos con señales de tortura en el municipio de Corinto (Cauca), en enero. En el departamento de Arauca se tomaron como rehenes a siete miembros de la misión médica que realizaban una jornada de vacunación en agosto. Adicionalmente, se continuó con la práctica del reclutamiento de menores de edad. Se atribuyó a las FARC-EP la comisión de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados, como el sucedido en el municipio de Anza (Antioquia), donde miembros de las FARC-EP dispararon contra civiles y lanzaron una granada contra un establecimiento público, con el resultado de 2 civiles muertos y 7 heridos. Asimismo, se registraron actos de terrorismo, como la explosión de un carro bomba en Tame (Arauca), ocurrida en mayo, en la que murieron 4 civiles, entre ellos un niño, y 25 resultaron heridos, así como el atentado en una discoteca de Apartadó (Antioquia) que dejó 6 civiles muertos, entre ellos una niña de 4 años, y 22 heridos. También se atribuye a las FARC-EP la responsabilidad por desplazamientos forzados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó y Nariño.

110. Se continuaron presentando restricciones al libre tránsito de personas y bienes por medio de retenes ilegales y amenazas de muerte generalizadas, como por ejemplo en el Río Carare (Santander) en abril, perjudicando especialmente a los habitantes de las áreas rurales. Se denunció, igualmente, la utilización de armas prohibidas y ataques contra bienes civiles, como la utilización de cilindros de gas en San Miguel (Putumayo), que causó heridas a dos personas protegidas y numerosos daños a bienes civiles, en septiembre.

111. Las FARC-EP y el ELN continuaron utilizando frecuentemente minas antipersonal. El Observatorio de Minas de la Vicepresidencia atribuyó la responsabilidad del 60% a las FARC-EP y del 10% al ELN de los casos que en 2004 causaron víctimas. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, en particular pertenecientes a comunidades indígenas, como en el caso de las heridas ocasionadas a menores de la etnia embera katío en abril y junio en Córdoba. A las FARC-EP se les atribuye la responsabilidad de reclutamiento de niñas, forzando el uso de anticonceptivos y la práctica compulsiva de pruebas masivas de VIH, y esclavitud sexual de mujeres y niñas. También se atribuye a este grupo armado ilegal ataques contra mujeres que por tener relaciones con miembros de la fuerza pública o de grupos paramilitares son víctimas de homicidios y amenazas, como la masacre de cuatro mujeres, una de ellas embarazada, ocurrida en octubre en Colosó (Sucre).

E. Paramilitares

112. Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de hostilidades. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades.

113. Se reportaron masacres atribuidas a paramilitares en Antioquia, Arauca, Bogotá, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Risaralda. Algunas de ellas afectaron a comunidades indígenas; otras estuvieron acompañadas de tomas de rehenes, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios con sevicia -como el de una persona muerta a golpes de mortero en Risaralda- y violaciones sexuales de mujeres y niñas. Adicionalmente, continuaron reportándose casos de homicidios, individuales y colectivos, así como de amenazas en los cuales se denunciaron nexos entre miembros del Ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares, sea por la omisión de las autoridades, o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas, en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertas en combate por el Ejército.

114. La desaparición forzada continuó siendo una estrategia utilizada por los grupos paramilitares. Varias desapariciones estarían asociadas al reclutamiento forzado, incluso de menores, como el realizado por los grupos paramilitares en barrios pobres de ciudades como Bogotá, Medellín y Sincelejo. En violación del cese de hostilidades, en Puerto Libertador (Córdoba) se atribuyó la desaparición de dos personas al Bloque Norte de las AUC, en hechos en los que se produjo la toma de rehenes de diez personas, incluyendo a un ex concejal, y la posterior masacre de ocho de ellas.

115. Los fuertes enfrentamientos entre el Bloque Centauros de las AUC y las Autodefensas Campesinas de Casanare, el primero presente en la mesa de negociaciones, han provocado cientos de desplazados y numerosos homicidios y desapariciones forzadas, sin que los llamados del Gobierno para el inmediato cese de los combates y la desmovilización de ambos grupos hayan surtido efecto.

116. También continuaron registrándose denuncias de infracciones contra mujeres y niñas, en particular violaciones sexuales, amenazas, torturas, homicidios selectivos, imposición de códigos de conducta y esclavitud sexual, atribuidas a grupos paramilitares.

F. Fuerza pública

117. La oficina siguió registrando denuncias relacionadas con infracciones al derecho internacional humanitario, tales como homicidios en personas protegidas, pillaje y desplazamientos forzados atribuidas a miembros de la fuerza pública. Las denuncias provienen tanto de zonas en las que se desarrollan importantes operativos militares -como los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo- como de zonas en las que la fuerza pública ha tenido presencia permanente, como en Antioquia, donde se incrementaron las denuncias en contra de miembros de la IV Brigada del Ejército. La oficina observó un aumento de las denuncias de violencia sexual por parte de miembros del Ejército. También se registraron denuncias de infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a soldados campesinos.

118. La oficina registró algunas denuncias de masacres atribuidas a miembros del Ejército, como las sucedidas en Antioquia, Arauca y Boyacá. Se denunció la complicidad de los paramilitares en algunas de esas acciones. Se denunció la muerte de varios civiles ocasionada por operativos militares, en desconocimiento de los principios de distinción y proporcionalidad. Llaman la atención los continuos reportes a la oficina de casos en los cuales se han dado operaciones coordinadas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, y de casos donde las víctimas habrían sido detenidas por efectivos paramilitares y después reportadas por miembros del Ejército como dadas de baja en combate. Varios de estos casos han sido indebidamente sometidos al conocimiento de la justicia penal militar.

IV. SITUACION DE GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES

119. El conflicto armado, y en particular la acción criminal de los grupos armados al margen de la ley, que hacen caso omiso de los principios humanitarios de distinción y de inmunidad de la población civil, afectaron la situación de varios grupos particularmente vulnerables. Éstos sufrieron, además, las consecuencias de algunas políticas públicas, y de la actuación de algunas autoridades a las que se atribuyeron violaciones de los derechos humanos contra aquéllos.

120. En este marco, la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, se vio afectada por amenazas, homicidios y hostigamientos de los grupos armados ilegales, particularmente paramilitares. Algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno, que manifestaron cuestionamientos indiscriminados sobre la labor de los defensores y de sus organizaciones, contribuyeron a la polarización y al incremento de los factores de riesgo que afectan a estos defensores, limitando el impacto de los esfuerzos estatales de protección. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión y opinión en contra.

121. Continuaron existiendo varias comunidades en riesgo, en particular las que se encuentran bajo amenazas de atentados o desplazamientos, las desplazadas, bloqueadas o sitiadas. El total de personas desplazadas siguió creciendo, aun cuando persistió la tendencia de disminución de nuevos desplazamientos forzados, la cual se estaría revirtiendo en el segundo semestre de 2004. El Estado realizó importantes esfuerzos para la atención de esas comunidades. Siguen existiendo debilidades en materia de soluciones duraderas y sostenibles, especialmente frente a la política de retornos, así como de atención diferenciada para mujeres y grupos étnicos.

122. Las comunidades indígenas y afrocolombianas sufrieron el impacto del conflicto armado sobre su diversidad étnica y cultural, al invadir sus territorios, así como de la situación de exclusión y discriminación que sigue afectándolas. Las comunidades más afectadas fueron las de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Eje Cafetero, del Chocó, y de las zonas donde se desarrolla el Plan Patriota. Fueron notables los homicidios, amenazas, y otros atentados contra líderes indígenas, en particular por las AUC y las FARC-EP. También se denunciaron homicidios, atribuidos a miembros de la fuerza pública, y capturas masivas y arbitrarias. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas señaló el peligro de extinción para varios pueblos del Amazonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare.

123. La población infantil siguió siendo víctima del conflicto armado, en especial por el reclutamiento forzado de miles de niños y niñas, la toma de rehenes, el desplazamiento y las minas antipersonal. Persistieron la explotación sexual y laboral, la violencia intrafamiliar y la inequidad en el goce de los derechos económicos sociales y culturales de la niñez. La oficina ha tenido conocimiento de la ocupación de escuelas por parte de la fuerza pública, lo que contraviene claramente disposiciones del derecho internacional humanitario.

124. Los derechos de las mujeres y las niñas siguen siendo vulnerados por la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia. La seguridad de las mujeres y niñas particularmente de las campesinas, indígenas, afrocolombianas, y aquellas que se encuentran organizadas, desplazadas, retornadas o confinadas- se ve agravada por el conflicto armado, en especial por la violencia sexual y por el control social que ejercen los grupos armados. A pesar de los esfuerzos estatales, persisten las debilidades para recoger la situación específica de las mujeres y así responder adecuadamente a sus necesidades. El sistema judicial sigue siendo ineficaz para atender los casos de violencia de género.

125. Los periodistas y otros formadores de opinión fueron víctimas de amenazas y homicidios por parte de los grupos armados ilegales. También se denunció el uso excesivo de la fuerza por miembros de la fuerza pública y violaciones a la libertad de expresión y opinión por agentes del Estado. Toda esa situación incidió en la existencia de un clima de censura indirecta e intimidación, y de empleo acrítico de la información. Algunas de las denuncias examinadas por la oficina señalaban la existencia de presiones de las autoridades para la publicación de informaciones sobre el conflicto armado y otras estadísticas favorables para el Gobierno.

126. Ha sido notable la vulnerabilidad de los rehenes, así como de sus familias, por la persistencia del secuestro y del incumplimiento de las obligaciones humanitarias de los grupos armados ilegales, así como por las dificultades generadas en materia de derechos civiles y económicos por las lagunas legislativas. La misma situación se plantea en relación con las víctimas de la desaparición forzada.

127. Los funcionarios locales -en particular alcaldes, ex alcaldes, concejales y ex concejales-, funcionarios y operadores de justicia, miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, médicos, empresarios y comerciantes, fueron otros grupos particularmente vulnerables a la acción de los grupos armados ilegales. Las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron víctimas de abusos y discriminación por su orientación sexual, incluyendo maltrato y actos de limpieza social.

V. RECOMENDACIONES

128. La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, a la comunidad internacional, y a los grupos armados ilegales.

129. Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. La Alta Comisionada tiene la firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplicaran en un proceso consistente e integral durante el año 2005.

130. Conforme a los previos dos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado

A. Prevención y protección

131. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a adoptar normas que regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), y a establecer las sanciones por el no acatamiento de las alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante oportunas apropiaciones presupuestarias.

132. La Alta Comisionada alienta al Gobierno y al Congreso a asegurar la sostenibilidad de los programas de protección de defensores de derechos humanos y de otros grupos, a cargo del Ministerio del Interior. Exhorta a que se adopten las medidas necesarias para que los servidores públicos de la rama ejecutiva guarden el respeto debido al trabajo individual y colectivo de defensores de derechos humanos, incluyendo a organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, dirigentes sindicales y otros líderes sociales. Para este efecto, sugiere tipificar disciplinariamente la conducta del servidor público que con sus declaraciones ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de aquéllos, y a sancionar adecuadamente a quienes incurran en tal comportamiento.

133. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a tomar medidas especiales y urgentes en defensa de las comunidades indígenas en riesgo de extinción y a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T-25 de 2004, en materia de prevención y atención de los desplazados y otras comunidades en riesgo. También lo alienta a asumir la plena responsabilidad que en tales materias le compete al Estado conforme a los principios y normas internacionales.

134. La Alta Comisionada urge al Gobierno y al Congreso a que doten a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para que éstas puedan establecerse en aquellas zonas con alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada donde aún no tienen presencia. Para tales efectos, invita al Procurador General y al Defensor del Pueblo a presentar oportunamente un plan de presencia territorial durante el primer semestre de 2005.

135. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a establecer y llevar a cabo, en coordinación con el Ministro de Defensa, la revisión anual de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos, con el fin de examinar la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir datos erróneos o tendenciosos.

136. La Alta Comisionada alienta al Ministro de Defensa a suscribir un acuerdo marco de cooperación con su oficina en Colombia para que, con base en un estudio independiente, se avance en la formación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de todos los miembros de la fuerza pública, de manera integral, sistemática y operacional.

B. El conflicto armado interno

137. La Alta Comisionada insta a los jefes y demás integrantes de las FARC-EP, del ELN, de las AUC y otros grupos guerrilleros y paramilitares a que respeten los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual de todos los civiles. Los insta, en especial, a que se abstengan en todo momento de ataques contra la población civil y de ataques indiscriminados, de la práctica inaceptable del secuestro, del reclutamiento de menores, de la violencia sexual, y de los actos de terrorismo. A tales efectos, exige a los mandos impartir a todos los miembros de sus agrupaciones órdenes claras y a asegurar la observancia obligatoria de la normativa humanitaria.

138. La Alta Comisionada insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a que liberen, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas tomadas como rehenes. También los insta a que reconozcan, sin limitaciones, las garantías establecidas por la normativa humanitaria para personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado interno.

139. La Alta Comisionada insta a los integrantes de las FARC-EP y del ELN a que cumplan las obligaciones internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales.

140. La Alta Comisionada insta a todos los que tienen participación directa en las hostilidades a que observen plenamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones expuestas.

141. La Alta Comisionada solicita al Gobierno que considere la posibilidad de retirar la salvedad formulada al momento de ratificar el Estatuto de Roma, por la cual no se acepta durante siete años la competencia de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra cometidos en Colombia.

142. La Alta Comisionada urge a cada uno de los grupos armados ilegales a poner en práctica, cuanto antes, un cese efectivo de hostilidades, correspondido por el Gobierno. Exhorta, además, que con urgencia se inicien diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y las negociaciones deberán priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En cuanto a las negociaciones exhorta al Gobierno y al Congreso que establezcan, cuanto antes, un marco jurídico con mecanismos adecuados que reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. El marco jurídico debe tomar en cuenta debidamente la situación de la mujer y de las minorías étnicas.

C. El Estado de derecho y la impunidad

143. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno y al Congreso a cumplir plenamente las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma y derecho internacional del trabajo. Los alienta a ratificar los tratados internacionales pendientes, y a proceder al depósito de los instrumentos de ratificación de aquéllos que han sido aprobados internamente. Los alienta a no auspiciar cambios normativos que sean incompatibles con los instrumentos internacionales o que debiliten el control judicial de las actuaciones del Estado y el derecho a la tutela.

144. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, al Congreso y a los órganos judiciales a que promuevan normas y mecanismos adecuados para enfrentar la problemática de la impunidad, incluyendo un enfoque de género. Solicita igualmente a las instituciones que forman parte del Comité interinstitucional de impulso de investigación de casos de violaciones de los derechos humanos a que, de forma prioritaria, coherente y sostenible, avancen en el examen de los casos seleccionados para lograr una conclusión judicial de los mismos.

145. La Alta Comisionada exhorta al Fiscal General a que ponga en marcha la carrera para los funcionarios y empleados de su dependencia; a que implemente durante 2005 las recomendaciones formuladas en el diagnóstico sobre la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y a que promueva las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la efectividad y eficacia del programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. También le exhorta a respetar y a garantizar la independencia de los fiscales.

146. La Alta Comisionada exhorta al Ministro de Defensa y al Fiscal General a que apliquen los principios y normas internacionales que prohíben, salvo en circunstancias de carácter excepcional, las aprehensiones y los allanamientos sin previa orden judicial, y que rigen el concepto de flagrancia. También les exhorta a que aseguren el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, así como que sancionen a los funcionarios que infringen estos principios.

147. La Alta Comisionada urge al Ministro de Defensa a que emplee la suspensión en el servicio como medida preventiva. También lo exhorta a que dé instrucciones para que los funcionarios de la jurisdicción penal militar no reclamen competencias sobre casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, u otros delitos no relacionados con el servicio. Asimismo, exhorta al Fiscal General a que dé instrucciones claras para que los fiscales no cedan competencias a la jurisdicción penal militar en casos ajenos a ese fuero. Solicita al Consejo Superior de la Judicatura que resuelva los conflictos de competencia de conformidad con la jurisprudencia constitucional y las normas internacionales.

148. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a que ejerza con rigor el poder disciplinario preferente sobre las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo las que afecten a las personas privadas de la libertad. Exhorta a la Defensoría del Pueblo a que ejerza permanentemente su control sobre los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Exhorta al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a que garantice el acceso a los centros de reclusión de los abogados defensores. Se alienta al Ministerio del Interior y de Justicia y al INPEC a que integre de manera efectiva las normas de derechos humanos en sus reglamentos y prácticas y en los programas de formación de sus funcionarios, así como a implementar las recomendaciones formuladas por su oficina en el marco del proyecto de cooperación y asistencia.

149. La Alta Comisionada alienta al Fiscal General que la subunidad de investigación de presuntos nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales de la unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario concentre sus tareas en el esclarecimiento de vínculos entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, funcionarios civiles y personas de condición privada. También alienta que esta dependencia de la Fiscalía, en coordinación con otras unidades de la misma, incluya en sus investigaciones los aspectos económicos, financieros y jurídicos de tales vínculos. Además, le solicita que se revise la estructura de los fiscales destacados ante la fuerza pública y otros organismos de seguridad.

150. La Alta Comisionada solicita al Presidente de la República que, en su condición de Jefe del Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, adopte las medidas necesarias para lograr que ces