Hay dos cosas que un escritor público apenas puede decidir con dificultad: que se respeten sus derechos de autor y que lo publicado con su firma no sea utilizado sin su consentimiento. Internet volvió imposible la pretensión de decidir dónde se reproduce lo que escribimos y nos convirtió en virtuales tontos útiles de causas que repudiamos.
Quienes frecuentamos como colaboradores los medios de comunicación tenemos algún ejemplo en ese sentido. Yo tengo muchos. Ya no me desconcierta saber que artículos muy críticos sobre el gobierno Uribe sean reproducidos en sitios que hacen eco a organizaciones armadas. O que, al contrario, artículos radicalmente opuestos a la lucha armada sean reproducidos en sitios que simpatizan con el Presidente de la República.
Cuando publiqué mi libro de entrevistas El poder para quién (2001), en la recta final de las elecciones del 2002, me disgustó saber que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) reproducían en su página de Internet el capítulo sobre el candidato Álvaro Uribe. No sé si se reprodujo el dedicado a Lucho Garzón. Descarto que se haya hecho en las páginas de las Auc.
Un lector de Internet sabe que es imposible decidir el destino de lo que se escribe y publica. Conocemos el lugar de partida, pero no el rumbo que toman los escritos en las "autopistas de la información". En la web se manipulan informaciones y opiniones, se ofrecen verdades y se "cuelgan" mentiras, que pueden servir a Dios y al diablo.
El Presidente y sus colaboradores no desconocen las ventajas de la propaganda. Son supremamente inteligentes y prácticos, conocen bien estos recursos y los usan con insidiosa frecuencia para educar a los colombianos en nuevas técnicas de tergiversación. No están haciendo gobierno con la generosidad de saberse mayoría, sino con las tensiones y temores de quien obstruye la consolidación y el ascenso de la oposición, inseparable del orden democrático.
La iracundia del Presidente contra el candidato del Polo a la Alcaldía de Bogotá fue un ejemplo de lo anterior. No usó nunca nombre propio, pero a raíz de la equívoca respuesta sencilla a una pregunta compleja, los colombianos supieron a quién se refería. Las "referencias abstractas" solo pretendían burlar la ley con una trampa y cerrar la puerta a la intervención del Procurador de la Nación. En boca de J. O. Gaviria, esto no era guerra sucia, sino la expresión de una "inteligencia superior."
Las acusaciones contra Carlos Gaviria por un artículo reproducido en Anncol -agencia internacional de noticias donde figura la página de las Farc- fueron otro episodio de la cruzada. A Luis Carlos Restrepo no le interesó saber que ese artículo ya había sido publicado en EL TIEMPO, antes de ser reproducido, dos meses después, sin consentimiento del autor.
En la gresca improvisada en los estudios de CM&, el Comisionado volvió a reclamar al presidente del Polo por el dichoso artículo. Y en esa línea volvió el señor Carlos García, del partido de la ’U’. Sin hacer el más mínimo razonamiento, y, reproduciendo "la voz del amo", sostuvo que la tesis de Carlos Gaviria "puede estimular el terrorismo".
Ese texto, de naturaleza jurídica, no permite interpretación política tan burda ni infame, ni siquiera entre aliados inteligentes del Gobierno. Lo contradictorio, opinó el ex magistrado José Gregorio Hernández, "es que el Gobierno quiere eliminar el delito político, pero quiere aplicárselo a los paramilitares". Y algo más contradictorio: pretendiendo ir por lana en esta cruzada contra la oposición, el Gobierno no quiere aceptar que está saliendo trasquilado.
Óscar Collazos