Polo Democrático Alternativo

La siguiente es la constancia que radicó y leyó en la plenaria de ayer, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya:

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que cese la persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), organización que desarrolla un trabajo comunitario, político y social en el sector rural de los municipios de Yondó, Remedios y Segovia, en Antioquia, así como de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, en Bolívar. También cuenta con una oficina regional en la ciudad de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio colombiano.

La ACVC integra los propósitos de la comunidad a través de 120 juntas de acción comunal veredales; cooperativas; comités pesqueros y mineros; colectivos de mujeres y jóvenes, junto a otras agrupaciones de trabajadores campesinos, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y del territorio, así como de la implementación de proyectos productivos de soberanía alimentaria, de la sustitución de cultivos de coca, y de la capacitación y fomento a los procesos organizativos campesinos.

Andrés Gil, coordinador de la oficina de la ACVC en Barrancabermeja; Mario Martínez, tesorero de la ACVC; Óscar Duque, integrante del equipo de trabajo de la seccional de la parte media de la ACVC; y Evaristo Mena, integrante de la ACVC como miembro de la junta de acción comunal de la vereda La Poza, municipio de Cantagallo - todos ellos reconocidos líderes comunitarios por más de dos décadas en la región del Magdalena Medio - fueron detenidos por agentes del DAS el sábado 29 de septiembre y actualmente se encuentran recluidos en Bucaramanga (Santander). Hoy martes 2 de octubre se les ha conducido a rendir indagatoria por un requerimiento por el delito de Rebelión por parte de la Fiscalía 3ra seccional delegada de Barrancabermeja. Acusación que ha sido negada de forma unánime por parte de los dirigentes campesinos detenidos.

Estas detenciones hacen parte de posibles montajes judiciales en contra de la Asociación Campesina del Valle del Rió Cimitarra. Proceso que ha implicado el allanamiento del apartamento y la oficina regional de la ACVC en Barrancabermeja, en el cual fueron sustraídas tres CPU con once años de documentación de los proyectos de la asociación, así como contabilidad, material documental y fotografías, entre otros archivos.

Este tipo de acciones conforman una posible ofensiva estatal para desarticular el proceso organizativo del campesinado del Magdalena Medio y disgregar las iniciativas de desarrollo comunitario, al igual que la defensa de los derechos humanos en la región del valle del río Cimitarra. Esta arremetida no es nueva. Hace parte de una serie de presiones del Estado colombiano contra la ACVC que han tenido lugar desde hace varios años y que se han manifestado en hechos tales como el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados durante el éxodo campesino del Magdalena Medio en 1998 y la indolencia del gobierno colombiano para aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de proteger a los miembros de la ACVC.

Asimismo cabe recordar el congelamiento de la figura jurídica que constituyó la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra - territorio de propiedad colectiva contemplada en la ley 160 de 1994 (o ley de reforma agraria) equivalente a los resguardos indígenas y a los territorios colectivos de las comunidades afro colombianas – en el año 2003. Dicha figura busca tanto eliminar como prevenir la concentración y el acaparamiento de la propiedad de la tierra, al igual que facilitar procesos de redistribución y prevenir el fraccionamiento antieconómico de la misma. Además, regula la ocupación de tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Por estas razones, se constituye como un obstáculo para la ejecución de los proyectos extractivos recién acordados por la política del Gobierno Nacional con la AngloGold Ashanti Mines y con los inversionistas del monocultivo agroindustrial de la palma aceitera.

Esto sin contar que el accionar del Ejército en la región ha estado en varias ocasiones dirigido contra la población civil. Según una serie de denuncias reiteradas de acciones como: asesinato de campesinos, detenciones arbitrarias, uso de informantes, alianzas con paramilitares, hurtos, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos en los que presuntamente estarían involucrados integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, en el último periodo.

Reiteramos nuestro llamado solidario para convocar e invitar a la opinión pública nacional e internacional, compañeros y contrapartes – tanto en Colombia como en el resto del mundo – a rechazar estos actos de persecución política en contra de la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra y a presionar para que se detenga esta emergencia social, humanitaria y judicial creada por estas detenciones, de igual forma convocamos a todos las instituciones y organizaciones sociales a:

 Adelantar una audiencia en el Congreso de Colombia sobre la situación de derechos humanos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra y al región del Magdalena Medio, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar. .

 Realizar actividades de denuncia, acompañamiento y búsqueda de respaldo político a la ACVC en Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina.

 Solicitar una audiencia en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para revisar el caso de persecución contra la ACVC.

 Convocar a una reunión en el seno del Parlamento Europeo y la Comisión Europea para exponer las violaciones y la persecución contra la ACVC.

 Exponer y radicar casos de asesinatos, violaciones y persecución contra la ACVC ante la OIT, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional.

Una vez más debemos decir que la libertad, la integridad y la vida de los miembros de la ACVC es responsabilidad única de las instituciones y funcionarios que, en representación del Estado colombiano, debieran garantizar los derechos del campesinado, en lugar de fomentar su persecución.

Firmado.

ALEXANDER LOPEZ MAYA
Vicepresidente Comisión derechos Humanos

ORGANIZACIONES SOCIALES

 Asociación Campesina del Valle del Rió Cimitarra ACVC
 Asociación Campesina del Catatumbo
 Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño - CAUCOPANA
 Corporación Regional por la Defensa de los D.D.H.H. CREDHOS
 Asociación de Desplazados asentados en el municipio de Barrancabermeja ASODESAMUBA
 Observatorio Internacional de Paz – IPO
 Asociación regional de Víctimas del Magdalena Medio
 Prensa Rural

 Ramón Mantovani - Parlamentario Italiano - Vice – presidente Comisión Exterior
 Graziella Mascia - Euro Parlamentaria Italiana
 Paolo Cento - parlamentario italiano