Polo Democrático Alternativo

En un país en que gobernantes y gobernados respetaran el imperio de la ley, una instancia como la Corte Constitucional estaría reducida a unas pocas actuaciones. Sin embargo, en Colombia, la disposición de unos y otros a transgredir las normas o violar los derechos ha llevado a que cada magistrado de la Corte deba preparar al año entre 50 y 60 sentencias de constitucionalidad y atender entre 120 y 150 acciones de tutela.

Esas actuaciones no solo han convertido a la Corte en el símbolo más representativo de la Constitución. También la han proyectado como un actor decisivo en la vida política e institucional del país. Unas veces, como fuerza democratizadora (por ejemplo, cuando tumbó el estatuto antiterrorista) y otras como garante ya no de la Constitución, sino de los propios derechos ciudadanos (en las muchas veces que ha obligado a su cumplimiento).

Por esa razón, los ataques contra la Corte Constitucional en realidad han sido contra dos pilares sobre los que se erigió el ordenamiento de la Constitución del 91: el equilibrio de poderes y el Estado Social de Derecho. Es decir, por una parte, al ordenamiento que mejoró los procesos legislativos y aumentó la capacidad de control del Congreso, fortaleció el poder de los jueces y dotó de recursos a la administración de justicia, y recortó la injerencia presidencial en la conformación de los gobiernos territoriales, en el manejo de la economía, en la regulación de los servicios públicos domiciliarios y las comunicaciones y en el uso discrecional de los mecanismos de excepción (como el estado de sitio y la emergencia económica).

Y, por otra, a una extensa carta de derechos, que se expidió como una alternativa para proteger a los ciudadanos ante el inevitable desmonte del Estado como productor directo y distribuidor de bienes y servicios. Una carta que, con la tutela, entregaba un instrumento cierto y fuerte para hacer valer los derechos.

Desde su concepción, la Constitución estuvo marcada por un poderoso enfoque contrainsurgente, que (para los derechos) el presidente Gaviria atribuyó a una especie de sobrerrepresentación de "tantos sectores contestatarios en la Constituyente". Así como el equilibrio de poderes desmontó ese presidencialismo excesivo que gobernó cotidianamente a través de mecanismos de excepción, la tutela dejó sin piso a las vías de hecho.

Los más de 2.000 paros, movilizaciones e invasiones que se presentaron los cinco años anteriores a la expedición de la nueva Constitución (por inadecuadas condiciones laborales, deficiente prestación de servicios públicos, violaciones de derechos o incumplimiento de acuerdos) fueron rápidamente sustituidos por la tutela.

La efectividad de la tutela ha motivado que millones de colombianos no recurran a las vías de hecho. En estos quince años, el Estado ha vuelto a acercarse al ciudadano con un instrumento que le ofrece soluciones dentro de la institucionalidad estatal. No hay un mecanismo más potente de legitimación estatal.

Los más de 300 intentos por reformar la Constitución, de esa alianza entre políticos, empresarios y viejos beneficiarios de la rama judicial, que con la reelección presidencial inmediata habían desmontado el pilar de los equilibrios institucionales, ahora le apuntan al recorte de atribuciones de la Corte Constitucional, convencidos de que erradicarán la amenaza de los desequilibrios que ocasione el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. No les importa que vuelvan las vías de hecho a hacerle honor a la impunidad.