Polo Democrático Alternativo

LA JUNTA NACIONAL DEL PDA Y LA CRISIS ANDINA

Por Marcelo Torres

Decisiones y debates de la Dirección Nacional del Polo en la semana de alta tensión por crisis de las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela

Aunque con logros menores a los esperados, la Junta Nacional del Polo, que se hallaba reunida por los días en que se desencadenó la crisis de las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela, arrojó algunos resultados destacables. Examinémoslos.

1. Se inicia proceso de escogencia de candidatura presidencial del Polo

La Junta Nacional constituyó el punto de arranque de las candidaturas del Polo para el 2010 a pesar de que no había sido convocada para eso ni hizo alusión explícita alguna al asunto. El primer hecho se dio con la asistencia de Luis Eduardo Garzón, invitado por el Comité Ejecutivo Nacional, a la sesión de instalación de la Junta Nacional. Con la presencia del ex alcalde de Bogotá, y con las palabras que pronunció en la misma, las especulaciones –tan diligente como aviesamente difundidas por sus malquerientes- en torno a una supuesta desvinculación suya de las huestes polistas quedaron rotundamente conjuradas. Es más, políticamente hablando, se concretó la vinculación al proceso de escogencia de la candidatura presidencial del Polo de quien puntea en las encuestas entre sus candidatos. Uno de los hechos políticos centrales que gravitará de modo decisivo en las definiciones del futuro inmediato del PDA.

Otra cosa fue la lectura de una carta firmada por 15 parlamentarios de la bancada en respaldo al presidente del PDA. Tal iniciativa, como hizo constar el senador Jorge Guevara en la misma sesión inaugural, fue firmada sin que se intentase siquiera solicitar la rúbrica de tres connotados senadores del Polo. Hecho que, junto con la frase de uno de los firmantes aparecida en la prensa, “Es un apoyo desde ahora hasta las elecciones del 2010”i, explicitó el objetivo de mostrar que la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, y ninguna otra, goza del apoyo mayoritario del Polo. Con un apoyo de tantas campanillas nadie osaría decir que acaso el epistolar propósito estuviese gastando la pólvora en salvas. También fue leída otra misiva, esta del maestro Orlando Fals Borda, digna de mejor causa: dedicada a atacar sin pausa a Gustavo Petro. Formalidades aparte, la candidatura presidencial del más caracterizado senador del Polo constituye otra de las realidades políticas sustanciales del PDA. Así, en línea con la situación interna del PDA, de manera tácita pero no menos efectiva, se dio la señal de partida en la apasionante carrera hacia la trascendente decisión, para el Polo y para Colombia, de la escogencia del candidato a la presidencia de la colectividad para el próximo cuatrienio.

2. Convocado II Congreso nacional del PDA

Sin duda que la decisión principal de la Junta Nacional fue la convocatoria del II Congreso Nacional del Polo para el 26, 27 y 28 de febrero de 2009. La resolución aprobada establece que la elección de delegados al Congreso, cuyo número alcanzará los 1.500, se realizará el 30 de noviembre de 2008 mediante el sistema de la cifra repartidora. En las listas confeccionadas para dicha elección, que podrán ser cerradas o con voto preferente, se observarán las cuotas estatutarias de discriminación positiva de mujeres y jóvenes. Descontada la elección de un 10% del total de delegados mediante circunscripciones nacionales de indígenas, afrocolombianos, LGBT y representantes del pueblo Rom, los delegados restantes se elegirán así: el 50% de circunscripciones territoriales y el otro 50% de circunscripción nacional. La Junta Nacional también aprobó, sobre las coordinaciones territoriales -incluidas las de colombianos en el exterior-, su composición, sus funciones, sus comités ejecutivos, su forma de elección, el período para el cual serán elegidas y la fecha de estas elecciones, el 27 de julio de 2008. Puede anticiparse que tanto el Congreso como el proceso eleccionario que lo antecede estarán atravesados por una cuestión omnipresente: la escogencia del candidato presidencial del Polo para el 2010.

La convocatoria del II Congreso Nacional corresponde al acuerdo de todos los sectores y tendencias del PDA para establecer el escenario donde se defina la orientación básica sobre sus asuntos cruciales como política de alianzas, conflicto armado y política de paz, naturaleza del Polo, tendencias internas, reforma de Estatutos, y elección de Presidente y Secretario General. Dado que sobre tales cuestiones en el Polo pueden distinguirse dos tendencias básicas con fuertes discrepancias alrededor de casi todos estos temas, de no lograrse un acuerdo o compromiso entre las mismas en el proceso previo al Congreso o durante el mismo, las decisiones sobre tan decisivas definiciones deberán tomarse por mayoría. Lo que en buen romance significa que las tendencias se pusieron de acuerdo en definir, mediante el Congreso y el proceso que a este conduce, la nueva correlación interna de fuerzas en el Polo.

3. Persisten las diferencias de fondo

La Declaración emanada de la Junta no satisfizo los distintos y encontrados pareceres que asistieron a la reunión nacional. Farragosa en su mayor parte, cuando no omite los asuntos candentes, los soslaya con consabidas generalidades; mas preservó, pese a todo, algunos de los avances alcanzados anteriormente en materia del conflicto armado y, aunque de modo muy insuficiente y recortado, formuló la propuesta de un acuerdo nacional para sacar a Colombia de la violencia.

En las dos escasas líneas que la Declaración dedicó a un tema crucial sobre el cual no hay un criterio unificado en el Polo, la definición de una política de alianzas, se dice: “…unir esfuerzos con otras organizaciones y personalidades políticas y sociales que compartan nuestros objetivos supremos de Soberanía y Democracia para Colombia y sus ciudadanos”ii. La irreparable vaguedad, por no decir vacuidad, de semejante formulación, no apunta, ni por asomo, a una política de alianzas concreta. Esta, que debiera derivarse de una evaluación seria de la correlación de fuerzas en el país, como del propósito principal de la táctica y las contradicciones existentes en la política colombiana en el momento actual. Pero que por lo pronto, forzoso es registrarlo, la política de alianzas continúa en el Polo cautiva de una añeja concepción de extrema izquierda.

Ni una palabra aparece nada menos que sobre el balance de la última medición nacional de fuerzas: los resultados de las elecciones del 28 de octubre del año pasado. Así, el esfuerzo hecho para que se discutiera el asunto y se llegara a conclusiones claras -encabezado por los sectores que consideramos insólito que a estas alturas todavía no haya un balance oficial sobre ello-, no se coronó con la adopción de una posición oficial de la Junta Nacional para conocimiento de la base del Polo sobre cuestión tan cardinal. A los intereses opuestos a que ello se aclarara, les interesa más que el PDA no defina ninguna política de alianzas pues de esta manera, en ausencia de una genuina línea nacional amplia y democrática de compromisos y acuerdos con otras fuerzas es más fácil que su sectarismo pueda pelechar y confundir a la gente. Fue lo que sucedió durante la campaña electoral de octubre del 2007; buena parte de las agudas contradicciones presentadas en el Polo entonces en varios departamentos –todavía vigentes hoy, que han fracturado la unidad orgánica- obedecieron a la negativa de tales círculos ultraizquierdistas a respaldar candidaturas que enfrentaron al gobierno e incluso al paramilitarismo como en Cali y Cartagena, y que recibieron el apoyo ciudadano mayoritario.

Los mismos intereses han pretendido vanamente impedir la difusión de la principal conclusión del balance electoral: que descontados los genuinos e importantes triunfos de Bogotá y Nariño, es manifiesta la insuficiencia de las fuerzas del Polo en el conjunto nacional para enfrentar con opción de triunfo la contienda electoral del 2010 por la Presidencia de la República. También se quiere obstruir la asimilación de otra conclusión de bulto: que los mencionados éxitos electorales tuvieron como base inocultable las ejecutorias de las administraciones de Luis Eduardo Garzón en la capital del país y de Eduardo Zúñiga como gobernador de Nariño y Raúl Delgado en la Alcaldía de Pasto.

Mientras que las fuerzas del uribismo obtuvieron para las elecciones de concejos el 46,6% de la votación total, el 46,8% para las de asambleas, el 46,8% en alcaldías, y el 36,3% de la totalidad de sufragios para gobernaciones, el Polo obtuvo el 6,2% para concejos, el 5,4% en asambleas, el 8,9% en alcaldías y el 5,1% en gobernacionesiii. Como se ve, y no obstante los indudables éxitos electorales del Polo desde el 2003, los avances distan mucho de haber logrado sobrepasar el punto en que al equilibrio de las fuerzas siguiera una alteración sustancial de su correlación en favor del Polo; simplemente, aún no hemos llegado siquiera cerca del equilibrio. En suma, con los guarismos obtenidos en octubre de 2007, difícilmente podría aventurarse la tesis de que el Polo está listo para ganar solo la Presidencia de la República en el 2010.

Mas cuando la negativa a escudriñar tales resultados se vio sobrepasada, se acudió entonces a tildar a quienes sostenemos la necesidad de adelantar una amplia política de alianzas, de profesar la creencia de que el uribismo es electoralmente más rentable que el Polo y, a partir de este dislate, se afirma que invitamos a adherirnos al gobierno Uribe. También se responde al debate sobre este y otros asuntos de fondo exhortando a que se ventilen y discutan en un ámbito diferente al del Polo, con el argumento de que debatirlos adentro sería aceptar la pretensión del establecimiento de imponerle al PDA su estrategia y su rumbo. Alguien proclamó la tesis, novísima y profunda, de que no es válido medir los resultados de las elecciones con cifras electorales.

Por todo ello, en lugar de tanta evasiva y vivezas, lo primero que honestamente debía esclarecerse es si la apreciación de que la fuerza del Polo es notoriamente insuficiente para la contienda electoral del 2010 corresponde o no a una realidad. Porque establecida con objetividad tal conclusión quedaría sin piso la posición, tan obtusa como contumaz, de que formular una amplia política de alianzas y llevarla a cabo es lo mismo que abandonar el programa propio de cambios democráticos y hasta el bando mismo de la izquierda para pasarse al de los presuntos aliados. Naturalmente que con esta refutación se daría lugar a la discusión de con qué sectores es factible una coalición en la Colombia de hoy, pero con la ventaja enorme de que esto nos ubicaría en el terreno de la política colombiana concreta y ya no en el limbo en que la tendencia sectaria ha metido al Polo y planea seguir manteniéndolo.

Para empezar, con miras a conformar una coalición antiuribista y democrática, habría que explorar de modo concreto la posibilidad de llegar a acuerdos por lo menos con tres tipos de fuerzas: 1) el Partido Liberal o al menos su sector antineoliberal; 2) amplios sectores de los que no votaron en las elecciones pasadas bajo las siglas del uribismo, pero tampoco bajo las de la oposicióniv; y 3) algunos sectores del establecimiento que han mantenido un desacuerdo público con Uribe en torno a la política frente al paramilitarismo.

La propuesta de acuerdo nacional aprobada podría emplearse como utilísima herramienta de auscultación en esta labor. Así permiten preverlo algunos de sus puntos, como el compromiso de reformas democráticas profundas por un eventual nuevo gobierno; la renuncia de todos los sectores a la utilización de la “combinación de todas las formas de lucha”; el reforzamiento de los derechos democráticas y las libertades públicas; el apoyo a la demanda de libertad inmediata a los secuestrados como al acuerdo humanitario; los principios de verdad, justicia y reparación en el proceso a los paramilitares, y el respaldo -junto con el monopolio del uso de las armas por el Estado-, a una salida negociada y pacífica del conflicto armado.

Los sectores que niegan toda posibilidad de una política de alianzas amplia, son los mismos que se mantienen a la defensiva por la presión de los acontecimientos, tan aleccionadora como irresistible en la refutación de las posiciones de extrema izquierda. Han llegado a admitir que el Polo debe repudiar la lucha armada, el terrorismo y los secuestros como vía para llegar al poder. Lo que se niegan a reconocer es que siendo Colombia la única nación de América Latina donde un conflicto armado ejerce una influencia mayúscula sobre el proceso político nacional, la violencia en general y la de la insurgencia armada en particular, se han erigido en un enorme obstáculo en el camino hacia un vuelco democrático profundo del país. Niegan o desestiman asímismo, la clarísima conclusión de que para aspirar seriamente a conquistar el gobierno por los medios institucionales en las condiciones actuales de Colombia, la izquierda ha de superar plenamente en la opinión pública la funesta idea que la asocia con la guerrilla. Y salen al paso al debate, no para llevarlo a cabo, sino para cortarlo, más con argumentos formales que de sustancia. En medio de aspavientos alusivos a la disciplina y a los Estatutos, o como repentinos campeones de la unidad, o sosteniendo que el asunto no tiene la importancia que se le otorga, o que ya está aclarado en el Ideario de Unidad y que no hay por qué referirse al mismo a cada momento.

¿Que los efectos de la lucha armada no tienen la importancia que se les atribuye? Es muy verificable que en los últimos veintitantos años la violencia de los alzados en armas acarreó múltiples estragos y nocivos efectos, y que esta contribuyó a intensificar otros de distinto origen. En el surgimiento de los primeros grupos de paramilitares, las ingentes pérdidas en vidas, el dolor y los sufrimientos para millones de personas desplazadas, la represión oficial en gran escala y la destrucción masiva de bienes públicos y privados, se destaca la generación de una fuerte tendencia a la reacción extrema, no reducida a los altos círculos dominantes, sino extendida al grueso de las capas medias. Junto con otras circunstancias de gran peso, este factor hizo a la izquierda legal del país, a la que ha participado en la lucha política en el marco institucional imperante, víctima de una macartización tan generalizada como injusta que la condenó durante lustros a la marginalidad política. La elección y la reelección de Uribe, como las voces en pro de su tercer período, se deben en buena parte a esta corrida del país hacia la derecha.

Luego de un prolongado lapso en que la revelación de los crímenes del paramilitarismo como de los nexos del Ejecutivo y del uribismo con grupos paramilitares había puesto al presidente Uribe contra las cuerdas, sobrevino, a medida que avanzaba el segundo semestre del 2007, un desplazamiento del foco principal de la atención pública nacional. El horror público suscitado por el descubrimiento de tantas fosas comunes, por las atrocidades de los grupos paramilitares y el interés por la gradual clarificación de la complicidad del gobierno Uribe con dichas organizaciones, fueron amortiguándose mientras emergía al primer plano una nueva oleada de indignación nacional provocada por el candente tema de los secuestrados y por la cadena de sucesos ligados al trágico asunto, acaecidos especialmente de noviembre a la fecha. El proceso ascendente de revelación de toda la verdad, tal como había exigido el Polo en la consigna que condensaba el propósito principal de la lucha política democrática en Colombia, se interrumpió. El paréntesis abierto proporcionó un respiro sin igual al mandatario Álvaro Uribe en aprietos por la pleamar de las revelaciones que tan adversas repercusiones le habían costado a nivel internacional y que, por primera vez, amenazaban con erosionar seriamente su influencia interna. En este contexto, la manifestación del 4 de febrero y luego el desmantelamiento del campamento de las Farc y la muerte de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador, fueron los dos picos de la recuperación uribista. Con todo y ser una legítima y saludable protesta ciudadana contra el secuestro y sus autores, uno de los efectos de la gran movilización nacional del 4 de febrero consistió en llevar agua al molino del prestigio del presidente. De ambos sucesos se derivarían el rebrote de su respaldo en la opinión pública y las voces en pro de su segunda reelección. Y en la raíz de toda la contramarcha puede ubicarse, una vez más, para desgracia de la nación y de su proceso democrático, la utilización del secuestro por las Farc como herramienta de lucha política y método de negociación, y el empleo del territorio de un país fronterizo por la misma agrupación para los fines de su lucha armada.

El terreno político ganado hasta ahora por el Polo ha obedecido, entre otros factores, fundamentalmente a que había logrado en principio que el país tuviera una imagen de esta gran corriente, como una fuerza que no tiene ligazón alguna con la lucha armada, que deslindó campos con esta y para la que no resulta admisible la llamada “combinación de todas las formas de lucha”. Para contrarrestar este avance, y basándose en la regresiva tendencia antedicha de buena parte de las capas medias, Álvaro Uribe desató una campaña de infundios contra el Polo, tachando a sus líderes de “terroristas de civil”. El presidente Bush, a raíz de la crisis de las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador, declaró: “Las apuestas están muy altas en Suramérica. Como demuestra la reciente crisis andina, la región enfrenta una decisión: o aceptar calladamente la visión de los terroristas y demagogos, o respaldar activamente a líderes como el presidente Uribe”v. Así pretendió reducir las opciones de colombianos y latinoamericanos al falso dilema de que quien no respalde su política antiterrorista de agresión está con las Farc y con el terrorismo.

Precisamente por ello, el Polo debe empeñarse en demostrar que para Colombia existe un camino distinto tanto al del imperialismo norteamericano y Uribe como al de las Farc. De ahí la importancia crucial de que deslinde sin reticencias campos con la lucha armada, repudie sin ambages el secuestro y el terrorismo y reafirme su decisión de librar la lucha política en el marco institucional vigente para llegar al gobierno. Y de que lo haga de modo concreto, es decir, cada vez que sea necesario, frente a cada acontecimiento nacional que involucre el elemento de la violencia (para disgusto de quienes aseguran que por figurar en el Ideario de Unidad no se requiere volver más sobre el asunto). Tal desempeño del Polo constituye condición sine qua non para proseguir su fortalecimiento, para que pueda influir sin cortapisas sobre sectores sociales mucho más amplios y para tener opción de gobernar a Colombia.

4. Una crisis que resultó orientadora

La primera semana de marzo trajo para Colombia, Ecuador y Venezuela el estallido de una crisis sin precedentes. Adicionalmente, Nicaragua secundó a Venezuela y trató de aprovechar la crisis en su querella territorial con Colombia. El alto grado de tensión internacional que generó, y la posibilidad inmediata de que esta desembocara en un choque bélico entre los tres países, habría desencadenado acontecimientos de incalculables consecuencias. No sólo por los enormes padecimientos, las pérdidas humanas y la destrucción que significaría para nuestros pueblos sino por la oportunidad que una conflagración tal brindaría a los intereses de Estados Unidos. Las fuerzas del Imperio, al lado del Gobierno colombiano habrían logrado así intervenir militarmente en Venezuela, país que suministra más del 10% del petróleo que importa actualmente la metrópoli y a cuyo gobierno ha tratado de derrocar infructuosamente, al tiempo que realizarían en vasta escala la aplicación de la doctrina Bush –un instrumento de fuerza utilizable para contrarrestar el avance de los gobiernos progresistas del subcontinente-, y un reforzamiento decuplicado de la presencia militar norteamericana en Colombia. Por fortuna, en esta ocasión los buenos oficios de los países amigos de América Latina lograron canalizar el conflicto planteado hacia la distensión y el arreglo pacífico.

Los antagonistas directos y más visibles se toparon con circunstancias ostensiblemente adversas o complicadas –unos, en lo referente a Estados Unidos, con un año electoral y la inocultable impopularidad del desgaste de la guerra de Irak-, otros fueron persuadidos por voces cercanas y de gran ascendiente sobre la temeridad de los propósitos perseguidos en el actual momento de la correlación mundial, o por lo menos hemisférica, de fuerzas, –caso de los consejos de Fidel Castro al presidente Hugo Chávez-. Los menos visibles, como Brasil, actuaron desde un discreto pero más efectivo segundo plano. Tal combinación de circunstancias generó el reculón, tanto del mandatario venezolano como del presidente de Colombia, quien hubo de pedir disculpas por lo actuado y experimentar el visible aislamiento que le acarreó en el ámbito latinoamericano. Como fuere, lo ocurrido revela que aunque estemos lejos de declarar periclitada la vieja y nefasta influencia imperial norteamericana en América Latina, esta respira un ambiente –gracias a los nuevos gobiernos progresistas- que no es el de la sumisión acostumbrada.

Aunque en la parte resolutiva de la Resolución de la OEA del 5 de marzo el Gobierno colombiano no fue objeto de una condena explícita, varios hechos llamaron la atención. Contra la pretensión del Gobierno Uribe de encontrar asidero para su violación del territorio ecuatoriano en las resoluciones 1368 y 1373 de la ONU de septiembre de 2001, es decir, en la doctrina Bush sobre la justificación de los ataques preventivos a los países que alberguen o financien el terrorismo, la Resolución no sólo ignoró por completo la pretendida “norma” internacional, sino que subrayó la reafirmación del principio de la inviolabilidad del territorio de los Estados, repudió toda injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro, sea o no armada, por el motivo que fuere e incluso si fuese temporal, y consideró sin ambages: “Que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional”vi.

Lo propio se reafirmó, respecto de los principios mencionados del derecho internacional, en la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de marzo. Pero la Declaración de esa fecha de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo expresó con mayor precisión: “Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador”vii. Y amén de tomar nota de que al presidente Uribe le tocó presentar “plenas disculpas” al Gobierno y al pueblo de Ecuador y del compromiso del Gobierno de Colombia de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, reiteró el compromiso de todos los Gobiernos en la defensa de la seguridad de los Estados ante las amenazas provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico, mas dejó explícitamente aclarado que sólo Colombia “considera a esas organizaciones criminales como terroristas”viii. Cuidadoso esguince con el cual los miembros del Grupo de Río evitan autoincluirse en la lista de países susceptibles de admitir o padecer intromisiones o invasiones de Estados Unidos con el expediente de su persecución al terrorismo.

Pero la conclusión definitiva de la OEA sólo emergió en la Vigésimaquinta reunión de sus Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Washington el 17 de marzo. Allí quedó claro el fracaso de las maniobras de Estados Unidos. Ni la numerosa delegación norteamericana, ni las declaraciones del subsecretario de Estado, John D. Negroponte, en el sentido de que era “justificable” la incursión colombiana dos kilómetros dentro del territorio ecuatoriano, tuvieron buen sucesoix. En efecto, mientras que en la Resolución inicial de la OEA sobre la crisis andina, la del 5 de marzo, las presiones de la delegación norteamericana lograron que la condena a la incursión del Gobierno colombiano en territorio del Ecuador no fuese incluida en la parte resolutiva, ahora, en el veredicto final de la OEA, quedó plenamente establecida. De la reunión de Santo Domingo se recogió el registro de “las plenas disculpas por los hechos acaecidos y el compromiso de Colombia de que ellos no se repetirán en ninguna circunstancia, manifestados por su Presidente ante el Grupo de Río y reiterados por su Delegación en esta Reunión de Consulta”x. En el punto sobre los hechos desencadenantes de la crisis se consignó un juicio inapelable: “Rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, el 1º de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA”xi.

De modo similar, siguiendo la pauta fijada por el Grupo de Río, los ministros de relaciones exteriores tampoco incluyeron de modo explícito dentro de las amenazas a la seguridad regional al terrorismo, en un claro deslinde con la doctrina Bush. Simplemente consideraron necesario “Reiterar el firme compromiso de todos los Estados Miembros de combatir las amenazas de la seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico”. Así, tanto en la reunión de Santo Domingo como en la de los ministros de relaciones exteriores la posición del Gobierno de Colombia, vocera de la de Washington, fue dejada completamente de lado. Estados Unidos sólo apoyó la resolución de la reunión de los cancilleres por la petición expresa del Gobierno de Colombia pero inmediatamente después hizo constar su desacuerdo por lo que consideró “derecho a la legítima defensa” de Colombiaxii. Aleccionadora experiencia indicativa de que, en el plano internacional, más vale el proceder del jefe de Estado Lülla que el del presidente Chávez. Y al tiempo que el Grupo de Río mostró que sus orientaciones resultan cardinales para la comunidad latinoamericana, esta percibe crecientemente que conviene a sus intereses ubicarse muy lejos del garrote del Tío Sam.

Al igual que con otros asuntos espinosos, en la Junta Nacional no se efectuó un análisis a fondo de la crisis desencadenada desde el 1º de marzo entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, tanto la Declaración sobre la Crisis Regional aprobada en la Junta Nacional el 2 de marzo, como la Declaración de la bancada parlamentaria del Polo del 4 del mismo mes, plantearon la posición demandada por las circunstancias. Señal de que la larga y ardua serie de debates de meses atrás no cayó en el vacío. “Rechazamos cualquier actuación de extraterritorialidad de las Fuerzas Armadas Colombianas que constituyan violaciones de la soberanía nacional en los países vecinosxiii,” rezaba la Declaración de la Junta que condenó la incursión armada ordenada por el Gobierno Uribe sobre suelo ecuatoriano, la que mismo tiempo puntualizó que “demandamos de los grupos insurgentes (Farc y Eln) y paramilitares el respeto por la autonomía territorial de los Estados fronterizos”xiv. Instó a la solución de la crisis por la vía pacífica y diplomática, abogó por un pronto acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados, por la solución política y negociada del conflicto armado y anunció gestiones con gobiernos, partidos y movimientos sociales para la superación del ambiente bélico.

La Declaración de la bancada parlamentaria, dos días después, insistió en el rechazo a la invasión militar del territorio ecuatoriano por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, por constituir “una violación flagrante de la soberanía de ese país, de las normas nacionales y de los tratados internacionalesxv,” y lanzó la advertencia de que el deterioro de las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela, lesiona el interés de sus pueblos. Demandó la observancia “del respeto mutuo entre los Gobiernos, a pesar de sus diferencias”, y manifestó en referencia al presidente Chávez, que “no compartimos que el Gobierno de Venezuela utilice un lenguaje impropio de la diplomacia para referirse al Presidente de Colombia, entrabe las relaciones económicas entre los dos países e intervenga en el conflicto armado colombiano”xvi. Planteó el interrogante –muy pertinente- de si la incursión armada del Gobierno de Uribe sobre territorio ecuatoriano contó con la colaboración de Estados Unidos. Y aunque no recogió la demanda a los grupos insurgentes y paramilitares planteada en la Declaración de la Junta sobre el respeto al territorio de los países vecinos, incluyó muy significativamente que el “…Gobierno de Colombia tiene el derecho legal de enfrentar a las fuerzas guerrilleras que operan en el territorio nacional, pero debe hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República y el derecho internacional”xvii. Lo cual, de modo implícito, constituye un reconocimiento al monopolio del uso de las armas por parte del Estado, es decir, a que la lucha política y de masas del Polo es hoy la vía para conquistar el Gobierno.

5. Se conforma agrupamiento democrático

No obstante las conocidas vicisitudes vividas en el transcurso de la Junta Nacional, en ella tuvo lugar la concreción inicial de un nuevo agrupamiento en el seno del Polo. Que aunque deba aún alcanzar un mayor grado de cohesión, en cierto momento del desarrollo de la reunión de la Dirección Nacional llegó a representar un tercio de los delegados asistentes. Grosso modo, dicho agrupamiento expresa un importante y reciente realineamiento en el interior del Polo: el acercamiento entre los sectores del ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón y del senador Gustavo Petro, como también el de varios otros entre los cuales se incluye el PTC. Son puntos de coincidencia del agrupamiento hasta ahora decantados, amén de la lucha contra el Gobierno de Uribe y por un profundo vuelco democrático del país: 1) el deslinde categórico e inequívoco del Polo frente a la lucha armada, el terrorismo, los secuestros y la “combinación de todas las formas de lucha”; 2) la adopción por el Polo de la amplia política de alianzas que le permita a las fuerzas democráticas del país conquistar el Gobierno en las elecciones presidenciales del 2010; 3) la definición estatutaria del Polo como una fuerza política abierta y democrática; 4) la defensa de los derechos, libertades y garantías de la Constitución de 1991; 5) el acuerdo y la observancia de reglas plenamente democráticas para la realización del próximo Congreso del Polo; y 6) el apoyo recíproco de los sectores constitutivos del agrupamiento democrático durante el proceso eleccionario que conduce al Congreso y en el curso del mismo. Es seguro que los sectores coincidentes en tan promisorio programa concreto empujarán hacia adelante las definiciones que consoliden al Polo como la fuerza salvadora que necesita Colombia.