Polo Democrático Alternativo

Los hallazgos de fosas comunes y las escenas macabras, hoy relatadas por la prensa nacional e internacional, son producto, en su gran mayoría, no de la confesión de los paramilitares, sino de las denuncias de las víctimas y de la acción de los organismos judiciales que hoy, y ante la presión nacional e internacional, empiezan a pronunciarse.

Las acciones judiciales, en especial contra congresistas, son producto, igualmente, de las denuncias sobre fraudes electorales y participación de los paramilitares en los comicios electorales, adelantadas por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) y por los propios congresistas.

Es importante recordar cómo la ley aprobada por el Congreso, de autoría gubernamental y apoyada por la bancada uribista, fue cuestionada inicialmente por la propia ONU, por organismos de Derechos Humanos y por movimientos políticos de oposición como el Polo Democrático Alternativo, quienes coincidían en que era una ley de impunidad; que no habría verdad, pues no se obligaba a la confesión; que tampoco habría reparación, pues no obligaba a la entrega de los bienes expropiados por los paramilitares a las víctimas, amén que le daba estatus político al paramilitarismo, y tampoco habría justicia, pues las penas eran mínimas y se conmutaría el tiempo que duraron las supuestas negociaciones con el Paramilitarismo.

Fue mediante la Sentencia C-370 de 2006, de la Corte Constitucional, en relación con la llamada ley de “justicia y paz”, que se modificó el texto del Gobierno, aprobado por la bancada uribista, que se abrió la posibilidad de que hubiese confesión (versión libre, veraz y completa) para tener derecho a las penas alternativas; entrega de bienes mal habidos o lícitos para la reparación de las víctimas; que el tiempo de los diálogos con los paramilitares no fueran tenidos en cuenta para las penas de prisión; la participación directa de las victimas en los procesos y la ampliación de los términos a la Fiscalía para hacer las investigaciones y, negó la posibilidad de dar estatus político a los paramilitares.

A partir de este fallo de trascendencia, la primera acción del Gobierno fue tratar, mediante un decreto reglamentario de la ley, de desconocer el fallo, aceptando con ello la presión de los paramiliatres que lo acusaban de incumplimiento de lo pactado en Santa Fe de Ralito.

Lo que hemos visto en las declaraciones de los paramilitares, versiones libres, son acusaciones permanentes contra personas ya fallecidas y parciales reconocimientos de que participaron en masacres y crímenes, lo que hace sospechar que se cierne sobre la opinión pública un gran telón de impunidad, pero sobre los cual ya los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la ONU tienen los ojos puestos.

Seguimos exigiendo toda la verdad, acción pronta de la Fiscalía y del aparato judicial, y el desarrollo de un gran movimiento de víctimas, al cual reclamamos todas las garantías y una acción gubernamental clara de apoyo a las instituciones de justicia para poder adelantar una verdadera labor que ayude a desmantelar todo el aparato paramilitar hoy en reagrupamiento y, más importante aún, que la sociedad haga una reflexión sobre lo dañino para la construcción de la democracia del proyecto paramilitar.

Para concluir, todos los días es más evidente la negativa del Gobierno nacional de reconocer toda la responsabilidad política que le cabe, por omisión o complicidad en los hechos.

Mayo de 2007