Polo Democrático Alternativo

Cartagena, marzo de 2001

Mucho se ha dicho en contra y en favor de la manera como el M-19 -seguido del EPL, el ERP y el Quintín Lame- dejáramos las armas hace diez años. Algunos creen que esa paz fue insignificante para la historia del país, que fue una mera reinserción. Para otros, en cambio, el nuestro es un ejemplo que debe copiarse, al considerarlo como “el único y genuino proceso de paz”. Esta es una buena oportunidad para empezar a entender nuestro punto de vista acerca de lo que pasó, para bien de la historia y también del actual proceso de paz.

A fines de la década de los ‘80, el M-19 había experimentado todas las modalidades de lucha, desde la guerrilla urbana hasta la organización de un pequeño pero macizo ejército revolucionario rural. Para entonces, estábamos convencidos de que la victoria de la revolución armada no era posible, porque cada ascenso militar nuestro era finalmente neutralizado por las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo, porque la población colombiana no quería acompañar el esfuerzo guerrillero. La gente apoyaba e incluso aclamaba en ciertos momentos a la fuerza guerrillera (fuimos la guerrilla más popular de la historia de Colombia), pero no se incorporaba masivamente a sus filas, ni mostraba disposición de apoyar las armas de la revolución por la vía de la insurrección popular.

De otra parte, Carlos Pizarro ya vislumbraba que el escalamiento de la guerra nos comprometería inevitablemente con las actividades del narcotráfico y la masificación del secuestro, para garantizar el flujo de recursos que demandaban los nuevos niveles del enfrentamiento militar, lo cual terminaría por “degradar las armas de la revolución”, según afirmó en diversas ocasiones.

En 1988, el secuestro y posterior liberación de Álvaro Gómez volvió a poner con fuerza el tema de la paz sobre el tapete y el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) mostró interés en iniciar un proceso de negociación con el M-19. Pero estaba claro para nosotros que no valía la pena repetir la experiencia de la época de Betancur, cuando la paz terminó convertida en arma de guerra. Tampoco era deseable emprender una negociación parcelada al dejar por fuera a la guerrilla más antigua y numerosa: las FARC.

En un intento por emprender el proceso conjuntamente, Carlos Pizarro visitó La Uribe, Meta, y permaneció en el campamento del secretariado de las FARC durante un mes. Discutió intensamente con los comandantes de esa organización guerrillera, encabezados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, hasta convencerse de que un proceso de paz con ellos sería a paso de tortuga. Se dio cuenta de que al M-19 le tocaría arrancar solo y nos convenció de esta idea a los demás.

Y para brindar certezas de que no se iba a repetir un proceso de paz para la guerra, lo diseñó de un modo que Otty Patiño ha denominado “proceso cerrado”, esto es, uno en el que de antemano, se anuncia el resultado final, en contraposición con los llamados “procesos abiertos” que -como el actual- no tienen final pre-acordado. Por eso, en enero de 1989, Pizarro anunció que el proceso de negociación, que no tenía plazos y cuyas condiciones se debían negociar, sí tenía un final previsto: el M-19 dejaría las armas.

Durante la negociación con el gobierno de Barco fue cada vez más claro que el M-19 estaba haciendo una apuesta eminentemente política, en busca del poder. Lo que importaba no era lo que se consiguiera en la mesa de negociaciones, sino el efecto que el proceso produjera en el estado de ánimo de los colombianos.

Pero a esa decisión se fue llegando poco a poco, en medio del debate interno. Teníamos como punto de referencia la propuesta del llamado “diálogo nacional”, concepto acuñado por Jaime Bateman en 1980, que planteaba que el conflicto sólo podía superarse resolviendo sus causas estructurales, sociales, económicas y políticas mediante el diálogo y la concertación de los colombianos. Para avanzar en ese terreno, como no había podido hacerse en 1984 durante el intento con betancur, se organizó un sistema de “mesas de trabajo”. Estas sesionaron durante el período de la negociación en las diferentes ciudades y discutieron sobre las reformas políticas, económicas y sociales que el país necesitaba. Las conclusiones de tales mesas enriquecieron las propuestas que el M-19 levantó una vez incorporado a la vida civil, pero no tuvieron mayor aplicación, excepto las que se convirtieron en normas constitucionales en 1991.

El corazón del proceso seguía siendo la política. El gobierno aceptó que un grupo de militantes del M-19 saliera a la actividad pública, a condición de que sobre ellos no hubiera procesos judiciales pendientes. Esto permitió conectar al país con Santo Domingo, Cauca, donde estaba concentrada la fuerza guerrillera. También se negoció una favorabilidad para que los firmantes de acuerdos de paz participáramos en condiciones especiales en la elección del Congreso, las asambleas y los concejos. Sin embargo, ello requería modificar la antigua constitución de 1886, lo cual no fue posible, pues el acto legislativo que aprobaba la reforma, se hundió durante su trámite en el senado: le colgaron el llamado “narcomico” en una de las últimas votaciones.

La paz para el cambio

En diciembre de 1989, cuando de lo negociado en la mesa no quedaba sino lo concerniente a la reinserción, discutimos si aplazábamos por un período indeterminado la firma de los acuerdos de paz, o si dábamos un paso adelante, prácticamente sin paracaídas. Decidimos lo segundo. Pesó enormemente en nuestra decisión la valoración de lo que estaba pasando en el país. Nos convencimos de que los colombianos estaban claramente decididos a apoyar opciones de cambio, pero pacíficas. Vimos que ese espacio estaba vacío y nosotros podíamos llenarlo.

Claramente, fue mucho más que un proceso de reinserción. La paz era la herramienta que nos permitiría meternos con una fuerza que calculábamos grande, en la búsqueda del poder por vías legales. Para confirmarlo, decidimos que Carlos Pizarro y yo viajaríamos a Bogotá, en enero de 1990, a mirar en el terreno si teníamos razón.

Por supuesto que la teníamos. La respuesta del país fue superior a nuestras más optimistas predicciones. Fuimos recibidos como el hijo pródigo y nos dimos cuenta que teníamos un enorme capital político entre las manos. Pizarro se convirtió de la noche a la mañana en un ídolo de multitudes.

Cambiamos las balas por los votos y vinieron los resultados. En una campaña relámpago de dos meses, Pizarro consiguió 70.000 votos como candidato a la alcaldía de Bogotá. Cuando se preparaba su inscripción como candidato a la Presidencia de la República, lo mataron por la espalda, en un avión en vuelo. La decisión inicial fue enterrar a Carlos en paz y ante el tamaño de la agresión, dejamos en suspenso la decisión de continuar cumpliendo los acuerdos de paz. Una semana después, en el seno de una reunión de la dirección del M-19, resolvimos por unanimidad continuar: el entusiasmo y vinculación masiva de los colombianos al proyecto político que encarnábamos, nos mostró que no podíamos dar reversa.

Yo heredé las banderas de Pizarro y obtuve 740.000 votos (12.5%) en la elección presidencial de mayo de 1990.

Simultáneamente se abrió paso la idea de una Asamblea Constituyente, tema que venía de la incapacidad del Congreso de reformar la Constitución. Con la elección presidencial de mayo de 1990, se votó la llamada “séptima papeleta” y se abrió paso lo que sería la Constitución de 1991.

Una vez elegido y antes de su posesión, el presidente César Gaviria promovió un acuerdo político para sacar adelante la Asamblea. El acuerdo lo firmamos cuatro fuerzas políticas: el partido liberal, el conservador, el movimiento de salvación nacional (encabezado por Álvaro Gómez) y la alianza democrática M-19 (organizada con dirigentes del eme y otros sectores de izquierda democrática), fuerzas que habíamos conseguido más del 98% de los votos en las anteriores elecciones presidenciales. Así mismo, acordamos conformar un gobierno de unidad nacional, para garantizar el cumplimiento de lo pactado. En tal contexto -no como resultado de los acuerdos de paz-, el M-19 ocupó el Ministerio de Salud.

Para algunos analistas políticos, la paz del Eme y la Constitución de 1991 no están conectadas por relaciones de causa-efecto. En estricto sentido, fueron procesos que coincidieron, pero que se alimentaron recíprocamente. La AD M-19, encarnó la tesis que vislumbramos durante nuestra negociación: la decisión de cambio pacifico de los colombianos. Por eso, en la elección de miembros de la asamblea constituyente en diciembre de 1990, nuestra lista fue de lejos la más votada: consiguió el 27% , el porcentaje más alto conseguido en la historia colombiana por una fuerza de izquierda.

Tal votación para un cuerpo colegiado como la constituyente, fue muy superior, porcentualmente, a la conseguida en elecciones presidenciales por Luis Carlos Galán en 1982, del 11%, o a la de Jaime Pardo en 1986, del 4.6%. sólo había sido superada, en la historia de las fuerzas no tradicionales, por la votación del General Rojas Pinilla en 1970, que fue del 39%, fruto del desgaste del frente nacional.

Confirmada por este éxito electoral, se produjo la decisión de otros grupos guerrilleros como el EPL, el PRT y el Quintín Lame, de firmar también acuerdos de paz con el gobierno. Hubo así mismo una propuesta al gobierno de la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de incorporarse a la vida civil a cambio de treinta asientos (adicionales a los setenta elegidos por voto popular) en al asamblea, propuesta que entiendo que el gobierno desestimó. Nuestro éxito político estuvo a punto de convertirse en el motor de la paz total de Colombia.

Muchas de las críticas a los procesos de paz de hace diez años se sustentan en el derrumbe de la AD M-19 después del 4 de julio de 1991, fecha en que se sancionó la nueva Constitución.

Veamos qué pasó en el terreno electoral. En las elecciones siguientes para “nuevo Congreso” el resultado ha sido objeto de muchas controversias, pues aunque la lista de la AD M-19 fue la más votada con el 9%, seguida de la encabezada por Andrés Pastrana con el 8% , lo cierto es que la llamada “operación avispa” (múltiples listas liberales y conservadoras clientelistas) consiguió las mayorías en el Congreso. Con ello se produjo una especie de “retorno de los brujos” al parlamento.

Al analizarlo posteriormente, a la luz de los resultados electorales de octubre de 1991, se ha argumentado repetidamente que el error radicó en que los constituyentes nos autoinhabilitamos y no encabezamos las listas al congreso. Esto es parcialmente cierto. Más importante para consolidar la renovación hubiera sido otra medida que no se discutió suficientemente entonces: la de impulsar las listas únicas para todos. Ello hubiera hecho imposible la “operación avispa” y hubiera enfrentado en condiciones de igualdad a todas las fuerzas políticas.

Lo cierto es que la maquinaria clientelista no se jugó a fondo en las elecciones de constituyente, pues acababa de ser elegida al congreso en marzo de 1990, con casi 8 millones de votos. Y cuando tuvo que vencer o morir en 1991, nos venció en un terreno que ha sido siempre favorable al clientelismo: el Congreso. Esa victoria, magnificada hasta por nosotros, fue un punto de inflexión que no supimos superar.

El pluralismo político sobrevive

El tema nos lleva a una reflexión de fondo. La Constituyente de 1991 escogió un modelo de pluralismo y muy baja organicidad para la política colombiana. Tal modelo está hoy sometido a revisión, pues hace que los partidos sean muy débiles frente a sus líderes y que prime un individualismo exagerado. Pero en aquel momento, la Asamblea Constituyente, el cuerpo colegiado más pluralista y representativa en la historia de Colombia, hizo bien en escoger un modelo pluralista. Pero la baja organicidad de los partidos expresada en la posibilidad de múltiples listas por partido, y el fracaso del intento de la Constituyente de minimizar el clientelismo, provocaron que la expectativa de cambio político se frustrara, cuenta de cobro que terminamos por pagar todos los constituyentes.

En este sentido, la AD M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fuimos las primeras víctimas de nuestro propio invento. Pero si miramos con lente amplio el desarrollo de la política colombiana en esta década, debemos decir que no todo se perdió, pues generamos una apertura con perspectivas bien distintas a las que ha ofrecido la férula bipartidista de hace 150 años.

En efecto, a diferencia del pasado -cuando movimientos como la ANAPO, en los setenta, o el nuevo liberalismo, en los ochenta, fueron arrasados por la tradición bipartidista-, los votos hoy llamados “independientes” se han mantenido en ese espectro durante los últimos diez años. En 1994 esos votos abandonaron a los exconstituyentes, para apoyar a Antanas Mockus y a otras alcaldías no tradicionales. En 1998 casi hacen presidenta a Noemí Sanín, que alcanzó nuestro mismo 28% en la primera vuelta. En octubre del 2000, volvieron a elegir a Mockus en Bogotá, a Floro Tunubalá, a Guillermo Alfonso Jaramillo y a Parmenio Cuéllar en tres gobernaciones independientes. Calculamos que por lo menos 2.5 millones de votos se depositaron por expresiones “independientes” en las últimas elecciones.

Y nosotros somos parte de esa corriente. Entonces, ¿por qué aceptar sin discusión que en política electoral, la paz de 1990-91 ha sido un rotundo fracaso? Los resultados admiten, validamente, varias lecturas.

Si el modelo de participación política de 1991 hubiera sido el de la Constitución Salvadoreña de post-guerra, con un fuerte y estricto régimen de partidos, probablemente sobrevivirían los partidos de entonces. Pero, ¿es ese el mejor régimen político? la respuesta la traslado a Joaquín Villalobos, aquí presente. El tema debe hacer parte de la discusión de este seminario, pues no perdamos de vista que las guerrillas siguen siendo organizaciones políticas, y que en el fondo la paz no es más que cambiar de métodos para la acción política, o sea cambiar balas por votos en busca del único objetivo de la política: el poder.

Es importante concluir que, el que a opciones independientes les vaya bien, ayuda a mostrar que si hay caminos para el cambio sin armas.

La situación actual: responsabilidad colectiva

Además del régimen electoral y de partidos, otros factores conspiraron contra el buen suceso de las agrupaciones políticas surgidas de la paz de 1990-91.

En primer lugar, la continuación y el agravamiento del conflicto interno. Nuestra paz no fue la paz definitiva. Los abanderados de la paz no fuimos capaces de lograr que se generalizara y la nuestra se quedó como un esfuerzo parcial e insuficiente. Para hacerlo más difícil, existen aún sectores de la población que nos siguen viendo como “primos” de las FARC y el ELN, y por lo tanto, co-responsables de sus acciones, mientras a su vez estas organizaciones guerrilleras nos ven con antipatía.

En segundo lugar, la miopía de la clase dirigente colombiana, que en buena medida se dedicó a combatirnos despiadadamente como contrincantes políticos, exagerando nuestros errores y dejándonos expuestos a una competencia desigual. No parecieron darse cuenta que nuestros votos migraban a otros independientes y que nuestro debilitamiento le daba argumentos a la guerrilla para continuar su alzamiento en armas.

Como efecto de tal situación, actualmente los insurgentes no se atreven a hacer una apuesta política audaz como la nuestra. Les parece absolutamente equivocado pensar siquiera en que valdría la pena acumular fuerzas sobre la respuesta política de la población a una decisión de paz pronta, en momentos muy favorables para hacerlo, dada la profunda crisis actual del llamado “establecimiento” colombiano. En parte por eso, el actual proceso de paz se mueve en un terreno de discusión de reivindicaciones sociales y económicas, con bajo contenido político, que parece un pantano sin salida. Estamos ante una especie de tautología, donde se argumenta que son necesarios tantos cambios en la sociedad colombiana para lograr la paz, que ella, que es la que mejor posibilitaría tales cambios, se hace a su vez imposible. Ello podría frasearse como “el cambio para la paz”, descartando “la paz para el cambio” o el cambio pacífico que nosotros escogimos.

Creo que sigue sin encontrarse el nuevo camino de la paz, que por supuesto ha de ser distinto del nuestro, pero cuyo curso nadie tiene claro todavía. Pero eso sí, debe centrarse en la idea de una negociación política, o sea en la manera de repartir y acceder al poder.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, cometimos errores -¿cómo no?- y los hemos pagado con creces. Pero como no hay mal que dure cien años, hoy se abren nuevos espacios y nuevas oportunidades para quienes juramos hacer más que lo imposible para cambiar este país.

Por último, en estos diez años se han profundizado los problemas de nuestra sociedad. Ha crecido la desigualdad, ha aumentado la corrupción, se ha deteriorado la economía, ha aumentado la pobreza, se han envilecido muchas instituciones. ¿Qué tanto ello sirve también para fortalecer los argumentos de la guerrilla? ¿Quién responde por ello? ¿Qué espera el “establecimiento” colombiano para pagar su factura? ¿Cómo puede el gobierno actual aceptar públicamente que la paz requiere profundos cambios económicos, políticos y sociales y no hace prácticamente nada para lograrlos?

Nosotros, los que hicimos la paz hace diez años, hemos cumplido nuestra palabra y aquí estamos, luchando pacíficamente. Pero muchos de los miembros del “establecimiento” económico y político, no han cumplido la suya y siguen abusando de su poder, como si en este país nada pasara. Ya es hora de que todos le cumplamos a Colombia.