La gran minería atenta contra
los derechos de los trabajadores
El Representante a la Cámara Germán Reyes, denuncia las desigualdades, daños ecológicos e irregularidades en el funcionamiento y explotación que las transnacionales hacen en el país.
"Al 2007, dice, sus ingresos sumaron más de 14 billones de pesos (7 mil millones de dólares) y al país, vía regalía, le quedaron menos de 900 mil millones (el 6 por ciento)".
“Nos pusimos a tono en esta materia (la de la política minera y petrolera) con las exigencias mundiales”, Álvaro Uribe Vélez1
“Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga y más”, George Bush, presidente de Estados Unidos, 20 de julio de 2008
Las dos frases de la apertura de este escrito evidencian cómo a quienes están en la dirección del Estado colombiano, la idea de la claudicación incondicional de los intereses vitales de la Nación es lo que los motiva.
El doctor Uribe, sin rubor y con mucho regocijo, frente a cientos de burócratas de las multinacionales de la minería, el petróleo y el gas, dijo en julio de 2006 que su política es la de las grandes compañías extranjeras. Que su política minera es la que ellos necesitan. Que su política es la que ellos le pidan. Sus palabras no fueron vengan, pero entiendan que los recursos naturales son propiedad del pueblo colombiano y yo, como representante de los intereses de ese pueblo, les digo podrán desarrollar sus negocios en Colombia si, y sólo si, sus dineros hacen aportes positivos al progreso nacional y nunca, pero nunca, entren en contradicción con los del pueblo de mi país. Y cuando lo hagan, se impondrán los intereses de las gentes colombianas.
Y para cerrar el círculo, el señor Bush, presidente de Estados Unidos, resaltó con cinismo que Uribe es un hombre que ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga. Frase llena de ciencia, aunque suene extraña la afirmación. Y lo digo porque el deber de la ciencia es explicar la realidad de la manera más fidedigna posible. Y George Bush describe con precisión científica la actitud de quien tiene por oficio feriar el bien más preciado de una Nación: La soberanía. Colombia sería otra si el Presidente fuera de esos que ven pasar su vida, como muchos colombianos, defendiendo la soberanía y el progreso nacionales.
¿Se le podrá endilgar a este Gobierno, o a sus predecesores, un calificativo distinto al de apóstatas? Veamos otros hechos para dar respuesta a la pregunta. Las trasnacionales mineras, que en el país medran a diario, violan la normatividad ambiental; mediante leoninos contratos laborales, súper explotan a sus trabajadores y les causan irreparables problemas de salud; con artimañas evaden y eluden el pago de la mísera regalía que el Estado recibe por ser el dueño de los recursos naturales; al destrozar sus fuentes tradicionales de empleo, al contaminar su ambiente y al arruinar la poca infraestructura que poseen, abusan de los habitantes de las zonas mineras y dan trato de parias a las personas que, por azar, habitan encima de las vetas o en sus cercanías. Tienen un comportamiento incapaces de aplicar allí donde están sus casas matrices. Y, como agravante, el accionar de estas trasnacionales tiene, por decir lo menos, la aquiescencia del Estado. Aquí el Estado, más que parte de la solución, es parte del problema.
Los abusos de las compañías son tantos que el 8 de febrero de 2007, hartos de las ignominias de la Glencore, los habitantes de la Jagua de Ibirico (Cesar) salieron a paro cívico, protesta donde uno de los participantes señaló que lo peor que les pudo suceder es que allí hubieran encontrado carbón. Afirmación semejante hizo un poblador de Nigeria, al comentar los abusos, ya no de empresas del carbón sino de las petroleras extranjeras en su país. Dijo: “Nigeria estaba mucho mejor antes del petróleo”.2
Ahora, el monto de los negocios de la minería es mucho más que pingüe. Al 2007, sus ingresos sumaron más de 14 billones de pesos (7 mil millones de dólares) y al país, vía regalía, le quedaron menos de 900 mil millones (el 6 por ciento). ¡Ah! Y los inmensos daños económicos, sociales y ambientales. Si alguien calculara el costo beneficio de la minería, el resultado de su ejercicio sería negativo.
Es menester no olvidar que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Que la renta que producen los recursos naturales florece sólo en una ocasión. Y que, en materias mineras, la soberanía entra en constante juego. Por ejemplo, para el caso del carbón y del ferroníquel, minerales de donde proviene el 95 por ciento de la regalía recolectada, cerca del 90 por ciento es extraído por empresas forasteras en el primer caso, y en el segundo la totalidad. Además, Drummond, Glencore, Angloamerican, BHP Billiton, Cemex, Xstrata, Anglogold Ashanti y Cemex, las cuales integran el círculo de las 27 compañías mineras más poderosas de la orbe, están presentes en Colombia.
Por demás, el saqueo propio de las economías de enclave que funcionan con lógica imperialista, ha traído consigo las más inhumanas prácticas antiobreras: persecución sindical, asesinato de sindicalistas, tercerización, negación de derechos y falta de seguridad social, entre otras violaciones. Por ejemplo, en el caso de El Cerrejón, hay 4.700 trabajadores vinculados directamente y 4.000 en firmas contratistas; en la mina de Drummond, los contratistas explotan a 2.500 trabajadores mientras que sólo 2.000 son beneficiados por la convención; y en el puerto de Prodeco, en Santa Marta, pocos obreros están amparados por la convención y la gran mayoría está por contrato temporal y se le prohíbe afiliarse al sindicato. En resumen, más de 8.000 obreros del carbón sufren el oprobio de la tercerización.
Además, en las jornadas laborales de 12 horas, que se convierten en unas jornadas de hasta 18 horas, las condiciones de inseguridad industrial, la exposición a materiales que afectan la salud humana y las condiciones técnicas en que se extraen los minerales, causan entre los trabajadores irreparables afectaciones a la salud. Daños que, a la luz de los míseros salarios pagados a los trabajadores, son una especie de parsimoniosa “solución final” para quienes laboran en las minas propiedad de las empresas extranjeras.
En El Cerrejón, por ejemplo, enfermedades como hernia discal, problemas de vías respiratorias, síndrome del túnel carpiano, el manguito rotador, trastornos cardiovasculares y estrés, entre otras patologías, se presentan entre centenares de trabajadores directos y contratistas de la mina. Patologías que, en complicidad con las EPS y la ARP, son completamente desatendidas por la compañía. Trabajadores que entregaron su fuerza laboral por muchos años en las arduas jornadas en la extracción del carbón, son hoy un ejército de discapacitados a quienes no se les da el tratamiento médico adecuado. Además, a los trabajadores que presentan alguna enfermedad no se les presta ningún servicio de rehabilitación, readaptación y reubicación. Se adiciona también que en los más de 20 años de explotación en La Guajira, más de 2.200 familias han sido obligadas a abandonar sus tierras, se ha afectado la vida 20.000 moradores directos y de cerca de 100.000 personas; además, más 10.000 hectáreas de tierra ocupadas tradicionalmente por afrodescendientes, indígenas y campesinos, fueron desalojados para dar cabida a la explotación carbonífera.
¿Y qué hace el Gobierno? Bueno, pues las frases de los señores Uribe y Bush aclaran la pregunta. Pero, quien se quede con las palabras de tan arcaicos mandatarios podría pensar que su tarea es como la de Nerón mientras Roma ardía: la declamación de poemas. ¡Equivocado! Habría que contestarle a este paisano. Pues Uribe y su combo actúan como los fogoneros que atizan el fuego que consume a Colombia.
¿Qué hacer? La tarea es simple pero ardua. Alcanzar una política minera donde el Estado tenga presencia directa, donde la regalía compense la propiedad que el Estado tiene sobre los recursos naturales, que atienda y respete los derechos de los pequeños y medianos mineros, que dé a los trabajadores estabilidad laboral y empleos bien remunerados sin poner en riesgo su salud, que contemple debidamente las afectaciones ambientales y que entregue al país y a las comunidades de los corredores mineros una fuente de progreso; y ello pasa por la emulación de luchas como las que en el pasado sirvieron para ver nacer a Ecopetrol. ¿Tarea fácil? Obvio que no.
Las 27 mayores mineras del mundo son poderosas, muy poderosas. Y ellas no querrán entregar parte del botín que los regocija. Además, gozan de la complicidad y el apoyo de los gobiernos que, cómo caimán en boca de caño, esperan sus migajas. Empero, la unidad y la lucha civil de los distintos sectores sociales del país hará despuntar la senda del progreso, la de la prosperidad y la de la soberanía nacional.
Foto: http://www.mining-technology.com