Columna de opiniónBogotá-. Esta semana, la comisión nacional de Reparación y Reconciliación presentó el documento titulado “Definiciones estratégicas y operativas”. Parte del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia (¿qué dirá el presidente Uribe?), desarrolla el concepto de las víctimas y sus derechos, establece criterios para la reparación integral que abarca además de la compensación material la reparación simbólica, introduce reflexiones en torno a la relación entre reparación y reconciliación, y se compromete a fomentar la participación de las víctimas en los procesos judiciales y a emprender el esclarecimiento de la verdad a partir de los testimonios de las víctimas y los victimarios.
En el país del “deje así”, donde la tradición ha sido la del silencio, el olvido, la impunidad y el encubrimiento, y el debate nacional sobre verdad y reparación apenas se inicia, estos primeros pinitos de la CNRR constituyen inmensos retos no sólo para la incipiente comisión sino para el país. La tarea se vuelve titánica con el Ejecutivo burdamente haciéndole el quite a la sentencia de la Corte Constitucional para favorecer a los victimarios.
Coincide, a la vez, con un clima de revelaciones impactantes y sapeadas mutuas, ubicaciones de fosas comunes, entrega de osamentas y certificados de defunción de cadáveres. Pedacitos de la verdad. A los jefes paramilitares les falta mucha verdad por contar, muchos restos y fosas por ubicar, mucha tierra a devolver a los campesinos hoy desplazados. La verdad que puedan aportar los paras es clave para desmontar, más allá de las estructuras armadas, sus redes de apoyo económico y político, elemento central para establecer el nivel de responsabilidad estatal.
Quizá lo más valioso del documento es que avanza en comprender el carácter diferenciado y complementario entre la verdad judicial y la verdad histórica. Mientras la primera implica juzgamientos y consecuencias penales para individuos, el esclarecimiento histórico se centra en responsabilidades políticas e institucionales con el propósito de recuperar la memoria colectiva, reconocer y rendir homenaje a las víctimas y servir como factor para la reconciliación. La asignación de Gonzalo Sánchez para liderar esta tarea constituye un acierto.
Creo, no obstante, que la definición de 1964 como el inicio del conflicto contemporáneo fue desafortunada. Es positivo que se haya fijado una fecha, para no dejar el asunto en el aire. Pero la selección del año del nacimiento de las Farc y el Eln pareciera indicar que todo empezó por ellas, desconociendo los orígenes del conflicto.
Sin duda, la aparición de las guerrillas señaló el inicio de una nueva etapa de la violencia política en el contexto del Frente Nacional, pero también lo es que sus raíces inmediatas están en la Violencia, con mayúsculas. ‘Manuel Marulanda’ tomó las armas en 1949 por la persecución de la Policía departamental a servicio de los conservadores para años después fundar las Farc, mientras en las guerrillas liberales de Rafael Rangel en el Magdalena Medio se encuentra una de las semillas de lo que más adelante sería el Eln.
Es materialmente imposible establecer la verdad judicial sobre los 300.000 muertos de la Violencia, pero es posible, urgente y necesario esclarecer la verdad histórica sobre ese período como prerrequisito para la reconciliación nacional. Si bien el libro de Guzmán, Umaña y Fals constituyó en su momento un aporte importante, muchas grandes preguntas se quedaron sin respuesta y nunca se conocieron los culpables.
Cada vida humana es sagrada y es el deber del Estado investigar todas las muertes por igual. Pero hay crímenes de alto impacto y significado profundo, cuyo esclarecimiento contribuye mucho más que otros a la obtención de la verdad histórica. Con sólo saber quién mató a Gaitán en 1948, por ejemplo, se tendría un inmenso efecto en la comprensión de todo lo sucedido antes y después de su muerte.
Con la presentación de este primer abrebocas, pese al pecado original de haber nacido bajo el amparo de la mal llamada Ley de Justicia y Paz y a las grandes limitaciones de su mandato que le impiden ser una verdadera comisión de la verdad, la CNRR empieza cumpliendo el papel indispensable de dinamizar un necesario debate nacional sobre temas de inmensa profundidad, complejidad y controversia.
En estos días, se dieron a conocer en una hermosa celebración de vida, los Hijos e Hijas Contra la Impunidad y Por la Memoria, un combo de jóvenes que se suman a un número importante de organizaciones trabajando por darle una voz, más que a las víctimas, a la conciencia de la sociedad. Un paso fundamental en ese camino largo y tortuoso que constituye transitar hacia que el país por fin se pueda mirar de frente en el espejo de su pasado y de su presente.