Polo Democrático Alternativo

El pasado viernes 15 de febrero el gobierno de Uribe asestó un nuevo golpe a la salud de los colombianos al suprimir y ordenar la liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino. Así ya son 5 las ESE que han corrido la misma suerte en menos de doce meses (Las otras son la José Prudencio Padilla, de la Costa Atlántica, la Rafael Uribe Uribe, de Antioquia, Córdoba y Chocó, la Policarpa Salavarrieta, de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Caquetá, y la Luís Carlos Galán, de Bogotá).

Con este nuevo atentado a la salud el gobierno de Uribe impide la iniciación de nuevas actividades de servicios de las clínicas Villa Pilar en Manizales, Pío XII en Pereira y San José en Armenia, en donde sólo se podrán “(…) realizar actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación (…)” según lo ordena el decreto 452 del 15 de febrero de 2008. Actualmente la Rita Arango atiende a 167 mil usuarios en los departamentos del Eje Cafetero y reúne a casi mil trabajadores, uno cientos de ellos en Manizales, quienes quedarán en el desempleo o verán deterioradas sus condiciones laborales.

Sin embargo, la medida oficial hace parte de un proceso de desvertebramiento del Seguro Social y de toda la red hospitalaria pública apalancado por la ley 100 de 1993, que entrega a los intermediarios financieros un rentable negocio del cual aún queda un resto, que en el caso del ISS representa dos millones de usuarios y un presupuesto de 10,8 billones de pesos, suma nada despreciable que administra actualmente. Jugoso botín para los linces de los negocios de la privatización, ampliamente beneficiados bajo el régimen de Uribe con el marchitamiento financiero de la legendaria institución construida a lo largo de los lustros con el esfuerzo de los trabajadores y contribuyentes del país.

Fiduagraria S.A. es la entidad encargada por el gobierno nacional para la liquidación de la ESE Rita Arango y CAPRECOM la administradora de los activos mientras se procede a su venta que no podrá superar los tres (3) meses, para lo cual los compradores “(…) deberán demostrar que cuentan con recursos para asegurar la adecuada dotación de equipos y el mantenimiento de la infraestructura (…)” requisitos que de sobra podrán cumplir los intermediarios particulares que se encuentran detrás del desastre de la salud pública, tributarios de la política antipopular de este gobierno que ven en esta tropelía un nuevo nicho de negocio en desmedro de la salud de los más pobres.

La medida oficial, puesta en práctica con un intenso operativo policivo, debe concitar nuestro más vehemente repudio, por eso llamo a todos los manizaleños, trabajadores y usuarios del servicio a rechazar el conjunto de la política uribista contra la salud de los colombianos y a defender la salud pública, y desde ahora respaldo las justas protestas que convoquen trabajadores y usuarios afectados por este nuevo atropello del régimen Uribista.

ADRIANA ARANGO MEJÍA
Concejal Polo Democrático Alternativo – Manizales.