La ruta para superar la crisis: Por toda la verdad, sin parapolítica ni reelección

No es que el mes de mayo pinte muy bien para el Gobierno, pero en definitiva, abril irrumpió y concluyó como el mes de los entuertos para el presidente Uribe. Para muchos, ha sido tal el cúmulo de dificultades que le cayeron, que sus problemas, aseguran, no han hecho sino comenzar, y hasta la curva de su derrumbamiento divisan entre sus más probables perspectivas. Mortificantes para la cúpula del Ejecutivo y de implicaciones imposibles de ignorar fueron las nuevas capturas de parlamentarios y la apertura de investigación preliminar contra otros de ellos. En la medida en que recayeron sobre figuras de la primera fila de los partidos gobiernistas –el primo del primer mandatario, el presidente de la U, y la presidenta del Congreso, para limitarnos a los casos más sonados–, proyectaron de lleno la siniestra sombra de la parapolítica sobre el morador de la Casa de Nariño. Es el caso del testimonio de un paramilitar ante la Fiscalía, que el Presidente se apresuró a declarar falso, sobre la presunta participación de Álvaro Uribe en el planeamiento de la masacre de El Aro en 1997, en Ituango, Antioquia1. Dado que dichas capturas e investigaciones alcanzaron ya la empinada cifra de 66 parlamentarios vinculados, y en tanto que la mayor parte de ellos pertenecen a los partidos del Presidente y estos a su vez constituyen las mayorías del Congreso, este último, que casi nunca ha gozado del afecto público, cayó ahora en un descrédito tal que por doquier se lo califica de completamente deslegitimado. A tal punto que la reforma política que cursa en las Cámaras se tornó insuficiente para conjurar el desplome de credibilidad sufrido por el Congreso. Así se configuró el primer elemento del actual capítulo de la crisis política nacional que domina el actual curso de los acontecimientos. El segundo se concretó en la decidida política del Gobierno de impedir a toda costa que la Corte Suprema lleve su labor justiciera hasta el fin. Y el tercero, con el testimonio, tan súbito como explosivo, de la ex parlamentaria Yidis Medina sobre el oscuro episodio en que se completó la votación necesaria para la aprobación legislativa de la reelección presidencial. Las acciones con que Uribe cree poder sortear la crisis hasta ahora no han logrado más que exacerbarla.

Una reforma increíble

El Gobierno persigue la rápida aprobación de la reforma política en el Congreso que, en su quinto y sexto debates, retrocedió varios pasos respecto de los anteriores puesto que ya ni siquiera se trata de que los candidatos de los partidos no involucrados con el paramilitarismo reemplacen a los congresistas comprometidos con este. Ahora, suprimida esa propuesta, el uribismo hubo de hacer una concesión a la presión de la opinión pública en lo tocante a que la «silla vacía» lo fuera no después del dilatado proceso que culminaría en las condenas de los parapolíticos sino a partir del momento mismo de la captura de estos2. Tan mínima e insuficiente medida dista años luz de haber corregido la enorme adulteración de la democracia provocada por los grupos paramilitares y sus políticos en los resultados de las elecciones de Congreso del 2002 y del 2006 al igual que en las presidenciales de ambos años. Mientras que muchos agentes del paramilitarismo fueron elegidos al Congreso gracias a la inadmisible trampa perpetrada, esta les cerró el paso a otros tantos aspirantes de los partidos democráticos. Y lo que es peor y de trascendental importancia, la elección y reelección de Álvaro Uribe como presidente se hizo con el mismo turbio y criminal concurso. En lugar de una rectificación de fondo, la reforma política uribista se vino con una nueva e injustificable restricción de la democracia, la elevación del umbral electoral de 2 a 5%, cuyo gradualismo en la aplicación no oculta su naturaleza ostensiblemente regresiva, que como todo sistema de elección basado en umbrales, implanta el privilegio y la favorabilidad para las formaciones políticas poderosas y la exclusión de las minorías. Va quedando bastante claro que el trámite legislativo de la reforma política se reduce a un mero simulacro de correctivo, para guardar las apariencias, en tanto que se ahonda la antidemocracia y se burla la justa expectativa nacional sobre sanciones a los políticos y partidos asociados al paramilitarismo. El pretendido remedio a la crisis, la reforma política, resultó fracasado e inocuo.

El país con la Corte

Con las intimidaciones contra la Corte, en lugar de lograr su objetivo de amedrentarla, Uribe sólo consiguió que las altas Cortes –la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura– y el Procurador, cerraran filas en defensa de la actividad del supremo tribunal jurisdiccional contra la parapolítica y reafirmaran la plena independencia de la rama jurisdiccional frente al gobierno3. El Presidente tuvo que recular, por lo menos por ahora, en la propuesta de suplantar a la Corte Suprema en el juzgamiento institucional de los congresistas con propuestas de reforma constitucional para el efecto, que elaborara un tribunal de notables4. Hubo de enfrentar, además, una reacción generalizada de sectores políticos, medios de comunicación y líderes públicos –especialmente del Polo y del Partido Liberal– identificados no sólo en el respaldo de la Corte Suprema sino en la unánime defensa de la democracia amenazada por un Ejecutivo claramente empeñado en impedir que la Corte lleve hasta el fin el esclarecimiento de la asociación entre paramilitares y parapolíticos.

No le ha ido muy bien a Uribe en sus anteriores choques con la Corte Suprema ni tampoco en los más recientes. En el caso de su primo y cercanísimo socio político, el ex senador Mario Uribe, llamado a indagatoria a fines de septiembre del 2007 y capturado por orden del alto tribunal el pasado 22 de abril, el país conoció la declaración del ex presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, en la que afirmaba que el presidente Uribe lo había llamado para tratar de interrogarlo sobre el asunto. La denuncia penal que la Casa de Nariño instauró en contra del magistrado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara llevó hace poco al Presidente a rendir declaración sobre la querella, insólita y sin precedentes por la importancia institucional de los protagonistas enfrentados5. El 8 de octubre del 2007 el presidente Uribe denunció que la Corte había tratado de conseguir a ‘Tasmania’, un paramilitar preso del suroeste antioqueño, como testigo en su contra, y acusó como responsable de ello al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez Gómez; la investigación por la grave acusación prosigue pero el acusado continúa siendo considerado como «piedra angular de la investigación de la parapolítica»6. En el caso de la extradición de ‘Macaco’, la autorización de la Corte Suprema para efectuarla a solicitud del Ejecutivo fue después condicionada, a comienzos de abril, en pronunciamiento de la misma Corte que supeditó la posibilidad de extraditar paramilitares a los derechos de las víctimas.

Simultáneamente, la sección de Cundinamarca del Consejo de la Judicatura reversó la extradición de ‘Macaco’ a consecuencia de una tutela en favor de las víctimas; pero el 6 de mayo finalmente la Sala Disciplinaria de la Judicatura declaró improcedente la tutela y el Gobierno realizó la extradición de ‘Macaco’, muy de madrugada, al día siguiente7. Lo de destacar en el hecho, empero, es que la Corte Suprema y la opinión democrática del país coincidieron en que los derechos de las víctimas de los grupos paramilitares, en lugar de terminar burlados como en este caso, deben prevalecer sobre los requerimientos de extradición de Estados Unidos. Sobre todo cuando se ha hecho vox populi que la práctica de la negociación de penas y otras gabelas entre los narcos y el Gobierno norteamericano, a cambio de partes sustanciales de sus fortunas y de revelaciones sobre el tráfico ilegal de sustancias prohibidas, ha sido una usanza de años que ahora se aplica a los jefes del paramilitarismo acusados de narcotráfico en tribunales estadounidenses. No fue mera casualidad que en la Ley de Justicia y Paz un insólito ‘articulito’ estableciera que los jefes paramilitares pueden cumplir parte de sus penas en otro país. Con creciente inquietud y con saldo negativo para Uribe, El País de España8 y El Nuevo Herald de Miami9 han registrado el eco de este tropel de sucesos en el ámbito internacional. Sesenta y tres congresistas norteamericanos amonestaron a José Obdulio Gaviria, el omnipresente consejero presidencial. El efecto de los recientes escándalos viene a sumarse ahora a la merecida mala fama del gobierno Uribe en las Américas, al aislamiento en que quedó por la reciente crisis andina, y a la congelación del TLC, quizá el mayor acontecimiento en las relaciones colombo-estadounidenses, por la presión combinada de los movimientos sindicales norteamericano y colombiano –y en especial de la CUT–, de los parlamentarios del Polo, y como efecto de todo ello, de buena parte de los demócratas del Congreso de Estados Unidos.

Yidis II

Pero ha sido el inesperado resurgimiento del viejo y en apariencia enterrado caso de Yidis Medina, redivivo y rectificado, lo que amenaza con convertirse en un jaque al gobierno Uribe. Porque la providencia de la Corte Suprema que ordenó la detención de la ex parlamentaria parte de que sí vendió su voto por «ofrecimientos gubernamentales» en los que estarían implicados varios funcionarios del Estado10. Se abre así la puerta a la investigación de los ministros implicados e incluso del propio Presidente de la República. Ya un senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, instauró demanda contra Uribe ante la Comisión de Acusaciones por el mismo caso. Como quien dice, los acontecimientos, que en Colombia no han sido propiamente escasos en los tiempos recientes, adquirirían un alcance definitivo.

La parapolítica o el ojo del huracán

A golpes de escándalo, la atención pública nacional volvió en abril a centrarse donde debía, en los poco a poco develados misterios del paramilitarismo y de la parapolítica. El interés de los colombianos ha sido literalmente jalado de nuevo hacia tan candente temática por una cadena de acontecimientos tan veloz como pasmosa. El hecho, lejos de ser anodino, marca la reanudación del proceso de conocimiento del país sobre los crímenes en gran escala de los grupos paramilitares, tanto recientes como de muchos años atrás. A lo largo de más de un año, entre el 2006 y hasta bien avanzado el 2007, el horror suscitado por la revelación de la fosas comunes y las atrocidades perpetradas había mantenido fija la mirada de millones de compatriotas en los responsables de tantas matanzas; en la complicidad de los parapolíticos con los paramilitares; en los descubiertos pasadizos secretos que ligaron las bárbaras acciones ilegales con el Ejecutivo; y sobre todo, en la responsabilidad en todo ello, de vieja y de nueva data, del presidente Uribe.

Dicho proceso había iniciado alrededor de septiembre de 2006, al empezar a hacerse pública la información del llamado computador de ‘Jorge 40’ en poder de la Fiscalía, y se prolongó casi sin pausa hasta agosto de 2007, cuando sobrevino otra conmoción nacional por el asesinato de los diputados del Valle del Cauca en poder de las FARC. Con este acontecimiento, el eje de la atención pública fue desplazándose progresivamente hasta ubicarse en las gestiones adelantadas para obtener la libertad de los secuestrados por las Farc, viraje que se apuntaló con la liberación de un primer grupo de secuestrados el 10 de enero del 2008 y luego de un segundo en febrero de este año. Y que luego en marzo fue más allá, al desencadenarse la crisis andina a raíz del bombardeo a un campamento de las FARC y de la muerte de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano. El desplazamiento aludido del foco de la atención pública hacia las gestiones en pro de la liberación de los secuestrados, y a la crisis de las relaciones con Ecuador y Venezuela, provocado directa e indirectamente por las acciones de las FARC, no sólo brindó un respiro al presidente Uribe sino que, a pesar de que se acentuó su aislamiento en América Latina, pareció fortalecer su influencia y ascendiente públicos en el país.

Con dicho antecedente, no hay duda de que cuando el desenvolvimiento de la situación vuelve a ubicar en el centro del escenario el tema del paramilitarismo y sus secuelas, tal giro debe registrarse como una saludable continuación, como un nuevo y positivo avance hacia el conocimiento de más y más piezas clave de la verdad de esta escalofriante tragedia nacional. Se vislumbra, sin gran esfuerzo, que de llegar a su conclusión las nuevas revelaciones podría desatarse en Colombia un verdadero cataclismo político.

Vanas maniobras de distracción

En respuesta a la crisis están en marcha varias maniobras de distracción que, de una u otra forma, pretenden favorecer al gobierno. Mencionemos algunas. El intento del Presidente y del Ministro del Interior de suscitar sospechas entre el público contra la Corte Suprema por una supuesta falta de «objetividad»11 en los procesos que adelanta contra figuras del uribismo y por «sevicia» contra el Congreso. La cadena de rumores difundida entre los medios de comunicación contra la integridad de la Corte Suprema. Los desesperados esfuerzos por socavar las gravísimas revelaciones de Yidis Medina y por inculpar al valeroso periodista Daniel Coronell. La anunciada cacería de brujas bajo el rótulo de «farcpolítica». Las imprecaciones del Primer Mandatario contra Gustavo Petro, León Valencia e Iván Cepeda. Con todo ello, aunque no se haya identificado en todos los casos la fuente de tales versiones, sin duda se busca enlodar a las instituciones, sectores y líderes de mayor credibilidad. Verdaderas cortinas de humo que persiguen desviar la atención pública hacia otros focos de interés distintos al paramilitarismo, la parapolítica y los nexos del gobierno Uribe con ambos o, por lo menos, de crear la impresión falaz de que frente al fenómeno de la parapolítica y la violencia que azota a Colombia no hay nadie sin culpabilidad porque todo el mundo es responsable.

Uribe, el perpetuo

La campaña para reelegir de nuevo a Uribe se inició antes de la crisis política pero esta se ha acentuado a raíz de su visible decisión de lanzarse a la segunda reelección. Manifiesta ya en el vocerío reeleccionista levantado después de la marcha del 4 de febrero, ahora se explaya en la exclamación del Presidente, «hay que reelegir la seguridad democrática»12, tanto como en la intención de reemplazar con un descarado «trasteo»13 de congresistas los votos de los parlamentarios uribistas inhabilitados en la Comisión Primera del Senado. Al motivo original de la reelección, consolidar el régimen uribista por mucho tiempo, se suma ahora la necesidad de Uribe de mantenerse en la jefatura del Estado para protegerse de eventuales procesos judiciales que involucren al propio Presidente y lo hagan terminar en el banquillo de los acusados al lado de los ‘paras’. Para más y más sectores, la reeditada ambición reeleccionista encarna el peor ingrediente de cuantos males asolan a Colombia y con seguridad activará en contra de tal propósito no sólo a las fuerzas más conocidas y consecuentes de la oposición al régimen de Uribe sino también a otras no tan visibles, incluyendo las que alientan en las mismas filas uribistas. Acaso el rasgo más ominoso de la situación nacional lo constituya la reactivación de los atentados y amenazas contra los sectores democráticos del país. En lo corrido del año, se han producido 24 asesinatos de sindicalistas que arrojan un alarmante incremento de los atentados contra las filas de los trabajadores sindicalizados e innumerables amenazas contra líderes políticos y sociales, incluidos el presidente del PDA, Carlos Gaviria, y otros de sus principales dirigentes en Bogotá y varios lugares del territorio nacional. Y mientras el Presidente injuria a los amenazados, llegan más amenazas de muerte e intimidaciones firmadas por conocidas e inéditas organizaciones de las varias que forman la considerable lista de las llamadas «bandas emergentes».

El insoslayable qué hacer

La actual consigna oficial del Polo, la convocatoria de una asamblea constituyente, con lo deseable y justa que pudiera ser como antesala de cambios de fondo, constituye, a nuestro parecer, una propuesta de acción por lo menos prematura. Una cosa es la propaganda general que debe animar el movimiento dentro de una perspectiva de mediano o largo aliento y otra las decisiones de la táctica. Una asamblea constituyente sería factible en el evento de que las fuerzas democráticas tomadas en su conjunto pudiesen movilizar una fuerza tal que el Gobierno resultase incapaz de resistirse con éxito a su convocatoria o impedirla.

Y hoy no se palpa aún una mediana disposición entre los colombianos comunes y corrientes a exigir la convocatoria en cuestión, ni menos la decisión de irrumpir demandándola en el escenario nacional con acciones de masas generalizadas. El gobierno Uribe no está aún lo suficientemente debilitado y las fuerzas democráticas encabezadas por el Polo todavía no son lo suficientemente fuertes. En estas condiciones, una constituyente podría contar más con una mayoría uribista que democrática. Los 7,3 millones de votos del uribismo en octubre del año pasado y el 84% o 79% de popularidad de Uribe en las encuestas recientes no se ven aún erosionados por un incremento considerable de la fuerza de los sectores democráticos. Es cierto que la situación empieza a evolucionar de modo favorable; esto es manifiesto en la crisis política en curso pero hoy resulta aún insuficiente para lanzar la consigna de convocatoria de una constituyente. Esta requeriría de una mutación sustancial en el conjunto del balance de fuerzas. Por supuesto que hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a ello, pero la validez de la consigna táctica del momento seguirá dependiendo de lo que la gente común esté dispuesta a hacer, del estado de ánimo predominante del pueblo. Ninguna consigna, acción o lema, por justos que sean, pueden generar o reemplazar este decisivo factor.

Las condiciones de realización de la convocatoria de una constituyente o del anticipo de las elecciones generales dependen de que la tendencia a la profundización de la crisis prosiga, descienda otros escalones más y toque fondo. Desde luego que varias contratendencias podrían conspirar contra este desenlace: una represión tal del Gobierno que lograra imponer un repliegue obligado, o la emergencia de acontecimientos imprevisibles que vuelvan a desplazar el foco de interés nacional hacia otros asuntos. Lo que sí puede afirmarse con certeza sobre lo que toca hacer es la necesidad de concentrarse en las acciones que faciliten o aceleren el afloramiento de la verdad, de toda la verdad sobre los nexos del uribismo y del gobierno Uribe con el paramilitarismo. El buen suceso de la política del Polo se cifra en el éxito de ello.

Un gran frente antiuribista

En consecuencia, el Polo debe alertar a la opinión pública contra las maniobras diversionistas del gobierno tendientes a desviar la atención pública hacia otro foco distinto al paramilitarismo y a la parapolítica. La consigna del día es la que ya lanzó el Polo hace un año: «Por toda la verdad, todas las garantías y toda la democracia».

Cualquiera puede dar fe de que la crisis política ha aumentado y hecho escuchar con más fuerza las voces discordantes con el régimen uribista. El Grupo de Interés sobre la Reforma Política, Girepo, integrado por la CUT, la MOE, Viva la Ciudadanía, Foro por Colombia, personajes como Claudia López, y numerosas asociaciones y ONG, se opone abiertamente a la iniciativa legislativa del gobierno14. Es cierto que el liberalismo ha pactado acuerdos diversos con el uribismo y que votó la reforma política con las modificaciones anotadas pero también lo es que en su interior se movilizan sectores antiuribistas y antineoliberales, y que su director, el ex presidente César Gaviria, ha planteado públicamente su oposición a la reelección de Uribe, su respaldo a la Corte Suprema, y mantenido su discrepancia con la política del gobierno Uribe frente al paramilitarismo15. Rafael Pardo afirmó que la crisis procede de la práctica de hacer política con el paramilitarismo y no de las investigaciones de la Corte16. El ex alcalde Mockus pidió la renuncia del Presidente17. Diversos movimientos políticos han expresado su repudio al aumento del umbral electoral que los excluye del escenario político y al restablecimiento por esa vía del viejo «Frente Nacional»18. Gina Parody planteó su rechazo a la nueva reelección de su jefe político, el Presidente, y abogó por «una reforma constitucional en la que se llame a nuevas elecciones»19. La ex ministra Martha Lucía Ramírez hizo público su desacuerdo con una segunda reelección de Uribe.

El diario El Tiempo editorializó en defensa de la Corte Suprema, urgió al Presidente para que formule una propuesta seria respecto del intercambio humanitario y hace poco le llamó la atención sobre la necesidad no de polemizar con los amenazados sino de investigar de dónde provienen las amenazas. La revista Semana hizo una propuesta sobre la base de la no reelección del actual mandatario20. Con las últimas declaraciones del Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, sobre la conveniencia de que «se disuelvan» los partidos que apoyan al Presidente, el uribismo semeja un gallinero revuelto; el Ministro del Interior ripostó enojado, y los conservadores andan a la greña con el personaje del exclusivo círculo de Uribe y a quien este no desautoriza. ¿Acaso todo esto no brinda un cuadro de dificultades del enemigo digno de ser aprovechado?, ¿será que el Polo no puede explorar formalmente toda posibilidad de acuerdos, por mínimos que sean, y de acciones conjuntas de las fuerzas y personajes mencionados por el esclarecimiento de toda la verdad, contra la reelección de Uribe? Con el liberalismo, con otros sectores intermedios e incluso con fracciones o personajes del uribismo cuyo desacuerdo con puntos esenciales de la política oficial se ha hecho más patente con la crisis, pueden emprenderse hoy acciones conjuntas contra el Gobierno en apuros. O por lo menos intentarse.

De lo contrario, la creciente confianza extendida al Polo por considerables sectores democráticos del país que anhelan el vuelco democrático que ya se extiende a toda Suramérica podría enfriarse o, incluso, cual balzaquiana piel de zapa, encogerse. Vale la pena que quienes compartamos este punto de vista pugnemos por él en el seno del Polo.

11 DE MAYO DE 2008.

Notas 1 «Presidente denuncia que un supuesto testigo lo involucraría en la masacre del Aro», www.eltiempo.com, 23 de abril de 2008. 2 «Aplicar la ‘silla vacía’ a congresistas capturados o llamados a indagatoria aprobó la Cámara», www.eltiempo.com, 29 de abril de 2008. 3 «Respeto por las reglas de juego de la justicia piden presidentes de las altas cortes», www.eltiempo.com, 22 de abril de 2008. 4 «Gobierno no está sugiriendo un tribunal para tumbar a la Corte Suprema de Justicia», dice Uribe. www.eltiempo.com, 23 de abril de 2008. 5 «La papa caliente», www.semana.com, 12 de abril de 2008. 6 Ibídem. 7 «Vía libre a extradición de ‘Macaco’», www.eltiempo.com, 6 de mayo de 2008 8 «Cirugía para Colombia», www.elpais.com, 25 de abril de 2008. 9 «Los escándalos afectan a Uribe en Washington», www.elnuevoherald.com, 25 de abril de 2008. 10 «La Corte dice que Yidis Medina sí vendió su voto por reelección», www.eltiempo.com, 8 de mayo de 2008 11 «Uribe pide a Corte que sea objetiva», www.eltiempo.com, 17 de abril de 2008. 12 «El país debe reelegir la seguridad democrática», www.elespectador.com, 23 de abril de 2008. 13 Señales de segunda reelección», www.elespec tador.com, 22 de abril de 2008. 14 Ronderos, María Teresa, «Los puntos sobre las íes», www.semana.com, 15 de abril de 2008. 15 «Uribe quiere debilitar la Corte», el tiempo.com, 26 de abril de 2008. 16 Pardo Rueda, Rafael, «El abecé de la crisis», www.eltiempo.com, 3 de abril de 2008. 17 www.eltiempo.com, 2 de mayo de 2008. 18 «Al país no le conviene volver al Frente Nacional», www.semana.com, 17 de abril de 2008. 19 «El Congreso en ruinas», www.semana.com, 5 de abril de 2008. 20 «Una propuesta para la crisis», www.semana.com, 26 de abril de 2008.