Polo Democrático Alternativo

El 13 de noviembre de 2003 el PNUD difundía el informe “Colombia: La política de seguridad democrática del presidente Uribe” elaborado por Internacional Crisis Group –ICG - , cuyo Consejo Directivo encabezaba Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia y galardonado en 2008 con el Premio Nóbel de Paz. A juicio de dicho documento en la llamada política de seguridad democrática se destacaban vacíos inocultables en sus ejes vertebrales: la red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información; milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros denominados soldados campesinos operan en sus propias comunidades y los decretos ejecutivos y propuestas de leyes para otorgar al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial.

En ese mismo informe de 2003, ICG señalaba que “No basta con darles a los sectores acomodados de la sociedad urbana colombiana una sensación falsa de seguridad mediante ardides publicitarios y la proclamación de unos pocos éxitos preliminares, mientras la población rural, y en especial los grupos indígenas, siguen soportando el grueso de la violencia” Y finalizaba sus análisis sugiriendo al gobierno de Uribe, modificaciones en el sentido de: formular e implementar una política de seguridad integral y comprehensiva, incluyendo aspectos expresados en el concepto de las Naciones Unidas sobre seguridad humana y también la recomendación en cuanto a salvaguardar los derechos fundamentales y promover el gobierno democrático, en el marco del Estado de derecho, respetando los derechos humanos y el derecho internacional.

El gobierno no tuvo en cuenta el informe para nada.

Después, el 25 de febrero de 2005, Alfredo Rangel, Director de la Fundación Seguridad y Democracia, en una ponencia titulada “La sostenibilidad militar de la seguridad”, destacaba los lunares de la política de seguridad democrática así: 1. el descuido de las fronteras; 2. la proliferación y fortalecimiento de los grupos paramilitares, los cuales, según Rangel, nunca habían estado tan fuertes como lo están ahora; 3. aumentos en la productividad y movilidad del narcotráfico; 4. aumento en los indicadores de homicidios especialmente los cometidos contra autoridades locales y educadores; 5. aumento de la piratería vial en torno a las capitales y grandes ciudades del país; 6. permanencia de acciones militares de la guerrilla; 7. caída de la percepción de seguridad en las ciudades.

Y terminaba recomendado una política de paz, que también fue desoída por este gobierno.

Con el rimbombante titulo de “Política de defensa y seguridad democrática”, los lineamientos del Ministerio de Defensa formulados en junio 2003 y dictaminados desde la Casa de Nariño, enunciaban teóricamente 12 líneas orientadoras de la tal seguridad democrática. Claro que de esa teoría a la práctica hay una gran distancia y en la realidad se han dado las cosas muy diferentes a lo consignado en el papel, de tal manera que en concreto, las líneas de acción de ese engendro llamado seguridad democrática han resultado ser muy otras.

El señalamiento como auxiliadoras y colaboradoras de la guerrilla o como simpatizantes del terrorismo a las personas que plantean desacuerdos con el círculo del gobierno; el desmantelamiento y descuartizamiento de los elementales derechos humanos, civiles y ciudadanos en el altar del estado corporativo para cuidar la estabilidad de los grandes negociantes y acumuladores de dineros de todas las procedencias, lo que se ha dado en denominar confianza inversionista y cohesión social; negación absoluta de las garantías democráticas de asociación, sindicalización, huelga, protesta pacífica y movilización ciudadana; campaña de obstaculización y desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia por sus investigaciones y procesamiento de parlamentarios y miembros del gobierno con nexos paramilitares y por delitos de corrupción; estrategias que incluyen la mentira, la calumnia, la manipulación de la información y la tergiversación permanente. El irrespeto por la dignidad y el buen nombre de los contradictores así como las campañas constantes de descalificación personal contra quienes osen discrepar, difundidas profusamente por algunos medios áulicos e incondicionales. Reforzadas con campañas publicitarias de ensalzamiento al gobierno y banalización de sus escabrosas equivocaciones. Como lo hacen Caracol y RCN a quienes en los sectores ciudadanos se los ha bautizado respectivamente como Paracol y Radio Casa de Nari o Radio Cohecho Nacional.

Sin descontar la descalificación permanente de informes y entidades internacionales de derechos humanos: Human Right Watch, Amnistía Internacional e incluso la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

La mal llamada seguridad democrática no es ni lo uno ni lo otro. Ni es seguridad ni es democrática. Los casi 4 millones de desplazados, el despojo de tierras a campesinos e indígenas, el desamparo de las víctimas, el desempleo rampante, la pobreza en aumento, la desaparición forzada de personas para ser luego presentadas como resultados positivos de bajas en combate, no son afirmación ni de seguridad ni de democracia en ninguna parte.

Para la posteridad quedan esos enunciados falaces en el marco de la táctica preferida del gobernante y la más sobresaliente: la de autodesmentirse. Es tan notoria que algunos medios ya comentan con sarcasmo el caso, asociando al mandatario con el famoso personaje de la comedia mexicana, la chimoltrufia. (Yo como digo una cosa, digo la otra) o cuando hacen referencia al Chavo de la Casa de Nari.

Para ilustrarlo miremos aquí las mismas palabras del documento marco de la “Política de defensa y seguridad democrática” publicado en 2003, las que dejen en evidencia el fiasco y su desatino, porque las actuaciones de este gobierno han ido, como si lo hiciera intencionadamente, en la vía completamente contrapuesta a la de los propósitos enunciados:

“El fortalecimiento del Estado de Derecho es la condición necesaria para cumplir con el propósito de la Seguridad Democrática: la protección de todos y cada uno de los habitantes de Colombia, como dispone la Constitución Política.

Esta es entonces una política para la protección de la población.

La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno”.

Hasta allende las fronteras han trascendido los despropósitos de este gobierno en materia de garantías y derechos humanos: El partido demócrata de los Estados Unidos detuvo la gestión del TLC para su aprobación por las precarias garantías a líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Y eso lo dicen en el país que auspició el Plan Colombia y que dio entrenamiento, apoyo y asistencia técnica a las cúpulas militares que vienen siendo llamadas a calificar servicios.

Los presupuestos que este gobierno entrega a las fuerzas armadas y a seguir atizando el conflicto son inversamente proporcionales a los recursos para inversión social en salud, educación y vivienda, producción, empleo digno e ingresos equitativos, que es lo que requiere el pueblo colombiano.

En beneficio de la democracia colombiana, ya hay que decir basta a la mal llamada política de seguridad democrática, como lo están diciendo fuerzas políticas nacionales al igual que organismos internacionales y gobiernos de otros países.

Según la propia aceptación de Uribe se han presentado hechos gravísimos como para llamar a calificar servicios a 25 integrantes de las fuerzas armadas y si han sido cometidos al amparo de una política del gobierno, es por lo que debe responder toda la línea de mando incluido el titular de defensa y el comandante supremo de las fuerzas militares. Sin descontar episodios como la yidismanía y la teodolindocracia, así como por los casos comprobados de espionaje e irrespeto a líderes y agrupaciones políticas democráticas, Uribe debe renunciar como presidente de Colombia, así al hacerse a un lado podrá la patria restituir la dignidad mancillada por este gobernante abusivo y arbitrario que tiene una particular concepción de administrar un gobierno como capataz de finca.

Solamente así se podrá restablecer el Estado de derecho, la institucionalidad, la legalidad, la legitimidad, el respeto por los valores y derechos esenciales, y lógicamente se recuperarán las condiciones necesarias para trabajar por la convivencia en paz y para garantizar la democracia.

Luis Orlando Serrano
Noviembre 3 de 2008