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Columna de opinión
La superación del paramilitarismo está por verse
Martes 20 de diciembre de 2005

Bogotá-. Las Autodefensas Unidas de Colombia, organización que agrupa buena parte de las fuerzas paramilitares, vienen en un proceso de negociaciones con el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez desde hace tres años ya, cuando en diciembre del 2003 decretaron en cese unilateral de hostilidades -que por cierto no han cumplido- mucha es el agua que ha corrido desde entonces. Hoy la pregunta que se hacen diversos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, es si este proceso en verdad, nos va a conducir a ponerle punto final a una practica muy recurrente en la sociedad colombiana, agenciar proyectos de sociedad desde el uso de la fuerza.

Las fuerzas paramilitares han constituido un nuevo orden social, político y económico en buena parte del país, es un orden que se ha construido desde la barbarie y la intimidación con un talante profundamente autoritario, que va en contravía con los propósitos de la constitución del 91, es antidemocrático, por naturaleza y regresivo a más no poder. Luego de la desmovilización de más de diez mil combatientes de las AUC y restando un numero similar por hacer dejación de armas, el interrogante de si esto es una desmovilización real y efectiva del paramilitarismo o más bien un desmonte de su aparato armado, flota en el ambiente.

Múltiples voces han valorado que lo vivido en este proceso es una reconversión de unas estructuras, pero que en lo fundamental, los líderes que han ejercido el paramilitarismo seguirán optando por la fuerza y la intimidación y la prueba más cercana para analizar si esto es cierto o meras especulaciones, la tendremos en el proceso electoral en curso. O las fuerzas paramilitares cumplen con su total desmovilización en la nueva fecha acordada con el presidente Uribe, 15 de febrero de 2006 y no interfieren las elecciones, intimidando y distorsionando el debate democrático o quienes afirman que el paramilitarismo sigue “vivito y coleando“ tendrán plena razón y deberemos asumir que la asignatura de su superación sigue pendiente.

Solo dos ejemplos para ilustrar el intercambio sobre el estado en el que se encuentra la real o supuesta superación del paramilitarismo; Medellín y el Choco, en la primera, se dio el primer proceso de desmovilización, en Diciembre del 2003, con el Bloque Cacique Nutibara, del cual se reincorporaron setecientas personas, en su gran mayoría jóvenes de las barriadas pobres, este proceso puede tener múltiples lecturas; que ya se desmonto todas las estructuras, que es una desmovilización parcial, que los inspiradores del paramilitarismo en la ciudad - entre ellos Don Berna, más no el único- siguen teniendo control sobre territorios y dinámicas en la ciudad. Luego de sopesar con equilibrio, cada una de las argumentaciones, uno podría decir que de manera parcial todas las lecturas son valederas, hay un desmonte de estructuras y continúa un control de líderes paramilitares.

Para el caso del Choco, donde la disputa territorial entre insurgencia y paramilitares continua y en donde la fuerza paramilitar ha sido reacia a los diálogos, los cuestionamientos están en el sentido de que hay una consolidación del despojo a que fueron sometidas las comunidades del medio atrato, con la finalidad de expandir la palma aceitera y que de unas fuerzas expedicionarias se estaría pasando a una modalidad de empresas de seguridad, para proteger los cultivos de palma y maderables que se han consolidado en una década de acción paramilitar.

Podemos seguir por el mapa de Colombia, ubicando como negocios lícitos e ilícitos están en íntima relación con las fuerzas paramilitares y que estas aún no han dado muestras de querer someterse a la legalidad, y mucho menos de abandonar las prácticas delincuenciales y bárbaras que han desarrollado.

Los temas que debemos abocar en cualquier escenario, bien sea el deseable de superación del paramilitarismo o de su continuidad, están referidos a un proceso serio y a fondo de verdad, justicia y reparación debate en curso actualmente, asumir la postergada reforma agraria que garantice condiciones a una población campesina que es profundamente vulnerable a la actuación de los grupos armados tanto de derecha como e izquierda al no tener respaldo y posibilidades de proyectos de vida en la legalidad, un control de las rentas locales y un fortalecimiento en derecho de la gestión pública local, para alejarla de los controles autoritarios y antidemocráticos y una actuación de la fuerza publica, que garantice seguridad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, política y económica.

Estos son los retos que están en la mesa y si queremos avanzar en la construcción del proyecto de la constitución del 91, una sociedad justa, democrática y en paz, se deben resolver.

(1) Artículo escrito para la asesoría de Paz y Derechos Humanos de la Fundación Social.



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