En el Concejo Municipal de Medellín, por iniciativa y valga el reconocimiento, de los Concejales Carlos Alberto Ballesteros Barón y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, fue conformada la Comisión Accidental 013 para hacer “un diagnóstico de la situación de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas”. Como parte de esta tarea, se cumplió con éxito un foro el pasado jueves 17 de abril de 2008. El mensaje fue claro para el alcalde Alonso Salazar Jaramillo: el trabajo decente como política pública, el que no se da con las Cooperativas de Trabajo Asociado –CTA-, en especial con las seudo o falsas CTA, para diferenciarlas de las verdaderas.

Éstas, las seudo y falsas cooperativas, han sido el caballo troyano empleado por distintos gobiernos, en especial el de Uribe Vélez, para cumplir con los dictados del consenso de Washington: flexibilización laboral (mano de obra barata) y privatizaciones (desmonte de lo público), para culminar así, dijéramos, su sueño iniciado con la Ley 50 de 1990. Para él valió la espera de 10 ó 12 años. El auge de las CTA ha sido evidente, su “agosto o primavera” se dio en los inicios de su mandato, al pasar de 100.000 asociados a 452.000, bajo el único pretexto de conseguir menores costos laborales para las “empresas-clientes” y, de paso, facilitaron el desmonte de lo público, en especial en el sector salud, además de aberrantes formas de clientelismo; a muchos de sus amigos o caciques les permitió la perpetuación de sus comodines corruptos y politiqueros (véase caso de CTA del ISS Antioquia); hasta en el Municipio de Medellín que, como en Metrosalud, varios concejales y “directorios” fueron o han sido actores tras bambalinas.

Para asegurar el negocio de las CTA, había que favorecerlas con normas que, bien con fuerza de leyes o decretos favorecieran la incorporación de los desvinculados de las empresas liquidadas, o que a los mismos liquidadores les facilitaran la incorporación en estas seudo o falsas CTA. Afloraron, incluso, paradojas, como el caso de CAPRECOM a quien la misma Superintendencia ha cuestionado y sancionado por su ineptitud para operar como EPS, a la que han apelado para que reciba las ESE del ISS que, en asaltos policivos de fines de semana, decidieron liquidar. Lo cierto es que las CTA en el sector salud, de cero que había en el año 2000, por obra y gracia del Uribismo, pasaron en el 2006 a 309 y en el 2008 a 340. Semejantes milagros conllevan gato encerrado.

El Uribismo puede exhibir los trofeos logrados por su táctica: Diferencial de costos por mano de obra barata, por el carácter no laboral del trabajo asociado, menores impuestos y ventajas del “outsursing”, acabaron con los sindicatos y pliegos de peticiones y pusieron a los trabajadores (asociados) sólo a hacer denuncias de mora en los pagos, elusión de sus reconocimientos o evasiones de aportes a la seguridad social y los colocaron lejos de pelear por condiciones dignas de trabajo, salarios justos, estabilidad laboral y demás. De paso, también fomentaron la corrupción. Tan sólo el 23% de las CTA reportó pagos de cesantías o primas o el pago a las cajas de compensación; en general los “asociados” reciben menos que los demás trabajadores formales. Con razón los gringos pusieron sobre los cuestionamientos al TLC el “dumping” de la mano de obra, difícil de competir o confrontar bajo la figura de las CTA.

Sumado a lo anterior, la política del gobierno de Uribe, expresada en sus normas, ha sido incoherente, mas no su política. En unas ocasiones la normatividad es laxa para facilitar la expansión, y en otras trata de taponar huecos respecto a su modelo de seguridad social. En el Decreto 1702 de 2002, los asociados son “independientes”, pero luego con el Decreto 2400 de 2002 los vuelven “dependientes”, ratificados como tal en el Decreto 4588 de 2006; pero, por Circular #036 de 2007, nuevamente los volvió “independientes”. Ambigüedades que han confundido a los propios organismos de vigilancia y control. Ahora, en el Proyecto de Ley 144 de Cámara, los vuelve “dependientes” tan sólo para obligarlos a la llamada “ parafiscalidad”, es decir para que contribuyan al ICBF, SENA y CAJAS, puesto que esas “contribuciones” de cuatrocientos mil “asociados” son necesarias para el sostenimiento del llamado Sistema de Protección Social.

En el foro se dijo algo que me preocupa como parlamentario en torno al Proyecto que cursó en la Cámara y que ha iniciado su tránsito en el Senado. Aparte de la llamada “parafiscalidad”, ya no es interés del Gobierno, luego de aprovecharse de ellas (CTA) en el sector salud, como ejemplo de su modelo privatizador, hoy es el sector privado el llamado a soportar el debate, la nueva ley y sus consecuencias, puesto que son estos los que se seguirán favoreciendo o no; por eso, el Gobierno calcula sigilosamente si introduce procedimientos sancionatorios o los vuelve inocuos, característica de la normatividad hasta hoy vigente.

En el Municipio de Medellín, bajo el llamado discurso de la “inclusión social” (socialdemocracia inglesa), entre los años 2003 y 2008 se han ejecutado 432 contratos con CTA pero, lamentablemente, no se tuvo el registro de los contratos de los entes descentralizados EPM, Empresas Varias, Inder, Metrosalud, Metroseguridad y otros más, que duplican o triplican los registrados por las diferentes secretarías del Municipio. No obstante, esta forma de contratación directa o por convenios (276 en total), que si bien presumimos de transparentes en manos de estas dos últimas administraciones, ¿qué sería de esos convenios con los anteriores alcaldes? Lamentable que la Personería no esté al tono con el debate. No se trata de revisar la legalidad contractual sino, como lo advirtió el representante de la CUT, se debe averiguar si es cierto o no que las CTA en el Municipio han servido como estrategia antisindical, dumping social, uso indebido de la filosofía cooperativa, corrupción, clientelismo, explotación a los trabajadores o mera intermediación laboral.

Lo que se trató con el debate y con las decisiones que habrá de tomar el Concejo, es poder sacar la propuesta de trabajo decente como política pública, rescatar el contrato de trabajo y que el Municipio exija a los proveedores el respeto por estándares laborales mínimos cuando sea necesaria la utilización del “trabajo asociado”. O que, en últimas, se respete el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas.

Bien por el doctor Carlos Ballesteros quien aprovechó el espacio del Concejo para debatir los asuntos de ciudad, como son la reivindicación del derecho al trabajo y de las verdaderas cooperativas desde el punto de vista constitucional, o su advertencia que no hacen falta más leyes o normas, sino el cumplimiento de la norma superior (la Constitución); bien por el mensaje para el alcalde Salazar de que actué conforme al derecho y por las condiciones dignas para los trabajadores. Bien por el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos quien, como lo ha hecho en varias ocasiones, volvió a denunciar que el modelo cooperativo dejó de ser solidario, para enriquecer a unos cuantos, con su aspiración válida de que al Concejo no lleguen los tentáculos de la intriga, como sí llegan al Congreso de la República, cuando de debatir y legislar sobre estos asuntos se trata.