Con la detención de 15 militares por la masacre de San José de Apartadó se consolida la tesis de su responsabilidad en estos atroces hechos.

El 21 de febrero de 2005 dos familias fueron cruelmente asesinadas en la zona rural de San José de Apartadó. Luis Eduardo Guerra, su compañera y su hijo de 11 años murieron a machete, en un paraje rural; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa y sus hijos de 2 y 6 años fueron asesinados en su casa, los niños degollados, y todos enterrados en una fosa en el solar de su casa. Ambas familias hacían parte de una comunidad de paz que se había fundado en ese corregimiento, que se había declarado neutral frente al conflicto.

Desde el momento en que ocurrieron los hechos, la comunidad de paz, algunas ONG, la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, que escucharon a varios testigos, acusaron directamente a las tropas de la Brigada XVII de haber participado en la matanza. Sin embargo, no sólo sus voces no fueron escuchadas en ese momento por el gobierno, sino que se inició una campaña para desviar la investigación y desprestigiar a quienes denunciaron a los militares.

Las Fuerzas Militares adelantaron una investigación interna que no halló ninguna anomalía en el comportamiento de los militares. Tampoco se hizo algún tipo de seguimiento a las reiteradas y graves denuncias sobre vínculos añejos de los oficiales de la Brigada XVII con los paramilitares de Urabá. También desestimaron las denuncias de presencia de paramilitares, con el argumento de que estos ya se habían desmovilizado. En cambio, se hizo una campaña política nacional e internacional de desprestigio de la comunidad de paz y sus líderes, señalándolos como colaboradores de la guerrilla.

Pero las versiones del gobierno y de la comunidad eran tan opuestas, que grupos internacionales de derechos humanos tomaron la masacre como un caso emblemático, y congresistas de Estados Unidos consideraron prioritario que se hiciera justicia en este caso. La masacre se convirtió en un tema de agenda obligado con Estados Unidos.

Como la comunidad de paz se negaba a hablar con la Fiscalía, apenas el año pasado, con el testimonio de varios desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, se ha empezado a conocer la verdad sobre los hechos: que la masacre fue cometida por paras que actuaban de la mano con los militares y que hubo una gran operación para desviar a la justicia, desde el primer momento.

A finales de 2007, la Fiscalía ordenó detener al capitán Guillermo Armando Gordillo, que comandaba la compañía que habría actuado con los paramilitares. Ahora la Fiscalía pidió capturar a otros 15 militares. Aunque la investigación de la Fiscalía aún no ha concluido, a medida que avanza, le da la razón a la comunidad y se la quita a las primeras versiones que dieron oficialmente las fuerzas militares.

Esta masacre y su posterior investigación dejan por lo menos dos lecciones. La primera es que las fuerzas militares no pueden seguir actuando con espíritu de cuerpo frente a crímenes que comenten algunos de sus miembros. Más rentable para la legitimidad de la institución es coger el toro por los cuernos y apoyar a la justicia, desde el principio. En segundo lugar, que las investigaciones internas que hace la inspección del Ejército no son eficientes ni profesionales y que se han convertido en un gran talón de Aquiles para consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en las fuerzas militares.