Polo Democrático Alternativo

El Eln no puede desconocer -salvo que viva en otro planeta- que desde la ratificación del Tratado de Roma (2002) y la creación de la Corte Penal Internacional de La Haya, no es posible dictar leyes de amnistía e indulto para crímenes de guerra o de lesa humanidad. Según el Derecho Internacional, estos crímenes incluyen el secuestro, el desplazamiento forzado, la siembra de minas antipersonales, los ataques indiscriminados contra la población civil, la utilización de pipas de gas, el asesinato fuera de combate, etc.

Firmar acuerdos de paz hoy es infinitamente más difícil que 5 o 10 años atrás. Por ello, a nivel internacional, los analistas se plantean con angustia una pregunta dramática: ¿es viable alcanzar la paz hoy en día sin el instrumento universal de resolución de conflictos, como lo fueron en el pasado las leyes de amnistía e indulto?

La respuesta práctica a este duro interrogante ha sido simple: todas las naciones que han firmado acuerdos de paz en años recientes han desconocido las normas de la Corte Penal Internacional y han dictado leyes de amnistía. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, Angola, y más recientemente, Uganda. En nombre del derecho a la paz -como el valor supremo de un país para evitar que siga creciendo el número de víctimas-, estas naciones han sacrificado otros derechos, incluido el derecho a la justicia.

La única nación que está respetando sin chistar las normas internacionales es Colombia, en medio de la hipocresía mundial. Hoy existen en el mundo distintos estándares: un estándar para los Estados colapsados o en proceso de colapso (tales como el Congo), un estándar para las naciones poderosas (como la Gran Bretaña) y otro estándar distinto e infinitamente más exigente para Colombia. A las naciones muy débiles se les exige poco debido a su debilidad. A las naciones poderosas se les exige poco debido a su fortaleza.

A pesar de estos dobles y triples estándares, Colombia ha decidido dar un ejemplo internacional, llevando a cabo una experiencia inédita que ninguna nación en el mundo ha intentado: firmar un acuerdo de paz con grupos armados no derrotados en el campo de batalla, aplicando justicia. No aplicando justicia quince o veinte años después como en Chile o Uruguay, países en los cuales los responsables de graves crímenes contra la humanidad se pasean todavía por las calles de Santiago o Montevideo.

Se trata, sin embargo, de una tarea nada fácil. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, intentó, mediante la Ley de Alternatividad Penal, superar estos escollos. Sin embargo, se desató un vendaval violento de críticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que consideraron que esa Ley era una fuente de impunidad. Por ello, fue necesario impulsar una nueva ley, la Ley de Justicia y Paz, que, a pesar de endurecer las penas y exigencias a los desmovilizados de las Auc, siguió recibiendo duras críticas con el argumento de que no se ajustaba a los "estándares" internacionales.

Si esta ha sido la reacción frente a dos leyes que buscaban un equilibrio entre justicia y paz, ¿cuál podría ser la reacción frente a una ley de amnistía e indulto?

Es indispensable abrir ya un amplio debate nacional frente a este tema. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado que las negociaciones con el Eln y las Farc se harán en un marco jurídico y político distinto a las que tuvieron lugar con las Auc.

Yo creo que la paz merece muchos sacrificios. Pero, ¿qué estamos dispuestos los colombianos a sacrificar para lograr ese bien tan añorado?