Polo Democrático Alternativo

Por: ANA DALILA GÓMEZ BAOS

Antes de procurar dar respuestas a las interrogantes planteadas para orientar el debate “La Inclusión Política de los Grupos Étnicos en el Proceso Político Colombiano: El Punto de Vista de los Actores Políticos”(*), se requiere hace una precisión:

El concepto de “comunidades étnicas” que ha sido utilizado en esta convocatoria no es el más apropiado para referirse a la situación de los Rom.

Los Rom hemos venido reivindicando nuestro carácter de pueblo, con todas las connotaciones jurídicas y políticas que ese concepto de pueblo entraña, sobre todo en lo concerniente al derecho a la libredeterminación.

A nivel internacional las organizaciones del pueblo Rom más representativas —Unión Romaní Internacional (IRU, por sus siglas en inglés) y el Congreso Nacional Rom (RNC, por sus siglas en inglés)— han venido proponiendo que los Rom hacen parte de una Nación sin territorio y de una Nación sin Estado, que debería tener representación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por ello los Rom somos mucho más que una “comunidad étnica”. Más allá de la dispersión geográfica y de la heterogeneidad de los grupos considerados como Rom, existe una conciencia nacional y unas señas nacionalitarias que nos distinguen de otros pueblos.

1. ¿Cómo evalúa la incorporación de los grupos étnicos en el proceso político colombiano a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia?

Si bien los problemas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, Raizal y Rom son estructuralmente similares, sus procesos históricos y organizativos, así como las condiciones emergentes de sus etnicidades, han sido desiguales.

Esta desigualdad necesariamente se traduce en una asimetría de estos pueblos en lo que respecta a su incorporación al proceso político colombiano. En razón a que la incorporación de cada uno de los pueblos ha tenido formas y contenidos diferentes, es claro que las generalizaciones que se puedan hacer necesariamente serán incompletas e insuficientes.

Dos hechos marcan la incorporación del pueblo Rom en el proceso político colombiano. El primero es que para el pueblo Rom, como sí lo hay para los pueblos indígenas y afrodescendientes que cuentan con Circunscripciones Especiales Nacionales para Senado de la República y para la Cámara de Representantes, no existe ningún tipo de privilegio ni trato preferente para acceder al Congreso de la República, lo que lo obliga a tener que enfrentarse en condiciones sumamente desventajosas no sólo al resto de los pueblos, sino a los representantes de la sociedad mayoritaria.

El otro hecho es que la experiencia electoral del pueblo Rom es inédita en la historia no sólo de Colombia sino del hemisferio. En ese sentido es la primera vez que un proyecto organizativo de los Rom —en este caso el Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia, (PRORROM)— decide optar por la vía electoral como estrategia para avanzar en la consolidación del proceso de visibilización del pueblo Rom que viene impulsando desde 1997.

Sin embargo pese a que es un hecho sin antecedentes en la historia política del país el que una mujer Rom aspire al Senado de la República, ya existían unos tímidos antecedentes al respecto que dejaron lecciones significativas y que de alguna manera explican la actual aspiración electoral que desde PRORROM se está adelantando.

PRORROM desde el mismo inicio de su proceso desplegó esfuerzos notables por construir alianzas con las organizaciones de otros pueblos, como los indígenas y el Raizal. Dado que los Rom son una verdadera minoría entre las llamadas “minorías étnicas”, se consideró que a los Rom en solitario les quedaría muy difícil alcanzar sus reivindicaciones más sentidas. En ese sentido, y aplicando un gran pragmatismo político, PRORROM decidió recorrer caminos que ya habían sido recorridos por otros pueblos, especialmente los indígenas.

En el añ0 1998, un miembro de PRORROM —Venecer Gómez Fuentes quien fue Coordinador General— hizo parte, en un secundario, perdido y meramente simbólico cuarto renglón, de la lista de la Alianza Social Indígena (ASI) al Senado de la República por la Circunscripción Especial para Pueblos Indígenas, que en esa oportunidad estuvo encabezada por el indígena Embera, Francisco Rojas Birry.

Los objetivos que se buscaron con esa alianza desafortunadamente se frustraron en su totalidad. Si bien los Rom de algunas kumpania, especialmente la de Girón (Santander), votaron dentro de sus posibilidades por Rojas Birry, los compromisos que el candidato adquirió con PRORROM no los cumplió en su ejercicio como Senador.

¿Qué esperaba PRORROM de Rojas Birry?. Realmente era muy poco. Simplemente que Rojas Birry sirviera de puente e interlocutor entre el Congreso de la República y el mundo político electoral y el pueblo Rom y, en ese contexto, que tramitara iniciativas legislativas y adelantara gestiones ante el Gobierno Nacional en dirección al reconocimiento efectivo de los derechos colectivos del pueblo Rom. En otras palabras se pretendía que el pueblo Rom no siguiera siendo desconocido e invisibilizado en los proyectos de ley y en las leyes, que en su incorporación de “lo étnico” solo se referían a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Cuatro años más tarde, en el 2002, ante el poco eco que tuvo en la ASI la propuesta de que se incorporaran en los planteamientos de sus candidatos referencias directas al pueblo Rom, PRORROM decidió no insistir con la ASI y más bien participar activamente en la conformación de un espacio que se denominó Movimiento Plurinacional Entrepueblos y que apoyó la candidatura al Senado de la República por la Circunscripción Especial para Pueblos Indígenas del indígena Inga Antonio Jacanamijoy Tisoy quien en esa oportunidad se lanzó con el aval del Partido Socialista Democrático (PSD), partido proveniente de la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

Si bien en la lista de Jacanamijoy Tisoy no se consideró oportuno incluir a ningún Rom, su propuesta política recogió lo fundamental de las demandas y reivindicaciones del pueblo Rom. Fue por eso que PRORROM acompañó esta candidatura, tendiendo puentes con el pueblo Raizal del Archipiélago que también hizo parte de la alianza. A la postre los votos de Jacanamijoy Tisoy no fueron suficientes para llegar al Senado de la República, pero permitió de cierta manera medir fuerzas y analizar el grado de aceptación de los Rom en el ambiente político electoral.

Debido a los esfuerzos de PRORROM el efímero Movimiento Plurinacional Entrepueblos se acercó al Frente Social y Político (FSP) que impulsaba la candidatura de Luis Eduardo Garzón a la Presidencia de la República. Con este acercamiento se logró que el FSP incorporara dentro de su plataforma política y dentro de su marco ideológico reivindicaciones importantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, Raizal y Rom. Fue así como, en su momento, el FSP se convirtió tal vez en el único partido de las Américas en que en sus estatutos nombraban al pueblo Rom y algunas de sus propuestas.

Producto de este proceso electoral impulsado por PRORROM fue que un miembro del pueblo Rom —Ana Dalila Gómez Baos, Coordinadora de Cultura y Educación de PRORROM— quedó transitoriamente incluido en la Directiva Distrital del Polo Democrático Independiente (PDI), constituyéndose ello también en un hecho sin precedentes en el hemisferio.

Desafortunadamente estos antecedentes de la participación política Rom, que comportaron en su momento una enorme significación para nuestro pueblo y que fue comentado por varias organizaciones Rom alrededor del mundo, pasaron totalmente desapercibidos para el resto del país.

Como se observa, y ello es preciso destacarlo, la breve historia electoral de los Rom se ha construido desde PRORROM, que es un proyecto organizativo propio, representativo y autónomo, que busca el reconocimiento pleno de los derechos colectivos y patrimoniales consuetudinarios del pueblo Rom.

Sin PRORROM, hay que decirlo de una vez, la participación electoral de los Rom, no tendría ninguna legitimidad, ni representatividad.

2. ¿La Constitución Política de 1991 ha favorecido efectivamente los procesos organizativos y la unidad política de los grupos étnicos?

Los Rom, a través de PRORROM, han acudido a dos instrumentos jurídicos para sustentar en parte sus demandas y reivindicaciones étnicas y nacionalitarias: El Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” (OIT-169), y la Constitución Política de Colombia.

Pese a que ninguno de estos dos instrumentos explícitamente menciona al pueblo Rom, en la medida en que hacen referencias generales a los grupos étnicos, han sido útiles para darle un marco legal al proceso de visibilización y reconocimiento del pueblo Rom de Colombia. En ese sentido, los artículos constitucionales referidos a la diversidad étnica y cultural y aquellos que mencionan a genéricamente a los “grupos étnicos” son los que han soportado jurídicamente las demandas y reivindicaciones de los Rom. Por su parte el concepto de pueblo tribal contenido en el OIT-169 es el que sirvió de base para reclamar que este instrumento jurídico aplica y ampara al pueblo Rom, como quiera que es un pueblo tribal por excelencia.

Pese a que no existe en la legislación colombiana una norma jurídica que explícita y taxativamente reconozca al pueblo Rom, partiendo de la Constitución Política se han dado varios reconocimientos a su existencia y a algunos de sus derechos a través de diversos actos administrativos y de las leyes que aprobaron los Planes de Desarrollo Nacional de las administraciones de Pastrana Arango y Uribe Vélez, donde quedaron contemplados acápites específicos referidos a los Rom, aunque solo en la letra.

De otro lado, PRORROM no ha dejado de señalar que su proceso es deudor del trabajo adelantado por los pueblos indígenas a lo largo de varias décadas de lucha, resistencia y organización.

3. ¿Cuáles han sido las principales dificultades y los logros más importantes de estos procesos organizativos y reivindicatorios?

Una de las mayores dificultades que desde el pueblo Rom se ha encontrado para fortalecer su proceso organizativo, tiene relación con que en el imaginario de las instituciones gubernamentales y de muchas organizaciones étnicas la etnicidad y el “lo étnico” se sigue restringiendo exclusivamente al ámbito de lo indígena y de lo afrodescendiente. En ese contexto hay una tendencia generalizada a asimilar los grupos étnicos únicamente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, excluyendo no sólo al pueblo Rom, sino al pueblo Raizal al que, de otro lado, se insiste en enmarcar dentro del concepto de comunidades afrocolombianas.

La anterior dificultad no refleja otra cosa distinta que el desconocimiento e ignorancia que todavía las instituciones gubernamentales y la sociedad mayoritaria tienen sobre la historia, la cultura y la situación de los Rom. Ello se traduce en que PRORROM cada vez que plantea alguna reivindicación o demanda como parte de la lucha por el reconocimiento de derechos colectivos, tiene que comenzar desde explicar el origen, la historia y la cultura de los Rom, para enmarcar sus planteamientos sobre asuntos precisos.

Como se ha dicho los Rom en Colombia somos una verdadera minoría con un peso demográfico insignificante, sobre todo en las cuentas de la política electoral. El hecho de ser una minoría hace que nuestro pueblo muy poco cuente y no sea contado. En esa perspectiva, pareciera que, en ciertos sectores institucionales y de las propias organizaciones étnicas, el respeto a la diversidad étnica y cultural estuviera subordinado a la significación numérica del pueblo en cuestión o a la ocupación de un territorios estratégico.

Otra dificultad que hay que señalar reside en que el ordenamiento legal del país ha venido siendo elaborado desde la exclusiva lógica de los pueblos sedentarios, y en lo referido a los grupos étnicos, a pueblos con territorialidades definidas. La totalidad de las leyes que reconocen derechos preferenciales a los grupos étnicos, no se ajustan a la realidad nomádica e itinerante del pueblo Rom, el cual consiguientemente queda excluido.

Un ejemplo emblemático sobre el particular se observa en lo referente a la prestación de los servicios de salud, cuya prestación queda atada inexorablemente a una entidad territorial específica, lo que ha derivado en que en la práctica el derecho conquistado por PRORROM para que los Rom fueran incorporados al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, haya caído en el vacío ya que como se ha dicho algo que caracteriza a los Rom es su amplia movilidad geográfica.

En un país con una democracia todavía de ficción y de retórica, en donde para que el Estado le reconozca plena e integralmente los derechos fundamentales y le garantice mínimos vitales a los habitantes que se encuentran bajo su jurisdicción, estos tienen que movilizarse, acudir a la protesta y ejercer presión de distintas maneras, ciertamente poco le puede ofrecer a un pueblo que como el Rom, por razones culturales no sólo no tiene la capacidad de movilización sino que al no ocupar renglones destacados de la economía una eventual protesta no tendría ninguna repercusión nacional.

El proceso adelantado por PRORROM se ha realizado en los escenarios más adversos. Pese a ello se han logrado cuestiones significativas que están sentando precedentes a nivel mundial. Entre los logros se pueden enumerar, a grosso modo, los siguientes:

1. El reconocimiento por parte del Estado colombiano de que el pueblo Rom es un grupo étnico también colombiano, que habita en el país desde antes de la constitución de la República.

2. El reconocimiento por parte del Estado colombiano de que el OIT-169 es aplicable y cobija al pueblo Rom.

3. La inclusión, con nombre propio y con reconocimientos explícitos hacia el pueblo Rom, en los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo, de las administraciones Pastrana Arango y Uribe Vélez, que son leyes de la República.

4. La visibilización alcanzada por el pueblo Rom en diversos escenarios de la vida política, cultural, académica, económica del país. Antes de PRORROM, hay que decirlo, los Rom solo eran solo la parte exótica de Cien Años de Soledad.

5. El avance en la ruptura y el quiebre de los estereotipos racistas y discriminatorios que históricamente se le han achacado al pueblo Rom.

6. Dinamización de procesos e iniciativas organizativas de los Rom en varios países de América Latina y, en esa dirección, aportes a la consolidación del Consejo de Organizaciones y Kumpeniyi Rom de las Américas (SKOKRA, por sus siglas en romanés).

7. Construcción de alianzas permanentes y puntuales con organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y Raizal, para alcanzar reivindicaciones conjuntas.

8. Concientización, al interior de las kumpeniyi, sobre la importancia de los procesos organizativos para la articulación del pueblo Rom con la sociedad mayoritaria (“inclusión sin asimilación”, llaman algunos).

9. Aporte a la democratización del país, desde la irrupción en la escena nacional de un movimiento social representativo del pueblo Rom.

4. ¿Cuáles son los principales retos que se han planteado para la próxima legislatura?

El trabajo legislativo necesariamente se deberá realizar en dos escenarios. Un escenario propio, en donde se apuntaría fundamentalmente a consolidar los procesos de visibilización y organizativos del pueblo Rom de Colombia y de América Latina. Un escenario de la sociedad mayoritaria, donde se trabajaría en propuestas que vayan en la dirección de hacer una Colombia menos desigual y más equitativa, en otras palabras, en formular propuestas que le sirvan a las mayorías empobrecidas y excluidas del país.

En el primer escenario, el propio, se trabajará en la perspectiva de impulsar la elaboración y aprobación por parte del Congreso de la República de un Estatuto de Autonomía Cultural para el pueblo Rom de Colombia, que a la vez que sirva de marco regulatorio de las relaciones entre el Estado colombiano y el pueblo Rom, reconozca de manera integral sus derechos colectivos y patrimoniales consuetudinarios. En términos generales y para decirlo en pocas palabras, en el segundo escenario, el de la sociedad mayoritaria, se trabajará por legislar con el propósito fundamental de supeditar nuevamente la economía y sus procesos, a la política para, de esta manera, recuperar la soberanía nacional frente a la mundialización de la economía. Con toda seguridad la incorporación de criterios éticos al trabajo político será muy importante.

Al hacer parte de una lista nacional del Polo Democrático Alternativo (PDA) es claro que hay que legislar pensando en el país en su conjunto. Sin embargo ustedes comprenderán que esta mirada del país se hace desde un contexto cultural muy específico, el Rom, y que trabajar por las reivindicaciones de mi pueblo es un compromiso ético inaplazable.

Deben comprender, entonces, que la mirada sobre los problemas del país que tiene una mujer Rom, no puede ser la misma mirada que sobre el país tiene una persona de la sociedad mayoritaria. Hay una impronta especial en esta mirada que es lo que hay que valorar y rescatar. Si los Rom miramos al país de una manera diferente, así mismo podrán ser las alternativas de solución que desde nuestro pueblo se puedan proponer.

Pero para que esa mirada sobre el país que tienen los Rom pueda perdurar se hace necesario que los Rom sigamos existiendo como Rom. De ahí el compromiso de trabajar por mi pueblo desde el Senado de la República.

Finalmente, la inclusión de un Rom en la lista del PDA no es una cuestión gratuita o fruto del azar. Desde que PRORROM consideró la participación política como una estrategia etnopolítica de visibilización, siempre pensó que debía hacerse desde movimientos o partidos alternativos, progresistas, pluralistas, populares y críticos al establecimiento, que recogieran el inconformismo de las mayorías excluidas del país.

Consecuente con lo anterior los Rom que hacen parte de PRORROM optaron por apoyar la candidatura de Carlos Gaviria Díaz a la Presidencia de la República, por cuanto es bien sabido que él es un hombre inteligente, honesto, íntegro y de palabra; comprometido con profundas transformaciones sociales del país; una persona con mucha credibilidad por cuanto desde su cargo de magistrado de la Corte Constitucional contribuyó, a través de sentencias que son referentes para toda América Latina, a profundizar el respeto y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia, de la cual los Rom se han visto beneficiados.

Bogotá, D.C., a 2 de febrero de 2006