América Latina, como parte del llamado mundo en desarrollo, es un continente que en los últimos años ha cambiado en la geografía política y social, dando importantes pasos en el proceso de democratización de sus sociedades; jugando un papel protagónico en el cambio de rumbo y contenido del debate por un orden internacional justo y en paz.

Colombia ha entrado en la quinta década de un conflicto armado interno, que incide seriamente en el proceso de integración Latinoamericana. Se trata de una de las confrontaciones armadas más antiguas del mundo. “Sólo tres conflictos le disputan a Colombia el triste récord de la longevidad: La confrontación por el Cachemira entre la India y Pakistán (1947), la guerra entre Israel y Palestina (1948) y la guerra de secesión en Birmania (1960).”

Es considerada como una de las democracias, al menos desde el punto de vista formal, más antiguas y más estables de América Latina. Si bien Colombia no ha tenido dictaduras militares, el país ha vivido en los últimos 40 años casi de forma in-interrumpida bajo estado de sitio. Las violaciones a los derechos humanos cometidas superan con creces las cometidas por las juntas militares del Cono Sur. Aunque las comparaciones son siempre odiosas, basta tener presente un sólo dato: cada año en Colombia son asesinados por las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior a las personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años de dictadura del General Augusto Pinochet.

Durante las cuatro últimas décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como por paramilitares y grupos armados guerrilleros. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

A partir de los años ochenta, el narcotráfico aparece en el conflicto, entra en una alianza con importantes sectores del estado, genera el narco-paramilitarismo y termina por financiar los distintos actores armados presentes en una guerra sin cuartel por el control del territorio, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.

Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez (2002), el Gobierno colombiano ha diseñado, en nombre de la lucha antiterrorista, una nueva política de seguridad conocida como política de “seguridad democrática”. El desconocimiento del conflicto y la caracterización de éste como guerra contra el terrorismo hecha por su administración y patrocinada por EEUU y su guerra global, ha tenido hondas y graves consecuencias, especialmente en materia de respeto de principios básicos del derecho internacional humanitario, de protección de la población civil, de observancia de las normas internacionales de derechos humanos y el quiebre definitivo del estado social de derecho.

Recientes trabajos de investigación y durante el debate adelantado por el Senador Gustavo Petro y otros parlamentarios de la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de la República, conocido como la para-política, demostraron claramente la alianza entre el narcotráfico, los paramilitares y la política, institucionalizada en el gobierno del presidente Uribe Vélez con la colaboración directa del gobierno de los Estados Unidos y las multinacionales norteamericanas.

El gobierno norteamericano ha impulsado con el colombiano el Plan Colombia. Este ha servido para fortalecer los paramilitares, reducir los derechos civiles, atacar a la población campesina despojándola de sus tierrras y concentrar aún más la propiedad rural. Se calcula que se le han arrebatado a la gente entre dos y medio y siete millones de hectáreas segun la intervenciòn del Senador Jorge Robledo.

De los dineros dados por Washington para la supuesta lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, cerca de la mitad la han recibido contratistas privados. En el 2006 el Departamento de Estado Norteamericano gastó alrededor de US $ 300 millones en contratistas privados, del total de US $ 630 millones en ayuda militar a Colombia, país que recibe más ayuda militar en el mundo después del Medio Oriente y Afganistán. En el 2002 los contratistas privados recibieron alrededor de US $ 150 millones de los $400 destinados a las fuerzas armadas colombianas .

El gran debate que se está desarrollando en Colombia y se debe desarrollar en el exterior es si las responsabilidad ante estos crimenes y ante los tratados con los paras, deben ser solo jurídicas o tambien políticas.Uribe y el mismo Bush en su última visita, insisten en que solo hay responsabilidades judiciales y que responden los individuos y no el gobierno ni las organizaciones políticas.

En febrero de este año la canciller María Consuelo Araújo tuvo que renunciar al quedar demostrados los vínculos de su familia con el paramilitarismo; el jefe de la policía secreta (DAS) y ex cónsul en Milán, Jorge Noguera, fue llamado a investigación; 13 parlamentarios de la coalición de gobierno están en la cárcel, 40 más están igualmente comprometidos con estos grupos; más de 160 personas entre funcionarios de la administración y políticos están comprometidos en su alianza con los paramilitares; el ex fiscal, penultimo embajador en Italia y hoy embajador en México, Luis Camilo Osorio, está llamado a investigación.

Durante los años de conflicto se generó un horror desde el Estado y hoy Colombia vive una de las peores crisis humanitarias del planeta, que no puede pasar desapercibida por la comunidad internacional.

Los más de 40 años de conflicto armado en Colombia han arrojado un impresionante volumen de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El número de víctimas es inmenso. En 1994, Amnistía Internacional consideraba que "desde 1986 [hasta finales de 1993], 20.000 personas perdieron la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares aliados a ellas". Entre 1988 y 1997 se registraba un promedio diario de 10 víctimas de la violencia sociopolítica. Este promedio aumentó a 12 víctimas entre 1998 y 1999. Para el año 2000, se pasó a un promedio diario de 20 víctimas .

Según la Comisión Colombiana de Juristas, en 2003 6.335 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica .

La misma Comisión en el reciente informe “Derecho a la Vida”: Ejecuciones extrajudiciales, homicidios sociopolíticos y desapariciones forzadas, dice que entre julio de 1996 y junio de 2006 hubo 31.656 víctimas. De los casos esclarecidos responsabiliza del 15,12% a agentes del estado, del 45,63% a los paramilitares y del 13,55% a las guerrillas que correponde a un 74.30% del total de las victimas.

Según la misma Comisión, las infracciones al derecho humanitario que vulneran el derecho a la vida cometidas por los grupos guerrilleros se mantienen en un nivel preocupantemente alto. Entre julio de 2002 y junio de 2006 las guerrillas asesinaron o desaparecieron a 397 personas en promedio cada año, por fuera de combate. Durante los seis años precedentes (julio de 1996 a junio de 2002), el promedio fue de 449 víctimas cada año .

Del total de la poblaciòn de combatientes desmobilizados en los procesos de paz entre los años 1990 y 2005, 790 han sido asesinados que corresponde a màs del 10% del total, 57 estan desaparecidos y 176 han sido desplazados de las tierras que les fueron entregadas durante el proceso de reinserciòn .

Colombia es el país con el mayor número de sindicalistas asesinados. Según la United Steelworkers americana (USW) desde 1996 han sido asesinados más de 4000 sindicalistas. Desde la posesión de Alvaro Uribe más de 400 han sido asesinados. Diversas multinacionales americanas han sido implicadas en la contratación de paramilitares para ejecutar o amedrentar sindicalistas. Hace poco la Chiquita se declaró culpable ante una corte federal de entregar dineros a los paramilitares. Esta misma empresa primero financió la guerrilla y luego a los paramilitares y participó en un contrabando de 3700 ametralladoras y 4 millones de proyectiles La Drummond y la Coca Cola también han sido acusadas por su colaboración con los paramilitares y el asesinato de sindicalistas.

El número de secuestros en nuestro territorio supera a cualquier otro en el mundo. Según el periòdico colombiano “El Tiempo” en su ediciòn del ùltimo 30 de junio, 24000 colombianos han sido secuestrados en la ùltima década y de estos 1269 han muerto en mano a sus captores. Los tres grupos principales responsables fueron en su òrden la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común y se calcula que estos grupos han obtenido mas de dos mil millones de dòlares en pagos de rescates. Segùn el mismo, el secuestro pone a Colombia en el desagradable primer puesto de las cifras de este fenòmeno, hoy hay 3143 colombiano secuestrados y Colombia es el paìs con el mayor numero de niños secuestrados, 2700 en diez años.

Si bien el 26 de mayo 2006 “El Nuevo Digital de Buenos Aires” público que las FARC tenían mas de 3000 secuestrados, “El Tiempo” afirma que el nùmero es de 6772 de 1996 a hoy, cifra que convierte a las FARC en responsable del 29% del total de secuestros ocurridos en Colombia, le siguen el ELN con 5389, la delincuencia comùn con 3775 y los grupos paramilitares con 1163. Lamentablemente en 5105 casos no se conoce el autor del delito.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha manifestado en reiteradas oportunidades su profunda preocupación por la vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados al margen de la ley. En el 2003 esta Organización de las Naciones Unidas estimaba en siete mil los menores reclutados por los grupos irregulares. Human Rights Watch calcula que más de 11.000 niños combaten en el conflicto armado de Colombia, una de las cifras más altas del mundo, de acuerdo a declaraciones de José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas en febrero de 2005.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la ACNUR afirmó que Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo, por encima de Irak, Líbano, Sri Lanka, Timor Oriental y Sudán. En su informe indicó que existen tres millones de colombianos que han sido obligados a dejar sus hogares a causa del conflicto armado.

Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta, producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno. No sin antes tener en cuenta que el 10% de la población colombiana es emigrante.

La oposición en Colombia ha sido eliminada sistemáticamente. En el reciente pasado el partido político de izquierda Unión Patriótica (UP) fue exterminado; constituido legalmente fue diezmado desde el final de los años 80 y a lo largo de la década de los 90. La UP sufrió el asesinato de más de 3.000 de sus militantes, un verdadero “genocidio político” reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Polo Democrático Alternativo, como partido de oposición al actual gobierno y segunda fuerza política del país, ha estado estigmatizado por el propio presidente Uribe cuando ha señalado que sus afiliados y dirigentes son “terroristas de civil”. La sobrevivencia de la oposición es fundamental para encontrar una solución política al conflicto y construir la democracia en nuestro país.

El conflicto interno colombiano dejó de ser un problema nacional para traspasar las fronteras. Por ésto es importante entender que sólo con la participación de la comunidad internacional será posible dar pasos concretos en la superación a la grave situación de los derechos Humanos, en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en el intercambio humanitario y en la búsqueda de una solución política al conflicto armado interno que desangra el paìs.

Saludamos entonces la participación del Gobierno italiano como observador en el proceso de negociación con el ELN. En su interés por dar pasos en la participación como parte de los países facilitadores de un acuerdo humanitario y en el trabajo en la comunidad internacional por una solución política al conflicto interno de Colombia.

Llamamos al Gobierno Italiano y a la Comunidad internacional, tanto en el marco de la cooperación multilateral como bilateral, a:

 . Abstenerse de apoyar medidas que socaven el estado de derecho, conlleven un desconocimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional y/o promuevan la impunidad;

 . Insistir enérgicamente en el cumplimiento por parte del Estado colombiano de las numerosas recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por órganos y mecanismos internacionales de protección internacional de los derechos humanos;

 . Asegurar que toda estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad, garanticen el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos y a que cumplan efectivamente con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos;

 . Tomar todas las medidas necesarias para que, en caso de que el Gobierno colombiano fallara a su deber de investigar, juzgar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los presuntos autores sean procesados por la Corte Penal Internacional;

 . A los grupos guerrilleros exigirles el respeto a las normas del derecho internacional humanitario. En particular, a que inmediatamente prohíban el secuestro de civiles, así como el maltrato, la arbitrariedad, la prolongación injustificada y el no cumplimiento de los preceptos exigidos del Derecho Internacional Humanitario para con los cautivos en las hostilidades, así como abstenerse de reclutar menores de edad y de recurrir a armas y métodos de guerra prohibidos por el derecho internacional humanitario;

 . A desarrollar un seguimiento y veeduría internacional en las próximas elecciones regionales del mes de octubre y a la solidaridad contra las amenazas e intimidación de que son objeto nuestros dirigentes y sus familias.

I DIRITTI UMANI IN COLOMBIA

L’America Latina, come parte del cosiddetto”mondo in via di sviluppo” è un continente che negli ultimi anni è cambiato nella geografia politica e sociale, facendo passi importanti nel processo di democratizzazione delle sue società; giocando un ruolo da protagonista nel cambio di direzione e contenuto del dibattito per un ordine internazionale giusto e pacifico.

La Colombia è entrata nella quinta decade di un conflitto armato interno, che incide seriamente nel processo d’integrazione latinoamericana. Si tratta di uno dei confronti armati più antichi del mondo. “Soltanto altri tre conflitti competono con la Colombia per questo triste primato di longevità: Il confronto per il Cashmir fra l’India ed il Pakistan (1947), la guerra fra l’Israele e la Palestina (1948) e la guerra di secessione in Birmania (1960)”.

Dal punto di vista formale la Colombia è considerata come una delle democrazie più stabili ed antiche di tutta l’America Latina. Ma, se è vero che la Colombia non ha avuto dittature militari, il paese ha vissuto negli ultimi 40 anni una forma quasi ininterrotta di “stato di emergenza”. Le violazioni ai diritti umani superanno di gran lunga quelle perpetrate dalle giunte militari del Cono Sud. Anche se è vero che fare confronti su questi temi è cosa detestabile, bisogna tuttavia tener presente una cosa: ogni anno in Colombia sono assassinati dalle Forze Armate e dai gruppi paramilitari un ammontare di persone molto superiore a quello di coloro che subirono uccisioni extragiudiziarie nel Cile durante i 17 anni della dittatura del Generale Augusto Pinochet.

Nelle ultime quattro decadi la Colombia è stata scenario di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Queste violazioni sono state perpetrate da membri delle forze armate e della sicurezza dello stato, così come da paramilitari e gruppi guerriglieri. L’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha qualificato queste violazioni come crimini di lesa umanità e crimini di guerra.

A partire dagli anni ottanta, il narcotraffico compare nel conflitto ed entra in una alleanza con importanti settori dello Stato, genera il narco-paramilitarismo e finisce per finanziare i diversi attori armati presenti in una guerra senza tregua per il controllo del territorio, lasciando la popolazione civile in mezzo al fuoco incrociato.

Dal 2002, anno della ascesa al potere di Álvaro Uribe Vélez, il Governo colombiano ha disegnato, nel nome della lotta contro il terrorismo, una nuova politica di sicurezza conosciuta come “politica di sicurezza democratica”. L’ignoranza del conflitto, la sua caratterizzazione come guerra contro il terrorismo della sua amministrazione e patrocinata dagli Stati Uniti con la loro guerra globale contro il terrorismo internazionale, hanno avuto profonde e gravi conseguenze specialmente per quanto riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, la protezione della popolazione civile, l’osservanza delle norme internazionali dei diritti umani e la rottura definitiva dello stato sociale di diritto.

Recenti lavori di ricerca ed il dibattito politico generato dall’Onorevole Gustavo Petro e altri parlamentari del Polo Democratico Alternativo nel Congresso della Repubblica e conosciuto universalmente come lo scandalo della Para-Politica hanno dimostrato chiaramente le alleanze fra narcotraffico, gruppi paramilitari di estrema destra e politica, in collusione con il governo del Presidente Uribe Velez e con la collaborazione diretta del governo e delle multinazionali degli Stati Uniti.

Il governo Busch insieme a quello della Colombia hanno patrocinato e finanziato il cosiddetto Plan Colombia (Piano Colombia) che è servito soltanto a rafforzare i gruppi paramilitari, ridurre i diritti civili, attaccare la popolazione contadina togliendole la terra e concentrare cosi ancora di più la proprietà rurale. Si calcola che siano state tolti ai contadini tra i due milioni e mezzo e i sette milioni di ettari, secondo l’intervento dell’Onorevole Jorge Robledo nel marco del dibattito nel Congresso.

Dei soldi dati da Washington come aiuto per la cosiddetta lotta contro il narcotraffico e la guerrilla, circa la metà viene percepita da appaltatori privati. Nel 2006 il Dipartimento di Stato Nordamericano ha speso all’incirca 300 milioni di dollari in appaltatori privati sul totale di 630 milioni di dollari stanziati come aiuti militari per la Colombia; è importante mettere in risalto che la Colombia è il paese che riceve al mondo più aiuti militari dopo il Medio oriente e l’Afganistan. Nel 2002 gli appaltatori privati hanno ricevuto circa 150 dei 400 milioni destinati alle forze armate colombiane .

L’ampio dibattito che si sta sviluppando in Colombia, e che vogliamo si sviluppi anche all’estero, è se la responsabilità di questi crimini e la gravità delle alleanze con i gruppi paramilitari di estrema destra siano soltanto giuridiche o anche politiche. Il presidente Uribe e lo stesso Bush nella sua ultima visita nel nostro paese hanno insistito nel dire che le responsabilità sono soltanto giuridiche e penali e che devono rispondere soltanto gli individui e non il governo o le organizzazioni politiche.

Nel febbraio di quest’anno la Ministra per gli affari esteri, Maria Consuelo Araujo ha dovuto dimettersi dal momento che sono stati dimostrati i vincoli della sua famiglia con il paramilitarismo; il capo del DAS, la nostra polizia segreta, ed ex console a Milano Jorge Noguera è stato messo sotto indagine penale, 13 parlamentari della coalizione di governo sono stati incarcerati, altri 40 sono ugualmente coinvolti con questi gruppi, oltre 160 persone fra funzionari dell’amministrazione e politici sono anche coinvolti; inoltre, l’ex fiscal general della nazione, penultimo ambasciatore in Italia ed oggi ambasciatore in Mexico, Luis Camilo Osorio, è sotto indagine giudiziaria anch’egli.

In questi lunghi anni di conflitto, lo Stato ha generato qualcosa di orribile ed oggi la Colombia vive una delle peggiori crisi umanitarie del pianeta, che non può passare inosservata nella comunità internazionale.

Più di 40 anni di conflitto armato in Colombia hanno lasciato un volume impressionante di violazioni ai diritti umani e al diritto internazionale umanitario. Il numero delle vittime è immenso. Nel 1994, Amnisty International affermava che”… dal 1986 e fino alla fine del 1993, 20.000 persone hanno perso la vita per motivi politici, la maggioranza di queste nelle mani delle forze armate e dei gruppi paramilitari alleati a loro”. Fra il 1988 ed il 1997 si è registrata una media di 10 vittime al giorno causate da violenza sociopolitica. Questa media è aumentata a 12 vittime fra il 1998 ed il 1999 e nell’anno 2000 si è raggiunta la cifra media di 20 vittime .

Secondo la Commissione Colombiana dei Giuristi, nel 2003, 6.335 persone hanno perso la vita a causa della violenza sociopolitica .

La stessa Commissione nel recente rapporto “Diritto alla vita: esecuzioni extragiudiziarie, omicidi sociopolitici e sparizioni forzate”, dice che fra il luglio del 1996 ed il giugno del 2006 ci sono state 31.656 vittime. Nei casi chiariti, attribuisce la responsabilità per il 15,12% dei casi ad agenti dello stato, per il 45,63% ai paramilitari e per il 13,55% dei casi alle guerriglie, il che corrisponde ad un 74,30% del totale.

Sempre secondo la stessa istituzione, le violazioni del diritto umanitario che colpiscono il diritto inalienabile alla vita perpetrate da gruppi guerriglieri mantengono un livello preoccupantemente elevato. Fra il luglio del 2002 ed il giugno del 2006 le guerrille assassinarono o fecero scomparire al di fuori dei combattimenti una media di 397 persone annualmente; nei sei anni precedenti cioè fra il luglio del 1996 ed il giugno del 2002 la media fu di 449 vittime l’anno .

Dal totale della popolazione di combattenti smobilitati nei processi di pace fra gli anni 1990 e 2005, sono stati assassinati 790 che corrisponde a più del 10% del totale, 57 sono scomparsi e 176 sono rifugiati essendo costretti a lasciare la terra loro concessa nei programmi di reinserimento alla vita civile .

La Colombia è il paese con il più alto numero di sindacalisti assassinati. Secondo la United Steelworkers (USW) degli Stati Uniti dal 1996 sono stati uccisi più di 4.000 sindacalisti. Più di 400 assassinati dal giorno del insediamento di Uribe Velez. Tante multinazionali americane hanno posto sotto contratto i paramilitari per uccidere o spaventare i sindacalisti. Poco tempo fa la multinazionale della frutta Chiquita si è dichiarata colpevole di fronte ad una corte federale americana di consegnare soldi ai paramilitari. Questa stessa azienda prima ha finanziato la guerrilla, poi i paramilitari; inoltre ha partecipato ad attività di contrabbando di 3.700 mitragliatrici e 4 milioni di proiettili. Anche la Drummond e la Coca Cola sono state messe sotto accusa per la loro collusio con i paramilitari e per l’assassinio di sindacalisti.

Il numero di sequestri nel nostro territorio supera di gran lunga qualsiasi altro nel mondo. Secondo il giornale colombiano “El Tiempo” nella sua edizione del 30 giugno ultimo scorso 24.000 colombiani sono stati sequestrati nell’ultima decade di cui ben 1.269 sono morti nelle mani dei suoi rapitori. I principali responsabili erano nell’ordine, la guerrilla, i paramilitari e la delinquenza comune e si calcola che questi gruppi hanno ottenuto più di 2 miliardi di dollari per il pago di riscatti. Sempre secondo “El Tiempo” il sequestro mette alla Colombia al non gradito primo posto delle cifre che li riguardano, oggi ci sono 3.143 colombiani sequestrati ed è la Colombia il paese con il maggiore numero di bambini sequestrati, ben 2.700 in dieci anni.

Anche se il 26 maggio dello scorso anno “El Nuevo Digital” de Buenos Aires ha pubblicato un pezzo dove affermava che le FARC avevano in loro potere più di 3.000 sequestrati, “El Tiempo” afferma che il numero è di 6.772 dal 1996 ad oggi, cifra che fa diventare le FARC responsabile del 29% del totale dei sequestri avvenuti nel paese; poco più in dietro le seguono l’ELN con 5.389, la delinquenza comune con 3.775 ed i gruppi paramilitari di destra con 1.163. Purtroppo però in 5.105casi non si conosce l’autore del sequestro.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanza, UNICEF, ha manifestato in reiterate occasioni la sua profonda preoccupazione per l’inserimento di bambine, bambini ed adolescenti nei gruppi armati al di fuori dalla legge. Nel 2003 questa organizzazione delle Nazioni Unite stimava in sette mila il numero di minori reclutati per i gruppi irregolari. Secondo dichiarazioni di José Miguel Vivanco Direttore Esecutivo della Divisione per le Americhe nel febbraio del 2005, la Human Rights Watch calcola che più di 11.000 bambini combattono nel conflitto armato della Colombia una delle cifre più alte al mondo.

Durante la giornata mondiale del rifugiato, la ACNUR ha dichiarato che la Colombia è il paese con il maggiore numero di rifugiati nel mondo, persino più dell’Irak, del Libano, dello Sri Lanka, di Timor Est e del Sudan. Nel suo rapporto ha indicato che ci sono tre milioni di colombiani che sono stati obbligati a lasciare la propria casa a causa del conflitto armato.

Secondo dati dell’Ufficio per i Diritti Umani e i Profughi (CODHES) 3.662.842 di persone sono state obbligati ad abbandonare la loro dimora a causa della violenza. Questa cifra risale al 25 ottobre 2005 ma è una cifra cha aumenta giorno dopo giorno sempre a causa della violenza politica associata al conflitto armato interno. È importante però mettere in conto che il 10% della popolazione colombiana è emigrata.

L’opposizione colombiana è stata eliminata sistematicamente, nel passato recente il partito politico di sinistra Unione Patriottica (UP) è stato sterminato; costituito legalmente, ha iniziato a subire omicidi di suoi militanti dalla fine degli anni ottanta e per tutta la decade degli anni 90. Più di 3000 dei suoi membri furono assassinati, un vero “Genocidio Politico” riconosciuto dalla Commissione Interamericana di Diritti Umani della Organizzazione degli Stati Americani (OEA).

Il Polo Democratico Alternativo, come partito di opposizione all’attuale governo e seconda forza politica del paese, ha già cominciato a subire pressioni e omicidi dei suoi membri. Il Presidente Uribe ci ha stigmatizzato dicendo che gli affiliati e i dirigenti del Polo sono “terroristi in abito civile”. La sopravvivenza della opposizione è fondamentale per trovare una soluzione politica al conflitto e costruire una vera democrazia nel nostro paese.

Il conflitto interno colombiano ha perciò cessato di essere un problema nazionale per oltrepassare i confini. Per questo è importante capire che soltanto con la partecipazione della comunità internazionale sarà possibile fare passi concreti per il superamento della grave situazione dei diritti umani, per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario, per lo “scambio umanitario” e per la ricerca di una soluzione politica al conflitto armato che dissangua il paese.

Salutiamo, quindi, la partecipazione del Governo Italiano come osservatore nel processo di negoziazione con l’ELN, il suo interesse a partecipare in qualità di uno dei “paesi facilitatori” ad un accordo umanitario, così come il suo lavoro nella comunità internazionale per una soluzione politica del conflitto interno della Colombia.

Chiediamo al Governo italiano e alla comunità internazionale nel quadro di una cooperazione sia unilaterale che bilaterale di :

 . Astenersi dall’appoggiare misure che vadano a discapito dello stato di diritto, comportino l’ignorare di obblighi imposti dal diritto internazionale e/o ne promuovano l’impunità;

 . Insistere energicamente nel compimento da parte dello Stato colombiano delle numerose raccomandazioni in materia di diritti umani formulate dagli organi e meccanismi internazionali di protezione dei diritti umani;

 . Assicurare che ogni strategia di cooperazione sia condizionata a che le autorità colombiane prendano misure effettive contro l’impunità, garantiscano lo stato di diritto e la vigenza dei diritti umani e che effettivamente pongano in essere le raccomandazioni internazionali in materia di diritti umani;

 . Prendere tutte le misure necessarie perché, nel caso in cui il governo colombiano fallisse nel suo dovere di investigare, giudicare e punire i responsabili di crimini di lesa umanità e crimini di guerra, i presunti autori siano processati dalla Corte Penale Internazionale;

 . Esigere che i gruppi guerriglieri rispettino le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare proibiscano immediatamente il sequestro di civili, così come il maltrattamento l’arbitrio, il prolungamento ingiustificato ed il no porre in opera i precetti previsti dal Diritto Internazionale Umanitario per le persone catturate in regime di “guerra” , così come si astengano dal reclutare minori e dal ricorrere ad armi e metodi di guerra proibiti nel Diritto Internazionale Umanitario;

 . Sviluppare un meccanismo di controllo e osservazione internazionale nelle prossime elezioni regionali del mese di ottobre e a dare concreta solidarietà ai nostri dirigenti e alle loro famiglie che sono oggetto di minacce o di pressioni