En el fracasado periplo del presidente Uribe Vélez por Washington, en aras de obtener el beneplácito del Congreso de Estados Unidos para el TLC o en su defecto para la extensión de las preferencias arancelarias consignadas en la norma comercial ATPDEA, principalmente con el propósito de granjearse el respaldo de la nueva mayoría demócrata, se puso como tema central el capítulo laboral del Tratado.

El interés del Partido Demócrata en este tema radica en la preocupación que hoy predomina en la sociedad estadounidense en torno a la estabilidad en el empleo, causada por el desplazamiento de puestos de trabajo de la metrópoli a la periferia, dentro de la estrategia de las grandes corporaciones de contratar en los “paraísos” de mano de obra barata las operaciones que requieren su uso intensivo y que puedan realizarse en niveles de media o baja calificación. Esa inquietud generalizada está fundada además en los estrechos lazos del partido “del burro” con las uniones de trabajadores, unos de sus mayores contribuyentes económica y políticamente, así como en el bajo nivel que hoy tiene el salario mínimo como forma de chantaje de la demanda laboral para frenar las aspiraciones al alza de quienes ofrecen su fuerza de trabajo en Estados Unidos.

El mecanismo, al cual han pensado recurrir los demócratas para que los TLC no sirvan para catapultar trabajo del Norte al Sur, es “endurecer” el cumplimiento de las normas laborales externas a fin de que mediante la excesiva “flexibilización” no se desmanden las empresas que hoy ven crecer sus balances con base en la plusvalía absoluta en América Latina, Asia y África. Exigir la prohibición del trabajo infantil, establecer barreras no arancelarias para las firmas que no permitan la organización sindical o imponer sanciones a los países donde, como en Colombia, según lo expresado por el senador Jorge Robledo, es más fácil formar un grupo armado que un sindicato.

Ante estas posturas, el presidente Uribe se rasgó las vestiduras en pleno Capitol Hill para aseverar que ahora en Colombia se goza de plenas garantías y derechos laborales y, para ratificarlo, exhibe con orgullo el célebre acuerdo tripartito entre gobierno, centrales obreras y empresarios por el cual se firma una suerte de “borrón y cuenta nueva” sobre la sangre derramada de miles de sindicalistas asesinados, varios de ellos en acciones concertadas entre organismos estatales y grupos irregulares. Surge ahora evidencia que tal acuerdo se “fabricó” para mostrarlo en momentos definitorios como estos.

En tanto Uribe hace su histriónico acto, neoliberales afines al uribismo como Rudolf Hommes, Armando Montenegro y Carlos Caballero razonan sobre la necesidad de limitar el alza del salario mínimo o incluso de dejarlo como un referente para la contratación. Una iniciativa similar, tendiente a fomentar contratos especiales por debajo del mínimo para mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, está recomendada en un estudio conjunto entre el Banco Mundial y el gobierno sobre el mercado laboral colombiano. A esto debe agregarse la sentencia del ministro Carrasquilla alrededor de la “pérdida de competitividad” en el TLC como consecuencia de las alzas generosas de los salarios.

Desempleo en el Norte y sobreexplotación en el Sur es la ley laboral de la globalización, así lo avizoró Francisco Mosquera hace más de una década. Ella no se esfuma con los farsantes discursos de Uribe en sus viajes al Imperio y tampoco podrán hacerlo las “buenas intenciones” de los demócratas de ahora. Sin mayores cantidades de plusvalía no se podrán financiar las maniobras financieras que hoy dominan la actual organización social. Además de todo, ellas se aseguran impidiendo la libre movilidad de la masa trabajadora más envilecida, que no podrá buscar mejores remuneraciones allende sus fronteras nacionales como sí lo hacen en los TLC las mercancías y los capitales. Para evitarlo hasta se erigen muros que se levantan con el aval de demócratas y republicanos.