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Aurelio Suarez Montoya

Columna de opinión
Los economistas y el TLC
Por Aurelio Suárez Montoya / Tomado de La Tarde
Martes 19 de septiembre de 2006

Pereira-. Se ha presentado la evaluación de la negociación agrícola en el TLC, elaborada por Luis Jorge Garay, Fernando Barberi e Iván Cardona. Es un documento producido por el equipo que inicialmente hizo los estudios para recomendar al ministerio de Agricultura las líneas generales que guiarían la negociación de este capítulo y, por tanto, goza de autoridad para dicho examen. La evaluación pasa por la revisión de lo logrado en el acceso real de los productos colombianos al mercado norteamericano, incluyendo lo que quedó establecido en materia de requisitos sanitarios y fitosanitarios. Al respecto asevera sin ambages que “a pesar de la opinión expresada por el gobierno y los gremios, conviene señalar que de la lectura del texto no parecen derivarse obligaciones concretas para las partes que garanticen que a la luz de los puntos incluidos, puedan solucionarse los problemas de índole sanitaria y fitosanitaria de Colombia y abrirse así oportunidades de exportación para varios productos colombianos, tales como los cárnicos, las frutas y las hortalizas. En buena parte lo que se desprende del texto del compromiso son manifestaciones de intención”.

Al valorar los mecanismos que Colombia consiguió para proteger a los llamados “productos sensibles” de instrumentos utilizados por Estados Unidos para exportar excedentes a precios por debajo del costo de producción, principalmente las “salvaguardias”, los autores dicen: “En síntesis, puede afirmarse que las medidas de salvaguardia incorporadas en el Acuerdo negociado con los Estados Unidos se alejaron de los objetivos fundamentales que tenía Colombia, a saber: salvaguardia de precios y vigencia de la misma durante la permanencia del Acuerdo o hasta el desmonte de las ayudas internas estadounidenses para los productos más sensibles”. Y advierte que no se logró “un mecanismo sustituto que permitiera a los productos sensibles protegerse de las ayudas internas estadounidenses”.

De lo anterior, a la luz del estudio, se hace un balance entre lo que se consiguió en la negociación en términos de intereses ofensivos y defensivos, el balance entre lo cedido y lo obtenido de manera real e inmediata, partiendo del valor del comercio según los precios promedio 2001-2004. La suma a favor de Colombia se calcula en 776 millones de dólares, apenas un 10,3% más de lo que ya exportamos, y a favor de Estados Unidos se afora en 865 millones, 29% más que lo hoy se importa desde ese país. Para reiterar esa desigualdad en la negociación, Garay, Barberi y Cardona, recopilaron los puntajes a favor y en contra de nuestro país en la matriz que el gobierno colombiano adoptó como norma primera para la conducción del negocio con base en calificaciones preestablecidas acorde con la importancia de cada tema. El resultado, que solamente se hubiera podido compensar con verdadero acceso real y debida protección, arroja 5.200 puntos a favor de Estados Unidos y tan sólo 1.850 para Colombia. Se ratifica lo que llaman “asimetría” contra el interés nacional.

Lo peor es la comparación del TLC con el CAFTA (el acuerdo de Centroamérica con USA) vista por el comercio, valorado según los precios promedio de los bienes agropecuarios entre 2001-2003, que de forma inmediata logró Centroamérica en Estados Unidos y viceversa. El acceso para los centroamericanos vale 1.100 millones de dólares, 252 más que lo conquistado por Colombia, y lo que cedieron los centroamericanos a la superpotencia para exportaciones reales fue de 848 millones, 17 menos que Colombia. Los cálculos de Garay y sus compañeros dejan por el suelo la capacidad negociadora del equipo colombiano y derrumban la teoría del trato de “buen amigo” que el gobierno esgrimió como argumento central para justificar el TLC, que puede calificarse como de los peores. Centroamérica ganó más y toleró menos.

El impacto del TLC en el agro, contemplado por Garay, Barberi y Cardona en el largo plazo, contabilizando pérdidas y beneficios en producción, empleo, consumo y fiscales, aparte de tender sombras sobre los efectos en sectores como palma y pollo, se estima en 1.335 millones de dólares anuales. Esto, que no difiere de lo previsto por algunos estudios, se suma a lo expuesto por economistas que ya han anotado los enormes perjuicios del Tratado sobre Colombia, como Umaña Mendoza, Sarmiento, Helena Villamizar y Cabrera, entre los más sobresalientes. Con las “cuentas claras” puede verse que quienes ofician como defensores del TLC no pueden hacerlo, en el mejor de los casos, sino por motivos “ideológicos”, de libro, precisamente del tipo que falsamente se imputa a los opositores, las cifras definitivamente no les cuadraron.


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