Hace un par de días las grandes empresas de transporte urbano se reunieron con el contralor y otras autoridades distritales y se comprometieron a devolver los recursos de la chatarrización, pero a condición de que el pasaje subiera a $ 1.400,oo, y hoy el alcalde mayor autorizó un aumento de $ 100 en el mismo. El Concejal del Polo Carlos Vicente de Roux afirmó que es una coincidencia desafortunada, porque conduce a financiarle a los transportadores la devolución de unos recursos que han retenido ilícitamente. “Los pasajeros terminarán pagando no una, lo cual ya es injusto, sino dos veces la chatarrización”, precisó.
La fórmula tarifaria definida por el Ministerio del Transporte consiste en sumar todos los costos de la flota que existe en la ciudad y dividirla por el número de pasajeros. Mientras más grande la flota, aunque se la emplee por debajo de su capacidad, mayor el pasaje. Frente a eso, el papel del alcalde consiste en irle dando visto bueno a esos ajustes al alza, es decir, en regular el ritmo al cual se incrementa la tarifa, y hoy ha cedido a un nuevo empuje de la presión transportadora.
Frente a eso, de Roux señaló que la situación de Bogotá se parece a la de una empresa que tiene una flota de transporte sobredimensionada para movilizar a su personal. Año tras año se plantea la necesidad de aumentar el presupuesto asignado a transporte, porque sube el precio del combustible, los lubricantes, los repuestos y los salarios de los choferes, pero antes que seguirle el ritmo a esos incrementos de costos, la empresa debería pensar en eliminar la parte sobrante de su parque automotor. Esa porción sobrante es de 7.000 buses en la capital de la república.
A diferencia de las grandes empresas transportadoras, que ganan por cada bus que se pone en circulación, sin incurrir en costos (cobran el “cupo” de entrada y un “rodamiento” mensual) los pequeños propietarios de buses están en una situación muy difícil. Son los primeros en sentir el impacto de la elevación de los costos de los insumos y tienen que competir arduamente por una misma masa de pasajeros en las congestionadas calles de la ciudad. Sin embargo la mejor forma de ayudarlos no es subir las tarifas para que sigan sobreviviendo, sino beneficiarlos con planes de reconversión y salvamento económico. A tal fin se les deben pagar generosamente los buses por chatarrizar, convertirlos en socios de las empresas operadoras de la fase lll de Transmilenio y concederles créditos subsidiados para emprender nuevas actividades.
El concejal del Polo también consideró injustificada la elevación del pasaje de Transmilenio. “Hay muchos indicios de que las empresas operadoras de las troncales, las propietarias de los articulados, están obteniendo utilidades superiores a lo razonable”, sostuvo. Y explicó que la licitación inicial de las troncales fue muy generosa con esos empresarios, les reconoció costos superiores a los reales y aceptó ajustarlos automáticamente, mes tras mes, de acuerdo con la inflación. Bajo estas condiciones, precisó de Roux “las operadoras se han embolsillado las reducciones de costos que han ido logrando por incorporación de nuevas tecnologías, compra de insumos en grandes volúmenes, etc., sin producir ningún alivio tarifario a los pasajeros”.
“Es hora de que los bogotanos abran los ojos”, concluyó de Roux, “y entiendan que están pagando los sobrecostos de una flota de buses y busetas excesiva, y de un Transmilenio que puede seguir operando rentablemente sin que se eleve ahora la tarifa”.