Así lo indica Mancuso en unas grabaciones magnetofónicas divulgadas por el informativo "Noticias Uno". Las cintas registran un diálogo del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, con los negociadores de las Auc concentrados en Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba.

Mancuso advirtió que "si no se da claridad al futuro con la situación de narcotráfico, no avanzarían más desmovilizaciones, porque es más fácil devolverme y recoger lo poco que queda de las otras tropas que aún no he desmovilizado y tirarme al monte o a morirme en el monte de viejo o cuando me mate la ley".

Según el portavoz ultraderechista, es preferible ese camino "a que cuando yo termine las negociaciones aquí y pague la cárcel en Colombia, me lleven para Estados Unidos". El momento del diálogo no fue precisado por el informativo, pero el temor de Mancuso coincide con la suerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del disuelto cartel de Cali quien el pasado viernes fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer encarcelado desde 1995.

Para las Auc, el problema puede superarse mediante una negociación con Washington o una reforma a la Constitución, que en 1997 fue enmendada para restablecer la extradición, prohibida por una Asamblea Constituyente en 1991.

El comisionado Restrepo les recordó que Uribe deja en suspenso las solicitudes estadounidenses contra quienes estén implicados en un proceso de paz.

Washington reclama a nueve líderes de las Auc, entre ellos Mancuso y Carlos Castaño, fundador y responsable político de la organización desaparecido misteriosamente desde abril pasado, cuando sufrió un supuesto ataque de rivales paramilitares. Las peticiones sobre Mancuso y Castaño fueron aprobadas el 24 de noviembre último por la Corte Suprema de Justicia, junto a la de ’Simón Trinidad’, alias de Juvenal Ovidio Palmera, líder de la guerrilla de la Farc, preso a comienzos de año en Quito (Ecuador).

"En el asunto de la extradición (...) se deja el asunto como está, es decir, en manos del Ejecutivo, para que el Ejecutivo tome la decisión política", les dijo Restrepo a las Auc. El informativo también ofreció apartados del diálogo centrados en otra polémica cuestión del proceso que el Gobierno y los paramilitares abrieron a finales de 2002, el de una normativa jurídica que debe ser gestionada por el Congreso.

Según el comisionado, los responsables de crímenes que no puedan ser indultados o amnistiados pueden quedar bajo un modelo "muy simple", que es el de que "se pagan cinco años, es decir, todos los procesos se acumulan, y esos cinco años se descuentan del tiempo que permanezcan en zonas de ubicación".

El destino de los condenados ante la eventualidad de que las negociaciones terminan antes de ese lapso preocupó a Mancuso, a lo que Restrepo respondió que ellos pueden quedarse en los sitios de concentración o ir a "lugares especiales" que defina el Gobierno.

El proceso pasó a la fase final el 7 de octubre último, cuando las Auc anunciaron una agenda de desmovilizaciones que incluye el retiro de al menos 3.000 paramilitares antes de que termine el 2004. Los primeros 452 ultraderechistas, del Bloque Bananero (Bb), se desarticularon el pasado 25 de noviembre en la zona bananera de Urabá, y a ellos siguieron cerca de 40 de un pequeño grupo que actuaba en el departamento del Magdalena.