Una ves más la población se une para protestar por la violencia, las desapariciones forzadas, el secuestro y la tortura.
La defensa de la vida debería ser algo inherente al ser humano, a su naturaleza y a su racionalidad; una manifestación de violencia es violenta venga de donde venga, no nos podemos amparar en nuestra condición de desvalidos, guerrillero, paramilitar o gobierno para cometer atropellos contra otro ser humano.
El estado está en la obligación de proteger la vida de velar por la seguridad, de legislar sobre la igualdad el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, de garantizar el libre pensamiento y la libertad a manifestarse, de proteger los derechos de los menos favorecidos, de propender por la igualdad y garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas a la comunidad, pero sobre todo esta en la obligación de impartir justicia siguiendo los principios de nuestra constitución y nuestras leyes garantizando imparcialidad y objetividad, respetando la tradición y el derecho propio de las comunidades Indígenas a quienes se les han vulnerado sus derechos, usurpado sus tierras y menospreciado su dignidad.
Los colombianos tenemos una tradición violenta, pero no por ello debemos quedarnos anclados en el hecho. Generar espacios, políticas de concertación, medidas que conlleven a la reparación, no desde la letra persé; desde la norma constitucional y la acción civil con principios de libertad, orden y justicia para todos.
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ORSINIA POLANCO JUSAYU
Representante a la Cámara por
La Circunscripción Especial de Pueblos Indígenas