Polo Democrático Alternativo

Han decidido las Naciones Unidas establecer dos nuevas sedes para la atención a las familias desplazadas en Colombia, ubicadas en Medellín y en Villavicencio, lo cual implica que para el organismo rector internacional, en dichas ciudades aumenta y está en crisis dicha atención, lo cual coincide con reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ordenó al gobierno nacional atender, en tiempo inmediato, a esta población.

El asunto es bien complejo en cuanto la atención a esta población, ya que la guerra no ha cesado y al haber un retraso histórico en la atención humanitaria, que viene de años atrás, se hace casi imposible resolver con eficiencia y humanidad las necesidades básicas de dicha población. En este aspecto, nuestra ciudad tiene un inmenso reto y es indispensable acelerar los tiempos para lograr saldar la deuda social existente y a la vez nos hacemos una pregunta que el gobierno municipal debe responder. ¿Existe un adecuado sistema institucional de atención a la población desplazada en Medellín?

¡Todo indica que no!, y en este sentido es deber y responsabilidad social y democrática establecerlo, para evitar el desbordamiento del inhumano fenómeno social, así como desarrollar la atención más adecuada a las circunstancias, de lo contrario, estaremos perpetuando la política de guerra y de expropiación, ya que detrás de cada desplazamiento existe una expropiación de predios.

Y es esta expropiación la que exige un mayor compromiso, pues en el fondo del drama del desplazamiento, se configura el dolor por la miseria a la que es llevada una familia desplazada, pero también por la expropiación de su pequeña propiedad, que permitía establecer una relación digna con la vida y con el entorno. Una familia desplazada vive en lo más profundo el drama psicológico del desarraigo por perder su relación con el territorio y con la producción, así fuera de pan coger.

Es decir, el campesinado, al ser expulsado de su tierra, sufre la pérdida del entorno rural que le ha permitido construirse como organismo social, lo cual implica que en las ciudades se convierta en un sujeto excluido y disminuido, hasta el grado de esperar o bien la miserable asistencia del Estado o convertirse en otro habitante en los semáforos, mendigando una moneda, que permita mitigar el h-a-m-b-r-e, que acosa a su ser y su familia.

El desplazamiento es de por sí una vergüenza y la escasa atención al desplazado es la otra cara de la misma moneda de la desvergüenza, para un Estado que no cumple la misión constitucional de velar por la honra, la propiedad y los derechos de sus ciudadanos.

Todo gobernante tiene el deber y la responsabilidad de atender a todos sus ciudadanos en igualdad, siendo ciudadano el que habita en su territorio, sin distingos y sin exclusiones, así sea producto del desplazamiento, derrotando aquella teoría perversa de que atender un desplazado es permitir que la ciudad se llene de indeseables y se afecte la inversión social para los nacidos en la ciudad, al aumentar la demanda sobre los diversos servicios sociales y públicos que ofrece una administración, en una Medellín, por ejemplo, que ve aumentar dramáticamente la población en situación de calle, que habita y vive de la calle, situación dramática en el centro histórico de la ciudad, que aunque arregla con cemento su entorno, no logra solucionar dicho drama social, con lo cual volvemos a la pregunta de siempre. ¿Qué importa más, el cemento o el ser humano?

Debemos volver al viejo principio filosófico desde el mundo griego con la afirmación de Diógenes: ¡Busco un hombre!, ya que solamente cuando se tiene fondo humano y social, se encuentran las mejores fórmulas para encontrar soluciones a los problemas más graves del entorno social en el territorio urbano, con cemento o sin cemento, pero entendiendo que lo más sagrado de un administrador público, además de cero corrupción, es la atención oportuna y eficiente a los más desprotegidos, así esta acción gubernamental, no se convierta en noticia y no "merezca" ocupar las primeras páginas en los medios