Polo Democrático Alternativo

Por: María Elvira Samper

“Cuando el río suena… piedras lleva”, dice el refrán y los indicios del tenebroso caso de los 19 jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en Ocaña y Cimitarra, apuntan a que se trataría de ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados algunos militares. El patrón es el mismo: los jóvenes desaparecen de sus casas y a los pocos días aparecen baleados y el Ejército los presenta como muertos en combate.

La brigada de Ocaña tiene un negro historial que encaja en el patrón, como lo señala un reciente editorial de El Espectador. Pero, además, un informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (enero-marzo, 2008) revela que en diciembre de 2007, el sargento Alexánder Rodríguez declaró ante la Procuraduría y ante las propias Fuerzas Militares que en su paso por la Brigada Móvil XV con base en Ocaña, fue testigo del encubrimiento de homicidios de civiles que fueron presentados como bajas en combate y que no solo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, ordenó su retiro del servicio, sino que el comandante de esa brigada fue trasladado a Bogotá como asistente del General.

El nombre del general Montoya se menciona sotto voce y con preocupación en los corrillos del Ministerio de Defensa y de la Casa de Nariño, pues no en vano ya le ha traído problemas al Gobierno. El año pasado, a raíz de un artículo publicado en Los Ángeles Times según el cual un informe de la CIA planteaba dudas sobre las actuaciones del General y sus tropas, el senador demócrata Patrick Leahy, cabeza del Comité de Apropiaciones del Congreso, vetó la entrega de más de 60 millones de dólares de ayuda al Ejército.

Es un secreto a voces que miembros del Ejército han convertido en práctica habitual las ejecuciones extrajudiciales, un problema que han mencionado medios locales e internacionales, y un informe de marzo del Departamento de Estado. Además, lo han denunciado numerosas ONG nacionales y extranjeras una y otra vez. Pero es tal la ojeriza que el Gobierno les tiene, que la reacción ha sido estigmatizarlas y defenderse con el argumento de que hacen parte de una campaña para desacreditar a las Fuerzas Armadas.

Pero con los 19 nuevos muertos y a juzgar por las declaraciones del Vicepresidente y del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, las cosas han pasado de castaño a oscuro. No en vano el Ministro dijo haber recibido información sobre “reductos de la fuerza pública que todavía están exigiendo cuerpos como resultado”, declaración que aumentó las sospechas de que las muertes podrían sumarse a las 936 ejecuciones extrajudiciales registradas entre julio de 2002 y junio de 2007, y que han sido atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas.

Los casos están documentados y por lo pronto la Fiscalía tiene en sus manos 558 procesos que involucran a 1.015 víctimas, y a los cuales están vinculados 104 miembros de las Fuerzas Armadas. El resto de los 936 o no han sido denunciados formalmente o no han sido trasladados de la Justicia Penal Militar a la Fiscalía.

Es un hecho que miembros del Ejército están comprometidos en crímenes de lesa humanidad. No son calumnias de la oposición y ya nadie se traga el cuento de que son hechos aislados. Más parece una política sistemática derivada de la presión por resultados que, según dicen en las filas del Ejército, al general Montoya le gusta medir en cadáveres.

El Gobierno no puede seguir tapando el Sol con las manos, como tampoco hacer oídos sordos a las alarmas que hace tiempo encendieron los asesores del ministro Santos sobre el riesgo de que, tarde o temprano, el Estado acabe responsabilizado por el creciente número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. El cambio de estrategia anunciado por el Ministro no es gratuita: “Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto”, dijo en público y en tono firme. ¿El General habrá entendido?