Ha causado especial escozor en el Gobierno la muerte por hambre de los niños en el Chocó. Alega que no son 49, ni 12 “porque” sólo son 4. ¡Prepotencia! No tardan en echarle la culpa a Piedad Córdoba por no ser blanca. El Gobierno enreda: que lo que pasa es que los indios de por allá les dan a sus hijos unas yerbas raras que los deshidratan. ¡Insolencia! El Gobierno sólo reconoce las estadísticas que fabrica a su gusto y a su amaño. El Ministro de Protección Social declara que no ha conocido una especie de alarma temprana que dio Bienestar Familiar hace un año: de 250 niños hospitalizados, 50 estaban en inminente peligro de muerte.

Uribe viaja a Carmen del Darién, hace el show: interroga a sus empleados, los ridiculiza, y toma medidas trascendentales: 1) nombra gerente del Chocó a Juan Guillermo Ángel, el virrey de San Andrés y Providencia. ¿Será que el doctor Ángel también tiene propiedades en la región, como las tiene en el archipiélago? ¡Espectacular! 2) monta un “hospital militar” de campaña en las instalaciones del liquidado Instituto de Seguros Sociales. ¡Una metáfora! 3) El Tiempo informa que “el Ejército colombiano lleva caldo con huevos a varias familias de comunidades indígenas en Chocó”. ¡Una proeza! Mientras tanto, el general Montoya manda a sus soldados a poner pasacalles en la Comuna Trece de Medellín para ser recibido como héroe por una manifestación de invitados llevados al sitio en vehículos de ‘Don Berna’, uno de los jefes paramilitares sospechosos, según la denuncia recibida por The Angeles Times, de haber pactado con el general la Operación Orión que dejó a la Comuna sembrada de cadáveres. Porque, para utilizar el conjuntivo oficial, el primer gran problema que hay que mirar en el país es el trágico desbalance del presupuesto nacional a favor de la guerra en detrimento de la salud y la educación de los colombianos.

En el Chocó es más grave porque además de que el departamento tiene los índices más bajos del país en educación y salud, padece la guerra en toda su crueldad. Allí la Fuerza Pública se ensaña con la población nativa para defender a los bananeros de Chiquita y Banadex y demás empresas que financian a los paras; el general Rito Alejo del Río –uno de los homenajeados por el presidente Uribe porque “no se rinde”– desplegó la Operación Génesis en los ríos Salaquí y Cacarica, que obligó a huir a miles de familias de campesinos afro hacia Turbo. Hoy en esta región grandes capitales preparan tierras con reinsertados del Bloque Elmer Cárdenas para ser sembradas de palma africana, como ya se hizo en Jiguamiandó y Curvaradó, sacando a bala a las comunidades que por Ley 70 les pertenece ese territorio. Mandados por El Alemán, antiguo oficial del Ejército, los paras han sido asociados en una empresa para sembrar Baby Bananas o Apple Banana con destino a la multinacional Del Monte, que fondea sus barcos en el mismo puerto donde se descargaron los 3.500 fusiles para Carlos Castaño. No trabajan los paracos rasos como peones sólo en las grandes plantaciones de fruta y palma de sus jefes, sus antiguos comandantes. También –¡y de qué manera!– sacando madera, en particular Cativo, para vendérsela a Madarién, filial de Pizano S. A. Hoy se ven largos trenes de troncos arrastrados hacia las bocas del río León, donde la multinacional tiene el aserrío mayor.

En las tierras arrasadas por las empresas madereras entran, a renglón seguido, los ganaderos –sombrero aguadeño y poncho de moda– a fundar grandes haciendas. Para servir todas estas iniciativas y valorizar las propiedades de los nuevos terratenientes, el señor Ángel –lo dejó firmado– se empeñará en construir el tramo final de la carretera Panamericana, que atravesará la región cortando en dos el Parque Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por Unesco, y acabando de desplazar a las comunidades del Cacarica.

Mirado desde lejos, el Chocó es una colonia paisa; Medellín, la metrópoli, por el norte, y Pereira, por el sur. Ha sido expoliada y manejada por sus capitales. El andamiaje institucional complementa el saqueo: la burocracia, los políticos y los contratistas –que unas veces son burócratas y otras, políticos– se roban la plata. Sucede en toda la Costa Pacífica, donde viven comunidades negras e indígenas. Sucede lo mismo en todas las regiones donde predominan indígenas o afros, como La Guajira, Arauca, Cauca, Vaupés, Guainía, Amazonas. Lo que está detrás de todos los niños muertos y desnutridos, de los millones de desplazados y de los millones de los explotados por los blancos, es el mismo modelito económico, racista y ladrón, emblema del orden y niño consentido de la Seguridad Democrática.