Son los pueblos de los tres países, y en especial el colombiano, las principales víctimas del deterioro de los intercambios económicos, sociales y culturales entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta realidad es más cierta en el caso de las regiones fronterizas, donde son permanentes y por millones dichos intercambios.

Las buenas relaciones entre los países solo pueden florecer si los gobiernos respetan de manera incondicional las normas del derecho internacional. Las teorías de que “el fin justifica los medios” o “del mal menor” para violentar la legalidad nacional o internacional suscrita por Colombia, por las que tanto hemos sufrido los colombianos, son especialmente dañinas para las buenas relaciones entre los países. Y es evidente que cualquier tipo de cooperación internacional tiene que tener como fundamento el respeto del derecho soberano de cada país para acordarla.

El gobierno de Colombia tiene el derecho legal de enfrentar a las fuerzas guerrilleras que operan en el territorio nacional, pero debe hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes de la república y el derecho internacional. Por tanto, el Polo Democrático Alternativo no puede respaldar la decisión del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez de invadir militarmente el territorio de la hermana República del Ecuador para atacar a las Farc, pues ello constituye una violación flagrante de la soberanía de ese país, de las normas nacionales y de los tratados internacionales.

Resulta por lo menos extraño que se le entregue a un general de la policía colombiana la representación diplomática de Colombia que por ley le corresponde al Presidente de la República o al ministro de Relaciones Exteriores.

Es muy grave para la imagen internacional de Colombia que la mencionada acción militar en el territorio ecuatoriano coloque al país como uno que viola reiteradamente las normas y los tratados internacionales. Es muy preocupante que esta última violación haya sido incluso señalada por los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Italia y Costa Rica, entre otros.

Los países vecinos de Colombia también tienen que respetar las normas del derecho internacional y, entre ellas, las que señalan la necesidad del respeto mutuo entre los gobiernos, a pesar de sus diferencias, y el no tomar decisiones que afecten negativamente la vida de los pueblos. En consecuencia, no compartimos que el gobierno de Venezuela utilice un lenguaje impropio de la diplomacia para referirse al Presidente de Colombia, entrabe las relaciones económicas entre los dos países e intervenga en el conflicto armado colombiano.

El escalamiento de la confrontación bélica interna de Colombia, con sus cada vez más graves consecuencias en las relaciones con los países vecinos, exige insistir en la urgente necesidad de solucionar el conflicto armado interno, solución que deberá obtenerse por medios políticos. Es de especial importancia que los últimos sucesos no impidan la liberación inmediata de los secuestrados ni el logro de un acuerdo humanitario.

Caben unos interrogantes: ¿El gobierno de Colombia le ha dicho toda la verdad al país sobre la operación militar en Ecuador? ¿Colaboró Estados Unidos en ese operativo?

Instamos al gobierno de Colombia, e invitamos a los de Venezuela y Ecuador, a esforzarse por la pronta superación del grave deterioro de las relaciones entre ellos, problema que no podrá resolverse sin el compromiso de cada una de las partes de respetar sin condiciones las normas internacionales. Es necesario no utilizar las organizaciones internacionales como escenario para agravar las actuales contradicciones.

Reiteramos que son los pueblos los que sufren las peores consecuencias del daño en las relaciones entre los gobiernos.

Bogotá, 4 de marzo de 2008.