Polo Democrático Alternativo

Los resultados de la Reforma a la Ley 100

Diversos medios de comunicación recogieron opiniones con relación al debate que se dio en la segunda legislatura del Congreso de la República en torno a la Reforma de la Ley 100 ó del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por ejemplo, me sorprendió el periódico El Colombiano cuando en su editorial del 31 de octubre de 2006 comentó que la sola discusión de 17 proyectos tardaría muchos años en construir acuerdos que hicieran viable una reforma, “con dispersiones tan grandes e intereses tan encontrados es difícil construir una política pública coherente y el resultado es que lo menos malo es dejar las cosas como están.”, y llamó al “esfuerzo de construir consenso entre los ponentes y proponentes de los diferentes proyectos.”.

Por supuesto, los intereses encontrados fueron los del bando del Gobierno, los congresistas afectos e incondicionales a él y el ejército de “lobistas” o intermediarios que se han beneficiado del Sistema, por un lado, y en la otra orilla quienes propugnamos por un modelo diferente o, incluso, los liberales, hoy en oposición, quienes invocaron algunos cambios.

Aún más, el periódico El Tiempo en su editorial del 5 de diciembre de 2006, con su título “La salud, a pupitrazos” dio la respuesta con su advertencia “El hecho que la reforma de la Ley 100 venga acompañada de un mensaje de urgencia no quiere decir que deba modificarse a pupitrazo limpio, como parece ser la tendencia en el congreso... Estamos ante un tema mayor y se requieren reformas urgentes, pero sin afanes, que pueden resultar contraproducentes. Porque se nota que está primando el interés de aprobar un proyecto de manera apresurada para cumplir una agenda legislativa.”, tal como sucedió. El bando del Gobierno impuso su “planadora” y su incondicionalidad. No hubo consenso y nos corresponde salvar nuestra responsabilidad, puesto que se dio una ley que nada tiene ver con nuestros puntos de vista y nuestras propuestas de un cambio estructural que hicieran posible un nuevo modelo equitativo y solidario, en donde el derecho a la salud, y no el negocio, fuera su columna vertebral.

En la exposición de motivos del Ministro de la Protección Social se leyó “los principales esfuerzos del Gobierno nacional se deben continuar dirigiendo a reducir el número de colombianos sin seguro de salud y lograr la cobertura universal, con particular énfasis en la población más pobre y vulnerable.”. Tanto los escenarios macroeconómicos como distintas proyecciones, reconocen que el Régimen Contributivo no crecerá mas allá de tener afiliados a tan sólo el 38% de los colombianos, mientras que el Régimen Subsidiado habrá que subirlo del 44% de afiliados en la actualidad, por cuanto preocupa que 7 millones de pobres aún no estén asegurados. Por eso, los congresistas afectos al gobierno, con la presidenta del Congreso Dilia Francisca Toro Torres a la cabeza, sostuvieron que “En varios estudios se ha mostrado que es posible dar cobertura universal, haciendo un esfuerzo adicional en financiación y eficiencia, que está al alcance del país”.

Lo anterior explica por qué el debate giró en torno a la consecución de recursos para el Régimen Subsidiado: 0.5 del incremento de la cotización del Contributivo a costa del empresario, del trabajador independiente y del pensionado, y de los regímenes especiales o de excepción; acelerar la transformación de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- que cubría las necesidades de los pobres no afiliados para entregarlos a los aseguradores. De esta forma se profundiza en el modelo de aseguramiento por cuanto, en palabras del Ministro, “con el aseguramiento universal se podría obtener una mejor dispersión del riesgo en salud y del riesgo financiero, se reduciría el problema de selección adversa, y sería más claro que los aseguradores son los responsables últimos de la salud de la población” (subrayas fuera del texto). Lo subrayado trae una nueva definición de unicausalidad de la salud, al parecer la atención de la enfermedad o la atención sanitaria, que en el argot de los seguros, es la atención del siniestro, se constituye en la solución. Por el contrario, hemos sostenido que tener carnet o seguro no es tener salud; muchas son las dificultades de accesibilidad y oportunidad para la atención en manos de los negociantes de la salud, cuya única alternativa es la eficacia y eficiencia como leyes mandatarias del mercado, sumando a ello la negación y trabas que dificultan los servicios.

En nuestro Proyecto de Ley 130, la definición de salud la expresamos como “la capacidad física y mental de las personas para desarrollar sus proyectos de vida, en las mejores condiciones y relaciones posibles. Los bienes y servicios de atención en salud aportan a la salud de las personas, en la medida en que contribuyen a preservar y mejorar esa capacidad, propiciando el ejercicio de su autonomía y el mejoramiento de la calidad de vida. La salud es un derecho humano fundamental por su conexidad con el derecho a la vida, y su garantía es deber del Estado y responsabilidad social”, para resultar que no guarda ninguna coincidencia con esa responsabilidad que supuestamente se pretende entregar al mercado.

Tampoco evadimos la propuesta de un modelo de financiamiento que permitiera complementar impuestos con contribuciones parafiscales; señalamos que el asunto no era falta de recursos “sino de reorganización y destinación efectiva de los recursos en el logro de resultados en salud” porque, según nuestros cálculos, con 19 billones de pesos, con base en la UPC de hoy, de los cuales 17 son gasto público y privado, se podría incluir a toda la población, originando un verdadero sistema solidario, principio básico de la seguridad social. Pero eso sí, eliminando la perversa intermediación para entregar la administración a un fondo único de manejo y a una central única de recaudo, encargados de atender un modelo de atención primaria, unos servicios de medio y alto costo, un control de enfermedades de interés en salud pública y las prestaciones económicas en salud y riesgos profesionales. Propuesta, por supuesto, totalmente diferente a la del Gobierno y sus aliados.

Muchos rodeos dieron los aliados del Gobierno en relación con la prestación directa de los servicios, para argumentar la polémica integración vertical, o la relación entre aseguradores y prestadores de salud, “De igual forma la ausencia de un sistema tarifario ha llevado a que las EPS se esfuercen en obtener los precios más bajos, sin tener la calidad, ni las facilidades de acceso de los pacientes. Otras veces se le imponen a los afiliados distancias y condiciones de prestación inalcanzables, que hacen inaplicable la cobertura real”, fueron sus palabras. Para quedar un artículo donde las EPS pueden controlar su propia red hasta en un 30% de la totalidad de los servicios demandados, pretensión que no las ha dejado satisfechas puesto que su aspiración era del 50%, como habían acordado con el Gobierno; pero nada quedó estipulado en relación con la intención inicial de la calidad y ventajas para los usuarios. Valga la pena resaltar que propusimos cero integración vertical o, en su defecto, cualquier porcentaje condicionado a que le devolvieran las clínicas y centros de atención al Seguro Social, arrebatadas mediante el Decreto Ley 1750 de 2003.

Fuimos enfáticos, en la bancada del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO -PDA-, en que lo más importante de nuestro proyecto era el compromiso total del Estado con la universalización del acceso a la salud, entendida más allá de la atención de enfermedades, y que las formas de financiamiento son sólo mecanismos de organización de los recursos. El proyecto triunfante, el del Gobierno y los aliados, se dedicó en gran parte a lo último, con la única pretensión de profundizar su modelo de aseguramiento, esta vez a expensas de lo que pudiera ser más bien un Sistema de Protección en Salud, y desviar recursos para el sostenimiento de un aseguramiento de la población pobre, para usufructo de unos cuantos intermediarios.

Podrán el Gobierno y sus aliados cantar victoria de los logros obtenidos con su pretendida reforma a la Ley 100 de 1993, pero en sus resultados no nos pueden incluir, como producto del consenso entre ponentes y proponentes. Nuestro Proyecto de Ley 130, originario en la Cámara de Representantes, continuará vigente y seguirá siendo debatido, como insumo básico para nuestras propuestas de gobierno que, tarde o temprano, desarrollaremos.

GERMAN ENRIQUE REYES FORERO
Representante Cámara
PDA Antioquia