Polo Democrático Alternativo

I. Un Breve Estudio De Percepciones Del Polo Democrático Alternativo

¿Qué es el PDA? En atención a los resultados de la últ ima contienda electoral es el primer partido alternativo del país, y el partido de izquierda con mayor credibilidad política que haya conocido la historia nacional. Desde el punto de vista de sus líderes fundacionales, es la convergencia de distintos movimientos políticos que se diferencian radicalmente de la ultraderecha y de toda expresión de centro sin propuestas sociales estructurales. Desde la perspectiva de sus militantes más activos, se trata de un partido compuesto de distintas tendencias políticas que, renunciando a estrategias políticas radicales de lucha democrática en aras de la gran unidad de la izquierda colombiana, consensuaron una plataforma de mínimos constituida en función de la democracia electoral, esto es, de una coyuntura derivada de las anteriores elecciones presidenciales. A pesar de lo anterior, ¿qué percibe un ciudadano simpatizante cuando se le pregunta por el proyecto polista? Brevemente, perciben transparencia, esperanza, oportunidades de reformas, negociación del conflicto, y en algunos casos eficiencia, austeridad y un control implacable de las inversiones públicas. En efecto, un observador externo no percibe diferencias ideológicas, conflictos políticos, disensos estratégicos, y ni siquiera opiniones adversas sobre la representatividad o legitimidad de sus cabezas visibles. De hecho, muchos perciben una unidad consistente y fuertemente participativa, lo que le ha asegurado una imagen social de profundos conocedores de los problemas públicos colombianos, y de militantes implacable s de las causas sociales. Realmente, se trata de tres niveles de actores políticos que definen el quehacer del PDA: sus líderes fundacionales, militantes y ciudadanos simpatizantes.

En el primer nivel se encuentran los líderes naturales, con amplia experiencia en la lucha electoral, en la administración pública y las instituciones legislativas, los cuales operan, desde las corporaciones públicas, en el nivel mediático con golpes de opinión, y ofreciendo reformas sociales locales de alto impacto cuando participan de la administración pública. Difícilmente estarán dispuestos a desarrollar debates ideológicos, o participar del diseño de un nuevo modelo de gestión pública, y en plataformas de confrontación activa del modelo económico. Es una capa de actores definidos por los principios fundadores de la constitución política del 91, que participan fuertemente de los canales institucionales, logrando representar frente al país los actores políticos más consecuentes del espíritu de la débil democracia colombiana. En esencia, se trata de una minoría de actores políticos mediáticos de izquierda fuertemente institucionalizados, con algunos matices que caracterizan perfiles de trabajo específicos: unos apoyados en sus redes clientelistas, pero necesarias para la supervivencia de sus movimientos; otros apoyados en sus sesudas denuncias públicas; otros respaldados por una tradición de lucha social; y otros acompañados de un intachable desempeño en instancias decisorias del poder. No son arquitectos de un nuevo modelo de Estado, son los refinadores de los viejos mecanismos de implementación de las políticas públicas, lo que los convierte en piezas claves de las instituciones democráticas y los subsume en una red inextricable de mecanismos legales de acción. Por ello mismo , como militantes de base sólo pueden construir apoyos virtuales, como diseñadores de políticas, a la sazón alineados con las minorías, sólo pueden diferenciar los efectos adversos de las mismas sobre la población, y como líderes alternativos, sólo pueden contribuir al fortalecimiento de un partido de izquierda desde los medios de comunicación, lo que a su vez los obliga a compensar una amplia red de amigos para instalarse de nuevo en sus corporaciones o administraciones. A falta de base social, deben exacerbar sus mecanismos de participación mediática, y oxigenar sus redes clientelistas cada vez que les sea posible. En efecto, la vía de la toma de las instituciones democráticas constituye ahora mismo el camino más eficiente para la modernización del Estado, o lo que es lo mismo, para la construcción de una democracia social de una fuerte influencia europea. La apuesta es bastante clara, la construcción de un primer Estado social en Colombia, mediante la lucha electoral, con el uso de instrumentos tradicionales o mediáticos, a fin de orientar socialmente el mercado y garantizar un mínimo de dotaciones públicas para toda la población. Y evidentemente, con dos referentes importantes: el modelo económico y administrativo del Estado de bienestar europeo de la segunda posguerra, y el modelo social participativo del Estado de bienestar en construcción en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Por ello, aquellos líderes naturales no discuten modelos, pues consideran que su estructura fundamental ya está inventada y sistemáticamente probada; y por ello concentran todos esfuerzos en las contiendas electorales y los golpes mediáticos. Y en vista de ello, su escogencia de un candidato presidencial sólo puede obedecer a la regla del mayor consenso de ciudadanos en sus preferencias electorales, y no al mayor consenso de inclinaciones ideológicas. Los éxitos de la socialdemocracia europea (desde verdes hasta socialcristianos han participado), y los éxitos de la nueva izquierda funcional latinoamericana, representan para ellos su umbral de trabajo político y sus metodologías de trabajo social. La plataforma política de estos líderes naturales se puede entrever en cada una de sus actividades, pero también se puede leer en los modelos sanitarios de Suecia y Dinamarca, en los modelos legislativos del Bundesrat alemán, en los modelos de participación democrática local suiza, en los modelos productivos cooperativos o solidarios vascos y catalanes, o en los modelos de seguridad social franceses. Y también se pueden estudiar en los modelos de inversión social eficiente de Uruguay y Chile, en los modelos de gestión pública participativa de Brasil, y hasta en las versátiles políticas macroeconómicas de Argentina de los últimos años. Efectivamente, cualquier cuadro político perspicaz de la derecha o la ultraderecha colombiana, podría ver en estos líderes de la izquierda funcional una oportunidad histórica para disolver los conflictos sociales, asegurar el crecimiento económico, y construir una política de bienestar más eficiente y estable.

El segundo nivel de actores del PDA, se puede distinguir en la siguiente definición: son militantes de una izquierda tanto institucionalizada como radicalizada . Los primeros representan los actores más identificados con los líderes fundacionales del polo, y los segundos representan actores coyunturalmente alineados con el polo. Aquellos militantes institucionalizados (donde se cuentan los cuadros y académicos) perciben en ellos la oportunidad de constituir aquel Estado de bienestar históricamente aplazado, y cada uno, desde sus intereses, está dispuesto a contribuir al fortalecimiento del partido, con argumentos pragmáticos o refinados, en aras de la gran unidad de la izquierda colombiana. De hecho, la mayoría de estos actores son empleados públicos sindicalizados, contratistas temporales, o intelectuales solitarios que hacen ingentes aportes desde sus casas. Siendo unos militantes activos y con una trayectoria incuestionable, constituyen los cuadros políticos de base más determinantes, y los agentes mediadores más versátiles entre los militantes radicalizados. Y efectivamente, son los únicos canales de comunicación e intervención política de los líderes polistas de estatura nacional, y constantemente traducen con suma destreza los lenguajes académicos y las narrativas políticas locales a fin de suministrar alternativas de solución a los problemas internos del incipiente partido o discursos propositivos y retóricos a aquellos líderes fundacionales. Casi siempre desempeñan actividades organizativas pero con fuertes esquemas de trabajo de la izquierda tradicional colombiana: lenguajes simbólicos sectaristas, lenguajes de exclusión de grupos, lenguajes de defensa dogmática de presupuestos ideológicos, formas organizativas de trabajo lentas e ineficientes, lenguajes carismáticos y retóricos, lenguajes de autorreferencia intimidantes, y una fuerte practica de desmantelamiento de una comunicación desprevenida y tolerante, por la defensa de una comunicación reduccionista, prejuiciosa y mentalmente perezosa. En la mayoría de los casos son actores ejemplarmente funcionales en la lucha electoral, la retórica alternativa, y la traducción ideológica de lenguajes académicos, pero radicalmente disfuncionales en la construcción de militantes de base, especialmente jóvenes. Generalmente aspirando a ingresar al selecto grupo de los líderes de izquierda de envergadura nacional, algunos participan de las redes clientelistas del polo antiguo o nuevo, otros juegan su papel en la logística política alternativa de sus regiones u organizaciones, y otros se desempeñan en actividades burocráticas, casi siempre públicas, a fin de constituirse en el arquetipo del servidor público de la nueva izquierda y en un cuadro político estratégico para la construcción del partido.

Aquellos militantes radicales, coyunturalmente unidos al PDA, representan los lenguajes más ácidos, pero también más creativos de la nueva izquierda colombiana. Bastante perspicaces unos, y dogmáticamente incurables otros, constituyen la fuerza militante de base más productiva del polo. Son estos actores los que construyen interesantes experiencias culturales en distintas regiones del país, contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y de las redes sociales alternativas que pueblan el territorio nacional. Militantes que continuamente inventan y reinventan formas de lucha y resistencia social, y nutren el proyecto polista con nuevos militantes de base. Se trata de una izquierda no institucionalizada, armada de discursos neomarxistas y neoestructuralistas, adiestrada en los discursos criollos de la acción participativa, y característicamente antisistémicos. Generalmente disfuncionales en el manejo de la cosa pública, exigen transformaciones estructurales de la realidad colombiana, al mismo tiempo que participan en buena parte de las jornadas de resistencia, movilización y protesta que se desarrollan en sus regiones. Más identificados con los proyectos de Estado de Chávez y Evo, y bastante críticos con las experiencias de good governance del Cono Sur, prefieren enfrentar debates espinosos de teoría política y económica, y resolver de un solo golpe las paradojas fundamentales de la epistemología contemporánea. En efecto, buena parte de este estrato de militantes son desempleados o subempleados, estudiantes universitarios e intelectuales polifuncionales (es decir, contratistas), los que a su vez representan una minoría dentro de la minoría polista. De hecho, caracterizan la versión más purista de la izquierda, recusan el clientelismo en cualquiera de sus formas, no aceptan donaciones de cooperación de EEUU (pero sí de la Unión Europea), y se debaten en infatigables discusiones o intuiciones sobre nuevos modelos de bienestar, nuevos modelos de partido, nuevos modelos económicos, nuevas formas de cultura, nuevas formas de resistencia social, nuevos modelos de gestión pública, nuevas formas de gestión de los servicios básicos, en fin, nuevas maneras de construir el Estado. Evidentemente, se trata de un derroche de energía creativa, de raigambre muy colomb iana, que quisiera instaurar un nuevo orden a contraluz de todo lo existente. Y finalmente, un tercer nivel de actores: los ciudadanos de a pie que apoyan, simpatizan y se identifican con el polo, o bien por los efectos mediáticos de sus figuras más visibles, o bien por una fuerte convicción en las consignas polistas, las cuales no han dejado de ser la siguiente tautología: reformas sociales, redistribución del ingreso, reforma agraria, superación de la pobreza, democratización de la riqueza, etcétera. Aquellos simpatizantes, fuertemente instalados en las capas medias de la población colombiana, no sólo perciben una imagen consistente de unidad del partido, sino también una capacidad inusitada de administrar, gobernar y despejar las fórmulas sociales que garanticen su bienestar concreto.

Así las cosas, todo parece indicar que el proyecto PDA se enfrentará en los próximos años a tres retos fundamentales: Construir una unidad pragmática entre sus actores políticos (¿Cómo se llegará al gobierno?), esto es, una unidad de trabajo para la democracia electoral, cuyas deficiencias regionales y locales son evidentes. Construir una única plataforma política (¿Cómo se gobernará?), fruto de los mínimos consensos posibles entre los líderes fundacionales, los militantes institucionalizados y los actores políticos radicales de las distintas regiones del país (para lo cual se ría de gran utilidad el uso de estrategias transparentes de mediación y negociación a fin de limitar las agresiones simbólicas de la izquierda sectaria y autosuficiente). Consolidar la unidad política del partido (¿Cómo se tomarán las decisiones?), esto es, democratizar los mecanismos decisorios del partido, construir la red de trabajo regional y local, y asegurar la unidad de criterios (en atención a la plataforma) en la gestión del poder y sus compromisos con el partido, de lo que ciertamente adolece la actual administración de Bogotá, para no mencionar otras alcaldías y corporaciones.

II. Las Paradojas Del Buen Gobierno

A riesgo de simplificar los problemas fundamentales de la actual teoría política, todo paradigma de gobierno contemporáneo se enfrenta a cuatro escenarios de acción difíciles de ignorar: 1) Las reglas de juego de las luchas sociales mundiales, poderosamente convalidadas y resguardadas, están dadas por la democracia política y no por estructuras de gobierno autoritarias. 2) La gobernabilidad no sólo guarda una alta correlación con la resolución efectiva de las demandas sociales, sino también con la participación activa e incluyente de los actores sociales de base en las decisiones de gobierno. 3) La crisis persistente del Estado de bienestar (derivada de los efectos globales del liberalismo económico) ha obligado a los gobiernos a delegar en las elites económicas la prestación efectiva de los servicios básicos, reducir sus gastos de funcionamiento, debilitar sus sistemas fiscales (en un claro favorecimiento de los gremios económicos), consensuar decisiones con aquellas elites (la tecnocracia económica en ascenso en la Unión Europea es un buen ejemplo), consolidar mejores acuerdos comerciales para suplir la demanda interna y abrir sus fronteras nacionales a la inversión extranjera directa, con los subsecuentes efectos nefastos para unos, o muy positivos para otros. Y 4) La constitución del modelo de bienestar occidental (además de ser ambientalmente insostenible), no sólo conlleva el imperativo del mejoramiento progresivo de la calidad de vida, sino que propicia y fomenta un campo de intereses cotidianos altamente conflictivo e ingobernable. En efecto, cada uno de los anteriores escenarios experimentan paradojas irreductibles, o mejor, solo resolubles mediante principios de acción verificables en la práctica social, y no mediante un proceso de argumentación racional, sereno y consistente, anclado en principios universales o metafísicos (esencialmente, el socialismo real se funda en un principio de distribución igualitaria del bienestar individual y garantiza el pacto social -bienestar colectivo- mediante un sistema de decisión autoritario - Asambleas Nacionales-, y el liberalismo se funda en un principio de distribución diferenciada del bienestar individual y garantiza el pacto social mediante un sistema de decisión colectiva -Democracia Política-; y cada uno de estos principios invocan entelequias metafísicas como naturaleza humana , dios, derecho natural, necesidades biológicas, entre otras).

El Liberalismo

Así pues, en el escenario de acción 1), el liberalismo exige la práctica de la democracia política, en tanto que es el único escenario de decisiones colectivas en el que es posible diferenciar el bienestar individual de manera duradera, eficiente, y sin poner en riesgo el pacto social. Sin embargo, este escenario experimenta las siguientes paradojas: La paradoja de escala, esto es, comunidades desarrolladas, fuertemente autogestionarias, y con un eficiente desempeño económico, sólo pueden derivar un incremento adicional de su bienestar a costa del detrimento del bienestar de otras comunidades locales, regionales, nacionales y hasta subcontinentales. Alcanzado un mínimo bienestar colectivo, el imperativo del bienestar individual diferenciado le exige al sistema democrático una política económica mucho más liberal y agresiva a fin de mejorar progresivamente los costos de oportunidad de sus capitales. Asimismo, comunidades subdesarrolladas y con pobres desempeños económicos, especializan (en virtud de la presión de las elites económicas) sus sistemas democráticos para la implementación de políticas económicas que garanticen un mejoramiento adicional de su bienestar colectivo, mediante la “venta” de los recursos necesarios para alcanzar el desarrollo (materias primas, mano de obra, técnicos y expertos) a aquellos mercados de capital. Por tanto, al mismo tiempo que aquellas comunidades desarrolladas practican la democracia política de manera ejemplar, gracias a que su estructura de decisiones colectivas les ha asegurado un éxito irrefutable, fomentan la desfundamentación de la democracia misma en otros lugares del mundo. Y al mismo tiempo que aquellas comunidades subdesarrolladas requieren de sistemas democráticos incondicionalmente implicados en el fortalecimiento de aquellos mercados de capital, retroalimentan un sistema democrático paradigmático, pero abiertamente expoliador, y destruyen las premisas mismas para alcanzar su propio desarrollo y consolidar su propia democracia. La paradoja consiste pues en que la práctica consecuente de la democracia política en el marco del liberalismo económico hace inviable la globalización de la democracia misma. La paradoja del mínimo vital: Un mínimo bienestar colectivo está fuertemente asociado con la profundización de la democracia política, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la construcción de consensos políticos transparentes. No obstante, los logros esperados del sistema democrático, derivados de una política de garantías del mínimo vital, aún no aparecen en toda su dimensión, excepto por una consolidada democracia representativa, esto es, un consolidado sistema de democracia electoral, una fuerte cultura cívica, y una aceptable división de poderes. En efecto, lo que ya se evidencia en los países desarrollados es el fortalecimiento de una democracia corporativa (el sueño de la tecnocracia mundial), en cuyas dinámicas se simula la participación y el control ciudadano con la intervención directa en la agenda de gobierno de distintos grupos de presión altamente cualificados y fuertemente vinculados con las elites económicas. De hecho, las altas tasas de abstención aún persisten, como también la ausencia de ciudadanos de base en la toma de decisiones locales y regionales. Al mismo tiempo que la democracia política garantiza un mínimo bienestar social mediante controles razonables del liberalismo, destruye el fundamento de la democracia, pues el orden de preferencias de este homo oeconomicus, una vez asegurado su bienestar material, no es afianzar primero su voluntad de ciudadano político, sino, antes que nada, afirmar su voluntad de ciudadano productivo para incrementar su renta personal (sin mencionar los problemas de desintegración social y de ruptura de modelos familiares tradicionales derivados de esta escogencia, los cuales han sido estudiados rigurosamente por Emmanuel Todd). Se trata de una especie de venganza de la sociedad de mercado: el tiempo para la democracia es tiempo perdido para el bienestar del ciudadano, una externalidad que cualquier ciudadano debería facturar.

La paradoja de las decisiones: En vista de que la democracia política es un sistema de decisión colectiva, sus métodos de decisión deben ser por tanto democráticos, esto es, deben tener en cuenta todos los puntos de vista u opiniones de una comunidad. Sin embargo, la realidad social ha mostrado que cualquier método de decisión colectiva o democrática sacrifica a lo menos un punto de vista o una decisión individual (esto se debe a las reflexiones de Condorcet y a los trabajos de Arrow, entre otros). Lo que es más, la mayoría de los métodos de decisión de las democracias contemporáneas sacrifican un número significativo de opiniones, lo que se explica por las exigencias ejecutivas de la realidad misma y, en consecuencia, por el uso de criterios de decisión arbitrarios (principios dictadores o reduccionistas de acción). Así pues, la unanimidad, en principio democrática, hace absolutamente disfuncional la toma de decisiones ante una sociedad que espera decisiones urgentes. La mayoría simple (el mayor número de elecciones sin condición alguna; o con algunas restricciones, como por ejemplo, mitad mas uno o cualquier umbral arbitrario, compensaciones porcentuales, entre otros) también elimina muchos puntos de vista, y no siempre decide según la opinión mayoritaria. El mayor número de preferencias (una lista conformada según el orden de importancia de las propuestas), no eliminaría ningún punto de vista, y siempre decidiría según el mayor número de puntos de vista; pues, en efecto, no ganaría la propuesta que tuviera el mayor número de aprobaciones en desconocimiento de las demás opiniones, sino que ganaría la propuesta contenida en la lista con el mayor número de preferencias sobre las demás propuestas. Véase el siguiente ejemplo.

Supóngase que el PDA convoca una asamblea de 60 personas para elegir su presidente, y que se decide de antemano que el método de elección es la mayoría simple sin ningún tipo de condiciones o compensaciones. Así las cosas, se presentan 3 candidatos, los cuales obtienen la siguiente votación: el candidato A=23, el B=19 y el C=18. En efecto, el incuestionable ganador sería el candidato A. Sin embargo, cabe preguntar: ¿es democrático votar por un solo candidato y eliminar de golpe las opciones restantes? ¿Por qué es necesario elegir una única alternativa sin que exista la posibilidad de valorar la importancia de los demás candidatos? Evidentemente, si cada elector tuviera la posibilidad de conformar una lista de candidatos ordenada según su grado de preferencias, sin que ningún de ellos cambiara de decisión en cuanto a su mejor candidato, el resultado final de las votaciones muy seguramente le daría la victoria a otro candidato, como sigue a continuación:

Electores 23 17 2 10 8

Primero A B B C C

Segundo B C A A B

Tercero C A C B A

Entonces, 23 electores decidieron ordenar los candidatos así: A como el más preferido, B como el segundo prefe rido, y C como el menos opcionado, lo que se puede escribir así: ABC. 17 electores decidieron el orden BCA, 2 el orden BAC, 10 el orden CAB, y 8 el orden CBA. De este modo, cualquier observador podría declarar que el candidato más votado sigue siendo A con los mismos 23 votos, y que B y C conservarían los 19 y 18 votos respectivamente, dado que ningún elector ha cambiado de decisión en cuanto al mejor candidato. Sin embargo, es necesario decir que el candidato más preferido fue el candidato B y no el A. En efecto, si se calcula el numero de veces que se prefirió A sobre B se tendría un total de 33 (23+10); el número de preferencias de B sobre C un total de 42 (23+17+2), de B sobre A un total de 27, de A sobre C un total de 25, de C sobre A un total de 35, y de C sobre B un total de 18. Y en consecuencia, si se reconstruyen las listas de ordenación de candidatos y se le asigna a cada uno de ellos el total de veces que fueron preferidos con respecto a los demás en el conjunto de las votaciones, se tendrá, en efecto, la lista más preferida, un eficiente resultado de elección colectiva donde ningún candidato es desechado, y se puede decidir el más preferido por las mayorías, esto es, el mejor mecanismo de decisión democrática hasta ahora conocido. Así las cosas, la lista ABC contiene los siguientes puntajes: A es preferido a B 33 veces, A es preferido a C 25 veces, y B es preferido a C 42 veces, para un total de 100 preferencias. Por extensión, en la lista BCA se obtiene un total de 104 preferencias, en la lista BAC un total de 94, en la lista CAB un total de 61, y en la lista CBA un total de 80. Y finalmente, para ser consecuentes con este mecanismo de decisión, se pueden establecer listas ficticias a fin de cerrar el número de posibles combinaciones entre A, B y C, esto es, la lista ficticia ACB, cuyo número total de preferencias es 76. Por tanto, la lista con el mayor número de preferencias en el conjunto de las votaciones es BCA, lo que indica en consecuencia que B es el candidato a la presidencia del PDA más preferido en el conjunto de las elecciones, y A el menos preferido. Este sistema de decisión, democrático por excelencia, gracias a la matemática, sólo hace uso de un sistema de medición ordinal, y no admite otro tipo de sistemas a riesgo de distorsionar sus resultados consistentes con las preferencias de cada individuo, como por ejemplo el sistema de medición de intervalo (una sola escala de medición, esto es, una victoria de cualquier equipo del fútbol colombiano es premiada con 2 puntos, o la asignación de 1 voto por elector), empleado en cualquier esquema de elección de mayoría simple, o muy utilizado en la asignación de puntajes en los deportes; ni con un sistema de medición de razón (varias escalas de medición: x grados Celsius en un punto serán y grados Fahrenheit en el mismo punto). Sistema s de medición que, por supuesto, miden los hechos de un modo antidemocrático y privilegian sólo un punto de vista: el del deportista que en mejores posiciones llegue a la meta o más puntos acumule independientemente de su desempeño con relación a sus demás compañeros, y el del científico que construye arbitrariamente su propio rasero de medición. De hecho, si Juan Pablo Montoya ha llegado a la meta según el siguiente desempeño: circuito A, primer lugar con 10 puntos, circuito B, segundo lugar con 8 puntos, circuito C, tercer lugar con 5 puntos, y circuito D, un mismo tercer lugar con 5 puntos; en efecto, un acumulado de puntos estaría suponiendo que llegar dos veces en tercer lugar es lo mismo que llegar en primer lugar, lo que es ciertamente inconsistente con los hechos, pues en los 4 circuitos no ha logrado dos primeros lugares, y claramente irrespetuoso con el desempeño del competidor o los competidores que ganaron los 3 circuitos restantes, quienes deberían experimentar la sensación de que el sistema de puntajes les ha quitado un triunfo o ha inventado gratuitamente otro triunfo. En suma, si se mezclan los puntos asignados en los distintos lugares de llegada se obtendrían desempeños imaginarios agregados, y muy seguramente no ganaría el deportista más competitivo o mejor ubicado con respecto a sus compañeros, sino el deportista que más situaciones ideales haya logrado acumular a su favor, lo que por supuesto es absolutamente antidemocrático. En este sentido, el anterior sistema de medición ordinal permite corregir aquellas inconsistencias de los sistemas de medición de intervalo cuando se trata de decidir los mejores o mayores desempeños de un grupo de competidores.

Aun así, cuando se ha mostrado que el método de elecciones por mayoría simple sin condiciones es sustancialmente antidemocrático, es posible, por extensión, probar que cualquier criterio de mayoría simple bajo distintas condiciones o compensaciones sería un método igualmente arbitrario, incluyendo la regla de mitad mas uno. Si en las elecciones a la presidencia del PDA se decidiera aplicar esta regla (lo que no es común en este tipo de escenarios), se aseguraría un mecanismo de decisión que de antemano seleccionaría un candidato consistente con las mayorías, pero evidentemente eliminaría los puntos de vista o aspirantes restantes, esto es, no cabría la posibilidad de que el elector ordenara sus distintas preferencias ante el abanico de candidatos. Y lo que es más, ante decisiones colectivas aparentemente simples, como la escogencia o rechazo de una sola proposición, los mecanismos usualmente utilizados (mayoría simple sin condiciones), generan serias inconsistencias. Si la asamblea del PDA, mencionada arriba, decidiera someter a votación la propuesta de publicar una carta de rechazo a una posible intervención militar norteamericana en Colombia en la que el PDA advertiría sobre su participación activa en el conflicto, las alternativas ordinarias serían: “apruebo” a denotar como A, “me abstengo” a denotar como B, y “no apruebo” a denotar como C, los resultados mediante el mecanismo tradicional serían (en atención al ejercicio anterior): A=23, B=19 y C=18, por lo cual la carta sería publicada. Sin embargo, si se realizara el ejercicio del Mayor Número de Preferencias (bajo las mismas condiciones del ejercicio anterior), los resultados serían totalmente distintos: la carta no sería publicada y la opción menos preferida sería publicar la carta, dado que el orden de alternativas mayoritario sería BAC. En efecto, mientras el ejercicio tradicional hubiera determinado una alternativa en desconocimiento de las demás percepciones, el ejercicio de preferencias daría un resultado preocupante que exigiría la revisión o modificación de la carta, o un rechazo absoluto de la misma; y muy seguramente permitiría un debate mucho más riguroso y razonable sobre la proposición en cuestión. Ahora bien, a pesar de que se ha probado que un Sistema de Medición Ordinal como el Mayor Número de Preferencias, garantiza mejores resultados democráticos que los criterios tradicionales, sus limitaciones prácticas son evidentes: 1) Si las alternativas en competencia son mayores (10 candidatos por ejemplo), la posibles combinaciones serían 10! (10 factorial), esto es, 3’628.800, una suma sólo manejable con algoritmos de computador. Por lo cual, sería necesario un cambio radical de la cultura electoral de los participantes. 2) En la medida que la lista incrementa sus alternativas (20 candidatos por ejemplo), las decisiones de ordenación de preferencias del elector se hacen más subjetivas o aleatorias, por lo cual la consistencia del sistema se rompería. 3) Este sistema de decisión supone que cada uno de los electores deben exponer, en escenarios tolerantes de comunicación, sus puntos de vista (cuando existen electores que no estarían dispuestos a hacerlo por varias razones, por lo cual se eliminarían por sí mismos), y lo que es más, construir argumentaciones en las cuales se pongan en juego sus intereses, a fin de recabar la información suficiente para ordenar las preferencias (esta reflexión se debe a los trabajos de Habermas y Renn) . Esto implicaría, por supuesto, un cambio radical de la cultura de la comunicación, que en el caso del PDA apenas se encuentra en proceso de construcción. Y 4) Una cultura de la comunicación no está exenta de los campos de intereses de control o manipulación de los electores, lo que implicaría que cualquier exposición de un punto de vista podría (como también no podría) obedecer a estrategias clientelistas o a imperativos de beneficios particulares. En efecto, este problema sólo es salvable mediante una cultura de la comunicación que obligue a exponer al elector tanto sus intereses particulares como sus apuestas colectivas en cualquier escenario de deliberación. Finalmente, la paradoja de las decisiones consiste en que cualquier sistema democrático debe suponer el uso de mecanismos de decisión colectiva antidemocráticos (por sí mismos eliminan puntos de vista) de cara a ofrecer decisiones pragmáticas a los problemas de una realidad social compleja que exige soluciones urgentes. Y ciertamente, el mecanismo más idóneo de decisión (Mayor Número de Preferencias), requeriría de una cultura madura de la comunicación transparente y un cambio radical de la cultural electoral. Por ello mismo, este sistema es bastante útil en estudios tecnocráticos o en grupos de trabajo altamente cualificados, o grupos de aprendizaje social muy acotados, tal como se evidencia en los procesos académicos contemporáneos de Análisis Multicriterio, Modelización Participativa, e Integración Participativa Dialógica.

La paradoja de la sostenibilidad: Por un lado, las elites económicas exacerban el principio del bienestar individual diferenciado mediante la agregación exponencial de utilidades de sus corporaciones, y éstas a su vez intervienen en la agenda de gobierno de manera expedita, por lo cual cualquier política pública de regulación ambiental pasa por su consentimiento, en la mayoría de los casos (cuando no, las resistencias sistemáticas de aquellas elites obtienen sendas moderaciones a las regulaciones). Asimismo, el imperativo de la garantía de un mínimo (o progresivo) bienestar colectivo, inherente al sistema democrático, le exige a la agenda de gobierno un crecimiento económico sostenido para atender sus demandas sociales conexas. E igualmente, los grupos de presión de los asalariados, en virtud del mismo principio de bienestar individual diferenciado, exigen incrementos reales de sus ingresos, lo que a su vez presiona una agenda de gobierno que garantice el crecimiento económico y legitima a aquellas corporacio nes para expandir sus planes productivos. Y en vista de que el actual crecimiento económico depende necesariamente de la extracción y contaminación de los recursos naturales, y de que la agenda de gobierno ejecuta políticas de recuperación y mitigación ambiental (cambio climático, desertización, incendios forestales, erosión, contaminación de acuíferos, polución, entre otros) que no logran restaurar efectivamente los impactos sobre el medio ambiente, en consecuencia, ni la democracia política, ni el liberalismo económico, pueden garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta (estas valoraciones se deben a los estudios de D’allan Schnaiberg) . Ahora bien, a pesar de que los países desarrollados han logrado concertar avanzadas legislaciones ambientales (como las directivas ambientales de la Unión Europea), la paradoja de escala presiona un crecimiento económico soportado en la contaminación de recursos naturales transfronterizos, o sea, del tercer mundo, por lo cual los impactos ambientales seguirán persistiendo a escala planetaria. Igualmente, regímenes democráticos en proceso de crecimiento económico, como Brasil, India y Corea del Sur, con planes nacionales de desarrollo fuertemente cofinanciados por capitales provenientes de los países ricos, también reproducen aquel esquema de producción contaminante, pero esta vez a tasas exponenciales. Y por otro lado, regímenes autoritarios, como China, fundamentalmente, y Corea del Norte, pero sometidos a esquemas liberales de crecimiento económico, también contribuyen al deterioro insostenible de los recursos naturales, o bien por las dinámicas contaminantes internas, o bien por la degradación ambiental transfronteriza que genera su comercio internacional. Así pues, la paradoja de la sostenibilidad consiste en que ningún régimen político actual (democrático o autoritario) puede derivar un incremento adicional de su bienestar si no es a costa de la destrucción paulatina del planeta, dado que, en ambos casos, el liberalismo económico propicia un uso insostenible de los recursos naturales. Las paradojas de las estructuras de gobierno democráticas y autoritarias: A fin de simplificar la discusión, por un lado, los regímenes democráticos se caracterizan por un sistema de decisión colectiva sustancialmente antidemocrático, cuyas determinaciones sólo tienen sentido (en aras de conservar el pacto social) si garantizan un sistema de distribución diferenciada del bienestar individual, denominado aquí liberalismo (por la paradoja de las decisiones, el ejercicio de la democracia real elimina muchos puntos de vista, esto es, excluye otros intereses y permite la constitución de grupos de poder ilegítimos, es decir, elites económicas).

En efecto, estos regímenes gozan de una separación débil o adecuada de poderes, promueven la democracia directa y la descentralización del Estado, establecen mecanismos de control del desempeño de los poderes, propician la participación ciudadana, entre otros propósitos, pero, efectivamente, son las elites económicas las que deciden los ejes fundamentales de la agenda de gobierno y son sus corporaciones las que usurpan los campos de acción de la democracia participativa. Evidentemente, dado que su matriz de producción, distribución y fomento del ingreso es el liberalismo económico, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, la garantía del mínimo vital y las exigencias de un incremento adicional del bienestar colectivo, desfundamentan la democracia universal (por la paradoja de escala), y producen daños ambientales insostenibles a largo plazo (por la paradoja de la sostenibilidad). Finalmente, hacen uso de una retórica mediática para resguardar un pacto social fundamentado en principios de acción que desalientan el mismo pacto social (en virtud de la paradoja del mínimo vital), esto es, igualdad de oportunidades (sin garantías de acceso efectivo), libre iniciativa y un mínimo bienestar colectivo. Y ciertamente, el mínimo vital es asegurado por una política de bienestar colectivo básico, pero a su vez el financiamiento sostenible de esta política y la exacerbación del bienestar individual minan las premisas del pacto.

Por otro lado, los regímenes autoritarios resuelven aquellas paradojas de las decisiones colectivas con determinaciones centralistas e inconsultas, las cuales sólo tienen sentido (de cara a la permanencia del pacto social) si garantizan un sistema de distribución igualitaria del bienestar , esto es, socialismo real. De hecho, estos regímenes están regulados por una Asamblea Nacional o Popular (es la figura común, aunque democracias representativas pueden dar lugar a una suerte de Microestructura de Asamblea Nacional, esto es, presidencialismos omnipresentes con una fuerte injerencia en los poderes públicos, como Venezuela y Colombia, así los contenidos políticos sean distintos), constituida mediante elecciones directas, las cuales están sometidas a una serie de distorsiones que van más allá de las paradojas matemáticas conexas a las decisiones de las mayorías simples, esto es, manipulaciones, intimidaciones, chantajes y relaciones clientelistas (el caso más patente es China, aunque democracias débiles también padecen de estos fenómenos). Algunos deciden sus primeros ministros al interior de aquella Asamblea, y otros practican una simulación de democracia directa pero con candidatos del partido único. De hecho, la división de poderes no existe, y las libertades funcionales a la democracia política son condenadas, pues, efectivamente, ninguna de estas expresiones consagradas en la democracia es esencial al funcionamiento del régimen. Ciertamente, dado que su matriz de producción y distribución del ingreso se ha convertido progresivamente en un circuito transfronterizo (por los efectos de la globalización), esto es, en una estrategia de crecimiento exponencial y de expansión comercial ejemplarmente funcional al liberalismo económico, sus consecuencias negativas sobre las democracias débiles son evidentes (se trata de una paradoja de escala ya no desde la perspectiva de los sistemas democráticos, sino desde la perspectiva de los sistemas autoritarios. En este sentido, los desastres que genera China en los países subdesarrollados en virtud del bajo costo de sus bienes manufacturados son tan lesivos como los que genera el neocolonialismo anglosajón), como también su contribución a la destrucción del medio ambiente (por la paradoja de la sostenibilidad). Efectivamente, aquellos regímenes autoritarios, con persistentes índices de pobreza, aunque han logrado garantizar algunos servicios públicos básicos de manera igualitaria, no han despejado la fórmula que garantice ese mínimo bienestar colectivo de los sistemas democráticos avanzados. Y lo que es más, sólo las políticas de fomento a la inversión privada y el aprovechamiento de los circuitos económicos mundiales se han convertido en la única fórmula efectiva para el mejoramiento de sus índices de pobreza. Igualmente, la retórica mediática de estos regímenes entraña sus propios principios de acción para proteger a toda costa el pacto social, los cuales son, esquemáticamente: igualdad de acceso efectivo a las oportunidades, control planificado de las iniciativas, y bienestar individual igualitario. No obstante, si estos regímenes persisten en aquella política acotada de liberalización de sus economías, aquella retórica igualitarista del bienestar muy seguramente no podrá contener los efectos del paradigma universal del bienestar individual de cuño occidental, es decir, de raíces liberales, sin considerar las posibles configuraciones de nuevas elites económicas poderosas capaces de presionar transformaciones “democráticas”. Lo que efectivamente se demuestra con los altos flujos migratorios de estos regímenes hacia los sistemas democráticos, y la progresiva independencia económica de ciudades chinas como Chongqing, Wuhan, Shenyang, Dalian, Cantón, Harbin, Xi’an y Shanghai.

En suma, mientras los regímenes democráticos aseguran las libertades básicas (libertades inherentes al liberalismo) para diferenciar el bienestar de su población mediante mecanismos de decisión antidemocráticos, el socialismo real constriñe aquellas libertades e instrumenta con eficiencia las tradiciones colectivistas de sus pueblos en muchos casos, para redistribuir los ingresos mediante otros mecanismo s de decisión evidentemente antidemocráticos. Igualmente, al mismo tiempo que los sistemas democráticos avanzados y autoritarios en crecimiento económico desfundamentan la democracia universal y fomentan una concentración inusitada del ingreso tanto al interior como al exterior de sus fronteras, contribuyen de manera importante al deterioro insostenible del planeta. Y finalmente, dado que todas las democracias se encuentran alineadas con el “eje del bien” con el respaldo del mayor poderío militar del planeta, evidentemente, los valores “sagrados” de esta estructura de gobierno seguirán siendo defendidos en proporción a este poderío. Y dado que los países alienados con “el eje del mal” (aquellos que desarrollan una política internacional en abierta oposición a Estados Unidos) se encuentran en un tránsito efectivo hacia el liberalismo económico (aun en los casos más extremos de Corea del Norte y Cuba, cuyos sistemas productivos son estatales, pero con sistemas de comercialización globalizados en distintos niveles), los escenarios esperables a largo plazo serán la reconstitución de elites económicas y la consecuente lucha por la instalación de las democracias (en el supuesto de que no se desencadene una guerra que conduzca a la destrucción del planeta), con los efectos conexos a aquellos regímenes ya mencionados: fortalecimiento de la democracia en unos lugares del mundo y su desfundamentación estructural en otros, el cuidado ambiental en unas regiones y su destrucción con efectos globales en otras, una concentración inusitada de la riqueza y el empobrecimiento de amplias capas de la población mundial, la exacerbación de un paradigma de bienestar individual de cuño occidental altamente conflictivo y autodevorador del planeta, y la consolidación de un sistema mediático universal capaz de interiorizar con una eficiencia sin precedentes los dogmas básicos del liberalismo. En atención a estas tendencias y en términos especulativos, nuevos regímenes autoritarios vendrán, como también la reinstalación de sus viejas experiencias, en una especie de bucle de rotación de poderes sociales, bastante escéptico, anticipado ya por Elias Canetti.

Las paradojas de los buenos gobiernos latinoamericanos: Así las cosas, ¿cuáles son las oportunidades de las luchas sociales latinoamericanas a corto plazo? La interesante escogencia de modelos de gobierno socialdemócratas, como en Uruguay, Chile, Argentina y Brasil, y las experiencias innovadoras de gobierno local en distintas ciudades del Cono Sur, ya han resuelto un interrogante político e ideológico de las izquierdas latinoamericanas: es posible gobernar de manera eficiente, crear condiciones de crecimiento económico, orientar socialmente el mercado, incrementar el bienestar colectivo, profundizar la participación ciudadana, defender los intereses fundamentales de la nación en el marco de la globalización, sin renunciar al sistema democrático, ni al liberalismo económico (aunque tal resolución obedece a la percepción de algunos éxitos locales y a logros indudables de envergadura nacional en algunos temas sociales). En suma, se trata de la constitución del paradigma de la democracia social europea, o sencillamente, de un proceso de modernización de algunas instituciones democráticas. Y efectivamente, aunque tal paradigma conlleva todas las paradojas sociales, económicas y ambientales mencionadas atrás (en cuyos casos los países peor librados serán los de la Zona Andina, Centroamérica y el Caribe, dada las tendencias de la reconfiguración del mercado regional, en tanto que sufrirán una presión devastadora del comercio unipolar de Estados Unidos, del Mercosur y Chile, del proteccionista mercado europeo y de la apabullante penetración China), su desarrollo consecuente a largo plazo muy probablemente le asegurarán a aquellos gobiernos reformistas ese mínimo bienestar colectivo que ha suscitado toda suerte de conflictos, guerras civiles e inestabilidades sociales en los últimos 200 años. Y por ello mismo, los líderes naturales y los militantes institucionalizados del PDA, consideran de modo vehemente que, aquellos esquemas de gobierno alternativo constituyen adecuados imperativos de acción política, y no requieren de ajustes estructurales, sino apenas de revaloraciones instrumentales, a pesar de que se ignoren (o se soslayen, bajo el supuesto de un programa mínimo de gobierno, que en el caso de ser cierto sólo podría ser la invención de una microestructura de cuadros políticos autodesignados) las verdaderas consecuencias globales y regionales de la práctica sistemática de la democracia política en el marco del liberalismo económico, explicitadas en las anteriores paradojas.

No obstante, ¿cuáles son las oportunidades de los nuevos modelos de gobierno alternativo latinoamericanos? Por supuesto, lo que un espectador puede percibir en las intuiciones bolivarianas de Chávez, la prosa mito-política del subcomandante Marcos, y la retórica antisistema de la izquierda beligerante colombiana, es la constitución de una democracia radical (a decir de Habermas), esto es, la profundización de la democracia con una fuerte cultural deliberativa, la extirpación progresiva del liberalismo económico, y la garantía efectiva del liberalismo político (toda forma de oposición al despotismo y la inequidad, esto es, preservación de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales), lo que en efecto representaría la fórmula de acción política más avanzada y compleja que haya conocido la historia de la democracia, y en consecuencia, una especie de programa máximo de gobierno de la izquierda radical, si tal fuera posible concebir en el mundo de las posibilidades reales.

Ciertamente, ¿por qué se trata de una fórmula sólo concebible como un horizonte de ideas a seguir, e impracticable como un imperativo dogmático? 1) El sistema mundial de democracias funcionales al liberalismo económico ha intervenido violentamente en cualquier esquema colectivista exitoso de producción, distribución y fomento del ingreso (lo que en efecto sólo se ha probado para comunidades pequeñas, fuertemente acompañadas con recursos de cooperación, y paradigmas de bienestar campesinistas e indigenistas). 2) La modernización accidentada de ciudades y campos latinoamericanos en los últimos 100 años (urbanización, industrialización y desfundamentación masiva de valores culturales premodernos y ancestrales de poblaciones mestizas, afrodescendientes e indígenas), ha derivado en un omnipresente sistema de aculturación que ha logrado instalar un fuerte paradigma de bienestar occidental, de cuyos malogrados imperativos han surgido megaciudades, desabastecimiento alimentario, conflictos sociales, dictaduras, entre otros. Por lo cual, las autodeterminadas necesidades materiales de la mayorías latinoamericanas no corresponden a la canasta familiar agro-bucólica de hace 50 años, sino a un estilo de vida egotista, exitoso y hedonista (en atención a la psicología social de Fromm) , cuyos costos sociales sólo son financiables mediante modelos de liberalismo económico (entiéndase también globalización), aún bajo el supuesto de que gobiernos contaran con presupuestos “ilimitados” como Venezuela. Y 3) La constitución de un Estado de bienestar cuyo sistema de justicia garantice la realización de las premisas del liberalismo político depende del aseguramiento de aquel mínimo bienestar colectivo de cuño occidental, lo que obligaría a los gobiernos alternativos a cerrar un pacto definitivo con el liberalismo económico, en una suerte de teleología de la historia.

La Gobernabilidad

En consecuencia, los gobiernos alternativos socialdemócratas instalados en Latinoamérica se han visto abocados a desarrollar esquemas eficientes de “good governance”, lo que los sitúa en el escenario de acción 2), mencionados arriba, esto es, los retos de una gobernabilidad permanente en el marco del liberalismo económico.

En efecto, se ha visto que las experiencias democráticas más avanza das de los países desarrollados no han logrado superar las paradojas sociales, económicas y ambientales conexas al buen funcionamiento de sus regímenes. Asimismo, distintos estudios sobre el ejercicio de la democracia participativa latinoamericana han mostrado que sólo es posible ofrecer (hasta ahora) experiencias localistas de buen gobierno, con presupuestos públicos participativos previamente acotados, fuertes filtros ideológicos y evidentes intervencionismos de las tecnocracias vinculadas a la administración pública (Benjamín Goldfrank, Daniel Chávez y Beatriz Stolowicz, entre otros). De hecho, se ha probado que esta democracia local no ha conseguido resolver ningún problema estructural de pobreza en las comunidades implicadas, a pesar de que los procesos de aprendizaje social sobre el funcionamiento de la cosa pública sean significativos, como también las formas organizativas de cooperación de las comunidades para contribuir a la solución de sus propios problemas. Adicionalmente, este interesante ejercicio de gobierno (visto con muchos reparos por la democracia representativa europea) también se ha constituido en un instrumento demagógico de la izquierda democrática, lo que de paso ha contribuido a erosionar sus mejores propósitos. Ciertamente, algunos modelos de gestión participativa ya han hecho crisis en Montevideo, Porto Alegre y Caracas, en vista de que los esfuerzos institucionales no han logrado sostener los niveles de participación de sus comunidades, explicable por las altas exigencias de los compromisos inherentes al proceso en un contexto de desempleo e informalización de la economía, la presión de los partidos de derecha, y la ausencia de propuestas de solución a corto plazo ante las persistentes deudas sociales. Efectivamente, los programas de obras públicas participativas implementados recientemente en Bogotá ya están experimentando rechazos de parte de las Juntas de Acción Comunal, y muy seguramente, en lo sucesivo, el agotamiento de este esquema de gestión será evidente si no se realizan los ajustes adecuados.

En atención a lo anterior, muy probablemente, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil verán la consolidación del paradigma de la democracia social europea, con sus propios ajustes y diversificaciones, en el marco de un liberalismo económico más agresivo con sus socios comerciales, pero, al interior de sus fronteras, mejor regulado socialmente. Y en efecto, será una política de Estado no sólo agenciada por la socialdemocracia en asc enso, sino también por las plataformas políticas de sus poderosas derechas, obedeciendo a un proceso de aprendizaje de partidos políticos (comprobable en la historia de la democracia), o más claramente, sus partidos de izquierda harán sendos esfuerzos en la consolidación de esquemas de buenos gobiernos nacionales, regionales y locales, mientras que los partidos de derecha tomarán atenta nota de sus estrategias conexas de gobernabilidad a fin de ponerlas a su servicio, o simplemente, recusarán y desprestigiarán sistemáticamente sus programas de gobierno cuando las estrategias no arrojen los resultados esperados. En suma, la izquierda está enseñando a gobernar y asumirá los costos políticos de las posibles resistencias sociales derivadas de los ajustes estructurales que acometan. Ya el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le ha demostrado a la izquierda colombiana cómo puede utilizarse de manera eficiente las mejores herramientas de la participación ciudadana y la retórica social mediática, antaño reservadas a las fuerzas progresistas: consejos comunitarios, consejos temáticos, banca social y democratización del capital, así el proyecto que encarne no sea la decorosa democracia social, sino el autoritarismo gamonal inspirado en un catolicismo monárquico de hondas raíces en Colombia (sobre el autoritarismo colombiano véase la obra del brillante psicoanalista José Gutiérrez, que de haberse considerado seriamente hace 40 años le habría ahorrado a la izquierda colombiana una larga historia de traumas y tragedias).

En virtud de los anteriores escenarios de acción política, ¿es posible diseñar un programa máximo de gobierno a escala nacional y regional para la constitución progresiva y a largo plazo de un modelo de democracia radical, pasando previamente por la implementación del paradigma de la democracia social europea? O ¿Este modelo de democracia social condenará a las naciones al siguiente bucle infalible? Un envidiable bienestar colectivo en unas y la consecuente ampliación de la brecha entre ricos y pobres en otras, una profundización efectiva de la democrática representativa en unas, con la subsiguiente destrucción de las condiciones de posibilidad de una redefinición participativa de la misma al interior de sus fronteras y la desfundamentación del sistema democrático mismo en otras; y la implementación de regulaciones ambientales adecuadas en unas y los consecuentes daños ambientales irreversibles en buena parte de los ecosistemas del planeta. O finalmente, ¿será posible la constitución progresiva de un modelo de democracia radical mediante la cooperación de redes de gobiernos alternativos locales, organizaciones sociales de base y cooperativas productivas, a nivel nacional e internacional, tal como se entrevé en las propuestas más avanzadas de la izquierda latinoamericana? Si esta última alternativa fuera la escogencia, las dificultades radicarían precisamente en la reestructuración de las tres condiciones de toda intervención política en la constitución de un nuevo modelo de gobierno en la región, mencionadas atrás: contener la oposición y agresión del sistema mundial de democracias, la revaloración de los patrones de consumo urbanos y rurales del paradigma de bienestar occidental inherente al liberalismo económico, y la constitución de un nuevo Estado de bienestar capaz de asegurar un mínimo bienestar colectivo (valorado ahora con otros parámetros) sin sacrificar los fundamentos del liberalismo político, las premisas innegociables del desarrollo sostenible, y las oportunidades de progreso de otras naciones pobres o subdesarrolladas ¿Cómo y quién agenciaría esta descomunal tarea? Nadie tiene la respuesta a esta pregunta.

No obstante, lo que si es posible afirmar sin ambages es que los sistemas democráticos y autoritarios mundiales no podrán garantizar, según las tendencias actuales, la realización de aquella famosa divisa kantiana de un progreso infalible de la humanidad hacia lo mejor. Contextos que ciertamente conllevan al escenario 3), esto es, la superación de un Estado de bienestar en crisis y su reconstitución radical, bajo el supuesto de que fuera posible la instalación de aquel nuevo modelo de gobierno alternativo en un escenario internacional relativamente pasivo y con estilos de vida necesariamente agro-bucólicos (dado que los patrones de bienestar occidental fuertemente individualistas, hedonistas y consumistas sólo son realizables en esa noria autodestructiva del liberalismo económico).

El Estado De Bienestar

Efectivamente, un nuevo Estado de bienestar que extirpara el liberalismo económico, pero que al mismo tiempo fuera garante de la sustancia del liberalismo político, en el marco hipotético de una política de bienestar menos costosa (o sea, agro-bucólica, según los ejes fundamentales de las plataformas agroalimentarias de la izquierda campesinista e indigenista latinoamericana), más redistributiva y ambientalmente sostenible , constituye una nueva paradoja. O en otras palabras, ninguna forma de liberalismo es compatible con estilos de vida materialmente regresivos, ni con la autonegación de la diferenciación del bienestar individual de carácter material (económico), lo que constituye una consecuencia directa de la extirpación del liberalismo económico. De hecho, el liberalismo económico sólo opera en virtud de las funciones cotidianas del liberalismo político, y éste sólo opera en virtud de las gratificaciones de la práctica del liberalismo económico.

¿Por qué? El derecho a la diferencia y al disenso presupone el derecho a la diferenciación del bienestar material, pues, contrariamente, supondría una comunidad de iguales que no requeriría de buena parte de las instituciones fundadas en el liberalismo político, esto es, un sistema de justicia social, en tanto que sus vidas cotidianas se desarrollarían en una suerte de consensos interpersonales perma nentes, lo que por supuesto no sucederá bajo ningún régimen democrático o colectivista. En efecto, se trata del mismo principio interpretativo de carácter ahistórico de Habermas o Rawls (lo que también representa la autoevidencia cotidiana más fuerte de las ciencias sociales), esto es, la diversidad de intereses con miras a establecer consensos pragmáticos es por naturaleza irreductible, por lo cual requiere de un sistema normativo ecuánime , en el caso del primero; o las pretensiones del ciudadano de diferenciar su bienestar con respecto a los demás son también irreductibles y sólo compensables mediante una política redistributiva, por lo cual requiere de un sistema de justicia adecuado, en el caso del segundo. Ahora bien, se puede alegar que la profundización del liberalismo político establecería una sana diferenciación del bienestar individual de carácter espiritual (la conquista de la autonomía plena de cuño estoico, o cristiano, o budista, etcétera), desfundamentando por sí mismo los imperativos individualistas del bienestar material. Sin embargo, tal circunstancia implicaría, irónicamente, la extirpación misma del liberalismo político, en tanto que supondría la universalización de valores supremos, especialmente aquellos referidos a la sacralización de la vida humana, en una clara oposición a la multiculturalidad y diversidad de estilos de vida del mundo, especialmente los conexos al utilitarismo occidental. Son ya famosas la reconstrucciones utópicas de una sociedad radicalmente distinta, en la cual sus ciudadanos conviven en una suerte de comunión espiritual (una comunidad regentada por Maestros de la Vida, en el caso de Fromm), o se relacionan en una especie de club de científicos (Friedrich Engels, Rudolf Bahro, entre otros), o desenvuelven sus vidas en guetos de artistas (la concepción estética del individuo de Nietzsche, Foucault, y el postmodernismo mediterráneo y americano, con algunas excepciones). Pero, el sueño de aquel individuo autorregulado en observancia de valores sagrados, racionales o estéticos, son absolutamente incompatibles con el liberalismo político, y por tanto, contrario a la sustancia de la democracia. Ciertamente, la esperanza de una comunidad paradigmática de voluntades autogobernadas es en realidad la esperanza de una comunidad sin individuos, una totalidad de intereses comunales. Lo que en efecto sólo puede percibirse en pequeñas comunidades con concepciones cosmológicas u organicistas del mundo, que en Latinoamérica apenas subsisten en algunos resguardos o reservas indígenas. En suma, la experiencia de un nuevo gobierno alternativo, bajo la situación hipotética de un paradigma de bienestar materialmente regresivo (en consecuencia con los dogmas telúricos de los movimientos sociales latinoamericanos), no podría aspirar a la implantación de una democracia plena. En perspectiva, la franca y desprevenida discusión sobre los alcances de un sistema democrático radical, y la consagración de un liberalismo político heredero de las revoluciones burguesas, conducen a un debate marxista con 150 años de antigüedad, esto es, todas las libertades derivadas del derecho burgués, ciegamente funcionales a la competencia económica e inequidad social, sólo pueden garantizar la constitución de un sistema democrático fuertemente conflictivo (por no decir peligroso), y la consecuente práctica de una democracia política al servicio de las elites económicas. Ciertamente, un programa máximo de gobierno de la izquierda radical, practicable en el mundo de las posibilidades reales, deberá pasar primero por la desfundamentación del liberalismo en todas sus formas, la restitución de un nuevo sistema democrático, y la reinvención de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en cuyas funciones imperativas se configura, previamente, las formas de producción, distribución y fomento del ingreso operativas a la economía de mercado (se trata de las contracorrientes mediterráneas herederas de la metafísica del poder de Foucault, cuyas representaciones arquetípicas son ahora Hardt y Negri, con la diferencia de que éstos desvanecen la militancia en una autonomía y autoorganización abstracta aún de cuño liberal, y aquél propone al menos una militancia individual concreta de raíces estoicas profundamente antiliberales). No obstante, cabe preguntar de nuevo: ¿cómo y quién instalaría un nuevo sistema de valores democráticos de estas características? O ¿la izquierda radical latinoamericana, y en especial las buenas voluntades del PDA, deberán conformarse con un programa máximo de gobierno obstinado con la profundización del liberalismo político, y el fortalecimiento de una democracia social simuladora de sus principios radicales, con la subsiguiente preservación de las paradojas sociales, económicas y ambientales, mencionadas arriba? En realidad, una lucha sin cuartel contra el liberalismo es una lucha contra la modernidad y la postmodernidad, un ejercicio político descomunal tal vez impracticable en estas épocas, cuyos imaginarios frutos no dejarían de representar la utopía de la Atlántida o de la Atenas de Pericles. Efectivamente, los hechos políticos parecen indicar que el destino del PDA será su indudable contribución a la constitución de la socialdemocracia colombiana (tarea de por sí compleja y demorada), sin que aquellas consideraciones sobre las condiciones de posibilidad de la democracia radical y planetaria sean tomadas con seriedad en el tráfago de sus negocios políticos cotidianos.

Así las cosas, cada una de las paradojas derivadas de la práctica de la democracia en el marco de cualquier forma de liberalismo, han conducido a un bucle insuperable a largo plazo : la imposibilidad concreta de la redefinición de la democracia o la radicalización de los conflictos sociales, o mejor, la inviabilidad práctica de la democracia radical o la constitución trágica de la democracia liberal.

Evidentemente, este escepticismo, bien fundado por cierto, legitimaría en principio toda suerte de plataformas políticas antisistema violentas, lo que en efecto se puede percibir en sus diferentes lenguajes, esto es, desde el panarabismo dogmático con sus proclamas sobre la naturaleza “infiel” de la democracia, pasando por las consignas necrofílicas de las guerrillas marxistas sobre la lógica insana del “democraterismo”, hasta las autojustificaciones de los anarquismos virtuales que suelen florecer en los países “más democráticos”. La escogencia de “ir contra el mundo” parece ser tan válida como aquella que defiende la continuidad del “teatro trágico del mundo”. El “eje del mal” ha echado en suertes la vaga esperanza de implementar la idea abstracta, difusa y per se diversa de un “mundo mejor”, y el “eje del bien” ha decidido prolongar la operatividad concreta y ciega de un sistema mundial sólo gratificable en una competencia individualista peligrosamente conflictiva, y apenas dirimible en la fugacidad del aquí y el ahora (para decirlo en términos postmodernos).

Ahora bien, supóngase una alternativa optimista, es decir, consecuente con las premisas de la democracia radical, pero dispuesta a desfundamentar el liberalismo político y económico, con el objeto de restituir los valores innegociables de la democracia: el ejercicio de la diferencia y el disenso en todos los órdenes de la vida cotidiana, sin sacrificar un mínimo bienestar colectivo, garantizar el crecimiento económico, profundizar el desarrollo sostenible, y propiciar el progreso de otras naciones. En suma, se trata de refundar el sistema democrático, constituir un nuevo Estado de bienestar, restituir un nuevo modelo de bienestar, y reinventar una nueva forma de individualidad, frontalmente antiliberal, pero respetuosa de la multiculturalidad de los pueblos, en un escenario internacional permisivo y permeable a estos valiosos experimentos. Lo que conduciría al escenario de acción 4), mencionado arriba, esto es, la revaloración integral del actual modelo de bienestar occidental con los subsecuentes deslindamientos del sistema democrático liberal. Desde esta perspectiva, se estaría frente a un programa máximo de gobierno alternativo ambicioso y optimista, pero de la estatura ideológica de la izquierda radical. Dicho de otro modo, cualquiera sea el camino para la instalación de la socialdemocracia en Latinoamérica, su implementación no puede representar sino un programa mínimo de gobierno alternativo. De hecho, dentro de las suscitaciones políticas del PDA, las posibilidades concretas de una refundación de la democracia secular vigente constituyen un insumo privilegiado (y tal vez único en Latinoamérica, dado el proceso singular de constitución política del revolucionario colombiano) para la construcción obstinada, decida y prolongada en el tiempo de aquel programa máximo de gobierno alternativo.

El Modelo De Bienestar

En atención a lo anterior, ¿cuáles serían los contenidos de una nueva individualidad? O mejor ¿Cómo desfundamentar el liberalismo respetando los valores clásicos de la democracia: el desarrollo de la individualidad y la práctica dialógica cotidiana de cara a establecer consensos para el aseguramiento del bienestar colectivo? En efecto, al menos para los pueblos de la Zona Andina, la respuesta parece estar en la rica simbiosis entre la moralidad judeocristiana y la cosmología ancestral de las comunidades indígenas y campesinas con experiencias locales de autogobierno (al respecto, los estudios sobre Colombia son escasos, pero existen importantes precisiones en Orlando Fals, Luis Guillermo Vasco, Joanne Rappaport, David Gow, entre otros. Y sobre nuevos modelos de gestión pública participativa en estas comunidades, existen trabajos de campo en Jhon Jairo Rincón y Alexander Martínez). Se trata de una individualidad que produce una ruptura radical con la tradición liberal de occidente, cuyas características fundamentales son: a) La instalación de un principio moral consuetudinario de trabajo colectivo conocido en Colombia como Minga (hermandad hecha costumbre), en cuya tradición cristiana se justificó y diferenció para la resolución de los contenidos del mínimo vital, pero en cuya tradición cosmológica se garantizó su validez cultural; b) El fomento regulado de la libre iniciativa, derivado de las suscitaciones seculares del cristianismo doctrinero fuertemente autogestionario, para la resolución competitiva de las necesidades conexas a una supra-canasta familiar, en donde aún el espíritu de la Minga se conserva a fin de garantizar la transparencia de la competencia; y c) El aprovechamiento controlado de los mejores frutos de la racionalidad técnica y administrativa del mundo occidental, en virtud de las dinámicas modernizadoras implantadas en sus territorios, en donde el espíritu de la Minga exige el disfrute colectivo de aquellos frutos, pero también los imperativos cosmológicos tratan de resguardar el equilibrio de los ecosistemas (existen algunas prácticas antiambientales, pero de bajo impacto, y explicables por la escasez de suelos productivos). Ciertamente, la restitución de estas formas solidarias concretas sólo puede constituir la imagen utópica de aquella individualidad, pero sus principios rectores sí ofrecen el suelo nutricio para la reestructuración de los tipos morales de la individualidad andina, o para el caso particular de las perspectivas políticas del PDA, de una nueva individualidad colombiana. Esquemáticamente, se está frente a la instauración de un principio de acción solidaria culturalmente válido, o mimetizado en distintas formas de goce colectivo, para la resolución de las necesidades vitales; frente a la reformulación de un principio de acción de competitividad transparente para la resolución de necesidades supravitales; y frente a un principio de acción racional autorregulado moralmente para la planificación e incremento sostenible del bienestar social. Las consecuencias de esta escogencia son evidentes: se extirpa el liberalismo desde el individuo mismo para la garantía universal de sus autodeterminadas necesidades vitales, es decir, se asegura el pacto social de antemano para la restauración de la democracia, pero también se fomenta un liberalismo autoconstreñido para garantizar sus autodefinidas necesidades supravitales, esto es, el desarrollo material y la multiculturalidad de los pueblos. ¿Cómo definir los matices concretos de estas transformaciones? ¿Cómo precisar los contenidos básicos, per se diferenciales, del mínimo vital y las necesidades supravitales? O lo que es lo mismo, ¿Cómo sacralizar y a su vez planificar infatigablemente la dimensión del mínimo vital, sin disolver al individuo mismo en una estructura despótica de decisiones? ¿Cómo restablecer la tradición de las formas de organización económicas solidarias? ¿Mediante qué instrumentos de aprendizaje se debe desfundamentar el hombre oiconomicos y el hombre edonais (entre placeres), y qué contenidos concretos deberán preservarse de la tradición moral cristiana y de aquella cosmología que resguarda el hermanamie nto de los entes? ¿Cómo refundar el modelo económico y asegurar una adecuada redistribución del ingreso? ¿Qué patrones culturales habrá que revalorar para validar estos cambios revolucionarios? Evidentemente, las respuestas a estas preguntas pertenecen a la dimensión de las luchas políticas. No obstante, las pocas experiencias de aquellos autogobiernos locales de cuño indigenista o campesinista han demostrado una capacidad inusitada de autoorganización colectivista para la producción de bienes agroalimentarios, una planificación razonable de su comercialización, estructuras de decisión asamblearias en la construcción de presupuestos públicos o gremiales, una promoción cooperativa de la libre iniciativa, un ejemplar fortalecimiento del sistema de fiscal, y un desempeño eficiente de las políticas públicas locales. Resultados que, a pesar de todas las adversidades, ofrecen ejemplos concretos sobre cómo una individualidad puede ser funcional a las formas colectivistas de trabajo, y al mismo tiempo eficiente en las formas liberales de producción, sin sofocar la libre iniciativa, ni sacrificar las posibilidades de un desarrollo integral sostenible , en el marco de una democracia local (al respecto, existen informes de gestión de la Alcaldía de Inzá, Cauca, Colombia, 2004-2007, en cuyo gobierno alternativo concurren organizaciones campesinas e indígenas). Así pues, una nueva individualidad, con lo matices concretos de la personalidad del colombiano, revaluaría los fundamentos mismos del liberalismo, en tanto que los imperativos sacraliza dores de la dimensión de las autodefinidas necesidades básicas (sometida a mutaciones según las exigencias colectivas), y el hermanamiento subsecuente tanto para su resolución como para la regulación de la libre elección del individuo, representarían la condición fundacional de un verdadero régimen democrático, y en consecuencia, los contenidos intuitivos de un programa máximo de gobierno alternativo para Colombia. En otras palabras, la profundización o regulación del liberalismo no sería el camino para la consolidación de la democracia, sino que a su restauración plena se llegaría mediante la destrucción del liberalismo mismo. Por lo tanto, ningún sistema de justicia sería válido sin las evidencias cotidianas de una resolución colectiva del mínimo vital; la dimensión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se disolvería en la noria consue tudinaria de la vida cotidiana, y perdería toda su connotación liberal de competencia, oportunidad y disputa ciega por la diferenciación del bienestar material; y la dimensión de los derechos civiles y políticos sólo serían la consecuencia de la gratificación inmediata de los anteriores derechos, o mejor, los valores fundacionales de la democracia, la voluntad de diferencia y la voluntad de disenso, sólo tendrían por función resguardar la esfera del mínimo vital en craso sacrificio de las libertades contrarias a este propósito y en el marco de una política implacable de Estado, y desplegar las libertades en la esfera de lo supravital en el espíritu de un nuevo sistema de justicia y en el marco de una multiplicidad competitiva de políticas de gobierno. En suma, el antiguo liberalismo sólo estaría reservado para la esfera supravital y bajo la vigorosa regulación de un espíritu solidario de raíces cosmológicas, cuyos contenidos concretos son indefinidos. En clave radical, todo sistema de decisión democrático y todo sistema de justicia merecerían la sedición inmediata sin un sistema de bienestar colectivo de mínimos plenamente asegurado.

III. Las Oportunidades Del PDA En Perspectiva Optimista Efectivamente, las paradojas sociales, económicas y ambientales reseñadas atrás son irreductibles bajo regímenes democráticos de raíces liberales, o bajo regímenes autoritarios sometidos a las presiones de la globalización económica y a la masificación de un paradigma de bienestar occidental. Algunos países latinoamericanos han iniciado el largo camino hacia el desarrollo en el marco de una respetable democracia social inspirada en las instituciones europeas, en cuyas dinámicas concretas se puede prever desde ya la instalación de una política decidida de mínimo bienestar colectivo, pero en el espíritu de un modelo de bienestar occidental conflictivo, ingobernable y ambientalmente insostenible. En lo que corresponde a Colombia, es bastante probable que la izquierda, en sus luchas por profundización de la democracia política, logre interesantes procesos de control e innovación de las políticas públicas de la derecha, con o sin la conquista del poder nacional. Lo que no impedirá el proceso de intervención agresiva de los mercados de Norteamérica y Europa, de las economías emergentes de Asia, y de la penetración abiertamente liberalizada del Mercosur y Chile, a pesar de todos los réditos políticos que el PDA pueda derivar de las consecuencias negativas conexas a esta intervención. Sin embargo, el horizonte de las luchas políticas será bastante amplio y prolongado en el tiempo. Lo que permitiría en principio acelerar el proceso de consolidación de la democracia social, lograr fuertes niveles de identificación con el Mercosur, y profundizar la crisis del modelo de democracia liberal; dinámicas que sólo serán posibles con la participación política del PDA en todos los niveles territoriales de gobierno.

Ciertamente, ¿qué hace falta? Las consabidas propuestas y los esquivos compromisos. A manera de propuesta. Se han reseñando atrás tres grandes retos del PDA: construir una unidad pragmática entre sus actores políticos (¿Cómo se llegará al gobierno?), construir una única plataforma política (¿Cómo se gobernará?), y consolidar la unidad política del partido (¿Cómo se tomarán las decisiones?). No obstante, tales propósitos deberán ser el fruto de un único programa mínimo de gobierno alternativo de características socialdemócratas, pero atendiendo a las singularidades de Colombia. Y evidentemente, este programa también deberá ser el resultado de un consenso pragmático de los siguientes tres actores del PDA: líderes naturales, militantes institucionalizados y militantes radicales, estudiados detalladamente arriba. Sin embargo, sus imperativos deberán explicitar desde ese momento las premisas de un programa máximo de gobierno alternativo, en cuyos contenidos se inscribirá la desfundamentación del liberalismo en todas sus formas tradicionales, y el propósito de una nueva individualidad, con raíces en la sustancia popular colombiana, esto es, en aquella particular simbiosis cristiano-cosmológica de sus comunidades campesinas e indígenas (la riqueza de las nuevas formas de hermanamiento urbanas, surgidas de expresiones artísticas, culturales y gremiales contemporáneas, ofrecen otra simbiosis constitutiva de tipos morales que no son incompatibles con aquélla de raíces rurales, dado que en sus lenguajes creativo s se explicita siempre una concepción urbana de las identidades telúricas colombianas). Asimismo, un programa mínimo de gobierno, además de precisar los criterios de unidad y consolidación de un partido de envergadura nacional, tendrá que precisar sus contenidos concretos, esto es, los modelos de trabajo alternativos locales, regionales y nacionales en las tres dimensiones básicas de reconstitución del poder: la gestión pública, la organización económica y la formación política. Y precisar implica desarrollar mejores modelos de investigación social, estructuras de planes locales y sectoriales de desarrollo, formas participativas de planificación, esquemas locales de economía solidaria, paradigmas de infraestructura pública básica, compromisos de articulación económica entre los gobiernos locales alternativos, políticas concretas de bienestar para sus militantes, esquemas particulares de rediseños jurídicos del sistema normativo vigente, escuelas políticas para el aprendizaje tecnocrático y participativo, criterios de ordenación territorial, paradigmas probados de políticas públicas concretas, estrategias eficientes de comunicación, en fin, se trata de intervenir en los más finos resquicios de las conductas institucionales establecidas.

De hecho, las exigencias de toda reestructuración social deben pasar primero por el reconocimiento y estudio de la complejidad propia de Colombia. Las metodologías y paradigmas concretos de resolución de las necesidades sociales (muchos de ellos copiados vulgarmente de los países anglosajones), deben someterse al escrutinio riguroso de su pertinencia, eficiencia e impacto sobre el bienestar colectivo: el control de calidad de una bolsa de leche, la evaluación de los diseños de una depuradora de aguas residuales, el diseño de materiales constructivos, los criterios de evaluación de un proyecto, las parámetros de estudio de cualquier riesgo, la concepción adecuada de todo esquema de suministro de un servicio público, etcétera, deberán pasar por el fino cedazo de un control tecnocrático concebido por la izquierda y para los requerimientos concretos de los colombianos. En una palabra, el PDA deberá contribuir a la restitución de las formas concretas de una nueva cultura de la técnica y la ciencia para su aprovechamiento social.

Y finalmente, ¿por qué, en general, la izquierda latinoamericana, a pesar de sus procesos de normalización democrática, no ha comprendido cabalmente la sustancia diversa de sus naciones y grupos sociales, y le es bastante difícil el rediseño consecuente de sus estrategias políticas en concierto con aquella diversidad? Las explicaciones son abundantes, y están mejor reseñadas en la amplia literatura sobre los tipos sociológicos y psicológicos de sus pueblos (brillantemente estudiados desde hace 80 años por Pedro Henríquez Ureña, a cuya obra la izquierda colombiana apenas le mereció su atención, a pesar de ser para Hispanoamérica más revolucionaria que las Obras Completas de Mao). En efecto, no se trata de hacer equivaler aquella diversidad con los presupuestos del liberalismo, sino de comprender en los valores innegociables de la democracia (diferencia y disenso) la posibilidad misma de conquistar la socialdemocracia y superar el liberalismo, tal como se describió atrás, en un escenario multicultural como el colombiano. Por ello mismo, tanto la unidad y la consolidación del PDA como los posibles consensos sobre los imperativos de trabajo de los modelos de gestión pública, organización económica y formación política, serán por sí mismos un reto capital. En este sentido, la construcción de modelamientos que subrayen la dificultad de establecer acuerdos e identifiquen las fuentes de disensos en cualquier grupo social sería de gran ayuda.

IV. Modelo De Aprendizaje Social Para El Estudio De Consensos En atención a lo anterior, supóngase el siguiente escenario ideal: A, B, C, D y E, son miembros del PDA, los cuales tienen opiniones distintas sobre la “salida negociada al conflicto armado colombiano mediante una ley de reinserción”. A no está de acuerdo con esta salida negociada. B prefiere esta salida negociada. C se inclina por una salida negociada, pero mediante una Asamblea Constituyente. D defiende la idea de negociar con la condición de una reforma agraria integral. Y E argumenta la necesidad de una reestructuración profunda del modelo económico.

Así pues, admítase que cada uno de ellos tratara de convencer al otro mediante estrategias de disuasión e, solamente en función del orden de las posibles permutaciones entre ABCDE. Si la primera permutación fuera ABCDE, entonces A sería el individuo que interviene sobre B, C, D y E, con 4 estrategias diferentes e, dado un proceso de aprendizaje que permitiría refinar las argumentaciones así: una primera estrategia que A emplearía frente a B, una segunda frente a C después de intervenir B, una tercera frente a D después de intervenir C, y una cuarta frente a E después de intervenir D. Asimismo, si la nueva permutación fuera ACBDE, entonces A no empleará las mismas estrategias e de la anterior permutación al intervenir C, B, D y E, en tanto que este nuevo orden de intervenciones le impondría un nuevo proceso de aprendizaje para diseñar sus estrategias, por el sólo hecho de enfrentarse primero a C y no a B. De este modo, este escenario ideal explicaría la maximización de las estrategias de disuasión de un grupo social con las anteriores condiciones, esto es, cada individuo defendería opiniones distintas sobre un mismo problema , cada individuo elaboraría estrategias distintas frente a otro individuo según el orden de intervención, no se admitirían repeticiones de permutaciones, y sólo se admitirían repeticiones de intervención de un individuo sobre otro según el orden preestablecido por las posibles de permutaciones. De hecho, en la realidad se presentan estas excepciones, pero, evidentemente, en estas situaciones las estrategias de disuasión tienden a perder sus matizaciones o su fuerza retórica, o sencillamente tienden a replicarse indefinidamente. En consecuencia, si las posibles permutaciones ABCDE es 5!, es decir, 120 posibles conjuntos ordenados, y en cada uno de éstos se diseñan 4 estrategias e distintas, entonces existirá un máximo posible de 480 (120*4) estrategias e radical o razonablemente distintas, en cuyo caso cada individuo experimentará la influencia de 96 ([5-1]*[5-1]!) estrategias de persuasión distintas en abierta competencia, y cada individuo diseñará también 96 estrategias de persuasión distintas. En efecto, las estrategias de disuasión elaboradas por cada individuo podrían reducirse de 96 a un número arbitrario según las matizaciones concretas de sus argumentaciones, pero tal situación implicaría descartar algunos procesos de aprendizaje, lo que distorsionaría el criterio de maximización de las estrategias supuesto en este modelo. E igualmente, a pesar de que algunas estrategias de persuasión diseñadas por un individuo recaen en varias ocasiones sobre el mismo individuo, el modelo supone, en virtud de las condiciones anteriores, que cada una de ellas se enfrentan entre sí en franca competencia, debido a las probables concesiones o negociaciones que se presentan en cada estrategia de persuasión. Por lo anterior, las probabilidades teóricas de que en un grupo social de 5 personas (en la situación ideal de competitividad individual descrita atrás) una estrategia e logre una persuasión exitosa sobre un individuo, es de 1 en 96, o sea, 0,01; cifra que, ciertamente, es bastante baja y por lo demás desalentadora cuando las probabilidades empíricas tienden a parecerse a las teóricas si el proceso se repite experimentalmente varias veces. Finalmente, si se sigue el mismo procedimiento para 10 individuos en aquella competencia dialógica, se tendría que la probabilidad de que una estrategia e obtenga una respuesta consensuada será de 1 en 3’265.920 ([10-1]*[10-1]!), esto es, 0,0000003; una suma que da una idea realmente apabullante de la dificultad de lograr acuerdos, o sencillamente, de cambiar una conducta cotidiana concreta por una conducta cotidiana ideal en el marco de una política pública, donde los disensos son aún más fuertes que en el razonable debate democrático.

Ahora bien, supóngase otro escenario ideal, en el cual el grupo de los 5 individuos del PDA, después de tramitar el debate anterior, sólo logran obtener consensos en tan sólo un subgrupo de 2 personas, es decir, (AB)CDE, BD(AC)E, ACE(BD), E(AD)BC..., y las sucesivas combinaciones posibles de 2 individuos con sus respectivas permutaciones de 4 elementos, bajo la condición de que cada subgrupo tendrá que diseñar una nueva estrategia e para intervenir en los demás indiv iduos, dado que el consenso logrado los obliga a renunciar a algunas pretensiones defendidas individualmente. De este modo, si se mantienen las restricciones del ejemplo anterior, o mejor, si el número máximo de estrategias e elaboradas por (AB) para persuadir C, D y E, o de B para disuadir D, (AC) y E, o de A para enfrentar a C, E y (BD)..., dependen solamente del orden de intervenciones posibles derivadas de las permutaciones de 4 elementos, donde uno de ellos equivale a una de las fusiones o combinaciones posibles de dos individuos, entonces se tendrán 240 ([5!/2!*[5-2]!]*4!) permutaciones posibles o conjuntos ordenados. Y dado que en cada uno de estos conjuntos se diseñan 3 estrategias e, entonces el número máximo de estrategias distintas en este grupo social ideal será de 720 (240*3). Por tanto, cada individuo experimentará la presión competitiva de 180 ([4-1]*[4-1]!*[5!/2!*[5-2]!]) estrategias de persuasión distintas, o bien en situación de subgrupo, o bien de manera individual, lo que en efecto indica que la probabilidad teórica de que una de ellas logre su propósito es de 1 en 180, o sea, 0,005; una cifra menor que la probabilidad calculada para grupos sometidos a una competitividad individual. Finalmente, si el número de personas ascendiera a 10, la probabilidad de disuasión para este escenario dialógico sería de 1 en 14’515.200 ([9-1]*[9-1]!*[10!/2!*[10-2]!]), o sea, 0,00000007; una probabilidad mucho menor que la calculada en el ejemplo anterior, y que recuerda la paradoja de la imposibilidad de la comunicación de Nietzsche, ciertamente de ascendencia pitagórica. Pero lo que es más. Si se supone otro escenario ideal, en el cual sólo fue posible constituir consensos de subgrupos con 3 individuos, después de tramitar los debates en los 2 escenarios anteriores, es decir, (ABC)DE, E(ABD)C, BC(ADE)..., y las sucesivas combinaciones posibles de 3 individuos con sus respectivas permutaciones de 3 elementos, bajo las mismas condiciones planteadas atrás, entonces los nuevos subgrupos o individuos conformarán 60 ([5!/3!*[5- 3]!]*3!) conjuntos ordenados posibles. Por lo cual, el número máximo de estrategias e será de 120 (60*2), y el número de estrategias distintas que experimentará cada individuo, en calidad de grupo o en solitario, será de 40 ([3- 1]*[3-1]!*[5!/3!*[5-3]!]). En consecuencia, la probabilidad teórica de que una nueva estrategia e diseñada para este escenario específico sea exitosa es de 1 en 40, o sea, 0,025; una cantidad que hace pensar que los consensos construidos en función de díadas es mucho más difícil que aquellos emprendidos de manera individual o en tríadas. Finalmente, si el escenario en cuestión contara con 10 personas, la probabilidad de que una estrategia persuada efectivamente es de 1 en 4’233.600 ([8-1]*[8-1]!*[10!/3!*[10-3]!]), es decir, 0.0000002.

En otro escenario de deliberaciones, supóngase que, después de agotar el trámite de los 3 escenarios anteriores, sólo fue posible constituir subgrupos de 4 individuos en pleno consenso. Por lo cual, en este cuarto escenario de trabajo, cada conjunto ordenado será de la forma: (ABCD)E, B(ACED), (AECB)D..., y las sucesivas combinaciones posibles de 4 individuos con sus respectivas permutaciones de 2 elementos. En este sentido, se configurará un total de 10 ([5!/4!*[5-4]!]*2!) conjuntos ordenados posibles, en cada uno de los cuales se diseñara 1 estrategia e nueva, en virtud de las concesiones implicadas en un consenso de 4 individuos y el nuevo proceso de interacción entre este subgrupo y un individuo en solitario, para un total de 10 (10*1) estrategias de persuasión distintas. Así pues, cada individuo, en el subgrupo o en debate solitario, experimentará 5 ([2-1]*[2-1]!*[5!/4!*[5-4]!]) estrategias e distintas, por lo que la probabilidad teórica de una persuasión exitosa será de 1 en 5, esto es, 0,2; una cantidad interesante que incrementa las posibilidades de obtener consensos y reduce ostensiblemente las diferencias en el debate. Finalmente, si el grupo en cuestión contara con 10 individuos, la probabilidad de obtener un persuasión exitosa sería de 1 en 907.200 ([7-1]*[7- 1]!*[10!/4!*[10-4]!]), o sea, 0,000001.

Ahora acéptese que los 5 individuos se vieron obligados a conformar consensos en distintos subgrupos de 2 personas, quedando siempre un individuo en solitario. Así pues, en este quinto escenario dialógico, los conjuntos ordenados serán: (AB)(CD)E, (AD)(CE)B, B(CA)(DE)..., y las sucesivas combinaciones posibles de 2 parejas con sus respectivas permutaciones de 3 elementos. En este caso el conteo de los posibles conjuntos ordenados es más complejo, pero se puede resolver así: ([5!/2!*[5-2]!]*[3!/2!*[3-2]!]*[1!/1!*[1-1]!]*3!)/N!, siendo N el número de subgrupos diseñados con elementos equivalentes en cualquier conjunto ordenado, que en este caso es 2. Por tanto, los conjuntos ordenados posibles serán 90 (([5!/2!*[5-2]!]*[3!/2!*[3-2]!]*[1!/1!*[1-1]!]*3!)/2!), y el número de estrategias e distintas serán de 180 (90*2), dado que en cada conjunto se elaborarán 2 estrategias de persuasión diferentes. Así pues, la probabilidad teórica de que una estrategia de disuasión obtenga una respuesta afirmativa de un individuo, o bien sea en el subgrupo o solitario, es de 1 en 60 ([3-1]*[3-1]!*[([5!/2!*[5- 2]!]*[3!/2!*[3-2]!]*[1!/1!*[1-1]!])/2 !]), o sea, 0.016; una cifra aproximada a la calculada en el escenario donde los individuos se entraban en una competencia individual. Finalmente, si el grupo reseñado aquí contara con 10 individuos organizados en distintos subgrupos de 2 personas, donde por supuesto no quedaría ninguna persona en solitario, entonces la probabilidad de persuasión sería de 1 en 90.720 ([5-1]*[5-1]!*[([10!/2!*[10-2]!]*[8!/2!*[8-2]!]*[6!/2!*[6-2]!]*[4!/2!*[4- 2]!]*[2!/2!*[2-2]!])/5!]), es decir, 0,00001. Igualmente, si el sexto y último escenario dialógico fuera conformado por distintos subgrupos de 2 y 3 miembros, así: (ABC)(DE), (BE)(ACD), (CED)(BA)..., y las sucesivas combinaciones posibles de parejas y tríos con sus respectivas permutaciones de 2 elementos, entonces el número máximo de conjuntos ordenados sería 20 ([5!/3!*[5-3]!]*[2!/2!*[2-2]!]*2!)/0!), siendo N igual a 0 dado que no existen conjuntos de igual tamaño. Asimismo, si en cada conjunto se elabora 1 nueva estrategia e, entonces se presentarán 20 (20*1) en total, y consecuentemente, cada individuo experimentará la presión de 10 ([2-1]*[2- 1]!*([5!/3!*[5-3]!]*[2!/2!*[2-2]!])/0!]) estrategias diferentes, por lo cual la probabilidad teórica de que una de ellas sea exitosa es de 1 en 10, o sea, 0,1.

Finalmente, cuando los individuos ascienden a 10, las posibilidades de conformar distintos subgrupos se hacen mucho más complejas, en tanto que deben diseñarse conjuntos ordenados que relacionen entre sí los subgrupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas, y con 1 o más individuo s, según sea el caso, de tal manera que no se repliquen los casos anteriores y se desarrolle el número máximo de conjuntos ordenados: (ABC)(DEF)(GH)(IJ), (ABC)(DEF)(GHI)J, (AB)(CD)(EF)(HIJ), (ABCD)E(FGH)(IJ), (AB)C(DEFGH)(IJ)..., así sucesivamente. De este modo, cuando los escenarios dialógicos se hace más numerosos se requieren de algoritmos de computación a fin de completar satisfactoriamente los cálculos (Al respecto, los algoritmos están disponibles para ejercicios de investigación y fueron desarrollados por Daniel Orlando Martínez). Así pues, un escenario de deliberación previamente organizado en los distintos órdenes posibles mencionados atrás, puede ofrecer, ciertamente, una recreación del comportamiento de los grupos sociales en cualquier escenario de comunicación, o lo que es lo mismo, un modelamiento lo suficientemente complejo como para restituir las reglas concretas que operan al interior de los consensos o disensos.

Efectivamente, este modelo es posible en virtud de los siguientes supuestos fundamentales: siempre existe un proceso de aprendizaje según un orden de intervención no repetitivo de cada individuo o subgrupo sobre los subsiguientes elementos, lo cual permite renovar para cada caso las estrategias de disuasión; y en toda nueva configuración de subgrupos debe consensuarse una estrategia de disuasión diferente para cada intervención. En este sentido, si se suman las diferentes estrategias e que experimentaron cada uno de los individuos para el grupo compuesto por 5 personas en los 6 escenarios anteriores, se tendría un total de 391 (96+180+40+5+60+10) estrategias, lo que indica que la probabilidad teórica de que una estrategia de disuasión concebida por uno o varios individuos logre un resultado exitoso, en un escenario de maximización de estrategias posibles de disuasión o de intervenciones posibles de persuasión, es de 1 en 391, o mejor, 0,002. O desde otra perspectiva, cada individuo, o bien en solitario, o bien en grupo, deberá estar dispuesto a producir al menos 390 matizaciones o ajustes a su estrategia de disuasión inicial para construir todos los consensos posibles derivados de aquel grupo social, o simplemente, para poder decidir un sólo consenso duradero después de probar los posibles acuerdos con los demás individuos. Por último, cualquiera sea la escogencia mayoritaria o unánime de los 5 miembros del PDA del escenario hipotético mencionado inicialmente, muy seguramente su contenido concreto deberá considerar buena parte de las posturas radicales o moderadas de cada uno de ellos. Y evidentemente, este modelo (con las restricciones propias de una situación particular como por ejemplo que un individuo no quiera modificar su postura, o que otro decida reducir la complejidad del aprendizaje por negociaciones previas de distinta naturale za, entre otras) puede ser normativo para controlar y ordenar los procesos consensuales, e igualmente, puede ser descriptivo para estudiar el desarrollo de una discusión donde persisten intereses diametralmente opuestos, como en el caso de la resolución negociada de un conflicto político armado (Al respecto del modelo de aprendizaje social para el estudio de consensos, fue diseñado por el autor en el marco de un proyecto de investigación para el modelamiento de decisiones en la construcción de políticas públicas integralmente sostenibles, bajo la orientación de Joan David Tàbara, IUEE, Universitat Autònoma de Barcelona).

Conclusiones

En la primera parte, un breve estudio de percepciones del PDA, se adelantó un análisis esquemático de sus distintos actores políticos, destacando los intereses substanciales que motivan su participación en el partido. Asimismo, se identificó en el ejercicio de la militancia radical una incapacidad para la construcción de la democracia política y electoral, pero también una fuente inagotable de creatividad y participación transformadora bastante exigente con la realidad, lo que en efecto ofrece una oportunidad interesante para diseñar a largo plazo y en perspectiva optimista una nueva experiencia de democracia, distinta a la socialdemocracia de ascendencia europea. En la segunda parte, las paradojas del buen gobierno, se introdujeron los debates contemporáneos sobre los fundamentos y verdaderos alcances de la democracia liberal y del socialismo real, en el marco de la globalización. En este sentido, se reseñaron 4 paradojas (paradoja de escala, paradoja del mínimo vital, paradoja de las decisiones y paradoja de la sostenibilidad) fundamentales e insalvables en el funcionamiento tanto del sistema mundial de democracias, como del socialismo autoritario. Subsecuentemente, se hizo una aproximación a los sistemas democráticos y autoritarios desde la perspectiva integral de aquellas 4 paradojas (paradojas de las estructuras de gobierno democráticas y autoritarias), identificando los conflictos que persistirán en estos dos sistemas de gobierno, y las causas de una desintegración progresiva de los regímenes socialistas autoritarios por la vía del sistema mundial de democracias y la globalización. Igualmente, fue indispensable realizar una relectura de las oportunidades de desarrollo de los sistemas democráticos latinoamericanos o en transición a la democrática (Las paradojas de los buenos gobiernos latinoamericanos ), los cuales pueden ser divididos en dos grandes bloques geoeconómicos: el bloque de países latinoamericanos funcionales a EEUU, y el bloque de países latinoamericanos funcionales al MERCOSUR, en el cual se diluye Cuba, Venezuela, Bolivia y Chile. Y en este sentido, las señales regionales son evidentes, pues el primer bloque se ha alineado con un modelo de democracia liberal agresivo y permeable al poder unipolar de EEUU, mientras el segundo bloque se ha alineado con un paradigma de democracia social de inspiración europea, empeñado en profundizar las regulaciones básicas del mercado y aprovechar planificadamente las fuerzas del comercio internacional. En este escenario abiertamente escéptico, pero ajustado a las tendencias regionales, el proyecto socialista o de democracia radical de Chávez y Evo, no podrá subsistir a largo plazo, en tanto que sufrirá los efectos normalizadores de un MERCOSUR fuertemente articulado al modelo de la socialdemocracia con crecimiento económico y bienestar colectivo de mínimos. Por otro lado, y superando aquella perspectiva escéptica a pesar de las evidencias, se ha propuesto un breve estudio de las posibilidades reales de implementar el proyecto de democracia radical para los países latinoamericanos, en cuyas experiencias de gobiernos alternativos locales se inscribiría la oportunidad de hacerlo. No obstante, los obstáculos son evidentes e implicarían hasta efectos regresivos en el paradigma de bienestar material de la población, en atención a sus plataformas políticas agro-bucólicas vigentes (la gobernabilidad y el estado de bienestar). En lo que toca al desarrollo de la democracia radical, se ha tratado de demostrar que sus posibilidades concretas pasan primero por la refundación de la democracia liberal y la instalación de una nueva individualidad, lo que en efecto sería impracticable en cualquier horizonte de largo plazo. Sin embargo, en el mismo espíritu optimista, se ha elaborado un breve estudio que permite distinguir dos niveles de trabajo (en los cuales el proyecto chavista cobraría vigencia) para las condiciones singulares de los países andinos: un programa mínimo de gobierno alternativo en cuyas premisas se inscriba un programa máximo de gobierno alternativo empeñado en la desfundamentación de la democracia liberal y la restitución de una nueva individualidad (el modelo de bienestar). En una tercera parte, se ha sugerido para Colombia, en virtud de los desarrollos políticos del PDA, la oportunidad concreta de contribuir desde ya en la construcción de un nuevo sistema democrático, pasando primero por la profundización de la socialdemocracia en una clara escogencia pragmática, y aprovechando las mejores experiencias cristianocosmológicas de sus pueblos (las oportunidades del PDA en perspectiva optimista). Finalmente, y en una cuarta parte, el autor se ha empeñado en mostrar una modelo de aprendizaje social que contribuya a fortalecer las capacidades dialógicas y consensua les de los militantes del PDA, lo que en efecto constituye una de las peores debilidades en su proceso de unidad y ampliación. De hecho, si los ejercicios del sistema de decisiones según el mayor número de preferencias (reseñado en la paradoja de las decisiones) y de aquel modelamiento de aprendizaje social se ejecutaran con razonables restricciones, las malos hábitos de sus militantes infalibles, dogmáticos, agresivos y autoritarios se revelarían en una suerte de crisis existencial (modelo de aprendizaje social para el estudio de consensos).

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