Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 15 de Abríl de 2008

Doctor ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE
República de Colombia

Doctor
Francisco Santos Calderón
VICEPRESIDENTE
República de Colombia

Ref; Panorama de derechos humanos en Colombia en el último periodo

En atención a su alta responsabilidad y dignidad.

En mi condición de ciudadano, senador de la República y defensor de derechos humanos, denuncio ante el despacho presidencial la ola de terror y muerte que se ha desatado en Colombia durante y posterior a la realización de la Marcha Nacional de Homenaje a las Víctimas del Paramilitarismo y el Terrorismo de Estado, el pasado 6 de Marzo. Hechos que han sido acompañados de la grave denuncia producida la Escuela Nacional Sindical en su informe del primer trimestre del 2008 en el cual se ha registrado el asesinato de 17 personas afiliadas a organizaciones sindicales en Colombia, lo que representa un incremento sustancial del 89 % frente a los 9 asesinatos perpetrados en el mismo trimestre del 2007.

En el marco de los estertores de esta jornada del 6 de Marzo y de manera paralela a los graves señalamientos y actos de intimidación que se han producido contra los organizadores de la misma por parte de personas allegadas al Alto Gobierno(1), se han registrado una serie de graves asesinatos de dirigentes sindicales, activistas sociales, defensores de derechos humanos y líderes indígenas. En un recorrido de desesperanza y desolación que confirma la existencia de un clima de verdadero terror auspiciado por grupos encubiertos e ilegales que en la mayor de las veces se reivindican como “Águilas Negras”.

Todo justo en un momento en que en Colombia se discute la posibilidad de una salida a la emergencia humanitaria y la búsqueda apremiante de un acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas secuestradas y el resarcimiento pleno de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El 23 de Febrero fue asesinado en el municipio de Algeciras, Huila, EDGAR JOSÉ MOLINA, colaborador de las organizaciones cívicas y de trabajo por la Paz en el departamento del Huila.

El 4 de marzo fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, LEONIDAS GÓMEZ, trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) y del Equipo nacional de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de la dirección distrital del partido político Polo Democrático Alternativo.

En horas de la noche del 7 de marzo, fue asesinado GILDARDO ANTONIO GÓMEZ Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).

Ese mismo día fueron hurtados los computadores de las oficinas de

El 9 de Marzo fue desaparecido CARLOS BURBANO (directivo del sindicato de los trabajadores de la Salud, ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Igualmente han sido denunciados los homicidios de los dirigente sindicales del Sindicato de Trabajadores del Carbón, ADOLFO GONZALEZ MONTES, por la forma atroz como le fue quitada su vida, después de haber sido torturado en su residencia en la ciudad de Riohacha al norte de Colombia, el día 22 de marzo del presente año y JESÚS HEBERTO CABALLERO ARIZA, Instructor de Ética y Derechos Humanos, del Centro Agropecuario CAISA, de la Regional Atlántico del SENA, quien fuera asesinado con golpes de machete el pasado 18 de Abríl del 2008 por un comando paramilitar. Debo señalar que este mismo “modus operandi” de utilizar formas brutales de ejecución de las víctimas, amarrándolas, degollándolas y apuñaleándolas con armas blancas fue igualmente utilizado en los casos de Gildardo Antonio Gómez y Leonidas Gómez.

El hecho más reciente en esta serie de agresiones lo configuró el caso de GUILLERMO RIVERA, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Contraloría de Bogotá SINTRACONTROL, Presidente del Sindicato de Servicios públicos de Bogotá – SINSERPUB y activista del Polo Democrático Alternativo, PDA, quien fuera presumiblemente desaparecido el 21 de Abril del 2008 en el barrio El Tunal de la ciudad de Bogotá.

En la semana del 24 a 28 de Marzo, fue denunciado por las autoridades indígenas del departamento de Nariño que tres miembros de la comunidad indígena Awa, asentada en el pie de monte costero del departamento de Nariño, fueron asesinados por desconocidos que ingresaron a la zona vestidos de civil y portando armas largas. El Secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Dr. Guillermo García Realpe, indicó que según las versiones entregadas por los familiares, los tres indígenas dedicados a la agricultura fueron sacados de la vereda Capillas, del municipio de Altaquer, y llevados cerca a la vereda Vegas, municipio de Ricaurte, donde fueron ultimados a tiros. Las víctimas fueron identificadas como ALONSO ROSERO, JOHNY SOLETO Y ZOILO PAULINO FAJARDO. En su huida el grupo armado ilegal se llevó a un profesor de la escuela rural de Magüí ubicada en la zona identificado como MANUEL ANTONIO ROSERO RODRÍGUEZ, de 26 años de edad, cuyo paradero se desconoce.

Igualmente, se han presentado graves amenazas contra la integridad LUZ ADRIANA GONZÁLEZ, secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta organización hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra GUILLERMO CASTAÑO, presidente del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en el departamento del QUINDIO y dirigente de la Federación Nacional Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable. Igualmente el 6 de marzo, día del Homenaje Nacional a las Víctimas del Paramilitarismo, ANTONIO PEDROZO, integrante de la organización Tejiendo Esperanzas y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de muerte. Para el caso de periodistas amenazados, hemos conocido el caso de la periodista CLAUDIA JULIETA DUQUE, de la agencia de noticias NIZKHOR quien estuvo vinculada al Programa de Protección del Ministerio del Interior en atención a las graves amenazas que existen contra su vida. En la semana del 14 a 18 de Abríl fue conocida la renuncia de la mencionada al esquema de protección asignado por el Programa de Protección del Ministerio del Interior, en atención a graves fallas del programa evidenciadas por la protegida, quien ha denunciado públicamente el desarrollo de actividades propias de seguimiento e inteligencia en su caso, desde las mismas unidades a cargo de su esquema de protección. Lo cual claramente antes que representar una garantía para su vida, se convierte en un factor grave de riesgo adicional e intimidación, por parte de la actuación del Programa de “Protección”.

De la misma manera, debo adicionar que se han presentado graves señalamientos proferidos por integrantes de la bancada oficialista del Senado de la República, en la sesión plenaria del pasado martes 25 de Marzo en contra del dirigente del Polo Democrático Alternativo y defensor de derechos humanos en el departamento de Sucre, JUAN DAVID DÍAZ. Se trata de señalamientos difundidos en el recinto del Congreso que no solo resultan injustificados y temerarios sino que además comprometen de manera grave la integridad del mencionado, quien no solo ha presentado graves denuncias por corrupción en el departamento de Sucre sino que además ha sido objeto de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en atención al asesinato de su padre, el ex – alcalde Robles, Sucre, Tito Eudaldo Nieves.

El pasado 19 de marzo, luego de cuatro comunicaciones escritas a nombre de “Águilas Negras”, el líder afro colombiano y Representante Legal del Consejo de Comunidades Negras del Bajo Naya, ISABELINO VALENCIA, al lado de 3 defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz en Buenaventura, identificados como FRANK WILLIAM CAYAPÚR DELGADO, EDWARD MINA CUERO y YIMI ARMANDO JANSASOY MUÑOZ se vieron obligados a salir de la cuenca del Naya, municipio de Buenaventura bajo graves amenazas de muerte. Las amenazas se producen luego de que ISABELINO VALENCIA, junto con los Defensores de Derechos Humanos iniciaron un proceso de sensibilización y de fortalecimiento organizativo respecto a la protección del territorio y de la vida e integridad personal y comunitaria en medio del conflicto social y armado que se expresa en la región del Naya. Debo señalar que el dirigente ISABELINO VALENCIA fue un activo participante de la AUDIENCIA PUBLICA de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, realizada en Buenaventura, el pasado 1ro de Junio de 2007.

En este mismo orden de ideas, han sido públicamente difundidas las amenazas proferidas el 10 de abril en la región del sur de Bolívar en contra de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, , El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Diócesis de Magangue y los Montes de María. En todos los casos se trata de señalamientos y graves amenazas de muerte y destierro en nombre de integrantes de estructuras paramilitares, que según las denuncias siguen operando de forma abierta en la región del sur de Bolívar y el Magdalena medio. Las amenazas hacen parte de un creciente clima de hostigamiento y presión de grupos paramilitares quienes además dicen actuar en nombre “de los intereses del Gobierno Nacional” y sus políticas públicas de seguridad. Este proceso de intimidación se produce en el marco de reiterados operativos de la Fuerza Pública en la región, en particular del Batallón Nueva Granada. Lo cual hace inexplicable como se presentan estos reagrupamientos de grupos armados ilegales en el área de operaciones de esta unidad del Ejército Nacional. A menos que se estuviera presentando un grave ejercicio de connivencia ilegal entre las tropas regulares y estos grupos armados irregulares, que ponen en un serio riesgo la integridad de la población civil en la zona. Máxime cuando se han presentado antecedentes tan graves como el asesinato en el mes de Septiembre de 2006 de Alejandro Uribe, dirigente social, sindical y minero, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar. Región en la cual además se presenta una intensa discusión en torno a las concesiones mineras y zonas de explotación de los recursos naturales concedidas a la transnacional minera Anglo Gold Ashanti y Kedhada.

Exijo del alto Gobierno Nacional una explicación formal al Congreso de Colombia por la ola de asesinatos acontecidos en Colombia en el último periodo y que se corresponden con un verdadero clima de terror e intimidación en contra de las víctimas de la violencia, los movimientos sociales y sindicales y las comunidades negras e indígenas. De la misma manera que exijo del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez y en su nombre, el Ministro del Interior, Dr. Carlos Holguín Sardi, se tomen todas las medidas para ofrecer plenas garantías a la integridad personal y el desarrollo pleno de la labor social y comunitaria de las personas víctimas de las graves amenazas de muerte y desplazamiento forzado, aquí denunciadas.

De la misma manera, me sumo públicamente al llamado del Dr. Javier Hernández Valencia, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien ha exigido resultados expresos al Estado colombiano en la investigación y esclarecimiento de los crímenes aquí denunciados y cometidos en Colombia durante este último periodo.

Firmado.

H.S. Alexander López Maya

Notas:

1. Polémica pública con el consejero presidencial José Obdulio Gaviria