Polo Democrático Alternativo

Estimado Enrique:

Sin pretensiones de aparecer en el Foro del Lector quiero hacerte unos comentarios sobre el editorial de El Tiempo del 17 de Noviembre.

No es cierto que el proceso con el M19 fue realizado sobre la impunidad. La ley 77 de 1989, excluía de los beneficios jurídicos a quienes hubiesen cometido delitos atroces, terrorismo y también los delitos no conexos con rebelión. La aplicación de la Ley 77 de 1989, a diferencia de la Ley 35 de 1982 que decretó una amnistía colectiva, amplia e incondicional, era una ley restrictiva, condicionada e individual.

La Ley 77 de 1989 estableció tres tipos de mecanismos para los beneficios de indulto:

1. El indulto propiamente dicho que lo concedía el Presidente de la República conjuntamente con los Ministros de Gobierno y de Justicia. Únicamente operaba dicho beneficio para sentencias ejecutoriadas. 2. La cesación de procesos que lo concedía la instancia judicial donde estuviesen cursando. 3. El auto inhibitorio que se aplicaba, previa confesión, para aquellos delitos comprendidos por la ley 77, pero que la justicia no hubiese tenido conocimiento anterior de ellos. Lo aplicaba la instancia judicial frente a la cual se instaurase la respectiva denuncia (o autodenuncia).

Resumiendo: No se indultó a la organización insurgente, se indultó persona por persona y delito por delito, a través de los mecanismos e instancias ya descritas.

Por esta razón hubo casos de negación del indulto y de la cesación del proceso y debido a ello, las personas afectadas por la negativa no fueron excarceladas e incluso fueron encarceladas después de la desmovilización.

En lo referente a lo del Palacio de Justicia, las personas que aparecimos vinculadas, (por pertenecer a las instancias de dirección del M19, aunque no hubiésemos participado en la planeación o ejecución de la toma), fuimos objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que era esta última instancia la que estaba juzgando los crímenes relacionados con este acontecimiento. La Corte resolvió, caso por caso, persona por persona, emitir fallos resolutorios de cesación de procesos contra los exmilitantes vivos en Marzo de 1990 que habíamos sido vinculados a lo del Palacio de Justicia. Previo al fallo de la Corte, el Tribunal Superior de Cundinamarca había investigado los acontecimientos y había establecido que las motivaciones de la toma del Palacio de Justicia habían sido de orden político, no instrumentadas por el narcotráfico. La propia Corte, al proferir la cesación de procedimientos judiciales avaló ese mismo concepto del Tribunal.

De modo que en todo esto hay una confusión y no poca mala fe en las personas que quieren revivir lo de Palacio para afectar el buen nombre de personas que pertenecimos a él, sobre todo a quienes hoy son activistas políticos.

El juicio al M19, como organización insurgente, el papel que cumplió en Colombia, ese juicio compete a la historia. No a los estrados judiciales. Decir que el M19 recibió plata del narcotráfico para hacer la toma del Palacio es, además de una infame calumnia, una tremenda confusión. Aún en el caso de que alguien del M19 hubiese recibido dinero de los narcos para cometer algún crimen, (cosa que yo tengo la certeza de que nó y, además, no ha sido probada ni admitida por ningún exmilitante del M19), la responsabilidad de ello descansa en el individuo que transó con los narcos. El M19 nunca fue una organización mercenaria. Eso lo sabe usted, Enrique, Usted que conoció a los dirigentes del M19, que participó en el núcleo fundacional y pudo saber de que madera estaba hecho Bateman, Iván Marino, Fayad y Pizarro entre muchos otros dirigentes. En el informe de la Comisión se habla, según testimonio de "Popeye" del dinero recibido por Iván Marino, quien había ya fallecido, y en el libro Mi Confesión de Castaño se habla de quien recibió el dinero de Escobar fue Pizarro como Comandante General del M19, siendo Alvaro Fayad quien era en ese entonces el Comandante General. ¿Sobre esas "verdades" de dos sicarios se construyó el informe?

Uno de los principales desarrollos jurídicos de la Corte Penal Internacional es que juzga los individuos e impide que los crímenes (sobre todo los crímenes que se cometen a nombre de la política) puedan ser subsumidos por la entidad a la cual estaban vinculados dichos individuos, llámese Estado u organización insurgente. Uno de los males que han hecho las consignas de la izquierda frente a los crímenes cometidos por funcionarios del estado es la inculpación genérica: "el gobierno lo mató", "el ejército lo desapareció", etc., etc., consignas que terminan generando más impunidad.

Por esa falta de rigor en el enfoque, en la investigación -e incluso en la redacción- el informe preliminar de la llamada Comisión de la Verdad de la Corte no genera ningún sentimiento positivo de serenidad, de claridad, de reconocimiento. Queda, después de la lectura del documento, la misma sensación de ocultamiento, de ligereza y de cobardía. Me sorprendió, por ejemplo, la alusión a Andrés Almarales (a quien Gustavo Petro había destacado por su valor humanitario en el debate que hizo en el Congreso el año pasado), verlo convertido a través de este informe en frío y despiadado asesino, tomando como base el incierto comentario de un amigo de un testigo. Uno se pregunta: ¿se trata de un juzgamiento póstumo a Almarales, o una desafortunada respuesta contra Petro y contra el bien documentado libro de Ana Carrigan? Más parece lo último, lo cual es lamentable.

Desde luego: las leyes, todas las leyes, son imperfectas y debido a ellos son mejorables e incluso derogables. Quienes las aplican también son seres humanos sujetos a todo tipo de presiones e interpretaciones. Pero, repito: en el caso de Palacio de Justicia, le correspondió a la Corte Suprema, sin presiones de parte nuestra, juzgar, caso por caso, e individuo por individuo, si ameritaban la cesación del proceso que se libraba con ellos. Es probable que esa figura jurídica, la cesación de procesos, quedara mal hecha en los casos que operaba contra personas vinculadas a un proceso que no podía ni debía ser cerrado, porque había otros protagonistas no indultables en ese mismo proceso. La impunidad sobreviniente de esta imperfección jurídica se puede corregir. Pero la manera de hacerlo no es regresando al día cero, ni mucho menos rejuzgar a quienes ya fueron indultados, ni difamando a los muertos, ni endilgándole responsabilidades jurídicas a una organización política que, por su naturaleza subversiva, estaba situada por fuera de la ley.

En cuanto a la reparación puedo decirle lo siguiente: en las negociaciones de los años 90s se partió de la base de la asimetría entre el Estado y la organización insurgente. No se trataba de un proceso de reconciliación entre iguales. El M19 reconoció la legitimidad del Estado y por ello el Estado pudo indultar a los miembros del M19 que tenían problemas jurídicos derivados de su accionar. El Estado, por su parte, reconoció la legitimidad de la rebeldía del M19 y sobre ese estrado moral pudo indultar los delitos conexos con esa rebeldía y pactar transformaciones para mejorar nuestra democracia. Esa asimetría tiene otras implicaciones de orden práctico y es la responsabilidad con las víctimas de la confrontación entre el Estado y el M19. Al no ser una negociación entre iguales sino un acuerdo entre un estado legítimo con unos rebeldes, dicha responsabilidad le compete al estado. Hablo de la responsabilidad reparativa. Y ello no quiere decir que los miembros del M19 no tengamos responsabilidades morales con esas víctimas, sobre todo con las víctimas inermes. A ellas toca pedir sincero perdón como ya se hizo de manera pública.

Este gobierno de Uribe ha sostenido en boca de sus altos funcionarios y del mismo Uribe que el proceso con los paras es el único que no se ha hecho sobre la impunidad. Mentiras. Es precisamente el que más dosis de impunidad ha tenido y pretendido. Aceptar la conexidad entre narcotráfico y sedición era algo inédito e inadmisible. Hoy escuché al señor Roy Barreras diciendo que los congresistas que hubiesen tenido nexos con narcos y paracos deberían acogerse a la Ley de Justicia y Paz. De modo que los beneficios ¿podrían hacerse también extensivos para la corrupción conexa con la política?

Estimado Enrique:

Estamos viviendo tiempos tan oscuros que oscurecen incluso la memoria. Hoy se pretende generar un imaginario colectivo basado en la socialización de la indecencia. Según esta pretensión, nadie puede juzgar porque todos (y todas) hemos estado untados de narcotráfico. Ese es el mensaje actual, lo que derriba cualquier intento de reconstrucción basado en la dignidad, en la decencia, en el decoro. Yo no me resigno a dejarme ahogar por ese río de indecencia que pretenden desencadenar los que necesitan legitimar sus capitales y sus crímenes de lesa humanidad. Me metí al M19 asqueado de la indecencia política de este país y encontré gente decente, con ideales, con valor y con capacidad de generar esperanza. Eso fue lo que me sostuvo tanto tiempo de lucha. Cometimos grandes errores sin duda, el principal fue la toma de Palacio, pero también tuvimos, con Pizarro a la cabeza, la capacidad y la grandeza de rectificar hasta el punto de abandonar las armas como medio de lucha. En las incertidumbres de la paz construida he encontrado también gente decente, no sólo en las otras organizaciones que también dejaron las armas. También en oficiales de las fuerzas armadas a quienes enantes igualaba como "enemigos". He encontrado esa misma decencia en uno que otro paramilitar, como el ya fallecido Luís Meneses. Hasta oligarcas decentes, quién lo creyera, supe que había en Colombia.

Sobre ese acumulado de decencia es posible reconstruir este país. Porque no es suficiente la verdad, la justicia y la reparación. Sin decoro, sin decencia no habrá paz. Y sin paz no habrá una patria para todos.

Otty Patiño Hormaza
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