El ente de control asegura que la decisión de ceder el predio Carimagua, en Puerto Gaitán, (Meta) mediante licitación, no está sustentada como lo exige el principio de legalidad administrativa.

Funcionarios de la Delegada para Asuntos Ambientales se reunirán este martes con voceros del Ministerio de Agricultura y del Incoder para exponerles los argumentos jurídicos que -en su criterio- hacen imposible que el terreno (de 17.000 hectáreas) pase a los privados.

La Procuraduría también argumentará que el cambio de destinación va en contravía con el reiterado llamado que la Corte Constitucional ha hecho al Gobierno en torno a la precaria atención a desplazados; y con preceptos constitucionales que establecen un trato preferencial para víctimas de la violencia.

EL TIEMPO reveló este domingo la situación del predio Carimagua, destinado a víctimas del conflicto y, ahora, a punto de ser cedido por el Incoder a privados, por 50 años, para cultivos de caucho y palma.

Revocatoria o tutela

El pasado viernes, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, manifestó que si bien el concepto del Ministerio Público no es vinculante (de obligatorio cumplimiento) se tendrá en cuenta.

Incluso, Arias dejó abierta la posibilidad de que la licitación se reverse, a pesar de que está convencido de la conveniencia de que Carimagua vaya a manos de privados.

"En los 10 primeros años le girarán al Estado 250 millones y a partir del año 10, serán 2 mil millones de pesos anuales ajustados al IPC", explica Arias y advierte que ese dinero se invertiría en favor de la población desplazada.

Por su parte, el jefe de la oficina jurídica de la cartera de Agricultura, Óscar Schoeder, aseguró que el cambio de destinación del predio está sustentado legalmente en el Acuerdo 008 del ICA y en el estatuto de Desarrollo Rural.

En cualquier caso, si el Incoder no revoca la decisión de entrega el predio a privados, la Procuraduría está dispuesta a entutelarlo, teniendo en cuenta los perjuicios irremediables para los desplazados.