Polo Democrático Alternativo

Una década después, estamos en el mismo pantano, con el lodo al cuello.

La ’parapolítica’ no es solo un problema de perversión de la ética pública. Ni solo motosierra, masacres de miles de indefensos y desplazamiento de millones de campesinos desposeídos. Tampoco es la búsqueda del poder por la vía de las armas, ni la combinación de todas las formas de lucha, porque la insurgencia armada que respeta los principios del DIH frente a combatientes y población civil es un actor político.

En la historia del movimiento armado colombiano, inicialmente no se conocieron agresiones a la población civil por parte de los insurgentes; las primeras masacres ocurrieron en 1988, cuando los paramilitares, inicialmente conocidos como Auc, aparecieron en Córdoba y Urabá. Con el argumento de destruir la "base social de la guerrilla", se inició un escalofriante baño de sangre. Desde un principio, sectores de las fuerzas armadas estuvieron detrás de esa organización ilegal concebida para ejecutar las violaciones al DIH que no se quería que aparecieran como obra del Ejército, y desde luego del Gobierno. Que luego la guerrilla también ha hecho baños de sangre y agredido la población civil, cierto; cabalmente, es a partir de ese momento, finales de los 90, cuando pierde el apoyo de la población civil, llegando a su total inviabilidad política.

No es posible analizar aquí el pronto ingreso del paramilitarismo al narcotráfico, clímax de su degradación y deshumanización. Alejandra Roncallo, investigadora del Cerlac, considera que narcotráfico y paramilitarismo en Colombia son "producto del modo particular en que la clase capitalista transnacional está articulando su poder desde los años 80, para privatizar no sólo salud, educación y pensiones, sino tierra, biodiversidad y recursos naturales, especialmente petróleo, minería, industria maderera, agua, productos agropecuarios y droga".

Lo cierto es que ese monstruo de mil cabezas, en menos de una década se ha tomado el Estado, infiltrándolo en todas sus esferas. Grave que a estas alturas de su supuesta desmovilización aún no sea posible conocer hasta dónde ha llegado su penetración en la esfera política, para no referirnos a la militar, financiera y empresarial. Los escándalos de los últimos meses (’parapolítica’ en el Congreso) no constituyen sino la punta del iceberg.

Hay que recordar que no habían transcurrido tres años de expedida la Constitución del 91, cuando el país supo del primer intento del narcotráfico por apoderarse de la Presidencia. El proceso 8.000 se quedó corto; los principales responsables de ese crimen contra el país impusieron la impunidad.

Fue un mal antecedente que debió enseñarnos que la impunidad es peor que la enfermedad. "Hay que conocer la verdad, aun a costa de la paz", decía Unamuno. Una década después, estamos en el mismo pantano, pero con el lodo no en las rodillas sino en el cuello: cuatro millones de desplazados y otra vez la impunidad impuesta desde el poder (Ley de Justicia y Paz): a nombre de una paz que no llegó, los victimarios de crímenes atroces pretendieron no ir a la cárcel (gracias a la Corte Constitucional siquiera pagarán una exigua pena), pero quedarán con los bienes que arrebataron a sus víctimas y podrán continuar en el crimen a través de sus mandos medios, los autores materiales de las masacres.

Lo que jamás se imaginaron los violentos, y sus cómplices en el poder, es que unos hombres togados, como un verdadero escuadrón suicida, iban a salir en defensa de la Patria. La Sala Penal de la Corte Suprema es el último bastión que quedaba a las instituciones para contener a los bárbaros.

Y lo peor: la ’parapolítica’, que es una forma de gobierno inhumana, pretende encubrir y mitigar sus escalofriantes resultados con programas meramente asistenciales: familias en acción y subsidios de Acción Social, para mantener sumisos al poder a los campesinos empobrecidos.

Veinte años tardaron las madres de Plaza de Mayo en lograr la anulación de las leyes de impunidad impuestas por la dictadura militar argentina. ¿Las víctimas en Colombia tendrán que esperar tanto?

* Senador del PDA, ex Ministro de Justicia.

Parmenio Cuéllar*