Polo Democrático Alternativo

Introducción

Con base en las ponencias, las intervenciones de los panelistas y los comentaristas y las discusiones del conjunto de la Comisión sobre Paz, Seguridad y Derechos Humanos, el presente texto entrega una versión resumida de los principales argumentos de consenso, los aportes particulares y las distintas iniciativas y propuestas presentadas.

Con su contenido la Comisión Política busca contribuir en la difusión de los trabajos realizados en el Foro Ideológico Nacional en el Primer Encuentro Nacional de Grupos Poblacionales y Sectores Sociales y en los Foros Ideológicos regionales o departamentales así como en las mesas temáticas, en el contexto de la preparación del primer Congreso Nacional del PDI.

El abordaje de los temas se limita en consecuencia a lo expuesto en el mismo Foro Ideológico Nacional, por lo cual corresponde avanzar, con apoyo en este y en otros aportes que se entreguen, en la preparación de las tesis y en la profundización en el debate, las contribuciones y las líneas de trabajo en los tópicos tratados se adopten por el partido a distintos niveles.

Dentro de los presupuestos políticos principales se puso de presente la necesidad de tratar de manera relacionada e integrada los temas y se subrayó que en los orígenes, la composición y los presupuestos políticos del PDI, están consignados el compromiso histórico con la recuperación de la paz; la defensa y desarrollo de los avances democráticos y las garantías ciudadanas consagradas a partir de la Constitución Política de 1991 y el rechazo a la violencia y a todas las expresiones de arbitrariedad. Así mismo se subrayaron la defensa de un programa asociado con el desarrollo autónomo y socioeconómico sostenible, la soberanía nacional, la equidad social, la recuperación de la justicia, el disfrute de los derechos humanos, la recuperación de la convivencia y de la capacidad institucional y social para asumir la resolución pacífica y constructiva de los conflictos y el logro de la seguridad entendida en su real contenido democrático.

La paz, los derechos humanos y la seguridad ciudadana constituyen aspectos complementarios de un proyecto de consolidación democrática, asociado a la plena vigencia y a la efectiva institucionalización del Estado Social de Derecho. En tal perspectiva, se remarcó que en las actuales condiciones del país, ante el peligro de detrimento de garantías constitucionales, la prolongación e intensificación del conflicto armado, la pervivencia de la grave crisis humanitaria y el empobrecimiento y debilitamiento del bienestar social, es preciso consolidar, a partir del PID y en perspectiva de una amplia convergencia democrática, una propuesta política que se constituya en real alternativa de gobierno, empeñada en conquistar el tipo de propuestas consideradas.

1. POLITICA DE PAZ:

El principal escenario de construcción de la paz es la democracia, si bien históricamente pasa por la resolución política del conflicto armado y por tanto por eventos de diálogo, negociación y acuerdos entre las partes enfrentadas en la guerra, en esencia su contenido y significado conlleva a un acuerdo nacional y a propósitos y acciones que se expresan en de múltiples maneras. Solo el fortalecimiento de la democracia consolida las condiciones para la inviabilidad y la ilegitimidad del recurso de la violencia y demanda el pleno retorno al ejercicio de la política y a la libre expresión de los movimientos sociales y de la ciudadanía, en un marco efectivo de garantías.

Sin embargo, en las salidas negociadas se ha privilegiado el tratamiento bilateral que relega a la sociedad civil en sus expresiones políticas y sociales; se impone el retorno pendular a las salidas bilaterales de guerra o de paz; por lo cual se requiere retomar el concepto de paz integral como proyecto nacional, ciudadano y que compromete la acción estatal y el desarrollo de políticas públicas. En consecuencia, ello demanda entre otras acciones convocar el inmovilizado del Consejo Nacional de Paz y convocar la más amplia concertación de esfuerzos. Y en tal sentido, debe reconocerse el aporte de los procesos regionales, departamentales, locales, de iniciativas ciudadanas y comunidades locales, emprendidas durante los últimos años.

El Gobierno Uribe le apuesta a la derrota militar de la guerrilla, pero los resultados conseguidos no demuestran logros reales en tal perspectiva y, por el contrario, se acrecientan, en el mediano plazo, los ya altos costos sociales y materiales de la guerra. Somos partidarios de una salida digna al conflicto armado, de manera que se reconozca, a pesar de su evidente degradación, el carácter político de tal conflicto y se retome el tratamiento a las causas políticas y sociales que están en su origen y en la posibilidad de su resolución.

La solución negociada de la guerra no es sólo un asunto de la voluntad y del querer de las partes militarmente enfrentadas; su posibilidad estriba en la creación del contexto social y político necesario, en la recuperación del consenso ciudadano por la paz y en entender que su base es un gran pacto social. Al respecto, el precedente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue ilustrativo, al reconocer su dimensión mayor ante los diversos eventos de los diálogos y las mesas de negociación.

Nuestra consideración es deslegitimar y arrinconar políticamente a la guerra y al recurso de la violencia, a partir de desactivar definitivamente sus causas y sus justificaciones con más democracia, más participación, garantías ciudadanas efectivas, superación de los altos márgenes de pobreza e indigencia. Y en tal empeño prevemos el fracaso de la estrategia de guerra del actual gobierno y consideramos, en consecuencia, que la iniciativa histórica le corresponde al proyecto de la izquierda democrática, sustentado en la promoción de las reformas democráticas, sin depender del proyecto insurgente y ubicando las eventuales negociaciones de paz en una situación distinta.

El proceso de paz colombiano ha sido discontinuo, pero tiene precedentes importantes, escenarios de construcción diversos, e incluso los diálogos y negociaciones de paz con las guerrillas que no han conseguido pactos definitivos, entregan abonados no desestimables, a pesar que sea necesario revisar y reformular los modelos experimentados. Así, no obstante el fracaso definitivo y en muchos aspectos de lo desarrollado por el pasado gobierno, se registran logros importantes como la participación de la comunidad internacional, las definiciones de agenda, el informe de la llamada comisión de notables con las FARC y las propuestas ciudadanas presentadas a pesar de las limitaciones del esquema de participación.

Sin embargo, un nuevo proceso de paz deberá incluir nuevos elementos como la consecución pronta de un cese bilateral al fuego efectivo y debidamente supervisado; incluir las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas y fortalecer el papel de las terceras partes, e incluso elevar al nivel de mediación el aporte de la ONU y posiblemente de otro tipo de actores internos e internacionales.

En tal perspectiva, el PDI debe preparar y presentar una propuesta de paz, en amplia consulta y que dé cuenta del consenso existente entre sectores disímiles, incluyendo las aproximaciones conseguidas en anteriores procesos, como es el caso de considerar que un nuevo pacto político puede tener como base la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual retome el proceso de democratización y que pueda ser escenario de refrendación de nuevos acuerdos. Así como también se estudia la propuesta de conseguir un gobierno democrático de transición, como factor de inclusión y base del desarrollo de políticas de mediano plazo que sustenten los requerimientos del postconflicto.

Entre tanto, en la actualidad los diálogos sólo con los paramilitares no consiguen perfilar un proceso de paz, menos aún cuando el punto de partida ha sido la ausencia de una estrategia gubernamental clara, la impunidad y la declaratoria de un cese al fuego sin control, ni concentración de fuerzas, ni cumplimiento efectivo. No se considera con la debida consecuencia la agenda de derechos humanos que necesariamente debe abordarse, ni los elementos como de reparación de las víctimas y de posibilidades de emprender una reforma agraria, a partir de los inmensos bienes que se pueden incautar. Además, más allá de la necesaria desmovilización de este actor armado ilegal se requiere una solución en todas las implicaciones del complejo fenómeno paramilitar.

De otra parte, resulta valiosa la actitud de entendimiento con el ELN, la facilitación de México, la propuesta alternativa de colaboración hecha a los gobiernos locales y seccionales alternativos y la disposición a un acuerdo humanitario así el plantear propuestas como la amnistía y el cese bilateral del fuego. Sin embargo, aún no aparece clara la disposición, ni las políticas, ni las propuestas de las partes para hacer posible la reapertura, al menos con esta organización, del proceso de paz. Pero en todo caso, el PDI expresa su compromiso y disposición para apoyar, alentar y participar en la reactivación de los entendimientos por la paz.

2. POLITICA EN DERECHOS HUMANOS:

Es necesario discutir el balance de la política gubernamental en materia de derechos humanos, puesto que si bien se registra el descenso por distintas razones de algunas de las violaciones, prosiguen altos registros, políticas y nuevas medidas que dan continuidad a la crisis humanitaria que mantiene un nivel de gravedad apreciable.

Las notorias correcciones en la actuación directa de la Fuerza Pública, a pesar de la responsabilidad por compromisos directos, o por omisión e ineficacia, ante el paramilitarismo, ahora se empañan con la reaparición de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario que la comprometen de manera directa. Así, los llamados errores militares tan frecuentes recientemente, por lo regular constituyen crímenes de guerra, sobre los cuales aún no se demuestra la eficaz actuación de la justicia. Además, en tal sentido persiste un alto nivel de impunidad no superado ante la ineficacia de la Fiscalía, de los organismos de justicia y la revelación de alarmantes casos de infiltración de los grupos paramilitares en los mismos organismos de investigación y juzgamiento.

De conjunto aparecen nuevas manifestaciones de la crisis de derechos humanos, con hechos como las comunidades en confinamiento, las detenciones masivas y arbitrarias, la persecución a sectores sociales y vulnerables, la ilegalización de huelgas y la represión a protestas ciudadanas y, quizás lo más grave de todo, las reformas emprendidas y las propuestas, que conllevan a la supresión o el debilitamiento de garantías y derechos constitucionales fundamentales. En efecto, por iniciativa gubernamental se suprimió la reserva judicial previa ante determinadas actuaciones de la fuerza pública, se entregaron funciones judiciales a las Fuerzas Militares y se adelantan proyectos que pretenden, entre otras medidas, la limitación de las funciones de la Corte Constitucional, el recorte significativo del alcance de la tutela, el proyecto de reforma que lesiona la independencia de la justicia y el interés anunciado de limitar, especialmente frente a la actuación militar la labor del ministerio público.

La comunidad internacional, en especial la ONU a través de sus organismos, insiste ante el Estado y el Gobierno colombianos para que se acojan cabalmente las recomendaciones presentadas, en aras de superar la grave crisis existente en materia de derechos humanos y de derecho humanitario. Tal circunstancia conlleva a que los distintos organismos internacionales y el grupo de 24 países que asistieron a la reunión de cooperación internacional realizada en Londres en el 2003, a una actitud crítica ante el Gobierno de Colombia ante el incumplimiento de tales recomendaciones, la cual se profundiza por los ataques abiertos que en distintas ocasiones ha hecho directamente el Presidente de República contra las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.

Entre tanto, en términos de derechos sociales y colectivos, son a la vez altos los niveles de incumplimiento, los retrocesos y las distintas formas violaciones presentadas. Y con referencia al tema del narcotráfico, dada la presión norteamericana, no se adopta una solución de carácter nacional y social, la cual involucre elementos como la erradicación manual, los planes de ordenamiento territorial y ambiental, la revisión de la política y de los indicadores de la política antidrogas y un nuevo concepto en las relaciones y en los compromisos en términos de correspondencia internacional

Corresponde, por tanto, en política de derechos humanos enarbolar una propuesta constructiva a partir de defender y desarrollar los avances de la Constitución Política de 1991, proponer estrategias de real corrección de las graves crisis en derechos humanos y en derecho humanitario, con apoyo en el cumplimiento decidido de las recomendaciones internacionales. Y ello conlleva a evitar que se continúe con el debilitamiento del sistema de protección interno, a retomar la lucha contra la impunidad, buscar la recuperación cabal de la justicia, atender satisfactoriamente, en relación con la superación del conflicto armado, las demandas de verdad, justicia y reparación, promover en el contexto del proceso de paz amnistías con exclusión legal para los más graves crímenes, rechazar y exigir la actuación de la justicia ante las violaciones cometidas por las partes de las normas humanitaria, priorizar la atención a las víctimas y promover la suscripción de acuerdos humanitarios, entre otras propuestas destacadas.

3. POLITICA EN MATERIA DE SEGURIDAD:

El gobierno Uribe retomó el concepto de seguridad democrática pero a un contenido de seguridad militar y de actuación oficial a partir del debilitamiento de aspectos medulares referidos a la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, lo que aparece como su fortaleza actual especialmente a partir de ciertos logros conseguidos en materia de orden público, de fondo constituyen su debilidad estratégica.

Así, se pueden calificar de relativos y de temporales los resultados presentados por la política gubernamental de seguridad, puesto que si bien hay reducción de hechos violentos, de ataques armados, e incluso de determinado tipo de violaciones a los derechos humanos, en buen grado responden al repliegue táctico de la guerrilla y de los paramilitares por motivos distintos. Pero lo que es peor, los avances resulta aparente si el presupuesto es el debilitamiento del sistema interno de protección de las garantías ciudadanas.

Por consiguiente, la discusión estriba en que es posible conseguir la seguridad ciudadana con presupuestos democráticos y sin un modelo autoritario. Es decir, que en demanda de la seguridad, entendido como elemento esencial en materia de derechos humanos tal como lo consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es posible contar con el necesario y amplio concurso de la Fuerza Pública y de la solidaridad ciudadana, pero sobre la base de la promoción de la convivencia pacífica y del disfrute integral y universal de los derechos humanos. En tal sentido, en el ámbito internacional se discute en la actualidad un concepto de seguridad humana, sustentado en el garantismo y en la oposición al concepto de seguridad sobre la base de la represión, el autoritarismo, la guerra, la agresión a otras naciones y la supresión de las garantías y derechos fundamentales.

Pero al respecto es necesario también reconocer, como hecho político importante, el asumir la seguridad como elemento político central dentro de una política de gobierno, con todas sus implicaciones institucionales y sin reservas, e incluso entender que precisamente el tema se posicionó en el país en respuesta al anhelo ciudadano y como exigencia perentoria, especialmente en reacción a los efectos de la violencia y del conflicto armado. Es equivocado por tanto, asumir sólo las exigencias reivindicativas y esgrimir las denuncias ante las violaciones sucedidas, sin plantearse como opción de gobierno, el desarrollo de una política pública coherente e integral en materia de seguridad.

La seguridad es un tema de la democracia, se debe redefinir frente al conjunto de los ciudadanos, con el presupuesto de la justicia y del fortalecimiento del Estado Social de Derecho, de manera que el tema no se reduce al tratamiento de la guerra sino al manejo global del poder, del gobierno y de las distintas expresiones de la convivencia social.

Es necesario así mismo reconocer la relación entre política de seguridad y paz, lo cual conlleva a plantear la necesidad de recuperar el monopolio de las armas, superar la fragmentación impuesta por los poderes armados en las regiones, la penetración conseguida por los grupos armados ilegales en instancias de gobierno y del poder local y seccional, a plantearse el fortalecimiento del Estado y de la Fuerza Pública, el desarrollo de una doctrina militar democrática, el cambio de indicadores operativos con base en presupuestos garantistas, el reconocimiento de la seguridad ciudadana con dispositivos policivos civilistas y la corrección de la confusión y de los abusos cometidos a partir de la red de informantes conformada sobre el presupuesto de la no aplicación del principio de distinción exigido por el derecho internacional humanitario.

4. PRINCIPALES APORTES DE LAS INTERVENCIONES:

DANIEL GARCÍA PEÑA:

Hay que partir por señalar que no hay contradicción sino complementaridad entre temas tratados, pero también que el orden de presentarlos resulta importante, por tanto nos referiremos a la paz, a los derechos humanos y a la seguridad, con el presupuesto de que todos son asuntos necesarios y de que la paz es una prioridad urgente, asociada a los derechos humanos que a la vez son la condición necesaria para una política de seguridad verdaderamente democrática.

Los canadienses han trabajado el concepto de seguridad humana asociado al disfrute de derechos, mientras que por parte de los norteamericanos se ha planteado un concepto de seguridad en el cual predomina el aspecto militar, lo cual indica una discusión en los ámbitos internacional e interno importante con respecto a la concepción y las políticas que se asocien al desarrollo de una política de seguridad en todos sus aspectos.

Con referencia a la paz las salidas negociadas a los conflictos armados han privilegiado las salidas bilaterales, en consecuencia han subordinado el papel de la sociedad civil, pero a la vez de manera que en materia de políticas de paz y de guerra, parecemos condenados al retorno pendular de ellas, sin la suficiente coherencia y sin las condiciones que requiere en el mediano plazo y en la incidencia efectiva una política integral, estatal y gubernamental comprometida con la recuperación efectiva de la paz y la convivencia.

En las condiciones colombianas, la izquierda democrática asume un programa reformista, de claro contenido democrático, en cual podrá colocar las próximas negociaciones de paz en una situación distinta, de manera que el proyecto democrático no se sujete al proyecto insurgente y, por el contrario, sea la condición indispensable para posibilitar la paz y para deslegitimar la guerra.

En el futuro político aparecen principalmente las opciones de la reelección del presidente Uribe, lo cual ocasionaría la prolongación de una política gubernamental comprometida principalmente con la salida militar al conflicto armado, sin éxito previsible para conseguirlo, o la opción de un gobierno democrático que seamos capaces de liderar, con una política de paz que sepa sintetizar la experiencia y las apuestas que se han desarrollado al respecto durante las últimas décadas así como responder a una nueva situación política.

Un programa de gobierno democrático y también de cara a una agenda de negociación, así como con relación al proceso político presente, es fundamental asumir en todas sus consecuencias la defensa del contenido fundamental y de los avances democráticos conseguidos con la Constitución Política de 1991, en oposición a la ola contrarreformista actual y en defensa de sus principios y con consecuencia referida específicamente a su desarrollo legal, institucional y programático.

A pesar del fracaso final y de los errores del proceso de paz emprendido por el gobierno anterior, es necesario reconocer que dio algunos pasos importantes en aspectos como la agenda y la mayor participación de la comunidad internacional, a la par que se desarrolló una política de internacionalización del proceso de paz y de progresiva contribución de la ONU. Sin embargo, los desarrollos de una política de paz requieren ahora de medidas como la que propongo de conseguir la mediación oficial de la ONU.

Considero que debemos retomar la posición del PDI adoptada por la Junta Nacional respecto a los diálogos con los paramilitares, en sus distintos elementos acordados, de manera que se ponga de presente la insistencia en que no puede ser un proceso con base en la total impunidad sino sobre presupuestos de verdad, justicia y reparación a las víctimas; el que sigamos denunciando el no cumplimiento del cese al fuego; el diferenciar el tratamiento con las AUC y demás grupos con el fenómeno paramilitar en todas sus implicaciones. Al respecto, se trata de un fenómeno complejo que involucra elementos de cultura, de compromisos desde esferas del Estado y del poder, de impacto social y un alto costo humano y social ocasionado, pero que sin embargo algunos sectores lo consideran un proyecto de pacificación exitoso.

El tema de los paramilitares en materia de derechos humanos conlleva a que el Estado asuma responsabilidades al respecto, al esclarecimiento histórico de hechos importantes referidos a la violencia política instrumentada, e incluso a reconocer que en los diálogos con la guerrilla no se han abordado estos temas de verdad, justicia y reparación, lo cual fue palpable en las conversaciones en El Caguán. Por consiguiente, el tema del esclarecimiento resulta fundamental e implica reconocer responsabilidades estatales, de los paramilitares y de la guerrilla con relación a la grave crisis en derechos humanos y las graves violaciones al derecho humanitario sucedidas.

El principal escenario de de construcción de la paz es la democracia, no es la mesa de negociación, el golpe estratégico más duro para las FARC considero que fue la elección de Lucho como alcalde en Bogotá, puesto que indica la recuperación de los escenarios del ejercicio democrático efectivo y puede conllevar a una opción de salida digna al conflicto armado. Es de recordar que la Constituyente del 91 fue más importante que las mesas de negociación.

ALFREDO RANGEL (Invitado)

Hay que reconocer que el tema de la seguridad llegó para quedarse, de manera que la elección del presidente Uribe se dio porque tuvo el valor político de colocarla al centro del interés, en medio de un conflicto armado degradado.

La seguridad es un tema de la democracia, así como lo es el orden, son por tanto temas no de la derecha sino también de la izquierda y pasa por reconocer que las violaciones sucedidas han incidido de forma determinante en la restricción de derechos.

Pero el tema de la seguridad no puede dejarse en manos de los militares y de la derecha, no puede excluirse de un programa de gobierno como lo hizo Lucho Garzón, puesto que la paz no puede resolverse sin considerar la seguridad y esta se asocia con impedir la violación que afecta a todos, pero especialmente a los campesinos. Por tanto, no tiene futuro un movimiento que no se plantee el tema de la seguridad, como el que plantee en las circunstancias colombianas el debilitamiento del gasto militar y de la Fuerza Pública.

La política del Gobierno nacional de seguridad democrática ha dado resultados aparentes, de hecho hay reducción de acciones violentas, de ataques guerrilleros, de determinadas violaciones; pero son éxitos relativos y temporales, pues en buena parte corresponde a un repliegue estratégico de las guerrillas y de los paramilitares por motivos distintos. Ante la ofensiva militar las FARC aplican la táctica del repliegue para mantenerse y los paramilitares disminuyen su actividad, aunque sigan cometiendo violaciones, ante el diálogo en el gobierno. El ELN se ha debilitado pero no por la política del gobierno y los paramilitares y el narcotráfico nunca habían estado tan fuertes. Por consiguiente, la situación podría revertirse puesto que las causas están intactas.

Existe relación entre política de seguridad y paz, pues si el Estado no se fortalece, no se vuelve temible, no consigue inducir a sus adversarios para que se acuerden unos términos en la solución negociada del conflicto armado. Es necesario debilitar los actores armados para mejorar la situación en derechos humanos y para posibilitar la paz.

El gobierno actual se plantea en antítesis al anterior, por lo cual se requerirá una síntesis; el manejo débil y precario del Estado por parte del presidente Pastrana facilitó la opción extrema, el no reconocimiento del adversario y la retoma de la apuesta a la derrota de la guerrilla, aunque más consistente en política de seguridad, a pesar de que se venía desarrollando desde el gobierno anterior.

Se va a imponer desde una posición de fuerza una negociación inicialmente con las FARC y luego con los paramilitares, lo cual implica peso militar, legitimidad frente a la población y una agenda amplia, en la cual se podrá retomar la agenda de El Caguán, pero en lo inmediato fortalecer las Fuerzas Militares, las de la Policía y acelerar la confrontación armada, en perspectiva de la salida negociada.

Es necesario también mejorar la situación en derechos humanos reconociendo que la mayoría compromete a los grupos armados ilegales, pero mejorar en la actuación de la Fuerza Pública ante la presencia de hechos negativos. Además, esta situación se relaciona también con las denuncias de infiltración en las instituciones y los organismos de seguridad por parte de los paramilitares, del narcotráfico, de la corrupción y del crimen organizado.

JORGE ROJAS:

El reto es elaborar propuestas puesto que tenemos mucha más capacidad para diagnosticar, pero en resumen Colombia tiene la tragedia de una guerra que el Estado no logra ganar militarmente, pero que tampoco logramos resolver políticamente. Por tanto, perviven las guerrillas desde los años sesenta, las políticas violatorias a los derechos humanos implementadas desde los años setentas, se agrega la política económica neoliberal desde los años ochenta y ahora se nos plantea asumir como política la guerra.

En consecuencia el Gobierno nacional y algunos sectores consideran que esta es la fase de resolución estratégica de la guerra, de la derrota de la guerrilla, y se sustenta en la política denominada de “seguridad democrática”, pero que su real sentido es de seguridad militar. Por tanto, hablamos de la paz en medio del entusiasmo bélico, alentado por unas encuestas que no dan cuenta sino de una opinión urbana altamente influida por los medios de comunicación, pero que no consulta en las áreas rurales donde se presenta principalmente el conflicto armado.

Hay que preguntar cuanto vale la guerra, tanto para el Estado como para los grupos armados, pues en total se calculan unos 11.5 millones de dólares diarios, lo cual conlleva a fuertes consecuencias de restricción en lo social. Ello significa que hay que abordar el tema de la paz a partir de hablar de la realidad de la guerra y de la proporción del gasto militar.

En derechos humanos se presentan nuevas manifestaciones de la crisis, se presentan los llamados por el gobierno “errores militares” que son graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y hay incremento del desplazamiento forzado en las zonas militarizadas, entre otros nuevos elementos de deterioro de su situación.

Es cierto que se necesita una política de seguridad, pero no con base en un modelo autoritario sino de seguridad democrática, es decir en el marco del respeto a los derechos humanos y al DIH y con el concepto de recuperar un concepto de seguridad relacionado con la solución política del conflicto armado y la recuperación de la convivencia pacífica.

Se requiere una solución política negociada y democrática del conflicto armado, pues la solución política negociada de por sí ha sido bilateral y no democrática, hay que evaluar que lo de El Caguán era excluyente y al final de cuentas le ocasionó daño a la posibilidad de concertar la paz, con responsabilidad de ambas partes. Y algunos proponen que vayamos a Santafé de Ralito, pero allí hay mucho de oportunismo de las partes y no de compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.

Necesitamos presentar una propuesta de paz de convivencia pacífica y de solución política democrática que considere elementos de validez como el informe de la Comisión de Notables en El Caguán, pero no con el mismo modelo de negociación. Al respecto propongo considerar los siguientes puntos:

1. Reconocer el conflicto armado interno, negado por el gobierno. 2. Acuerdos en derechos humanos y derecho internacional humanitario, no reducido al tema del intercambio propuesto y con cambios en políticas y medidas efectivas. 3. Cese bilateral al fuego, el cual permitiría la decisión de las partes para la negociación. 4. Defensa de una agenda de negociación consultada con el país y un espacio bilateral para los asuntos militares. 5. Diálogo nacional con agenda, con la sociedad civil y con los militares. 6. La concreción de un nuevo pacto político que puede ser por medio de otra Asamblea Nacional Constituyente.

Y como sustento político nuestra propuesta de paz se relaciona con una necesaria propuesta de gobierno, que se base en la definición de nuestro programa político, el cual puede crear un escenario bien particular en el país, de tal forma que asumamos desde el poder las reformas democráticas que de una u otra forma han justificado la insurgencia y consigamos llevar la insurgencia al diálogos y los acuerdos definitivos.

RICARDO VARGAS (Invitado)

Es necesario revisar la política contra las drogas de uso ilícito en su evolución como un problema de seguridad desde los años ochenta, en la cual el diseño de los programas y las acciones en el país se han hecho a partir de la política norteamericana y de sus intereses. Por tanto, me remitiré a plantear las siguientes propuestas en la perspectiva del desarrollo de una política al respecto.

1. Se requiere considerar los tres niveles de la cadena de las drogas de uso ilícito, por lo cual su discusión de fondo como política se relaciona con las circunstancias del comercio internacional, la discusión del TLC y el reconocer la realidad de que los proyectos alternativos, de sustitución, se hacen inviables e insostenibles.

2. Se requiere relacionar el tema con el propósito de emprender una reforma agraria a partir de los bienes incautados al narcotráfico, las tierras tomadas por los paramilitares y con una política al respecto de la devolución y el destino de esas tierras y de esos bienes, recurriendo a la participación y la veeduría social.

3. Se requiere una estrategia nacional de erradicación manual, con incidencia para su logro en el Congreso de Estados Unidos, coherente con los planes de ordenamiento territorial y ambiental y no con la política de transar cultivos de coca por proyectos productivos.

4. Se requiere en términos de gobernabilidad local involucrar el tema de los derechos humanos y la consecución de garantías de seguridad.

5. Es necesario revisar los indicadores de la política antidrogas con relación a la oferta mundial de drogas, revisar la corresponsabilidad internacional, pero a la vez considerar que ya no es cierto que América Latina produce y Europa y Norteamérica consumen, puesto que en nuestros países se ha incrementado notoriamente el consumo y en los otros continentes se incrementa la producción de drogas sustitutas.

6. Está expósita la sentencia de la Corte Constitucional respecto del desarrollo legislativo, con relación al tema de la dosis personal, dadas las circunstancias políticas y de manera que por lo pronto no es posible proponer la legalización, pero si es viable retomar los avances legislativos europeos sobre drogas duras y blandas, para enfrentar la política antidrogas norteamericana.

LEON VALENCIA (Invitado)

El gobierno del presidente Uribe niega el conflicto armado, pero a la vez introduce al absurdo cuando precisamente consigue dialogar y ahora negociar en sus términos con los grupos paramilitares.

Pero no estoy de acuerdo con retomar de manera igual los planteamientos de la izquierda como alguna ponencia lo propone en estos temas; hay que reconocer que fracasamos, considero que el marxismo tiene invalidez total y que corresponde sólo a minorías ideologizadas que estuvieron ligadas a los movimientos campesinos, sindicales y estudiantiles de los años setenta. A propósito, las FARC se ha refugiado en los campesinos cocaleros.

Ahora en términos del conflicto lo de las FARC, el ELN y las AUC, es en término de los marginados contra los establecidos, por tanto la alternativa es la del exterminio o la de la exclusión.

Las FARC se asentaron en el sur donde hay poder con el narcotráfico, igual lo hace las AUC en el norte y el ELN se debilita porque mantiene rezagos marxistas, de manera que sólo hay poder efectivo del Estado desde Bogotá. La única posibilidad de salir de la guerra es con un gobierno de transición, con el cual de inmediato no será el retorno a una democracia plena sino la aplicación de un pacto.

CARLOS ALFONSO VELASQUEZ:

El Ministerio de Defensa en ejercicio de ministros civiles constituye un avance.

El Estatuto Antiterrorista está dirigido es contra los ciudadanos y soslaya el enfrentamiento con las guerrillas.

Es necesario desarrollar un discurso para los militares, una doctrina con base en presupuestos constitucionales y de concepción y actuación democrática.

Se necesita crear el contexto político y social necesario para la negociación política y no desgastar las propuestas en un ambiente desfavorable.

OTTY PATIÑO:

Del acuerdo de paz con el M19 no se cumplió el compromiso suscrito sobre la investigación sobre el tema del narcotráfico en Colombia porque no hay interés en contradecir la política norteamericana. Esto muestra también que el tema del narcotráfico no se ha convertido en política pública, ni siquiera en política de los partidos políticos y creo que un elemento fundamental para el PDI es tener una política clara sobre este tema, con la posibilidad de incidir ante un problema que se ha hecho complejo y que no se supera.

Otro tema no cumplido en este acuerdo de paz fue la publicación de las listas de los grupos de autodefensas, lo cual retoma vigencia ante la necesidad que se pone de presente de reconstruir la verdad histórica. Si se hubiera hecho, desde los años noventa se habría adoptado un deslinde de responsabilidades desde el Estado respecto de la creación y el mantenimiento de estos grupos, lo cual le ha quitado base a la legitimidad y generó una situación de indefinición, en medio de la cual se desarrolló el paramilitarismo y los grupos de justicia privada.

Otro tema es el referido a la propuesta del ELN al lanzar de nuevo su propuesta de acuerdo humanitario como condición para iniciar un proceso de paz, con ingredientes importantes como proponer el tema de la amnistía, el cese bilateral al fuego, las propuestas dirigidas a Lucho Garzón y Angelino Garzón y los nuevos compromisos de facilitación internacional. El PDI debe pronunciarse respecto de esta oferta.

Pero en todo caso al tratar el conflicto armado colombiano hay que reconocer que tiene que ver con el copamiento militar por parte de los grupos armados en varios casos como el de la Sierra Nevada de Santa Marta. En tales situaciones queda claro que aunque puedan bajar índices de violencia y de violaciones por la imposición y el control local que consigue determinado actor armado, se carece por parte de la población de garantías políticas mínimas.

Frente a la despolitización hecha por parte del Gobierno Uribe respecto de los actores armados, reducidos a grupos o bandas armadas e incluso a terroristas, es necesario en función de la solución política plantear su reconocimiento como actores políticos, no simplemente con un pronunciamiento de comunicado sino en términos de asumir el diálogo con ellos. Hoy existe la posibilidad y la oportunidad de que alguien distinto al Estado reconozca el carácter político de estos actores, tanto con referencia a las guerrillas como a los grupos de autodefensa.

Además, la gran dificultad es que esos procesos no se sabe a donde pueden conducir ante la ausencia de una estrategia de paz del Estado y del Gobierno, lo cual conlleva a resultados inciertos y tal vez a prolongar y de nuevo errar en las posibilidades de la solución negociada.

De otra parte tenemos que reconocer que el PDI no tiene política respecto a la seguridad, cuando es un tema necesario de afrontar, pues aunque no compartimos la interpretación gubernamental no hemos desarrollado ni incidido con nuestra posición al respecto.

ALVARO VILLARRAGA:

El PDI necesita una agenda más completa en tesis y propuestas que lo que consigue este foro ideológico en los temas abordados, aunque se avanza sin duda, por ejemplo en asumir el tema de la seguridad con una visión de poder y de gobierno, no simplemente reactiva o contestataria frente al gobierno y con claros presupuestos garantistas, sin desconocer por su puesto sus componentes también en términos del control del orden público, la eficacia de los organismos de seguridad y el papel prioritario que debe cumplir la fuerza pública al respecto.

Comparto el que en estos temas pilar fundamental es partir de la defensa y desarrollo de la Constitución Política de 1991, puesto que es muy claro el proceso de reforma regresiva de sus postulados, al punto que ya perdimos la reserva judicial para casos de capturas, allanamientos e interceptaciones, a la vez que se delegan funciones judiciales a las Fuerzas Militares, de forma que el gobierno burla las normas constitucionales y fallos de la Corte Constitucional, precisamente enmendando la misma Constitución, con el propósito expreso y evidente de recortar garantías ciudadanas que posibilitan el ejercicio de derechos fundamentales.

En la misma línea de actuación se pretende ahora recortar las funciones de la misma Corte Constitucional, la procedencia de la tutela para los derechos sociales que es lo que más se utiliza, el menoscabo de la independencia de la justicia y también se han presentado declaraciones presidenciales para limitar las atribuciones del Ministerio Público especialmente en lo referido al control de la actuación de los militares.

Sin embargo, en una visión histórica no tengo la visión negativa del compañero León, pues considero que por el contrario, asistimos en 1991 a un punto de inflexión, el cual se condensó en la reforma constitucional, de manera que se relacionó directamente con los procesos de paz de tal momento y con el tratamiento de la crisis nacional, consiguiendo un nivel de consenso que significó la inclusión de luchas históricas de los movimientos sociales, de la izquierda y de la propia insurgencia, quienes hicimos también nuestro propio aporte en tal proceso. Por tanto, no creo en el fracaso histórico, independientemente de otras consideraciones ideológicas y políticas, las cuales no son del caso abordar ahora, pero que harán parte de un interesante debate referido a nuestro carácter y al diseño y la proyección de nuestra apuesta política.

Por tanto, le corresponde al PDI entender que es acumulado y valuarte activo en términos de la construcción de Estado Social de Derecho, de la construcción de paz y de la construcción de democracia como la esencia de nuestro proyecto político a todo nivel. El proceso político colombiano ha sido complejo, de forma que contamos con indudables avances en estos propósitos, de los cuales no somos precisamente ajenos y ante los cuales tenemos una gran responsabilidad como proyecto, a la vez que como lo reafirmamos aquí, se registran ahora innegables retrocesos y un proyecto de contrarreforma constitucional que lesiona a fondo las aspiraciones a consolidar la paz y a conseguir el ejercicio real de los derechos humanos.

En lo referido a la política de paz se entregan en las intervenciones, pues realmente más que ponencias en la mayoría de los casos se trajeron solo intervenciones sin mayor elaboración, algunas consideraciones y propuestas importantes, pero a la vez podemos pecar de lugares comunes y de vacíos palpables, puesto que no se presenta un planteamiento más desarrollado, claro y diferenciado respecto al tratamiento integral del conflicto armado con la insurgencia y del tratamiento del paramilitarismo, de forma que varias apreciaciones son más de coyuntura que de estrategia política y de programa de gobierno como efectivamente se reclama que sea. Es preciso, por tanto, avanzar hacia el congreso del partido hacia una propuesta más desarrollada.

Hay consenso en que nacional e internacionalmente resulta inconcebible un proceso de paz o un proceso de transición a la democracia sin reales resultados en materia de verdad, justicia y reparación, pero hay que lograr planteamientos más concretos y precisos frente a las posibilidades actuales y frente a la resolución global del conflicto que pretendemos. Además, como muchos sectores lo reclaman y como lo abordamos en una junta nacional, en el curso del conflicto armado y mientras no se consiga su resolución definitiva como lo pretendemos, es necesario plantearse la vigencia de la consigna del respeto a los derechos humanos, la exigencia del respeto a las normas humanitarias y la validez de proponer y conseguir la suscripción de acuerdos humanitarios en beneficio de la población civil y especialmente de las víctimas del mismo conflicto.

Una discusión actual, poco considerada, es sobre la evolución en el país de la situación de los derechos humanos, con referencia a que el Gobierno discute que se registran sensibles avances, a partir de la reducción real de los porcentajes de varias de las principales violaciones y de los registros de ataque armados y de distintos hechos de violencia política. Hecho relacionado a la vez, en materia de seguridad con los avances, también reales en materia de recuperación de control territorial, de las carreteras y de la presencia de la Fuerza Pública en un número importante de municipios.

Sin embargo, a pesar de tal situación, como lo señalan los organismos internacionales de derechos humanos, no consigue superar la grave crisis humanitaria. Por el contrario, perviven altos niveles de violaciones, adscritas a políticas y a conductas sistemáticas. Pero además, lo más grave y distinto es que como lo hemos dicho, se avanza en la supresión desde el nivel constitucional de garantías fundamentales, a la vez que se cuestionan y incumplen en lo fundamental con las recomendaciones formuladas por la ONU en materia de derechos humanos y derecho humanitario, aparecen nuevas expresiones de violaciones como las capturas masivas y arbitrarias, las comunidades en confinamiento, las actuaciones abiertamente violatorias contra la población por parte de contingentes de la Fuerza Pública, como en viejas épocas, y hacen crisis manifestaciones de impunidad en las instancias de la justicia, mientras se imponen regímenes de facto en importantes regiones del país por parte de grupos armados ilegales.

ANA TERESA BERNAL:

Aún hay algunos elementos planteados muy distantes para configurar una propuesta programática del PDI en los temas de paz, seguridad y derechos humanos, por lo cual deberíamos decantar planteamientos y entregar nuevas formulaciones.

En ese sentido quiero decir que no creo tan seriamente que la política de seguridad del presidente Uribe tenga el nivel de éxito que en algunos planteamientos se atribuye, puesto que también registra fisuras, las cuales se hicieron palpables con los gremios en la mesa de cooperación de Londres el año pasado, al punto que creo que en perspectiva la debilidad de Uribe es precisamente su política de seguridad, que aparece ahora como su fortaleza.

El Gobierno puede hacer la guerra contra los grupos alzados en armas, pero hay que discutir porque lo hace atacando a la misma población, lo cual es contrario al propósito expuesto de la seguridad y por el contrario la desconoce y corresponde formular en consecuencia una política de seguridad compatible con el Estado Social de Derecho.

La posición de Álvaro Uribe es extremista, no reconoce la realidad colombiana en términos de la confrontación que existe con los grupos armados ilegales, considera que no existe conflicto armado, por tanto desconoce al adversario militar como contraparte susceptible de reconocimiento en materia de soluciones negociadas, puesto que se trata de simples grupos terroristas que corresponde extirpar, por lo cual no tiene fundamento hablar de reconciliación puesto que el gobierno no habla de reconciliación por que no tiene nadie con quien reconciliarse y se trata es de derrotar esos grupos y llamar de manera unilateral e individual a sus integrantes que deseen insertarse en la vida civil.

Esta política de seguridad afecta en este momento muchas regiones, por eso en las regiones se producen estragos, miles de detenciones masivas, arbitrarias, se prevé que con la aprobación del estatuto antiterrorista la situación humanitaria empeorará y esa dinámica propiciará un desgaste incluso dentro de sectores mismos del poder. En ese sentido, el PDI debe hacer una propuesta de seguridad compatible con la democracia y con el estado social de derecho.

En lo relativo al tema de los paramilitares hay ambigüedad en el gobierno, no tiene clara una estrategia, al igual que en política de paz y en las gestiones humanitarias ha puesto a la Iglesia para que traiga razones, pero sin avances ni claridad de propósitos. No hay tampoco una postura clara frente a la comunidad nacional ni internacional, ni mucho menos una política de Estado para la paz, con lo cual se expresa una debilidad que puede sostener en el corto plazo, pero que no puede sostener a largo plazo.

En consecuencia el gobierno tiene una situación bastante compleja y difícil en la mesa de negociación con los grupos paramilitares, no ha tenido ningún tipo de claridad, en este momento está contra la espada y la pared en ese proceso; así mismo no tiene una postura ni se previó lo que está pasando con el ELN, con referencia a su disposición al diálogo y a las posibilidades que ahora surgen con ellos.

El PDI debe tener posturas frente a estos dos procesos, con las autodefensas para que no se produzca una situación de impunidad total debemos tener exigencia y con el ELN, porque poco a poco, ante el desgaste de la política de seguridad del gobierno y el surgimiento de procesos de diálogo, vamos hacia una posible recuperación de un nuevo consenso nacional por la paz, a lo cual tenemos que apostarle. Y quiero insistir en el necesario énfasis en el reconocimiento de las víctimas, de su protagonismo y de la justa reparación que requieren.

Aquí hay un problema de democracia y de autoritarismo y el Polo como una fuerza de la democracia y como una fuerza progresiva de la sociedad colombiana, debe tener una propuesta de paz, lo cual exige reaccionar frente a la demolición que se hace de pilares de la democracia desde el mismo Congreso de la República y ante lo cual el PDI ha tenido un papel muy importante al rechazar tal propósito y defender con sus posiciones la misma democracia.