Polo Democrático Alternativo

Presentación

El partido político Polo Democrático Independiente, PDI, surge para contribuir en la construcción, defensa y consolidación del Estado Social de Derecho en nuestro país, haciendo realidad los postulados básicos de la Constitución de 1991.

Nos comprometemos a trabajar por la democracia como condición de vida civilizada; como forma de gobierno y de hacer la política; como procedimiento para participar, decidir y elegir; como método para el tratamiento de todos los asuntos públicos y los diversos conflictos; como vía segura hacia la solución de los grandes problemas nacionales. Nuestro propio accionar será ejemplarmente democrático.

Somos y queremos ser el partido de la justicia social, de la equidad, la igualdad de oportunidades, la vigencia plena de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que eliminar los extremos de riqueza y pobreza, acabar la exclusión social, derrotar la pobreza, el desempleo y el hambre.

Nos dedicaremos a la tarea de rescatar la política como servicio público, el manejo responsable y honesto del patrimonio colectivo y la legitimidad de las instituciones democráticas. El país reconocerá en nuestro partido al abanderado de la lucha contra la corrupción y de la refundación de la política con una ética de responsabilidad, transparencia y consecuencia.

Concebimos la política y el Estado como un espacio de articulación de legítimos intereses existentes en la sociedad. En el caso colombiano, sin embargo, es notable el desfase entre la pluralidad social y la representación política. De ahí que un desafío de nuestro partido es interpretar mejor la realidad nacional, renovar y actualizar nuestro pensamiento democrático, ampliar la base social de nuestro proyecto político y diseñar un nuevo esquema de relaciones con la ciudadanía y las organizaciones sociales.

En el mundo actual se amplía y fortalece la interdependencia entre los países; las instancias internacionales cobran mayor fuerza; la economía, la política y la cultura están cada vez más cruzadas por corrientes transnacionales. Ya no es concebible un desarrollo nacional en términos autárquicos, ni es posible permanecer en el aislamiento. Sin embargo, los Estados nacionales mantienen su validez y los esquemas de integración entre países presentan grandes posibilidades para los países más débiles.

En este contexto, nuestro país tiene que desplegar y participar en acciones tendientes a contrarrestar el unilateralismo de las grandes potencias y los países más ricos; impulsar el fortalecimiento y la democratización de las instancias internacionales; aprovechar las oportunidades y contrarrestar los riesgos y amenazas mediante una sensata y realista política de relaciones internacionales basada en la cooperación y la solidaridad.

Con estos planteamientos empezaremos a levantar nuestra plataforma política, buscando establecer un mínimo ético y una referencia clara para las acciones de fortalecimiento del partido y logro de nuestros objetivos, mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

I. Sí a la democracia.
II. Por la inclusión social.
III. Refundación de la política.
IV. Una sociedad plural.
V. Relaciones internacionales.

I. Sí a la democracia

Nuestra opción por la vía democrática

La ampliación y profundización de la democracia es la vía para avanzar en la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas. Un proceso de verdadera transformación sólo puede estar basado en la fuerza civil de la sociedad, en su iniciativa y creatividad, y en el empleo de formas y métodos de acción legítimos.

Consideramos que el actual conflicto interno armado que vive nuestro país debe resolverse mediante la negociación política; y no, principalmente, mediante una estrategia de guerra y fortalecimiento militar. Si bien es cierto que la guerra interna se ha degradado y que está mediada por el terrorismo y el tráfico de drogas y armas, no es menos cierto que en su origen y persistencia hay causas objetivas y motivaciones políticas.

También decimos no a la guerra por considerar que en Colombia la lucha armada no es hoy factor de transformación sino de retroceso; no es políticamente viable ni un medio legítimo. En nuestra acción política no estamos dispuestos a aceptar la denominada combinación de formas de lucha ni la complicidad con dinámicas de guerra y violencia.

Enfáticamente rechazamos la existencia y las acciones de grupos de justicia privada en nombre de una supuesta defensa del Estado o como reacción frente a la guerrilla; y, con mayor fuerza, cualquier complicidad con tales grupos por parte de agentes estatales.

Condenamos el terrorismo en todas sus manifestaciones incluyendo terrorismo de Estado, el secuestro, los atentados a la población civil, el uso de minas antipersonales, las masacres, las desapariciones forzadas, la destrucción de la infraestructura productiva y de servicios, entre otras acciones que originan graves y negativos efectos sociales y violan los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas.

El narcotráfico ha causado y sigue causando daño a nuestra nación. Sus efectos nocivos se han expresado también en la política, obstaculizando el desarrollo democrático. Somos conscientes de que es un problema que sólo puede enfrentarse con acuerdos y acciones en el plano internacional, y no a través de las imposiciones de una gran potencia. Nos oponemos a que la lucha contra las drogas se centre en el ataque a los eslabones más débiles de la cadena, como son los pequeños cultivadores y traficantes. En relación con la eliminación de los cultivos ilícitos, nos oponemos a la fumigación con sustancias tóxicas y nos comprometemos a trabajar por la formulación y ejecución de planes de desarrollo alternativo, con gran sentido social y cuidado del medioambiente.

Defensa de la institucionalidad democrática

Como partido democrático optamos por la acción política en el marco de la institucionalidad vigente y reconocemos que el actual Estado colombiano tiene fundamentos de legitimidad. En este contexto vamos a cumplir con el compromiso, y a ejercer el derecho, de ampliar y profundizar la democracia, y vamos a trabajar por las reformas radicales que el país necesita en los distintos órdenes. La democracia se fortalece en democracia.

Sin desconocer la precariedad de las instituciones que rigen en el país, y teniendo en cuenta los retos y riesgos que se derivan de este hecho, aspiramos a constituirnos en la principal fuerza de oposición al actual régimen político, y como la mejor alternativa de gobierno. Participaremos en los sucesivos debates electorales locales, departamentales y nacionales con el propósito de difundir nuestro programa, acumular fuerzas, demostrar nuestra capacidad de gobernar, y ganar el apoyo mayoritario y ser decisivos en la orientación del país.

La democracia se fortalece con más democracia y no cerrando los espacios ni restringiendo las libertades civiles y políticas. El Estado está obligado a garantizar el pleno ejercicio de estas libertades, especialmente los derechos de la oposición. Asumimos con decisión la defensa de las libertades sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos emplearemos a fondo para que todos los sectores y fuerzas sociales y políticas obtengan el reconocimiento de la sociedad y el Estado y puedan participar con plenas garantías en todos los espacios de la vida pública.

La acción del Estado para contrarrestar los poderes contrainstitucionales no puede servir de pretexto para eliminar la figura del delito político, que es una conquista histórica de los regímenes democráticos. No haremos concesiones ante los intentos autoritarios de suprimir toda posibilidad de crítica, de oposición, de protesta social o resistencia civil.

Nuestro objetivo político central de hacer realidad el Estado Social de Derecho para asegurar el bienestar de la población coincide de manera consustancial con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asumimos el carácter universal, integral e indivisible de los derechos humanos. Las libertades civiles y políticas, los derechos individuales y sociales, las libertades sindicales, los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos humanos fundamentales.

La acción de tutela debe mantenerse como instrumento eficaz de protección y defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que evita muchas arbitrariedades, obliga a los servidores públicos a que cumplan con sus funciones y facilita la cercanía de la justicia y los ciudadanos. Debe fortalecerse este instrumento para garantizar su amplia cobertura, en cuanto a los asuntos que pueden resolverse, así como su carácter preferente y sumario.

Es necesario hacer modificaciones al ordenamiento constitucional y legal de nuestro país; y por eso las propuestas de reformismo democrático y progresista tendrán nuestra iniciativa o contarán con nuestro apoyo; pero nos oponemos a la contrarreforma constitucional que han promovido y siguen promoviendo algunos sectores de la política tradicional y el actual gobierno.

Nuestro reconocimiento de la institucionalidad es integral, no se refiere sólo a aquellos órganos del poder público directamente relacionados con los elementos garantistas de la actual Constitución. Queremos contribuir al mejoramiento de la administración de justicia y aportar en la lucha contra la impunidad. Somos conscientes de la necesidad del monopolio legítimo de la fuerza y estamos por una Fuerza Pública que se caracterice por su profesionalización y sea garantía del respeto a los derechos humanos y a la ciudadanía. Impulsaremos el control social y la vigilancia política para que en el desarrollo de las actividades legítimas de la Fuerza Pública no se restrinjan las libertades ni se cometan atropellos contra la democracia.

La seguridad ciudadana y el mantenimiento de un orden civil democrático es función básica del Estado. Lucharemos sin descanso contra todas las modalidades de violencia y buscaremos acuerdos para lograr la necesaria disciplina social, la convivencia ciudadana y la estabilidad política. El Estado tiene que preocuparse de modo especial por la población civil de las zonas de confrontación militar.

Somos defensores del Estado soberano, unitario y regional. Estamos por una reorganización político-administrativa tendiente a hacer realidad la autonomía de las entidades territoriales en todos los aspectos, y, al mismo tiempo, la equidad y cooperación entre las regiones. Tenemos la certeza de que la reestructuración democrática del Estado en lo relacionado con el tributo, la justicia, la fuerza pública y las regiones, son la clave para garantizar nuestra soberanía y acceder a una sociedad pacífica, más justa y próspera.

Apostamos al pluralismo político

Hay que institucionalizar en Colombia la práctica del pluralismo político. Esto implica, en primer lugar, el reconocimiento y respeto a todas las fuerzas, sectores y organizaciones sociales y políticas; a las diferentes tendencias regionales y locales; y a las minorías.

Hoy más que nunca se requiere que la acción política se oriente, ante todo, hacia la construcción colectiva de unas reglas de juego que aseguren la coexistencia de la pluralidad de intereses, creencias, valores y opiniones que conforman la sociedad. Esta es la clave para la vindicación de la política.

En una democracia la oposición es también un órgano de la soberanía popular. Nuestra meta no es un régimen de partido único sino pluripartidista. Como partido de oposición y como alternativa de poder, estamos dispuestos a establecer interlocución permanente y productiva con todos los demás actores sociales y políticos en torno a los temas de interés nacional.

La existencia del pluralismo no se contradice con la necesidad de organizar mejor el ejercicio de la política. Por el contrario, el funcionamiento de un régimen de partidos con alcance nacional y presencia regional, representativos, con su propio perfil, es garantía de expresión de las diferentes corrientes de pensamiento y posturas políticas. El fortalecimiento de los partidos contribuye al mejoramiento en la calidad de la labor del Congreso, en lo relacionado con la formación de las leyes y con el control político; y garantiza la expresión de los diferentes intereses existentes en la sociedad, así como la unidad y mayor incidencia de las organizaciones sociales.

II. Por la inclusión social

Objetivo central y estrategia fundamental

La eliminación de los extremos de riqueza y pobreza, la lucha contra la exclusión social, la decisión política de combatir el hambre y el desempleo, constituyen el sentido fundamental de una estrategia de solución al alto grado de conflictividad existente en el país, de una estrategia de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, así como de recuperación y consolidación del orden civil y la legítima autoridad política.

Nos proponemos formular y ejecutar una política social que articule todas las instancias y recursos estatales, mediante la movilización de toda la sociedad, tendiente a remover los obstáculos que nos han impedido avanzar hacia la justicia y la equidad. Estamos dispuestos a modificar de manera drástica la tendencia histórica a desarrollar desde el gobierno una política social residual, ineficiente y corrupta. La verdadera razón de ser del Estado es su capacidad de producir bienestar para la población.

Nuevo modelo de desarrollo

Adoptaremos un modelo de desarrollo que garantice un mayor crecimiento, productividad y competitividad, y que, al mismo tiempo nos permita alcanzar mayores niveles de inclusión y justicia social, así como de sostenibilidad ambiental. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social. La biodiversidad tiene que ser considerada como un bien de uso público.

Con sensatez y responsabilidad vamos a modificar la política de manejo de la deuda pública y del déficit fiscal, a conservar el patrimonio estatal, a fortalecer el aparato productivo nacional e impulsar una adecuada inserción del país en la economía internacional.

Impulsaremos la formulación, aplicación y evaluación de un Plan Estratégico para el Manejo de la Deuda Pública, cuyo objetivo fundamental será el control y disminución del endeudamiento y el servicio de la deuda pública.

El fortalecimiento del aparato productivo nacional estará orientado, en primer lugar, a garantizar la seguridad alimentaria y la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población colombiana; y para lograrlo serán indispensables una estrategia de reforma agraria integral y una reforma financiera que garantice la democratización del crédito. La política de extinción de dominio será más eficiente y se dedicará a los programas de reforma agraria.

Nuestro país requiere de una política industrial de sectores líderes basada en altas inversiones e innovación tecnológica. En el marco de una economía mixta, el Estado jugará un papel de regulación y articulación de intereses, y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y en los sectores estratégicos. Para garantizar el acceso universal a los servicios públicos y a la seguridad social vamos a promover el funcionamiento de sistemas eficientes basados en el principio de la solidaridad.

Democracia política para la inclusión social

Los avances hacia una mayor inclusión social sólo pueden darse en el marco de la lucha democrática. Sólo por esta vía puede darse una auténtica expresión y representación de los legítimos intereses sociales.

Tenemos que superar el particularismo excluyente de grupos de interés, asociaciones gremiales, confesiones religiosas y movimientos sociales. Por otra parte, no basta sólo con presionar o exigir el garantismo social a favor del propio sector. La defensa de legítimos intereses gremiales o corporativos no puede ir en contra del desarrollo de las solidaridades necesarias para la articulación de la sociedad en su conjunto.

Por eso invitamos a una acción política tendiente a tomar las decisiones necesarias para la reconstrucción nacional, la democratización de la vida política, la reorganización de la economía y el logro de la seguridad social universal.

Es indispensable crear las condiciones para la concertación y la realización de acuerdos políticos en torno a las metas relacionadas con una mayor inclusión social. Todas las fuerzas sociales y políticas representativas deben tener las garantías necesarias para participar en los procesos de concertación y acuerdo. Al Estado corresponde promover los espacios necesarios para el diálogo, así como el reconocimiento y el fortalecimiento de los interlocutores, incluyendo la comunicación de éstos con toda la sociedad.

III. Refundación de la política

Transparencia total

El desafío nuestro es la reorientación del país y gobernar de otra manera. Tenemos que demostrar que nuestros postulados democráticos son válidos y aplicables a la actual situación nacional. Estamos obligados a ser coherentes con nuestros principios y propuestas programáticas. Nuestra forma de hacer política tiene que ser distinta. Sólo así podemos ganar apoyo y confianza. Es urgente recuperar la credibilidad en el oficio de la política y en la democracia electoral.

Vamos a recuperar y fortalecer la cultura de respeto a lo público; a rescatar la preeminencia de lo público y de los intereses colectivos. Lucharemos contra la corrupción, y no la toleraremos en nuestras propias filas. Seremos ejemplares en el manejo del patrimonio público. Nos comprometemos a rendir cuentas en el ejercicio de los cargos administrativos y de representación política ante nuestros electores y ante la sociedad.

Los hombres y mujeres que en nombre de nuestro partido aspiran a ser elegidos para hacer parte de las corporaciones públicas o para desempeñar cargos de elección popular, o ser nombrados para cargos de dirección en la administración pública, tendrán que asumir expresa y públicamente el compromiso de actuar con transparencia total e informar sobre su gestión, así como de aplicar la democracia participativa, especialmente en la planeación y en la gestión presupuestal.

Participación ciudadana

Estamos comprometidos con la defensa y perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana incluidos en la Constitución de 1991. Nuestro reto es hacer que funcionen, eliminando las trabas legales y de hecho que le han interpuesto los sectores de la política tradicional y diversos grupos de interés. Queremos demostrar que la participación ciudadana mejora la administración pública en todos los niveles y asegura la obtención de resultados positivos en términos de desarrollo económico, social, político y cultural.

Vinculación con las diferentes expresiones de acción social y política

Reconocemos la validez e importancia de las más diversas formas de acción social y política, además de la participación electoral. Nuestro partido tiene que estar presente en todas ellas, impulsarlas y canalizarlas hacia la realización del proyecto de nuevo país.

Las acciones reivindicativas de trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad; la labor académica, científica, intelectual y de opinión; las dinámicas de mujeres en sus espacios propios de construcción de identidad, y su participación creciente en las distintas modalidades de acción pública; la gestión en lo cultural y la defensa del medioambiente; las iniciativas ciudadanas en barrios y aldeas por el mejoramiento de las condiciones de vida; las convocatorias de los grupos de defensa de los derechos humanos y los movimientos por la paz, todas ellas en general tienen como referente los valores y los métodos de la democracia, expresan la necesidad cambiar sustancialmente el quehacer político y contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

Queremos ser una instancia de dirección política y moral, de organización y acción social; una plataforma del debate público, movilizando ideas y propuestas; un mecanismo de coordinación entre dirigentes de organizaciones sociales; una fuente de hombres y mujeres con capacidad de gobernar y dedicados al servicio de la comunidad; una garantía de continuidad en la realización de un proyecto de transformación.

El partido no puede ser sólo un aparato electoral ni estar sólo al servicio de quienes ostentan cargos de representación en las corporaciones públicas y en la administración; y menos puede convertirse en un mero instrumento para la reproducción de cacicazgos o el mantenimiento de privilegios a costa del patrimonio público.

Democracia interna del partido

Nuestro partido tiene que ser, en su interior, un modelo de democracia y participación ciudadana. Las decisiones del partido no pueden obedecer a acuerdos de cúpula ni a los intereses de determinados grupos de interés. Su carácter independiente tiene que reflejarse en el amplio debate interno, en el respeto al derecho de disentir, en la igualdad de oportunidades para elegir y ser elegido.

Para la toma de decisiones, la conformación de los organismos directivos y la designación de candidatos y candidatas se requiere avanzar pronto hacia la adopción de mecanismos como la consulta interna y de medidas de acción positiva para promover la participación y representación de las mujeres y de la juventud.

IV. Colombia: una sociedad plural

Estamos comprometidos con el reconocimiento, el respeto y la defensa de la pluralidad que caracteriza a la sociedad colombiana en los más diversos aspectos: género, raza, región, creencias y valores, condición económica y social, actividad laboral, asociaciones, etc.

Para que esta aceptación del pluralismo no sea incompleta o impracticable el partido asumirá la tarea de definir tanto el modo de garantizar las autonomías y los legítimos intereses particulares, sectoriales y gremiales, como el modo de articular esta grande y rica diversidad.

La articulación tiene que darse con base en criterios como el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la búsqueda de la inclusión social y la preeminencia de lo público y los intereses colectivos.

Con estrategias pedagógicas y acciones punitivas combatiremos todas las formas ilegítimas de exclusión, discriminación y subordinación, especialmente en los campos laboral y educativo, en contra de las mujeres, la niñez, grupos étnicos y estratos más pobres.

Nos comprometemos a hacer realidad la norma constitucional según la cual el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y por eso estamos dispuestos a garantizar el derecho de las comunidades indígenas, afrocolombianas y a establecer y realizar sus propios planes de vida. Así mismo, vamos a concertar y promover la concertación del Estado con las mismas comunidades para la formulación y ejecución de programas orientados al mejoramiento de sus condiciones de vida.

V. Relaciones internacionales y procesos de integración

Por supuesto nuestropaís debe buscar la mediación internacional para el logro de la paz, con respeto a la soberanía nacional y su integridad territorial, y sin intervencionismo extranjero.

El Estado colombiano tiene que actuar en el plano internacional con otros países y en los diversos organismos multilaterales, para buscar acuerdos sobre soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, de tal manera que se puedan reducir la distribución y el consumo de drogas ilícitas y el lavado de activos en los países ricos; y que se generen alternativas de desarrollo económico sostenible, de fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social y los valores culturales en los países más pobres afectados por ese problema.

En los procesos de integración se requiere por parte de nuestro país un comportamiento estratégico basado en el esquema de regionalismo abierto. Es necesario fortalecer, primero, la integración entre los países latinoamericanos y el Caribe, como lo ordena la Constitución Política. En este sentido, es prioritario hacer que la Comunidad Andina, CAN, funcione realmente, y estrechar las relaciones entre los bloques de la CAN y el Mercosur. En estos procesos deben tenerse en cuenta las diferencias relativas de los países.

Nuestro país tiene que avanzar en la integración orientada, ante todo, a la ampliación del mercado interno y a propiciar la industrialización. No a favorecer en los países pobres como el nuestro una reprimarización de la economía y la especialización en las exportaciones tradicionales.

Sobre las negociaciones del ALCA el partido seguirá promoviendo el debate en la perspectiva de asegurar la defensa de los intereses nacionales. Desplegaremos todas las acciones necesarias para que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, sea equilibrado y se apruebe la creación de un Fondo de Compensación Americano, que mitigue los efectos sociales y económicos negativos del acuerdo comercial en las diversas regiones de América.

POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE, PDI