Medellín, Noviembre 30 del 2006

carloscadavid@hotmail.com

Delegado de Antioquia

Presentación

El drama de la vivienda popular en Colombia crece día a día, no solamente por la carencia física de albergue para millones de familias sin techo propio, sino también por la deficiente calidad y falta de servicios elementales de otras tantas..

Los últimos gobiernos han empeorado la situación pese a las soflamas de hacer de Colombia un "país de propietarios" porque las evidencias son más elocuentes que las palabras. El paliativo de los subsidios a la demanda de vivienda no deja de ser un mecanismo que elude de fondo el problema y al mismo tiempo acrecienta las ganancias de los grandes constructores y acaparadores del suelo urbano que aún existe en las grandes y medianas ciudades. Se requiere un cambio profundo en los actuales sistemas de construcción y financiación hoy en manos del sector privado, desde que el Estado abandonó por completo esta responsabilidad al desmontar el antiguo Instituto de Crédito Territorial a finales de la década de los 80 y eliminó la intermediación estatal a través del también liquidado Inurbe: De la política de vivienda popular que debe tener un Estado Democrático y Soberano que se respete, no queda piedra sobre piedra.

Esta propuesta se encamina a resolver tan significativo drama que padecen los colombianos, de manera concreta, sostenida y resuelta por parte de un verdadero Estado Democrático y Progresista, que es la pretensión del Polo Democrático Alternativo, su ideario de unidad y su programa de gobierno.

Un derecho de contenido constitucional

La Constitución colombiana en su artículo 51, proclama que "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda." A pesar de tener el Estado la responsabilidad constitucional de hacer "efectivo" este derecho, se queda sin realización, porque los programas y sistemas de financiación en boga, incluida la falacia del nuevo UPAC (UVR), impide que las familias más pobres adquieran su soñado inmueble y sólo quienes tienen dinero suficiente, sacrificando otros derechos fundamentales e hipotecando a toda la familia por décadas, acceden a un crédito oneroso a largo plazo, que no logra atenuar ni siquiera el cuenta gotas del subsidio oficial. En este país no se fabrica ni financia vivienda para los más pobres.

Una vivienda digna no puede ser cualquier albergue de cuatro paredes

En toda su historia el ser humano ha requerido de un sitio para vivir acorde con las posibilidades del desarrollo material de la época. Los primitivos se alojaron en cálidas cuevas y los aborígenes en chozas fabricadas por ellos mismos con elementos provistos por la naturaleza. Los animales del mismo modo construyen lugares adecuados con elementos dispuestos en su medio ambiente. En estas eventualidades la dignidad y el decoro de estas viviendas se valoran en correspondencia con el avance de las fuerzas productivas y de la sociedad de determinado momento histórico.

Un albergue digno en tiempos de progreso tecnológico, no puede equivaler a estrechas covachas de ladrillo ranurado ubicadas en las laderas y zonas de alto riesgo, que lo único que las diferencia de un tugurio es la clase de elementos utilizados y el hecho de estar ligadas oficialmente a los servicios públicos para efectos impositivos cuando éstos existen.

Vivienda digna tiene que ser aquella que esté a la altura de los adelantos de la humanidad en cuanto a espacio, comodidad, durabilidad, seguridad, esparcimiento y satisfacción de las necesidades esenciales que conforman la calidad de vida del ciudadano moderno, sin distingos de clase social. Por lo tanto, la habitación para uso familiar es un derecho inherente al ser humano que incluso está establecido en las normas constitucionales de todos los países del planeta y es el bien más costoso y durable a que pueda aspirar un ciudadano, teniendo que ser subsidiado por la sociedad en su conjunto.

Disminución de un derecho fundamental

Delimitar el espacio de una vivienda y la calidad de sus materiales de fabricación y presentación, como ha sucedido en Colombia en el curso de los últimos 30 años, equivale a cercenar un derecho fundamental disminuyendo su ejercicio por motivos económicos y sociales. Es lo que sucede con la versión propalada por los grandes consorcios de la construcción y financiamiento de vivienda, con la ayuda acuciosa del Estado colombiano y de la prensa oficialista, cuando determinan las medidas mínimas de una casa y las especificaciones de los productos con las que se debe edificar, o cuando le ponen tope a su precio. "Vivienda de interés social", "vivienda mínima", "lote con servicios", son expresiones de la infamante tesis de que los derechos de las mayorías nacionales son menores o inexistentes, mientras que una minoría opulenta goza de éstos en un 100%, además de otros privilegios desmesurados.

La administración uribista siguiendo al pie de la letra la política neoliberal de globalización y privatización dictada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, le entregó por completo al sector financiero el derecho a vivienda digna que debe tener el pueblo colombiano: desmanteló el anterior ICT, liquidó lo que quedaba del Inurbe, vendió sus activos y entregó las millonarias sumas del subsidio a habitacional a fiducias privadas.

A pesar del acortado subsidio del gobierno para quienes aspiren a una vivienda, ésta no disminuirá su costo final, porque su construcción pasó por entero a manos del capital privado que únicamente ofrece "soluciones" para rangos sociales que puedan pagar las altas cuotas de los pulpos financieros que estiman sus ganancias en 35-40% por "solución". Además, este subsidio tiene problemas de "tramitología" que impide su entrega oportuna y llega directo a la cuenta de la empresa constructora como parte de la "cuota inicial", debiendo el usuario ajustar el resto del dinero con sus propios ahorros (cuando los hay) y encamisarse en un oneroso crédito de una corporación que lo esquilmará durante 15 años.

Por eso la última alternativa despejada para las clases desfavorecidas, incrementadas por el desplazamiento de miles de familia provenientes del campo, es la ocupación de cualquier lugar en las empinadas y agrestes faldas urbanas y otras zonas de altos riesgo, y la densificación y hacinamiento poblacional en los cordones urbanos que rodean las ciudades.

En resumen, la actual política de vivienda está diseñada para la franja de la población que pueda pagar las altas cuotas de amortización (estratos 4, 5 o 6) y no para las familias colombianas que ganan menos de dos salarios mínimos y carecen de techo o viven en condiciones inhumanas. Miles de hogares constituidos y por constituirse seguirán excluidos de los "beneficios" otorgados por la oligarquía liberal y conservadora, dueña y usufructuaria de la construcción y financiamiento de la vivienda, cuyo sector financiero obtiene, año tras año y sin parar ni rebajar, multimillonarias utilidades, lo cual contrasta con la penuria en que se debaten millones de compatriotas sin albergue decoroso y responde por sí solo a la pregunta de a quién le ha servido el neoliberalismo uribista.

Incluso se puede afirmar que este derecho era de mejor protección, calidad y acceso antes de 1991.

La penuria de la vivienda será otra causa más para que las gentes sencillas unifiquen su inconformidad, tras la defensa del derecho democrático a vivienda digna, participando del más amplio frente de resistencia civil por la soberanía económica y política de Colombia.

Propuestas:

1. Creación del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo urbano. Con presupuesto propio, aportes de la nación y el sector privado, que tenga la función de construcción y financiación de vivienda con economías de escala, de acuerdo a un plan de ordenamiento urbano nacional.

2. Eliminación del sistema de financiación UVR para los sectores populares y creación de un sistema de pagos subsidiado por el Estado, incluso con aportes en cuentas especiales de los futuros adjudicatarios, al estilo del Fondo Nacional de Ahorro, para las familias con cero ingresos hasta 3 salarios mínimos, y refinanciación y reliquidación subsidiada a los actuales adjudicatarios que se encuentran en mora en el pago de sus obligaciones hipotecarias, debido a condiciones sociales y económicas de la cual no son responsables.

3. Creación del Banco de Tierras urbanas y rurales urbanizables, con destino a programas de vivienda popular. Inventario Público y Expropiación de la tierra de los grandes acaparadores y especuladores de tierra urbanizable y no urbanizable. Control de los precios del suelo por parte del Ministerio de la Vivienda y tributación especial y exención de impuesto predial unificado por 10 años, para las viviendas adjudicadas y que se adjudiquen.

4. Eliminación de las curadurías urbanas privadas y reasignación de funciones a las oficinas de planeación municipal, con control del Ministerio de la Vivienda, pues aquellas han servido al capital y a los especuladores de vivienda para incrementar el costo del suelo y encarecer los programas populares, además de encarecer las tarifas de construcción, refacción y adecuación de millares de familias pobres que viven en hacinamiento e insalubridad habitacional.