En Colombia, el derecho a disentir es cada vez más difícil de ejercer. El régimen ultraderechista que nos rige pretende afanosamente uniformar a todos los colombianos con el “pensamiento único” y para ello utiliza a fondo los medios de comunicación, concentrados hasta extremos inauditos en poderosos grupos económicos que poco a poco van cayendo bajo el control de las empresas transnacionales y que manipulan descaradamente a la llamada opinión pública en favor de sus intereses.

Un ejemplo de esta realidad es la abrumadora campaña para movilizar a la ciudadanía a la marcha del 4 de febrero, que aparece públicamente como una iniciativa de algunos “ciudadanos del común” a través de Facebook, cuando en realidad esta página de internet no es más que el mascarón de proa de poderosos intereses de los sectores más regresivos del país. Para nadie es un secreto que los verdaderos promotores de la marcha son el gobierno guerrerista de Uribe Vélez, los partidos uribistas, los gremios económicos, las transnacionales y, por supuesto, el paramilitarismo.

Qué autoridad moral tienen para marchar contra las FARC, contra el secuestro y contra las violaciones a los derechos humanos, quienes todos los días resultan más comprometidos con la “parapolítica” y están entre los autores intelectuales y materiales del exterminio de la Unión Patriótica, de los asesinatos de sindicalistas, de las desapariciones forzadas y de los crímenes más horrendos contra nuestro pueblo?

Lo que hay es una utilización vulgar y cínica de los justos sentimientos de repudio al secuestro en favor de propósitos inconfesables como el desenfreno guerrerista, la agudización de las contradicciones en el gobierno de Venezuela para hacerles el mandado a los halcones yankys, el ocultamiento de las relaciones de la oligarquía más reaccionaria con el paramilitarismo y la fabricación de la “hecatombe” para darle vía libre a una nueva reelección de Uribe. De manera que el contenido auténtico de la marcha es en favor de la guerra, contra el Presidente Chávez, contra el acuerdo humanitario, contra la izquierda y por el aplastamiento de todo el que se atreva a disentir del unanimismo uribista. Es, en suma, una marcha contra la paz y la democracia.

Nuestra negativa a marchar al lado de los principales responsables de la crisis que vive el país no debe interpretarse, como malévolamente lo hacen algunos, como una actitud complaciente con las violaciones a los derechos humanos. Hemos estado y estamos decididamente contra el secuestro, en la misma forma en que repudiamos las desapariciones forzadas y los demás atentados contra los derechos humanos. A diferencia del gobierno, consideramos que el país vive un conflicto interno; estamos contra la guerra y propendemos por la negociación como la única salida sensata a ese conflicto.

Por consiguiente, lo que el pueblo colombiano y sus organizaciones políticas y sociales necesitan con urgencia es construir su propia agenda para fortalecer la lucha por el intercambio humanitario, por la solución negociada del conflicto y por la búsqueda de la paz con justicia social. Seguir a rastras de las iniciativas del gobierno y de la ultraderecha, a lo único que conduce es a confundir a las masas y a perpetuar el régimen imperante.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA