Polo Democrático Alternativo

Las recientes informaciones en torno a la llamada parapolítica, mucho más que un escándalo de corrupción, revelan una profunda crisis del régimen político y de la sociedad colombiana.

Si hoy se están empezando a conocer pedazos de la verdad, es gracias a la vieja lucha de las víctimas por conocer el paradero de sus seres queridos, los largos años de denuncias, protestas y resistencias de sectores, organizaciones y personas consecuentes con la democracia y el papel destacado que en ellas han jugado las ONGs nacionales e internacionales de derechos humanos, la combativa crítica de las organizaciones de oposición y de izquierda, los debates liderados por el Polo en el Congreso y la capacidad de las instituciones del poder judicial que ejercen con independencia sus funciones constitucionales y legales.

Sin embargo, los elementos de la verdad que se están conociendo, pese a su importancia, solo tendrán trascendencia en cuanto conduzcan al esclarecimiento de toda la verdad, condición indispensable para emprender una real solución a los grandes males que asedian a Colombia.

El gobierno del Presidente Uribe, lejos de haber propiciado el conocimiento de la verdad como ahora quiere hacerle pensar al país y al mundo, desde el comienzo ha buscado la impunidad mediante un astuto encubrimiento de los hechos. El proyecto inicial del gobierno sobre el paramilitarismo, llamado de Alternatividad Penal, consignaba un nivel de impunidad tan aberrante que fue ampliamente rechazado inclusive por integrantes prominentes de la bancada uribista. Si hoy la ley de Justicia y Paz incluye elementos que permiten avanzar en la verdad judicial no se debe al propósito del gobierno nacional sino a que la Corte Constitucional declaró como inconstitucionales los apartes de más descarada impunidad impulsados por el gobierno. La reciente propuesta para excarcelar a los dirigentes políticos amigos es sólo el último capítulo en el persistente trabajo por la impunidad del Presidente Alvaro Uribe Vélez, el rey del encubrimiento.

La gravedad y complejidad de la crisis requiere soluciones profundas e integrales que sólo son posibles mediante la construcción del más amplio consenso de los sectores y organizaciones sociales y políticas que alientan un espíritu democrático.

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, conciente de la inmensa responsabilidad que conlleva ser hoy la gran esperanza de cambio y renovación, convoca a la Iglesia Católica y las demás entidades de carácter religioso, las organizaciones de víctimas, las centrales sindicales, las organizaciones indígenas y afrodescendientes, los gremios económicos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, el Partido Liberal, la Alianza Social Indígena, el MIRA y los sectores de los partidos uribistas no comprometidos con el paramilitarismo, a construir consensos en torno a los siguientes tres ejes:

1. El desmonte total y definitivo del paramilitarismo

 Tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales y control administrativo y posesión ilícita de territorios. Ejecutar órdenes de captura por delitos de lesa humanidad y exigir que quienes han sido procesados por la ley 782 declaren lo que saben.
 La definición por parte del Estado de una política que enfrente a los nuevos grupos paramilitares y a los que se rearmaron luego de beneficiarse de la ley de Justicia y Paz.
 Profundizar la verdad judicial, lo que implica apoyar y fortalecer la labor autónoma e independiente de la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría. Darle prioridad a la verdad de las víctimas sobre la verdad de los victimarios. Garantizar la publicidad de las audiencias y el libre acceso de las víctimas a los archivos judiciales.
 Definir las responsabilidades políticas y legales de quienes tanto dentro como fuera de las diferentes ramas del Estado han fomentado o cohonestado las actividades criminales y el fortalecimiento del paramilitarismo.
 Construir la verdad histórica que reivindique la memoria, supere la impunidad y esclarezca la responsabilidad estatal en la creación y fomento del fenómeno paramilitar.

2. La reparación integral a las víctimas

 La reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas, de manera individual y colectiva, la devolución de tierras y el reconocimiento pleno de la pertinente responsabilidad estatal.
 La organización democrática de las víctimas en los territorios que les permita asumir el protagonismo central al que tienen derecho a ejercer en aras de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
 La financiación debe provenir primordialmente de la expropiación de los bienes de los victimarios y sólo de manera subsidiaria del Estado.
 El retorno colectivo de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para el ejercicio de todos sus derechos democráticos.

3. Una reforma política democrática

 Una profunda reforma y modernización del sistema electoral que elimine las graves irregularidades y fraudes propias del actual, asegure el voto libre y soberano y garantice elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo, el saqueo de los dineros públicos y toda forma de intimidación, principalmente la armada.
 La completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad, garantías para el ejercicio de la oposición y su efectiva participación en el Consejo Nacional Electoral.
 El acceso democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.
 La presencia de una misión de observación y veeduría internacional por parte de la OEA, la Unión Europea y otras organismos especializados que vigilen las elecciones de octubre, presencia cuya duración cuente con la suficiente antelación y posterioridad para cumplir con sus fines.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Bogotá, 19 de junio de 2007