Aunque el gobierno pretenda oficiar como simple espectador en la detención de tres de sus alfiles, con quienes tiene deudas impagables, no podrá hacerse el de la vista gorda frente a la subliminal campaña que se viene ambientando para que se expida una ley de punto final, que perdone a los políticos que hicieron posible esa máquina de la muerte de los paramilitares.

Resulta irritante que la primera voz que se oyó sobre lo inconveniente que sería conocer todo sobre el paramilitarismo, proviniera del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien en un acto irresponsable, nos trató de interdictos, al sentenciar que no estamos en capacidad de asimilar tanta verdad. Tan peregrino personaje de la vida pública, carece de licencia para decidir sobre nuestro derecho a saber qué pasó. Es más, ni siquiera el Presidente podría sepultar en el olvido lo que no nos resignamos a ignorar.

Además, es curioso que apenas la valerosa Sala Penal de la Corte Suprema se reivindica ante la historia, como lo dijo su propio presidente, al declarar que “le demostramos al país que sí se puede meter a la cárcel a los políticos”, hayan empezado a ventilarse tesis que sugieren la vía del perdón colectivo, como solución a un escándalo que perseguirá al Gobierno hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto de 2010. A menos, claro, que antes no ocurra el desastre previsible de un tempestuoso retiro del Presidente, temor que de alguna manera se infiere de la elíptica frase del senador Álvaro Araújo.

Hay quienes sostienen que si los paramilitares van a recibir penas blandas por sus crímenes, es una paradoja que sus políticos amigos sean condenados a penas superiores; o que el país se haría inviable de conocerse toda la verdad; o por qué no permitirles a los políticos paracos, que se desmovilicen al amparo de la Ley de Justicia y Paz, propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Qué coincidencia que detrás de esas opiniones siempre aparezca un cercano amigo del uribismo.

Que los paramilitares desmovilizados vayan a recibir penas irrisorias no es argumento para decretar amnistías, indultos, ni menos una ley de punto final para los políticos. A quienes creen que por tan tortuoso camino se les van a resolver sus problemas, que se olviden, porque la filosofía que sustenta el Estatuto de Roma tiene proscritas las leyes de punto final y los procesos simulados. No, ahora las autoridades deben enjuiciar a todos los que participaron del paramilitarismo, caiga quien caiga, porque contrario a la liviana sugerencia de la revista Semana -que de un plumazo decidió que el presidente Uribe está a salvo de todo-, las investigaciones apenas están empezando y son muchos los hechos delictivos por establecer, entre otros, si hubo o no alteración de los resultados electorales por fuerzas paramilitares para favorecer al primer mandatario o a los miembros de su coalición, si se utilizaron recursos públicos para fortalecer el paramilitarismo, o quiénes se han apropiado ilícitamente de las tierras de los desplazados.

Todo sin olvidar que ahora el jefe del Estado tendrá que convencer al país de que su ex director del DAS, Jorge Noguera, el “buen muchacho” del que habló con tanta convicción y al que defendió con ardentía digna de mejor causa, obró por cuenta propia, y que jamás lo enteró de sus andanzas con Jorge 40 y otros siniestros personajes, los mismos que esta semana, en vivo y en directo, desde el veraneadero de La Ceja, con tono amenazante notificaron a sus socios de antaño que hoy pretenden hacerse los pendejos, que no se quedarán callados. Ojalá cumplan.

Los colombianos también queremos que por fin la justicia identifique y juzgue a los empresarios que financiaron el paramilitarismo, los dueños de la moral que aplauden al Gobierno que los ha hecho más ricos e intocables. Si hay alguien que merezca un castigo ejemplar, son los miembros de esa junta directiva del paramilitarismo de la que habló Carlos Castaño en el libro Mi Confesión.

Ahora que les llegó la hora a estos delincuentes de cuello blanco, lo único que no puede ocurrir es que venga una ley todavía más cómplice que la de Justicia y Paz, a echarle tierra a la verdad que todos presentimos cuál es pero que tenemos derecho a conocer.