Tomado de El TiempoDaniel Samper Pizano
Miércoles 26 de enero de 2005
Olvídense de Chávez: somos los colombianos los que esperamos explicaciones de nuestro gobierno por una crisis torpemente manejada.
Hugo Chávez se dejó llevar por su temperamento populista y optó por "consultar" con las masas el delicado problema diplomático que enturbia las relaciones colombo-venezolanas. Pero está demostrado que, salvo precisos episodios veintejulieros, la muchedumbre es mala consejera. Fue así como, atacado por la fiebre demagógica, reiteró que el Gobierno colombiano debe disculparse con Venezuela o de lo contrario "tenemos que ponerlo bajo severa observación". No creo que sea una bravata. Lo peor de caudillastros como él es que, a diferencia de aquel padre cuya hija había sido deshonrada por un tipo de admirable dotación anatómica, no solo amaga con el machete, sino que "troza".
Yo sí creo que el gobierno del presidente Uribe está en mora de ofrecer explicaciones. Pero no a Chávez, y menos ante sus humillantes apremios. Sino a la ciudadanía de Colombia. Aquí falta autocrítica y responsabilidad. Alguien del alto Gobierno tiene que decirnos por qué se ha manejado tan mal el episodio de Rodrigo Granda, secuestrado en Venezuela y entregado en Cúcuta a cambio de dinero, y qué razón hay para que funcionarios de la administración, empezando por Uribe, hubieran ofrecido a propósito de este caso declaraciones improcedentes, contradictorias y temerarias.
Lo primero es considerar el mísero papel jugado por la Cancillería colombiana. ¿Cómo puede ser que nuestro embajador en Caracas sea un espectador más de la crisis? ¿Cómo así que lleva hace cosa de cuatro meses sin que le reciban credenciales, tratamiento indecoroso al que lo somete el gobierno vecino? Una de las reuniones entre Uribe y Chávez se realizó en noviembre pasado, cuando el embajador ya estaba en el limbo. ¿No se le ocurrió a nadie pedir que se cumpliera el elemental requisito como condición previa al encuentro? Tampoco se comprende cómo la Cancillería permitió que el embajador de Estados Unidos se metiera en un pleito que le es ajeno, indebida intromisión que nos ha hecho más daño que beneficio y ha regalado explosiva munición a Chávez. ¿Acaso la embajada estadounidense no consulta previamente esta clase de "apoyos", o carece nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de capacidad para preverlos y evitarlos?
Otro elemento penoso fueron las declaraciones iniciales de Uribe. Pasado un silencio de varios días tras las primeras y comprometedoras revelaciones sobre el secuestro de Granda en Caracas, el Presidente salió en plan pendenciero. Otorgando fundamento a las recomendaciones de la Corte Constitucional en el sentido de moderar su lenguaje, intentó ridiculizar lo que era una justa queja sobre violación de derechos humanos, aunque procediera de una nefasta organización que los ha violados todos. El mandatario debía ya de saber lo que había dejado de ser un secreto: las ilegales circunstancias en que Granda llegó a manos de la Policía colombiana. Si en ese momento Uribe hubiera anunciado una investigación al respecto, hoy le quedaría fácil reconocer que se presentaron hechos irregulares, como cualquier pesquisa lo demostraría, y anunciar sanciones por ello. Tal actitud le habría mojado la pólvora a Chávez.
Siguieron al anterior numerosos despropósitos. Cuando el jefe no da ejemplo de cordura, es difícil pedirlo a sus seguidores. La Policía incurrió en cuatro contradicciones; después de numerosas evasivas, el Ministro de Defensa reconoció el pago de una recompensa; el Fiscal se comportó como empleado del Gobierno, y el Vicepresidente pronunció su delirante bienvenida a los soldados de fortuna: "Ojalá vinieran todos los cazarrecompensas del mundo a capturar a estos bandidos". Dijo "capturar". Ello equivale a bendecir lo que se hizo en Venezuela, posición abiertamente ilegal, pues el Estado puede fomentar la delación y la entrega de informaciones, pero las únicas a quienes nuestras leyes permiten capturar delincuentes (salvo casos especiales de defensa propia o crimen flagrante) es a las autoridades.
Cuando el Gobierno clausuró el peligroso camino de los ministros deslenguados, de las declaraciones impertinentes y de la algarabía oficial, ya era tarde. La política de comunicados impuso orden y sosiego, pero la aplanadora chavista, decidida a obtener los mayores réditos políticos de la embarrada colombiana, avanzaba con sus arbitrarias medidas contra el intercambio comercial.
Vuelvo, pues, a mi punto de partida. Uribe no tiene por qué ofrecer excusas públicas directas a Chávez, pero sí a los colombianos, que lo elegimos y lo sostenemos. No es válida en todos los casos la cómoda política de "rodear al Presidente". Alguien se equivocó y debe reparar el error. A ojos de la opinión pública, la crisis ha estado manejada de manera inmediata por el Ministro de Defensa. De él dependen los agentes y las políticas que nos metieron en este berenjenal. Sus declaraciones contribuyeron a enredar la situación, antes que aclararla. Quizás la más conveniente fórmula sea la renuncia del ministro Jorge Alberto Uribe, en quien reconozco a un hombre decente y bien intencionado, antes de que un cambio de gabinete lo saque como si aquí no hubiera pasado nada y nadie fuera responsable de graves errores.
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