Polo Democrático Alternativo

Hace pocos días el Comité por la Defensa de la Avicultura Campesina de Caldas denunció que en varias resoluciones del ICA, la 000957 de abril de 2008, la 002101 de junio de 2007 e inclusive desde la 002896 de octubre de 2005, se ha venido, con el supuesto amparo de normas de salubridad, fijando una serie de requisitos para toda la cadena de producción avícola, granjas, programas de distribución de ejemplares para seguridad alimentaria y en los alimentos para estas especies, que son de imposible cumplimento -por las exorbitantes exigencias que hacen- para la avicultura tradicional o granjas de autoconsumo.

El Ministerio de Protección Social completó las requisitorias, por compromisos con la OMC (Organización Mundial del Comercio), mediante la resolución 4287 de noviembre de 2007, definiendo que el sacrificio de aves sólo podrá efectuarse en plantas industriales de alto costo y especificaciones técnicas refinadas. El embrollo de disposiciones oficiales ha causado tanta o más indignación que la expresada contra los decretos que prohibieron la distribución y venta de leche en cantina para hervir.

Las impositivas medidas sobre la avicultura tradicional y la leche en cantina son del mismo tenor que las expedidas para la fabricación artesanal de panela, para caprinos y para expendios y beneficio de carne, entre otras. Consultan más a los convenios comerciales internacionales que el país ha suscrito, como TLC y OMC, que a mejorar la inocuidad y sanidad de los alimentos con base en la realidad productiva y económica nacional. Por vías administrativas, sin que haya acompañamiento alguno para todos los involucrados y así muchos lleguen a ser excluidos de sus fuentes de ingreso, se valida el discurso oficial en pro del bienestar de la población.

Los primeros afectados por esa insólita manera de “dar salud” son los pequeños y medianos productores agropecuarios. Esto resulta de la mayor gravedad puesto que el ataque burocrático a la economía campesina significa golpear de muerte una fuente muy importante de alimentos para los colombianos. Según el estudio “Cuentas de producción y generación del ingreso del Sector Avícola Colombiano” de FENAVI- DANE en 2002, la avicultura tradicional tenía, a comienzos del nuevo siglo, 29 millones de ejemplares, 12 millones de gallinas y 17 de pollos. Esas cifras mostraban que era el 53% del total del lote nacional de pollos y el 40% del de gallinas. Su producción básica anual, a razón de 85 huevos por gallina, fue de más de mil millones de unidades y, con base en 2,25 kilogramos de carne por animal sacrificado, llegaba a 39.000 toneladas al año, lo que cubre la demanda de casi tres millones de personas, a razón de 16,5 kilos de consumo por habitante, excluyendo de esta suma lo que además se destina al autoconsumo familiar de los granjeros.

Cuándo se responde la pregunta, ¿Cómo se suplirán estos alimentos cuando los decretos herodianos los supriman de tajo? La contestación resulta obvia: saldrán de las importaciones que provengan del TLC y del fortalecimiento de la posición dominante que las más importantes firmas industriales alcancen a consolidar, no exentas del todo de que el aguacero de géneros foráneos, empezando por los famosos “cuartos traseros”, al final, también den buena cuenta de muchas de ellas. La eliminación, por la vía de decretos y resoluciones, de la economía campesina suprime una “barrera natural” al comercio transnacional y deja expuesta a la producción avícola industrial de Colombia (no son más de 50 las que venden más de 10 millones de dólares al año) en la guerra contra la subsidiada importada del Norte. Es un sector muy frágil que opera como maquila, trayendo del exterior la base genética de las ponedoras y también los alimentos fundados en la importación de insumos básicos como maíz amarillo, sorgo y soya. El ministerio de Agricultura (2004) reconoció que el TLC traería, a la larga, el “desmantelamiento de la avicultura de engorde”.

La economía campesina no es “ineficiente” dentro de estrictos parámetros costo-beneficio. El profesor J. Forero (U. Javeriana) ha presentado casos donde, dentro de su entorno, los márgenes brutos son mayores al promedio y, en el caso de la avicultura, esto se repite. Las arbitrariedades normativas oficiales están gestando un movimiento nacional por la defensa de la producción media y familiar que quiere ser sacada a las patadas. No se sabe si, como resultado de él, los decretos de marras correrán igual suerte que la de los coloniales del estanco del tabaco en las manos de Manuela Beltrán. Se repite la historia, sólo que el imperio y los virreyes son otros.