A diferencia de la Costa Atlántica, donde la justicia para juzgar a paramilitares y ’parapolíticos’ empezó por la Corte y avanza en la Fiscalía, la justicia para Antioquia parece no querer llegar. ¿Por qué los jefes paramilitares de Antioquia han tenido tanta memoria para recordar lo que hicieron y a sus aliados en el resto del país y no en Antioquia? ¿Qué tanto ha influido la demanda del Presidente de la República contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de su primo antioqueño, Mario Uribe? ¿Qué pensarán los miembros del CTI, los fiscales y demás jueces encargados de esas investigaciones? ¿Que si el presidente Uribe se atreve a eso contra el máximo tribunal de la justicia, qué no haría contra ellos? Ninguno de esos interrogantes ha tenido respuesta por los protagonistas de esta historia. La justicia es la que debe responder con sus acciones y decisiones.

Antioquia ha sufrido como ningún otro departamento los rigores y abusos de la guerra. Fue epicentro del narcotráfico y el paramilitarismo. Y sigue sufriendo sus embates, más los de la guerrilla. En una década, del 97 al 2007, los paramilitares ejecutaron por lo menos 120 masacres en Antioquia, con un promedio de seis víctimas por masacre, desplazaron a cerca de 300.000 antioqueños de sus parcelas y les robaron sus tierras. No en vano, según estudios de Indepaz, el 52 por ciento del total de víctimas de los paramilitares, registradas en los procesos de Justicia y Paz, son de Antioquia. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar esas víctimas que llegue la justicia? ¿Cuándo se cumplirá el compromiso de reparación y no repetición?

A la par de esa ola de violencia cambió el mapa político antioqueño. La investigación académica demuestra que hay coincidencia temporal y geográfica entre la ola violenta y el cambio político. La atipicidad electoral es mayor en zonas de conflicto y dominio paramilitar que en el resto y se evidencia en concentraciones electorales que favorecen a ciertos candidatos.

¿Coincidencia casual? Lo dudo. Ya la justicia ha probado, en el caso de la Costa Atlántica, que la coincidencia no fue casual. Fue fruto de pactos políticos entre paramilitares y políticos que se propusieron "consolidar" políticamente los territorios que ya habían "liberado" por las armas. En otras palabras, tomarse el poder por la fuerza. La combinación de formas de lucha fue la reinante. Unos mataban y otros gobernaban.

Solo en Antioquia, esa combinación de formas de lucha fue capaz de apropiarse de cerca de 400.000 votos y en el país, de casi dos millones. Lo suficiente para ser decisivos en cualquier elección. La evidencia académica indica que, en su orden, Alas-Equipo Colombia con Luis Alfredo Ramos y Óscar Suárez Mira; Convergencia Popular Cívica, con Rocío Arias y Carlos Arturo Clavijo; Cambio Radical con Rubén Darío Quintero, y el Partido Liberal con Guillermo Gaviria Zapata, entre otros, fueron los movimientos políticos más favorecidos, con sus respectivas fórmulas, con atipicidades electorales en zonas de dominio paramilitar en la elección de Congreso en el 2002 y el 2006. El fenómeno se repitió en las elecciones locales, donde también se destaca el éxito electoral de Equipo Colombia y Colombia Democrática, de Mario Uribe.

Casualmente, Ramos fue la primera votación a Senado en el 2002 y la votación histórica más alta a la gobernación de Antioquia en el 2007. Pero no sólo cambió el mapa político, también cambió el económico. En los mismos terrenos por donde pasó la violencia y el desplazamiento crecieron los cultivos de palma y coca. ¿Casualmente? ¿Por qué la investigación académica de la parapolítica pudo hallar todo esto en seis meses mientras que la judicial no avanzó nada en un año?

Esta investigación académica sobre Antioquia es la única por la cual he sido censurada. En este caso, por el periódico El Colombiano, de Medellín, que hasta hoy se ha abstenido, por razones que no creo que sean periodísticas, de darles el derecho a los antioqueños de conocer esta información. ¿Otra casualidad?

Claudia López