Polo Democrático Alternativo

En la medida en que se empiezan a develar los vínculos del paramilitarismo con la política, además de la concreción de responsabilidades penales en manos de la Corte Suprema de Justicia, vale la pena señalar otros campos de acción inaplazables. Uno de ellos tiene que ver con la manipulación de la voluntad popular en los procesos electorales, tema crucial cuando se van a renovar las autoridades territoriales. Una profunda reforma de lo atinente a las elecciones está a la orden del día. No es exagerado decir que ni el espíritu, ni la letra de la Constitución de 1991 han penetrado en la organización electoral que permanece inmóvil frente a las nuevas realidades del país.

De una parte, tanto las personas que rigen la organización electoral como las normas legales que aplican permanecen estancadas en los anacrónicos moldes bipartidistas, hoy mimetizados bajo nuevos rótulos partidarios. El Código Electoral, que data de 1986, se aplica con formalidad exegética, en desmedro de la sustancia y finalidad de la norma en su defensa de la voluntad del elector. La ausencia de un control político interno que aportaría el pluralismo en la conformación de la autoridad suprema electoral, aunada a la formalidad con que se aplican las normas - por demás ampliamente superadas por las realidades sociales y políticas - han generado condiciones propicias para la extensión del fraude y la infiltración de las instituciones nacionales y locales por parte de organizaciones delincuenciales.

Las elecciones de octubre constituyen la prueba de fuego para saber si las autoridades son capaces de neutralizar la “parapolítica". Coincido con el nuevo Registrador Galindo Vacha cuando afirma que unos comicios transparentes solo son posibles si todos los organismos del Estado colaboran con la Registraduría (DAS, Policía, Fiscalía, Procuraduría, entre otros), para proteger a funcionarios y ciudadanos de la intimidación y evitar los mecanismos del fraude que van desde lo más burdo a lo increíblemente sofisticado.

Pero dicho esto, a las autoridades electorales les corresponde una responsabilidad agravada: la de depurar la propia organización electoral de elementos en su seno sin cuya participación no podría funcionar lo que parece ser una asociación para delinquir en materia electoral a disposición del mejor postor. Esa necesaria actividad de asepsia administrativa debe ir acompañada de medidas sencillas dentro de la órbita competencial electoral y de propuestas al Congreso y demás autoridades para actualizar y blindar la normatividad y estructura electorales.

Cómo ayudaría en la necesaria depuración del proceso electoral, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral aplicara en los escrutinios su competencia de verificación de las actuaciones de sus delegados en las distintas regiones del país. Por su parte, el Congreso debe legislar, y este año, para actualizar el Código Electoral. También se requiere la implementación de instrucciones administrativas tan sencillas como la de no permitir espacios en blanco en los documentos electorales que permiten la aparición de votos y votantes extemporáneos. De las resultas del esfuerzo mancomunado de reforma dependerá la legitimidad de la representación política. Nada más y nada menos.