Polo Democrático Alternativo

Las organizaciones colombianas, reunidas durante el Foro Andino frente a la gran minería: alternativas de las comunidades, pueblos indígenas y trabajadores, realizado en Bogotá el 26 y 27 de septiembre, con referencia a la reforma al Código de Minas (Ley 685 de 2001), que está en curso declaramos:

1. La legislación minera colombiana está a tono con los intereses de las trasnacionales de la minería. La Ley 685 de 2001 eliminó la asociación como aspecto fundamental de la política minera, el Estado se redujo a un mero facilitador y fiscalizador del negocio y el desarrollo minero del país se dejó al albedrío del capital financiero internacional.

2. Para justificar lo injustificable, el gobierno afirmó con cinismo que ello se hacía procurando “que quienes operan el negocio minero lo hagan con criterios de desarrollo sostenible” y contribuyan así “al bienestar de las comunidades involucradas y al progreso de la economía nacional.” La misma Ley, con la lógica perversa de que solo las compañías extranjeras tienen la experiencia, la capacidad y el músculo para extraer los minerales del subsuelo, igualó los derechos de los extranjeros con los de los nacionales, lo que suprimió cualquier respaldo a la pequeña y mediana minerías nacionales.

3. Compañías canadienses, norteamericanas y europeas son hoy las dueñas de los principales yacimientos de carbón, ferroníquel, oro y otros minerales, de donde devienen sus pingües ganancias, mientras a Colombia, dueña del recurso, le dejan una mísera regalía que nunca llega al diez por ciento.

4. La obligatoria fiscalización estatal se redujo a dejar que las trasnacionales hagan lo que se les antoje. La fórmula con que se liquida la regalía, las dantescas vivencias de las comunidades que habitan los corredores mineros, las extenuantes y mal pagas jornadas a las que someten a los trabajadores, las inmensas afectaciones al ambiente y la violación de los derechos de los pequeños y medianos mineros, son muestra de que fiscalizar para el gobierno colombiano significa dejar hacer, dejar pasar. El gobierno, más que parte de la solución, es parte del problema.

5. La reforma que tramita el gobierno en el Congreso de Colombia apunta a liquidar a la ya arrinconada pequeña y mediana minería, a entregarles a compañías extranjeras el destino de las comunidades y los territorios afrodescendientes e indígenas, y afianzar las leoninas cláusulas de la legislación minera. La violación del precepto constitucional de primero en el tiempo, primero en el derecho; la delimitación de áreas especiales que se reservarán para quienes muestren la mayor capacidad económica; la integración de áreas para permitir que a las escalas económicas de las grandes compañías les sea rentable extraer los minerales en contra de pequeñas y medianas explotaciones; el establecimiento de un expedito proceso de treinta días para expropiar a quienes tienen propiedades en las zonas aledañas a las minas, violando el principio constitucional del derecho a la defensa; la ampliación de cinco a once años del tiempo de exploración; la reducción del canon superficiario a quienes soliciten áreas superiores a las dos mil hectáreas, entre otros aspectos, evidencian cómo la reforma ahonda en la lógica antinacional del Código de Minas vigente. Con razón la Contraloría General de la República sentenció que la reforma “va en contra de los principios de igualdad que tienen los ciudadanos (...) no defiende los intereses de la Nación y no mejora las sustanciales deficiencias de la Ley 685 de 2001.”

6. Creemos que un código de minas democrático, que defienda el interés nacional y esté al servicio del progreso del país, debería dotar al Estado de un aparato que intervenga con arreglo a las ópticas que funcionan en la minería: la de los pequeños, medianos y grandes mineros; que fiscalice en forma severa los contratos de gran minería, en vista que de allí viene el 95 por ciento de la regalía minera; que cree una política que atienda con todo rigor las necesidades de la pequeña y mediana minería; que dé un plazo perentorio para que todos los contratos de gran minería sean revisados y renegociados; que entregue a los trabajadores un sistema de contratación que les dé estabilidad laboral, una remuneración acorde con el trabajo que invierten y unos sistemas de explotación que no pongan en riesgo su salud y su vida; y que cree un desarrollo minero que afecte lo menos posible el ambiente y proteja los derechos de las comunidades de los corredores mineros.

7. Los TLC negociados con Estados Unidos, Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y el que se negocia con la Unión Europea, dejarán expósita la soberanía nacional a la voracidad de las compañías trasnacionales que de esos países arriban. La legislación minera actual, junto con lo que se adicionará con la reforma en trámite, son parte de la misma lógica del “libre comercio” que toca hasta los tuétanos los TLC. A las compañías foráneas se les concede el derecho a explotar sin tasa ni medida y a la barata nuestra mano de obra, y nuestros recursos naturales. Repudiamos los TLC y su lógica recolonizadora.

Por lo expuesto, las organizaciones de pequeños y medianos mineros, indígenas, sociales, sindicales y políticas que convocamos el Foro Andino frente a la gran minería y por la defensa de las comunidades afectadas y los trabajadores, expresamos un rotundo rechazo a la reforma al Código de Minas. Exhortamos al Congreso de la República a defender el interés nacional y por tanto a hundir la reforma. Convocamos a todas las organizaciones sociales y políticas y a las gentes democráticas a fundar un frente que resista la arremetida de las transnacionales de la minería y pugne por que la política minera se ponga al servicio de los intereses económicos, sociales y ambientales de la Nación.

Bogotá, 27 de septiembre de 2008.

 Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT
 Unión Sindical Obrera – USO
 Federación Colombiana de Mineros del Oro, Plata y Platino – Fedoro
 Federación Agrominera del Sur de Bolivar, Fedeagromisbol
 Federación de Areneros y Balasto del Eje Cafetero
 Federación de Mineros de Santander – Fesamin
 Comités de las minas El Caño, La Esperanza, San Martín y La Vega de San Martín de Loba
 Asoguayabal – Asociación de Artesanos y Alfareros Barrichara
 Asociación de Mineros del Bajo Cauca
 Asociación de Mineros del Nordeste Antioqueño
 Sintracarbón, Cerrejón
 Funtraenergética
 Sintramienergética, seccional El Paso
 Sintracerromatoso
 Corporación Aury Sará
 Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio – Recalca
 Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería
 Organización Colombiana de Estudiantes – OCE
 Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Rio Sucio Supía Caldas
 Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño
 Sindicato Nacional de la Industria del Carbón - Sintracarbón
 Organización Indígena Yanama
 Centro de Estudios del Trabajo – Cedetrabajo
 Congresistas del Polo Democràtico Alternativo: Orsinia Polanco, Germán Reyes y Jorge Enrique Robledo.