Polo Democrático Alternativo

El proceso del proyecto de Acto Legislativo por el cual el gobierno de Álvaro Uribe, apoyado en su bancada en el Congreso de la República, pretende modificar el sistema de participación de los municipios y departamentos de los ingresos corrientes de la Nación, es casi idéntico al que cursó la reforma constitucional que Andrés Pastrana impulsó en 2001 con iguales propósitos. Apoyados en riesgos fiscales contingentes, los ministros y funcionarios intentan justificar ante la opinión colombiana el contundente golpe a los recursos de los entes territoriales destinados específicamente para atender las competencias que por encargo constitucional tienen para brindar educación, salud, saneamiento básico y las otras áreas de bienestar social que influyen de modo terminante en el desarrollo humano de los colombianos.

Uribe piensa ir más lejos que Pastrana. Si bien antes se estableció que desligar las transferencias de los ingresos de la Nación regiría durante la transición entre los años 2002 y 2008; ahora se piensa en perpetuar dicha desvinculación. Quedan así borrados los principios de concurrencia, solidaridad y complementariedad que se habían consagrado en la Carta Política para definir la relación del Gobierno Central con los territorios, incluidos los resguardos indígenas, en la prestación de la salud, la educación y demás que constituyen derechos universales de todos los colombianos. No hay duda de que esta reforma contradice postulados fundamentales y normas de la Constitución del 91.

El gobierno tiene en su contra lo acaecido con el Acto Legislativo 011 de 2001. Luego de casi cinco años de aplicarse la reforma al Sistema General de Participaciones, el Gobierno Central dejó de girar 28 billones de pesos (en términos reales de 2005) a las regiones y, sin embargo, su déficit fiscal se ha mantenido en cerca del 6% del Producto Interno Bruto. De este modo los superávit y sacrificios de las provincias sólo han servido para la privación en el cuidado de las necesidades básicas de sus habitantes con el fin de financiar los dos mayores rubros del Presupuesto Nacional: el servicio de la deuda pública y la seguridad. Es sabido que las enormes erogaciones que le significan a la Hacienda Nacional están conectadas con males estructurales que el modelo económico vigente y la desigualdad proverbial le causan al país y que antes de corregirse se ahonda en ellos. De ahí que el recorte de los giros a departamentos y municipios no corregirá los faltantes presupuestales; es más, por sus secuelas podría agravarlos.

Cálculos del propio Departamento Nacional de Planeación estiman que los giros intergubernamentales sin el proyecto oficial, alcanzarían en 2009 más de 24 billones de pesos y con la reforma apenas llegarían a 20 billones; no cubrirían universalmente a la población en educación y salud. En adelante, en términos reales de 2005, lo recibido caerá en picada y lo perdido por municipios y departamentos, acorde con supuestos de los voceros de la Conferencia de Gobernadores, sumaría 52 billones de pesos hacia el año 2019.

No puede dejarse de lado que una funesta consecuencia de la iniciativa gubernamental es que agranda las brechas existentes entre las zonas de mayor y menor desarrollo, pues no establece mecanismos que las compensen y lo mismo sucede con las evidentes diferencias entre las áreas urbanas y las rurales. La escasez de recursos para cumplir con sus funciones podrá llevar al Ejecutivo central a coaccionar a alcaldes y gobernadores, a restarles autonomía y someterlos a sus designios e intereses políticos a cambio de mitigar sus insuficiencias.

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO respalda la oposición manifestada por muchas autoridades departamentales y municipales a la inicua reforma constitucional al régimen de transferencias, convoca a la ciudadanía a movilizarse para expresar su resistencia al descabellado designio de financiar el exorbitante endeudamiento público y la guerra con los recursos destinados al desarrollo humano y reitera que su bancada en el Congreso no escatimará esfuerzos para hundir otro de los proyectos que desnudan aún más la esencia antidemocrática del gobierno de Álvaro Uribe.