Polo Democrático Alternativo

Es indiscutible que el panorama de las negociaciones ha dado un giro de 180 grados en los tres últimos años; en la actualidad se habla de más de 10.000 combatientes desmovilizados de las Auc, en tanto que con las Farc se recrudece la confrontación militar y con el Eln se vislumbran los primeros acercamientos para un posible diálogo.

Pero más de 10.000 desmovilizados de uno de los actores armados de mayor impacto en la historia del país no son para nada un hecho por el que se pueda pasar de agache; críticas van y críticas vienen de lo que va corrido de este proceso, sobre todo en la parte de reinserción y desmantelamiento del fenómeno.

Era imposible ante los ojos del mundo, y los propios, que los colombianos pudiéramos dar el paso de la desmovilización paramilitar, sin contar con un marco jurídico y por eso fue necesario construir una ley. Algunos la ven como un avance importante en lo que a equilibrio se necesita entre justicia y paz. Esta Ley introduce como garantía para el disfrute de los beneficios judiciales que concede, la verdad, valga decir el esclarecimiento de los hechos como premisa para la aplicación de justicia y la reparación a las víctimas. Otros consideran que es una ley de impunidad. Lo cierto es que, entre la Ley de Alternatividad Penal, planteada en un primer momento por el Gobierno, y la Ley aprobada por el Congreso, hubo esfuerzos por mejorarla y complementarla.

La Ley dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que está parcialmente conformada porque hasta el momento no era posible la integración de los representantes de las víctimas por falta del decreto reglamentario. Hace pocos días conocimos su expedición y muy pronto se hará la convocatoria pública a las organizaciones de víctimas para que postulen sus candidatos.

A este tema quiero referirme porque el motivo central por el cual acepté formar parte de la Comisión fue la oportunidad que se abre de hacer reconocimiento y resarcimiento a las víctimas de la violencia en Colombia.

En estos tres meses, de empezar a conocernos entre los miembros de la Comisión y de algún modo de inaugurar un tema que nunca se había tratado de esta manera por el Estado y la sociedad, hemos conversado con diversas organizaciones de víctimas, explorado las experiencias internacionales, escuchado sabios consejos de quienes participaron en comisiones similares, como Sudáfrica, Guatemala, Argentina, Chile, entre otras. Hemos empezado a imaginarnos y a diseñar los fundamentos de la Comisión y lo que podría ser una estrategia que contribuya a la elaboración de una política de Estado para la reparación integral a las víctimas.

De todo esto me va quedando claro que no es posible la paz sin la verdad, la justicia y la reparación y que, en medio de este escenario polémico y complejo, estos ingredientes serán sólo posibles si hay una grande y verdadera voluntad del Estado para que así sea. Hay Ley y hay reglamento de la Ley, ahora debemos trabajar sin descanso para que las víctimas participen en los procesos de esclarecimiento judicial, para que los victimarios confiesen sus delitos si quieren beneficios jurídicos, para que haya devolución de bienes y tierras, para que se empiece a escribir la verdad sobre el origen de nuestra trágica violencia, para desactivar seriamente los aparatos de muerte y, sobre todo, para darles un lugar de privilegio a miles de compatriotas que han sufrido sin piedad las consecuencias de la violencia. Si todo eso lo hacemos bien, estaremos dando pasos hacia el horizonte de la reconciliación.

Anecdóticamente, recuerdo que el día que el presidente Uribe oficializó la participación de cinco miembros de la sociedad civil en la Comisión, se acercó a agradecer mi participación y me dijo: “Ana Teresa, estoy muy agradecido por haber aceptado esta designación y usted sabe por qué se lo digo”. Yo le respondí: “Si, presidente, lo que pasa es que yo no sólo sé criticar, criticar y criticar, también, de vez en cuando, me da por trabajar”. Ahora muy en serio por las víctimas.