En la sesión del próximo martes 26 de febrero de 2008, el senador Jorge Enrique Robledo citará a debate en la plenaria del senado al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

El debate deberá realizarse durante las sesiones extraordinarias del Congreso, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución que dice:

“(…)

También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo”.

El senador del Polo Democrático Alternativo demostrará la ilegalidad del acto del ministro Arias de pasarle a un puñado de grandes empresarios las 17 mil hectáreas que deben entregárseles a entre 800 y mil familias de campesinos desplazados, violación de la ley que puede llevarlo a ser condenado por prevaricato y peculado. Y demostrará también que no es cierto, como dice el ministro Arias, que las tierras de Carimagua quedan demasiado lejos y son de mala calidad, con lo que se intenta justificar que no sirven para la explotación campesina.

“Aquí ante lo que se está, dijo el senador Robledo, es ante un modelo económico plutocrático, que en la práctica dice que el Estado debe concentrar su respaldo, no en los pobres, sino en el gran capital”.

EL MODELO CARIMAGUA

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, febrero 22 de 2008

En el caso Carimagua, tan enfáticamente repudiado por tantos colombianos, hay que distinguir la legalidad de la conveniencia. Por considerarla ilegal e inconstitucional, la Procuraduría General de la Nación exigió la revocatoria de la decisión de transferirles a grandes empresarios las 17 mil hectáreas que estaban legalmente destinadas a mil familias de desplazados. El ministro Arias y los directivos del Incoder pueden terminar condenados por los delitos de prevaricato y peculado. Y como es obvio, ninguna comisión, por “notables” que sean sus integrantes, puede convertir en legal lo ilegal.

La inconveniencia del cambio de destinatarios es evidente, pues el gobierno actúa como Robin Hood pero al revés, es decir, les quita a los campesinos desplazados, los más pobres entre los pobres, para favorecer a unos escogidos por magnates. Sin contar con los otros bienes que puedan detentar sus propietarios, tres de las firmas tienen activos por 3.808, 10.050 y 21.022 millones de pesos. Una de ellas le aportó a la campaña electoral de Álvaro Uribe, y un tío del ministro de Hacienda y miembro de la junta directiva de Acción Social –la entidad que debe servirles a los desplazados– es socio de la cuarta empresa mencionada, que posee en la región 6.300 hectáreas.

El grupito de poderosos agraciados, además, no tendrá que comprar la finca, pues la recibirá en arriendo por cincuenta años y pagará, en los diez primeros, insignificantes 14.705 pesos por hectárea al año. Podrá también recibir todos los subsidios que concede el Estado –que para palma son bastantes– y modificar “el monto o la forma de pago” del arriendo.

Andrés Felipe Arias, ex funcionario del FMI, ha intentado justificar lo injustificable con dos falacias principales: que las tierras de Carimagua no sirven y que quedan demasiado lejos; para los pobres, se sobreentiende. Pero “un grupo de expertos que estudiaron los suelos de Carimagua por una década aseguraron que no se trata de tierras malas y que no hay que invertir millones para que sean productivas” y lo mismo dicen el decano de ciencias agropecuarias de la Universidad del Llano (El Tiempo, Feb.14.08) y miles de páginas de estudios del ICA, el CIAT y Corpoica. A su vez, el director del Incoder, ante la pregunta de una de las empresas interesadas en quedarse con el predio de si “existe un estudio (…) que acredite” si las tierras “son efectivamente cultivables”, respondió: “Corpoica ha adelantado estudios técnicos en donde se determina que el área en mención es apta para el desarrollo de cultivos”. De otro lado, hay buseta diaria de Carimagua a Puerto Gaitán y Villavicencio, y Orocué, que queda a 22 kilómetros en línea recta, cuenta con aeropuerto para aviones jet y se comunica con Yopal, capital de Casanare, por una carretera pavimentada en casi toda su extensión.

El análisis de la política económica del gobierno de Álvaro Uribe, quien respaldó el desafuero de Arias, más las explicaciones de los dos sobre el Modelo Carimagua, permiten concluir que su alegato sobre la eficiencia oculta una concepción brutalmente plutocrática, y a favor de empresas de corte monopolístico y ojalá trasnacionales. Es escandalosa la lógica anticampesina y antiindígena de la Ley de Desarrollo Rural y 76.779 usuarios de créditos de Finagro, con un promedio de apenas 2.8 millones de pesos cada uno, reciben el 7% del total, mientras que 34 magnates, con un promedio de 3.144 millones de pesos cada uno, se apoderan del 28%.

Además, y esta vez con el pretexto de la defensa de la higiene, el gobierno nacional echó a andar tres procesos que concentrarán en grande la riqueza. La Resolución 2546/04 les pone tales exigencias a los trapiches paneleros, que serán reemplazados por grandes ingenios. Los mataderos municipales, con el Decreto 1500/07, se verán sustituidos por enormes plantas de sacrificio. Y con el Decreto 2838/06, millares de vendedores de leche cruda perderán sus empleos en beneficio de los monopolios de la pasteurización, proceso que puede incluir facilitar la importación de leche en polvo y lactosueros y dejar sin quien les compre la leche a numerosos pequeños ganaderos.

Y el Modelo Carimagua, que también puede denominarse Modelo Transmilenio, se aplica en medio del favoritismo oficial. Según Rudolf Hommes, el ministro de Agricultura “quiere repartir 17.000 hectáreas a dedo” (Feb.17.08) y “el poder de las ‘roscas’” en el gobierno de Uribe se debe “a las decisiones que favorecen particulares intereses” (El Espectador, Feb.17.08).