El Tribunal está presidido por el Cardenal Francois Houtart, director del Centro Tricontinental y vicepresidente del Foro Social Mundial, y a él asisten Rachel Warden, representante del Americas Policy Group plataforma de ONGs y sindicatos e intelectuales canadienses; el obispo James Dekker, delegado de las Iglesias Reformadas de Canadá; el señor Christopher Ferguson, encargado de la oficina de Naciones Unidas en Nueva York por parte del Consejo Mundial de Iglesias y Carmen Kardagg, directora de la red mundial de paz para la vida, entre otras personalidades.

Al acto de instalación fue invitado el ex magistrado de la Corte Constitucional y actual presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, quien destacó en su intervención que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad en una sociedad que como la colombiana, basa el espíritu de su Constitución en un Estado Social de Derecho.

Gaviria aseguró que estos crímenes tienen como fin último consolidar un statu quo que por demás es “injusto, inicuo, indecente e insostenible”.

Según el senador del Polo Alexander López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Corporación, en la actualidad crímenes como la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzoso, el reclutamiento a los jóvenes y las amenazas a líderes sociales y comunitarios, “continúan sin ningún tipo de investigación por parte de las instituciones encargadas y con la complicidad en muchas ocasiones de las autoridades civiles, de policía y militares”

El Tribunal contra la Impunidad, dijo López, “busca mostrar esta realidad e incidir políticamente como una herramienta de lucha a favor de la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas”.

La presencia de este Alto Tribunal en Colombia fue posible gracias a la invitación y gestiones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y a las organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá.